Sentencia Civil Nº 221/2010, Audiencia Provincial de Baleares, Sección 3, Rec 149/2010 de 03 de Junio de 2010

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 03 de Junio de 2010
  • Tribunal: AP - Baleares
  • Ponente: Moragues Vidal, Catalina Maria
  • Núm. Sentencia: 221/2010
  • Núm. Recurso: 149/2010
  • Núm. Cendoj: 07040370032010100211
Resumen:
ACCION REIVINDICATORIA

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00221/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION 0000149 /2010

S E N T E N C I A Nº 221

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

DON CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ

MAGISTRADOS:

DON GUILLERMO ROSSELLÓ LLANERAS

DÑA CATALINA MORAGUES VIDAL

En PALMA DE MALLORCA, a tres de Junio de dos mil diez.

VISTOS por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de juicio ordinario 564/2008, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Palma, bajo el número 564/2008, Rollo de Sala numero 149/2010, entre partes, de una como actora apelada Dña Mercedes , representada por la Procuradora Dña Maribel Juan Danus y asistida del Letrado Don Bartolomé Canals Orell, de otra, como demandada apelante Don Laureano , Dña Asunción y Dña Leonor , representada por la Procuradora Dña Ana Mª Vicens Pujol y asistida del Letrado Don José Diaz Campillo.

ES PONENTE la Magistrada Ilma Sra. CATALINA MORAGUES VIDAL.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Palma, se dictó sentencia en fecha 23 de septiembre de 2009 , cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: " Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Dña María Isabel Juan Danus, en nombre y representación de Dña Mercedes , y en consecuencia, se condena a los demandados a restituir la posesión y a dejar a la plena disposición de la comunidad de la que forma parte Dña Mercedes la franja de terreno situada en la conjunción de los linderos sur y oeste de la finca resgistral número NUM000 , folio NUM001 tomo NUM002 , libro NUM003 de Marratxí del Registro de la Propiedad nº 5 de Palma de Mallorca, comprendida entre el nuevo bancal construido por los demandados y el margen que delimita por el sur esta finca, en la respectiva parte ocupada por cada uno de ellos, y a devolver a su costa esta misma franja al estado en que se encontraba antes de ocuparla, demoliendo las obras que han ejecutado y eliminado los elementos de cierre que han instalado, en la respectiva parte ocupada por cada uno de ellos, todo ello con expresa imposición a los codemandados de las costas procesales causadas".

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia, y por la representación de la parte demandada, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y seguido el recurso por sus trámites se señaló para votación y fallo el día 26 de mayo de 2010.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia que concluye la primera instancia -y que constituye el objeto de la presente alzada-, resuelve estimar en su integridad la demanda interpuesta por doña Mercedes -en calidad de cotitular de la nuda propiedad de la finca rústica denominada DIRECCION000 , sita en Marratxi, finca registral nº NUM000 del Registro de la Popiedad nº 5 de Palma-, contra don Laureano y doña Asunción -propietarios de la finca rústica inscrita bajo el nº NUM004 , de la misma denominación de DIRECCION000 y que linda al norte con la finca de la actora Sra. Mercedes -, y contra doña Leonor -titular de la finca registral nº NUM005 -; en la antedicha demanda se ejercitaba por la actora la acción reivindicatoria sobre una franja de terreno situada en la conjunción de los linderos sur y oeste de la finca registral NUM000 , de una superficie aproximada de 130 metros cuadrados, y comprendida entre el nuevo bancal construido por los demandados y el "marge" que delimita por el sur la finca propiedad de la actora. El fallo plenamente estimatorio de la sentencia recaída en la primera instancia viene justificado por la juzgadora "a quo" en la valoración conjunta de la prueba practicada que acredita que el terreno controvertido pertenece a la parte actora. Se alzan contra la meritada resolución los demandados que solicitan, de este Tribunal, su revocación y el dictado de otra, en su lugar, por la que se desestime la demanda en su contra deducida, alegando en fundamento de tal pretensión revocatoria la errónea valoración que de la prueba practicada ha realizado la juzgadora "a quo", concretando sus discrepancias en los siguientes extremos: a) las afirmaciones del perito de la parte actora resultaron desvirtuadas por la parte demandada, no contestando el perito de forma clara y contundente las preguntas que se le realizaron en el acto del juicio; b) los lindes tenidos en cuenta por el perito de la parte demandada acreditan que los cerramientos actuales coinciden con el plano protocolizado ante notario en el año 1.916, no habiendo tenido en cuenta el juzgador el contenido del dictamen del perito de la parte demandada; c) no ha existido aumento de las paredes internas del pozo existente en la porción de terreno reivindicada, ni se ha creado un nuevo bancal; d) las testificales practicadas a propuesta de la parte actora no pueden ser tenidas en cuenta, ya se trata de familiares de avanzada edad, que demostraron hallarse instruidas de lo que tenían que decir. Con carácter subsidiario y para el supuesto de que no se estimarán las precedentes alegaciones, se solicita la revocación del pronunciamiento relativo a la imposición de las costas causadas en la primera instancia, por ser la cuestión litigiosa "de indudable complejidad fáctica".

