Sentencia Civil Nº 299/2011, Audiencia Provincial de Castellon, Sección 3, Rec 249/2011 de 23 de Septiembre de 2011

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN

SECCIÓN TERCERA

Rollo de apelación civil número 249 de 2011

Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Castellón

Juicio Ordinario número 2330 de 2008

SENTENCIA NÚM. 299 de 2011

Ilmos. Sres.:

Presidente:

Don JOSÉ MANUEL MARCO COS

Magistrados:

Don RAFAEL GIMÉNEZ RAMÓN

Doña MARIA VICTORIA PETIT LAVALL

En la Ciudad de Castellón, a veintitrés de septiembre de dos mil once.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los Ilmos. Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, interpuesto contra la Sentencia dictada el día doce de enero de dos mil once por la Ilma. Sra. Magistrada Juez en comisión de servicios del Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Castellón en los autos de Juicio Ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 2330 de 2008.

Han sido partes en el recurso, como apelantes, Maqueipe S.L. y Don Jesús , representados por la Procuradora Doña Felicidad Altaba Trilles y defendidos por el Letrado Don Josu Alonso Cuadrado, y como apelada, Bansabadell Renting S.L. Sociedad Unipersonal, representada por la Procuradora Doña Carmen Rubio Antonio y defendida por el Letrado Don Luis Miguel Romero Villafranca.

Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don RAFAEL GIMÉNEZ RAMÓN.

Antecedentes

PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada literalmente establece: "Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Carmen Rubio Antonio en nombre y representación de BANSABADELL RENTIING S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL debo declarar y declaro resuelto el contrato de renting suscrito por las partes en fecha 2 de noviembre de 2005 referido al vehículo Toyota Corolla Verso D4D SOL, condenando a la mercantil MASQUEIP0E S.L a la inmediata devolución del vehículo y en todo caso en plazo de quince días desde la firmeza de la resolución, condenando a la mercantil demandada y a Don Jesús a abonar solidariamente la cantidad de 6.544,36 euros en concepto de cuotas impagadas, intereses, comisiones y penalización del 50% de las cuotas pendientes a la fecha de vencimiento del contrato por indemnización de daños y perjuicios, así como al pago de los intereses de demora de dicha cantidad al tipo del 2% mensual hasta la fecha de pago de conformidad con la cláusula 3.5 del contrato, y al pago del importe correspondiente al prorrateo de una mensualidad de cuota de 729,22 euros más el 25% por los días transcurridos desde el 17 de noviembre de 2008 (fecha de la notificación de la resolución) hasta el día en que se produzca la entrega del vehículo. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas.-"

SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal de Masqueipe S.L. y Don Jesús se interpuso recurso de apelación, en tiempo y forma, solicitando se dicte Sentencia desestimando íntegramente la demanda, con imposición de costas a la parte apelada.

Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito oponiéndose al recurso, solicitando se dicte sentencia confirmando la dictada en primera instancia, con imposición de costas a la parte apelante.

Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, en cuyo Registro General tuvieron entrada en fecha 6 de mayo de 2011, correspondiendo su conocimiento a esta Sección Tercera en virtud del turno de reparto de asuntos que devino aplicable.

Por Diligencia de Ordenación de fecha 12 de Mayo de 2011 se formó el presente Rollo y se designó Magistrado Ponente, se tuvieron por personadas las partes y por Providencia de fecha 5 de julio de 2011 se señaló para la deliberación y votación del recurso el día 13 de septiembre de 2011, llevándose a efecto lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales de orden procesal.

Fundamentos

SE ACEPTAN los de la resolución recurrida y se resuelve el recurso conforme a los siguientes:

PRIMERO.- Ejercitada una acción resolutoria de un contrato de renting de un vehículo a motor por impago de las cuotas mensuales establecidas a cargo del arrendatario, con las consecuencias previstas contractualmente para tal caso, la sentencia impugnada estima la misma en su integridad sobre la base de que el arrendador podía dar por resuelto el contrato por el impago de varias cuotas conforme a lo pactado en el contrato; que el que éste sea de adhesión no significa que resulte nulo; que no procede la aplicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y que la parte demandada no justifica su incumplimiento en un previo incumplimiento de la actora en relación con las reparaciones de que ha sido objeto el vehículo en atención a que no se desprende de la prueba que el vehículo haya sufrido algún tipo de avería o fuera defectuoso y de que fuera requerida la actora para la reparación por avería del vehículo.

Frente a dicha resolución se alzan los demandados, a la sazón la mercantil arrendataria y el particular fiador solidario del cumplimiento de las obligaciones del contrato de renting, sobre la base de los siguientes motivos, cuya concurrencia es rechazada expresamente por la parte apelada:

1) Corresponder la competencia objetiva para el conocimiento del pleito al Juzgado de lo Mercantil y no al Juzgado de 1ª Instancia al versar el procedimiento sobre condiciones generales de la contratación.

