Sentencia Civil Nº 27/2006, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 1094/2001 de 02 de Febrero de 2006

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del demandado sobre filiación extramatrimonial; la Sala señala que si bien el art.127 del Código Civil disponía que con la demanda se había de presentar un "principio de prueba", para evitar pleitos que afectasen a la intimidad de las familias, se ha reconocido ya constitucionalmente la libre investigación de la paternidad, debiendo prevalecer la verdad biológica, existiendo en el presente caso pruebas suficientes acerca de la paternidad, sin que en modo alguno la recurrente pueda hablar de indefensión cuando tuvo a su alcance todos los medios que el derecho le proporciona para oponerse a la demanda, la Sala señala que toda vez que el artículo 134 del Código Civil legitima, en todo caso, al progenitor para impugnar la filiación contradictoria, también está habilitado para que pueda ejercitar la acción de reclamación de filiación extramatrimonial, añadiendo la Sala que el Tribunal Constitucional ha resuelto que la privación al progenitor de la posibilidad de reclamar una filiación no matrimonial en los casos de falta de posesión de estado no resulta compatible con el mandato del artículo 39.2 de la Constitución de hacer posible la investigación de la paternidad ni con el derecho a la tutela judicial efectiva, y ha declarado la inconstitucionalidad del párrafo primero del artículo 133 del Código Civil; la Sala señala que la sentencia de la Audiencia ha aplicado correctamente la doctrina de esa Sala, sobre la negativa a someterse a las pruebas biológicas de paternidad, en atención a que, como ha declarado la STS de 11 de marzo de 2003 "la negativa a someterse a la prueba biológica no es una "ficta confessio" que implique "per se" la declaración de paternidad, sino que, unida a otras pruebas, a otros indicios o, en definitiva y en todo caso, a un juicio de verosimilitud de los hechos alegados, da lugar a la declaración de paternidad; es decir, la demandada no puede impedir, con su simple obstrucción, la práctica de la prueba decisiva y, si lo hace, debe cargar con las consecuencias.