La parte actora hoy apelada se opone al recurso interpuesto de adverso y solicita la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- No existe duda alguna relativa a la acción ejercitada ni a la identidad de la franja de terreno reivindicada, ni tampoco en relación a la legitimidad de los litigantes tanto para el ejercicio de la acción, como para soportarla, de manera que concurren prima facie los requisitos exigidos para el éxito de la acción reivindicatoria, a que hace referencia el art. 348 del Código Civil , así, y en primer lugar, la existencia de un título de dominio que acredite la propiedad que el o los demandantes tienen sobre la cosa que se reclama, acreditación que puede verificarse por cualquier medio probatorio, sin que haya de identificarse necesariamente con la constancia documental del hecho generador, sino que equivale a prueba de la propiedad de la cosa en virtud de causa idónea para dar nacimiento a la relación en que el derecho real consiste, en segundo lugar, la identificación de la cosa, habiendo de precisarse al respecto que es necesaria una perfecta identificación de esa cosa objeto de la acción que se ejercita, por lo que han de fijarse con precisión la situación, ubicación, metraje y lindes, de tal manera que demuestren tales extremos que el objeto reclamado es aquel al que se refiere el título presentado, sin que sea por ello suficiente con la descripción que del mismo se verifique en dicho título, y, en tercer lugar, una posesión de la cosa por parte del o de los demandados o una detentación de la misma por su parte, siempre y cuando carezcan de título jurídico que justifique dicha posesión, pues sin duda alguna los mismos pueden aportar a las actuaciones prueba justificativa de su derecho a poseer.

Dicho lo anterior y limitándose el motivo principal del recurso a la alegada errónea valoración y apreciación de la prueba practicada en la primera instancia, es el parecer de este Tribunal que el motivo debe ser rechazado por cuanto:

