Sentencia Civil Nº 272/2010, Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 4, Rec 212/2010 de 29 de Septiembre de 2010

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Encabezamiento

SENTENCIA

Rollo núm. 212/10.

Autos núm. 307/08.

Juzgado de 1a Instancia núm. 9 de S/C de Tenerife.

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

Don Pablo José Moscoso Torres.

MAGISTRADOS

Don Emilio Fernando Suárez Díaz.

Dona Pilar Aragón Ramírez

En Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de septiembre de dos mil diez.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres. antes resenados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1a Instancia núm. 9 de Santa Cruz de Tenerife, en los autos núm. 307/08, seguidos por los trámites del juicio ordinario y promovidos, como demandante, por la entidad BANCO SANTANDER, S.A., representada por la Procuradora dona Cristina Togores Guigou y dirigida por el Letrado don Manuel Gallego Agueda, contra DON Jorge , representado por la Procuradora dona María Teresa Medina Martín y dirigido por la Letrada dona María Yaneth Rodríguez Castaneda y contra la entidad ACRÓPOLIS 88, S.L., representada por la procuradora dona María Corina Melián Carrillo y dirigida por el Letrado don Manuel Moreno Mora, ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Pablo José Moscoso Torres, con base en los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.

SEGUNDO.- En los autos indicados el Magistrado-Juez don Álvaro Gaspar Pardo de Andrade dictó sentencia el treinta de octubre de dos mil nueve cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: Que estimando la demanda formulada por Banco Santander, S.A. contra Acrópolis 88, S.L. y Don Jorge , debo condenarles a abonar solidariamente a aquélla sesenta y siete mil euros con setenta y ocho céntimos (67.078 €) con los intereses correspondientes y las costas del proceso.».

TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentaron escritos en los autos por la representación de los demandados, en el que solicitaban que se tuviera por preparado recurso de apelación contra tal resolución, petición a la que se accedió por el Juzgado mediante providencia en la que se acordó, además, emplazar a dichas partes por veinte días para la interposición de tal recurso; en el plazo conferido, se interpusieron o por escrito dicho recurso con exposición de las alegaciones en que se fundaba la apelación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandante, presentó escrito de oposición al mencionado recurso.

CUARTO.- Remitidos los autos en esta Sala, se acordó, una vez recibidos y mediante providencia de once de mayo pasado, incoar el presente rollo y designar Ponente, y, por auto de veintidós de julio de dos mil diez, no admitir las pruebas propuestas por la parte apelante, Don Jorge y senalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día veintidós de septiembre del ano en curso, fecha en la que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- 1. La sentencia apelada estimó la demanda en la que la entidad demandante reclamaba el importe del saldo de una póliza de crédito (modificativa de otra anterior) a la entidad demandada (Acrópolis 88, S.L.) que había suscrito la misma como acreditada y al demandado, don Jorge (administrador de dicha sociedad), en su condición de fiador solidario de la obligación asumida por aquélla.

2. Dicha resolución ha sido apelada por una y otro demandado que han interpuesto separadamente y en escritos independientes los respectivos recursos.

SEGUNDO.- 1. Es preciso examinar, ante todo, el recurso formulado por la entidad demandada en la medida en que alega en primer lugar una infracción procesal determinante de indefensión y de nulidad de actuaciones, derivada de no haberse admitido un escrito presentado por el administrador de dicha entidad en el que solicitaba la aclaración y la corrección del auto de admisión de la demanda por figurar en el mismo una cuantía diferente a la senalada en ese escrito inicial, así como la suspensión del procedimiento.

El Juzgado no admitió dicho escrito por incluir una petición de la parte sin encontrarse personada mediante Procurador y Abogado, como es preceptivo, ni estar autorizado ese escrito por estos profesionales, pero al advertir el error material denunciado en el mismo, procedió a corregirlo de oficio con base en el art. 214.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC -, que permite la rectificación de todo error manifiesto en cualquier momento, dando seguidamente por precluido el plazo para contestar la demanda y declarando en rebeldía a los demandados, que se personaron con posterioridad por medio de Abogado y de Procurador.

2. Según la apelante esa forma de proceder fue improcedente y le ha causado indefensión manifiesta. Sin embargo, la Sala considera que no es así; a los demandados se les notificó el auto de admisión de la demanda acompanado de ésta, y fueron emplazados para que la contestaran en el plazo de veinte días, haciéndoles saber que debían de comparecer "por medio de procurador y con asistencia de abogado" con el apercibimiento expreso de que serían declarados en rebeldía si no lo hacía en dicho plazo.

Siendo ello así y formulando la parte una petición sin haber comparecido en forma por medio de Procurador y Abogado cuando se le había advertido que debía hacerlo así, es correcta la respuesta de no admitir tal escrito y esa petición a la que, por lo demás, no se podía proveer al no tener la firma de Abogado (art. 31.1 de la LEC ), sin que el defecto admitiera subsanación por cuanto que no se trataba de que el Abogado interviniente (y que asistiera a la parte) no firmara la solicitud, sino de que la parte aún no había comparecido bajo la asistencia de éste ni por medio de Procurador.