2) Haber sido inadmitida la prueba de interrogatorio del legal representante de la demandante.

3) Incumplimiento del contrato por la arrendadora al no haber hecho frente a las operaciones de revisión, mantenimiento y reparación del vehículo, frustrando la finalidad del contrato y afectando al uso para el que se arrendó el vehículo.

SEGUNDO.- Sobre dicha base en relación con los arts. 456.1 y 465.5 de la LEC nos pronunciaremos seguidamente sobre dichos motivos que delimitan nuestro ámbito de conocimiento y decisión, empezando por el relativo a la competencia, cuya virtualidad en esta sede tenemos que rechazar por tres motivos diversos:

1) Por no haberse planteado en forma la ausencia de competencia a través de su deducción oportuna mediante declinatoria, por mucho que sea susceptible de apreciación de oficio, no siendo por ello dable reprochar el criterio al respecto del Juez de primer grado cuando se obvió un pronunciamiento concreto a través del medio legalmente previsto. En este sentido, Sentencia de esta Sala de 14 de junio de 2010 .

2) Por ser competente en todo caso el Juzgado que ha conocido del pleito, al versar el mismo, contrariamente a lo manifestado por la parte apelante, sobre el cumplimiento de un contrato y no sobre la nulidad de unas condiciones generales de la contratación, pues no puede obviarse que la parte demandada no dedujo pretensión alguna, individual o colectiva, conforme a la Ley 7/98, sobre Condiciones Generales de la Contratación tendente a logar un declaración judicial expresa mediante el correspondiente pronunciamiento en la parte dispositiva de la resolución definitiva (acciones para las que sí que es competente el Juzgado de lo Mercantil conforme al art. 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial ), sin que el hecho que adujera una nulidad conforme a dicha normativa legal vía excepción (en lugar de acudir directamente al Juzgado de lo Mercantil ejercitando alguna de las acciones antedichas) altere la configuración del objeto litigioso a los efectos que nos ocupan, no teniéndose presente al respecto el mecanismo de la prejudicialidad y como, de la misma forma que pueden realizarse determinaciones a lo solos efectos prejudiciales en relación con materias pertenecientes a otros órdenes jurisdiccionales (art. 42 de la LEC ), con mayor motivo pueden la mismas recaer sobre cuestiones pertenecientes al Orden Jurisdiccional Civil por mucho que por razones de especialización esté llamado otro órgano judicial a resolver principalmente sobre las mismas, como acontece con carácter general con otras disposiciones llamadas a tener una aplicación común o general.

3) Porque la parte apelante no ha traslado a esta alzada la supuesta o posible nulidad de las condiciones generales del contrato litigioso, por lo que carece de sentido insistir en el punto de la competencia. En todo caso, en la línea que expuso el Juez de primer grado en el acto de la audiencia previa, la ausencia de concreción de las condiciones generales cuya nulidad posible venía a plantearse en la demanda en unión de la carencia de exposición de motivos para dicho efecto, máxime cuando no resulta de aplicación la normativa protectora de consumidores y usuarios en atención a la condición de la parte arrendataria, hace inviable toda apreciación en aquel sentido, no debiéndose olvidar al respecto que las diferentes obligaciones de ambas partes pueden dar lugar lógicamente a la diversidad en las repercusiones que pueden preverse para el caso de su incumplimiento, que en todo caso su ausencia no impide instar la correspondiente resolución o cumplimiento con la indemnización de los perjuicios causados al amparo del art. 1.124 del C. Civil y que el mero hecho de estar ante un contrato de adhesión no implica la nulidad de sus clausulas no discutidas individualmente. En este último sentido, señaló esta Sala en Sentencia de 13 de marzo de 2010 que " El contrato formalizado entre las partes se ubica en los denominados contratos de adhesión, con un contenido predispuesto por una de las partes que, aunque siempre se ha dicho que entrañan una limitación, mayor o menor según los casos, a la libertad contractual, no significa necesariamente que los pactos que comprenda sean abusivos y por tanto nulos, debiendo estarse en cada supuesto concreto al contenido de cada clausula contractual. Como ha señalado la doctrina jurisprudencial ( STS de 31 de mayo de 1991 ), el hecho de que a un contrato se le califique "como de adhesión" no implica automáticamente que sea nulo, sino que habrá de estarse al contenido denunciado. En el mismo sentido, las sentencias de esta Sala de fecha 21 de septiembre de 2001 y 6 de febrero de 2002 ". Por otro lado, no resulta de ser un contrasentido postular con carácter general que puedan ser nulas las condiciones generales del contrato sin distingo alguno y, a su vez, atender al contenido de varias de ellas para basar el motivo fundamental de oposición: incumplimiento del contrato por la actora por no hacerse cargo de determinadas reparaciones del vehículo arrendado conforme las previsiones contenidas en aquellas.