1º) Si bien una de las importantes novedades de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 ha sido la llamada "privatización" de la prueba pericial, ya que se impone, en principio, a las partes la obligación de aportar sus dictámenes periciales al proceso, lo que no se ha modificado en relación a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ha sido el sistema de valoración de dicha prueba, que continúa siendo el de su apreciación "según las reglas de la sana crítica" y así se dispone en el artículo 348 de la LEC 1/2000 . El juez deberá valorar los dictámenes tomando en cuenta sus propias máximas de experiencia, como son la lógica interna del informe del experto, su ajuste a la realidad del pleito, la titulación del perito en relación a lo que constituye el objeto de la pericia, la relación entre el resultado de la pericial y los demás medios probatorios obrantes en autos, el detalle y exhaustividad del informe, la metodología o las operaciones practicadas, etc. Pues bien, aplicando lo anteriormente expuesto al caso hoy sometido a la decisión de este Tribunal, comparte la Sala la valoración y apreciación que de la prueba pericial ha realizado la jueza "a quo", y que se halla debidamente explicitada en la sentencia apelada. Así, se recuerda que en el presente caso se han practicado dos dictámenes periciales, ambos de parte, si bien solamente el emitido por el perito de la parte actora ha sido sometido a contradicción pues el perito de la parte demandada Sr. Pascual no compareció al acto del juicio. Tal como se afirma por la Juzgadora "a quo" el dictamen pericial emitido por el perito Sr. Juan Antonio merece mayor credibilidad y confianza en cuanto a su contenido, no sólo por haber sido sometido a contradicción en el acto del juicio, sino también por resultar más completo y detallado en cuanto a su argumentario, destacándose que: el bancal construido por los demandados es de nueva creación, sin observarse restos de bancal anterior; la consideración del linde real entre las parcelas el límite físico que establece el antiguo muro, tal como ocurre con el resto de las parcelas colindantes con dicho muro; debido a la formación del nuevo bancal, la propietaria de la parcela NUM006 se ha visto obligada a aumentar la altura de las paredes internas del pozo existente. Ninguna de tales afirmaciones ha sido desvirtuada por la parte apelante que se limita a negarlas sustituyéndolas por otras carentes de soporte probatorio alguno, con olvido de que las conclusiones a las que llega el perito de la parte actora, han sido constatadas por la propia juzgadora "a quo" en prueba de reconocimiento judicial, prueba a la que ninguna referencia se realiza en el escrito de recurso y cuyas conclusiones son claramente expuestas en la sentencia apelada.

2º) El dictamen del perito Don. Pascual , que no fue objeto de ratificación en sede judicial ni sometido a contradicción, se basa fundamentalmente en un plano protocolizado en una escritura notarial del año 1916, plano que fue elaborado unilateralmente por el otorgante sin el acuerdo ni consentimiento de los colindantes, y fue posteriormente modificado por otro posterior, y que, tal como se afirma en la sentencia apelada, resulta insuficiente para desvirtuar los hechos acreditados.

3º) La descalificación de las declaraciones de los testigos examinados a propuesta de la parte actora se realiza por el apelante del forma global, atendiendo a la edad de los mismos, ser familiares de la actora y ser "contradictorias", sin hacer referencia concreta alguna al contenido de tales declaraciones, por lo que el alegato carece de sustento para poder ser apreciado por este Tribunal.

4º) En definitiva, la valoración que se realiza en la sentencia apelada de la prueba practicada en la primera instancia resulta lógica, imparcial y objetiva, por lo que difícilmente puede ser sustituida por la que realiza la parte apelante que debe ser calificada de subjetiva, parcial y falta del necesario engarce con la realidad puesta de manifiesto por las pruebas practicadas, de las que se infiere, tal como se afirma por la parte actora hoy apelada que, antes de la actuación de los demandados no existía ningún bancal donde ahora esta el nuevo construido por ellos, y que entre las fincas sólo existía un elemento delimitador consistente en un "marge" antiguo en la parte sur de la franja reivindicada, y que se extiende a lo largo de toda la linde, marge que subsiste en la actualidad, siendo visible en toda su extensión al ser de mayor altura que el nuevo construido por los demandados y de distinto sistema constructivo, estando ubicada la finca de la actora precisamente en la parte inferior de este marge antiguo.

5º) Corresponde al juzgador "a quo" realizar la valoración probatorio en su conjunto, de forma libre y nunca arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de la experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (SSTS de 15 de febrero de 1999 y 26 de enero de 1998 , entre otras muchas). En definitiva, cuando se trata de valoraciones probatorias, la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que aquélla aparece suficientemente expresada en la resolución recurrida y que las conclusiones fácticas a las que así llegue no dejen de manifiesto un error evidente o resulten incompletas, incongruentes o contradictorias, sin que por lo demás resulte lícito sustituir el criterio del juez a quo por el criterio personal e interesado de la parte recurrente.