Por otro lado y advertido el error denunciado, no cabe duda de que se trataba de un error material manifiesto, sin que para advertirlo fuera necesario ninguna tipo de valoración al evidenciarse por el simple contraste de la cuantía derivada de la demanda y de la senalada en el auto, en el que se indicaba que la fijada en la demanda era una cuando en realidad era otra. Es evidente, pues, que se trataba de un error manifiesto y que, por tanto, podía corregirse de oficio una vez que fuera advertido (como lo fue en este caso) y en cualquier momento, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 214.3 de la LEC .

3. Por lo demás la denuncia de la indefensión es más formal y aparente que material, y en cierta manera imputable a la propia parte que sabía que tenía que comparecer por medio de Procurador y asistido de Abogado en el plazo senalado, como finalmente lo hizo (y como han hecho en otros procedimientos que se han seguido en su contra), sin que tampoco el error manifiesto fuera susceptible de causas esa indefensión. En tales circunstancias, no cabe descartar que los demandados trataran de escudarse en ese simple error para obtener artificiosamente un ventaja obteniendo de manera irregular la prórroga de un plazo improrrogable (art. 134 de la LEC ), colocándose en una situación puramente formal de indefensión que no es protegible.

TERCERO.- 1. La entidad demandada no alega, en esencia, más que ese motivo del recurso si bien se adhiere al esgrimido por el otro demandado, también apelante, que combate el argumento de la sentencia apelada sobre que "las operaciones de compra y venta de valores fueron calendadas entre julio y septiembre del ano 2000 antes de dar la conformidad de saldo y suscribir ambos codemandados el 2 de julio de 2001 la póliza de modificación de la de 23 de junio de 2000". Refuta el apelante este argumento senalando senalado que no "fue parte inicialmente" en la referida póliza de crédito, por lo que "la renovación de la misma no es prueba, ni tan siquiera una presunción, de que mi mandante conocía la existencia del supuesto saldo deudor...".

2. Esta alegación no deja de ser artificiosa y es claramente insostenible. Ciertamente el apelante no intervino como fiador en el póliza primera que se modificó con la que ahora integra la base de la pretensión, pero sí lo hizo en su condición de administrador único de la entidad acreditada, de manera que mal puede mantener que lo que conoció personalmente, aunque lo fuera como administrador de la sociedad, no podía conocerlo en su condición de persona física lo que no deja de ser una contradicción; como ya ha senalado esta Audiencia en alguna ocasión (sentencia de 23 de julio de 2001 de la Sección 1a ), no cabe duda de que se pueden llevar a cabo actuaciones a título personal diferentes de las propias de un cargo social por la misma persona, pero lo que no se puede es disociar componentes psicológicos de esta persona en razón de la condición en que actúe, de manera que no puede mantener que lo que se conoce por una condición se desconoce por la otra.

3. Sobre esta base el resto de las alegaciones del recurso y su insistencia en la necesidad de exhibir las autorizaciones de las compra y ventas de valores decaen sobre la base de que se llevaron a cabo con anterioridad a la póliza que sustenta la pretensión y que es modificación de otra anterior, de la que conocían su saldo que fue arrastrado por esta.

Por otro lado se trata de una alegación ya reiterada por la entidad demandada en otros procesos que se han seguido en su contra y de los que ha conocido este Sección como, por ejemplo, el resuelto por auto de 13 de octubre de 2003 (rollo núm. 273/03, en el que también era recurrente Acrópolis 88,S.L.): en dicho auto se senalaba que "resulta sorprendente -también para la Juez de primera instancia- que una entidad dedicada principalmente a la inversión en Bolsa no lleve el control de las operaciones que realiza, dejando que el banco depositario opere a su antojo con títulos y dinero, y aún así, pueda cuantificar con más o menos exactitud los perjuicios derivados de este modo de actuar, así como los derivados de los demás conceptos derivados de la pluspetición...".

CUARTO.- 1. Procede, en definitiva y por lo expuesto, desestimar los recursos de apelación interpuestos y confirmar la sentencia apelada.

2. Como consecuencia de su desestimación íntegra, las costas originadas con los respectivos recursos deben imponerse a cada apelante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Desestimar los recursos de apelación interpuestos y confirmar en todas sus partes la sentencia apelada, imponiendo a cada parte apelante las costas originadas con sus respectivos recursos.

Contra la presente sentencia, dictada en segunda instancia en un juicio ordinario tramitado por razón de la cuantía que no supera ciento cincuenta mil euros, no cabe recurso alguno y por tanto es firme.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Indefensión
Admisión de la demanda
Rebeldía
Error material
Fiador
Sociedad de responsabilidad limitada
Nulidad de actuaciones
Apercibimiento
Venta de valores
Saldo deudor
Administrador único
Persona física
Administrador social
Bolsa
Depositario
Pluspetición