TERCERO.- A igual resultado desestimatorio se concluye del motivo alegado con carácter subsidiario y relativo al pronunciamiento que sobre costas se contiene en el fallo de la sentencia apelada. En efecto la juzgadora "a quo" impone las costas procesales causadas en la primera instancia a la parte demandada al haber sido estimadas las pretensiones deducidas en la demanda, en aplicación de la regla general contenida en el apartado 1º del artículo 394 LEC , que, como es sabido, consagra el criterio del vencimiento objetivo. Como reiteradamente ha puesto de manifiesto este Tribunal, entre muchas otras, la sentencia de fecha 4 de marzo de 2010 , rige en nuestro derecho procesal civil el sistema objetivo del vencimiento, conforme al cual las costas se imponen a la parte cuyas pretensiones son desestimadas, sin dejar margen a valoraciones judiciales sobre su conducta procesal, criterio cuya constitucionalidad ha sido proclamada por la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29-10-86 , que entiende lo más coherente que las costas las tenga que pagar el litigante vencido, con fundamento en la consideración de que la posición patrimonial del litigante que ganó el pleito no tiene que soportar los gastos inherentes al mismo; si bien es cierto que el artículo 394.1 LEC contempla la excepción a dicha regla general si el caso presentare serias dudas de hecho y/o derecho, también lo es que, en caso de concurrir deberán ser razonadas, estableciendo el párrafo segundo de la antedicha norma que para apreciar que el caso es jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares; en consecuencia, la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil ha limitado la discrecionalidad del órgano jurisdiccional para no imponer las costas de primera instancia al litigante vencido, ya que el art. 523 párrafo 1º in fine de la anterior LEC permitía la no imposición de costas cuando concurriesen circunstancias excepcionales, que el precepto no concretaba, y cuya apreciación dejaba al arbitrio judicial, mientras que el inciso final del art. 394.1 LEC 2000 limita las circunstancias que justifican la no imposición de costas al litigante vencido a la apreciación de que el caso sometido a la decisión del órgano jurisdiccional presente serias dudas de hecho o de derecho, que, en caso de concurrir, habrán de ser razonadas; además, la regla de no imposición de costas al amparo del art. 394.1 párrafo 1º in fine, ha de ser interpretada con carácter restrictivo, en la medida en que supone una excepción al principio general del vencimiento objetivo que recoge el inciso inicial de este mismo precepto. Por último, señalar que la parte apelante no explicita cuales sean las dudas, bien de hecho o de derecho que en el presente litigio se plantean, ni cita resolución alguna de la que pueda desprenderse la existencia de jurisprudencia contradictoria, limitándose a afirmar que la cuestión litigiosa es "de indudable complejidad fáctica" al existir "multitud de documentación contradictoria" que no enumera ni cita. En consecuencia, se estima procedente mantener el pronunciamiento sobre costas dada la inexistencia en el presente caso de los requisitos previstos legalmente para la aplicación de la excepción a la regla general del vencimiento.

CUARTO.- La desestimación del recurso y consiguiente confirmación de la sentencia apelada conlleva en materia de costas procesales, la imposición de las causadas en esta alzada a la parte apelante, conforme se establece en el artículo 398.1 LEC .

Fallo

SE DESESTIMA el RECURSO de APELACION interpuesto por don Laureano , doña Asunción y doña Leonor , representados por la procuradora Sra. Vicens, contra la sentencia de 23 de septiembre de 2009, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Palma , en el procedimiento de juicio ordinario del que trae causa la presente alzada, y, en consecuencia, SE CONFIRMA dicha resolución.

Se imponen a la parte apelante, las costas procesales causadas en esta alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Lindero
Práctica de la prueba
Fincas registrales
Fincas Rústicas
Acción reivindicatoria
Medios de prueba
Prueba pericial
Nuda propiedad
Dueño
Título de dominio
Derechos reales
Título jurídico
Valoración de la prueba
Informes periciales
Voluntad unilateral
Reconocimiento judicial
Resolución recurrida
Revisión de la sentencia
Procesal Civil
Constitucionalidad