TERCERO.- En cuanto al tema de la inadmisión de la prueba propuesta por la parte apelante consistente en el interrogatorio del legal representante de la demandante, se trata de un motivo carente de virtualidad desde el momento en que, como se ha encargado de recordar la parte apelada en su escrito de oposición, no se ha propuesto su práctica en esta segunda instancia, esto es, no se ha acudido al remedio dispuesto legalmente para subsanar la posible infracción procesal que al respecto pudiere haberse cometido. En este sentido, Sentencia de esta Sala de 30 de mayo de 2011 .

No obstante no apreciamos como tal infracción alguna al respecto en la decisión del Juez de primer grado a la vista de los motivos en que se basó la proposición de dicha prueba en relación sobre los hechos acerca de los que tenía que versar, no coincidentes a los ahora aducidos a propósito del recurso, de los que además resulta muy dudosa su utilidad dada la ausencia de concreción acerca del medio de comunicación con la demandante en las supuestas interlocuciones que tuvo con la misma, que se extiende además a todos sus aspectos subjetivos, partiendo de la base al respecto de la ausencia de admisión de su existencia y dejando al margen el punto esgrimido en el escrito de oposición acerca del resultado del interrogatorio del actor en relación con la facultad prevista en el art. 304 de la LEC .

CUARTO.- Idéntica suerte debe correr el motivo de apelación restante referente a que no se ha tomado en consideración que concurre un incumplimiento del contrato por no haberse hecho cargo la demandante de las reparaciones y mantenimiento del vehículo arrendado conforme a lo pactado, que supone realmente denunciar una errónea valoración de la prueba.

Entendemos que procede confirmar íntegramente por su corrección la apreciación del material probatorio verificado por la Juez de primer grado en la medida en que, aun siendo cierto que conforme al contrato incumbía a la demandante coordinar, gestionar, tramitar y abonar a los talleres las operaciones de revisión, mantenimiento y reparación del vehículo en los términos previstos contractualmente (condición general séptima del contrato), obligación ésta que, como vino a expresarse en la Sentencia de esta Sala de 24 de septiembre de 2008 , es consustancial al renting, no hay prueba alguna (personal o real) de que se hubiera requerido dicha actuación por la arrendadora a través de la oportuna comunicación de las averías del vehículo, sin que tampoco resulte de las facturas aportadas para acreditar las intervenciones realizadas en el vehículo que se esté en presencia de reparaciones de averías sufridas por el mismo (Se refieren a operaciones de mantenimiento, reposición de un llave del vehículo y sustitución de dos de sus neumáticos).

De ahí que, con independencia de como quisiéramos valorar esta supuesta contravención a los términos del contrato en que se basa la apelante en el marco del art. 1124 del C. Civil y doctrina jurisprudencial reiterada recaída en su interpretación , lo cierto es que no puede quedar acreditada la misma, dado que, por un lado, es evidente que no puede existir por la arrendadora labor alguna en relación a la reparación de las averías que pueda padecer el vehículo si no se recibe comunicación de las mismas y, por otro, pierde todo su fundamento esta posición cuando ni se acredita su realidad.

Ciertamente, varias de esas facturas (cuya autenticidad no ha sido impugnada) vienen a acreditar la realización de labores de mantenimiento del vehículo, sobre las que igualmente recaía aquella obligación de coordinación, gestión y asunción de la arrendadora, pero se trata de una circunstancia carente en todo caso de relevancia. Por un lado, porque la parte apelante, a diferencia de lo que ha hecho en esta alzada, en la instancia no refirió oportunamente la concurrencia de labores de mantenimiento sino la reparación de averías (que es una circunstancia bien diversa), siendo bien sabido que no son admisibles cuestiones novedosas en esta alzada. Por otro lado, porque en todo caso sigue concurriendo la ausencia de prueba del correspondiente requerimiento o comunicación a la apelada para que se hiciese cargo de las mismas en los términos pactados.

QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación que se colige de los razonamientos precedentes determina que se impongan a la parte apelante las costas procesales devengadas en esta alzada a tenor de lo establecido en los artículos 398-1 y 394-1 de la L.E.C.

Dicho pronunciamiento principal determina, igualmente, la pérdida para la parte impugnante del depósito constituido para recurrir, atendida la Disposición Adicional Decimoquinta n.9 LOPJ, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Maqueipe S.L. y Don Jesús , contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez en comisión de servicios del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Castellón en fecha doce de enero de dos mil once , en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 2330 de 2008, confirmamos la resolución recurrida, con imposición a la parte apelante reseñada de las costas procesales devengadas en esta alzada.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta n.9 LOPJ.

Notifíquese la presente Sentencia y remítase testimonio de la misma, junto con los autos principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Arrendatario
Arrendador
Condiciones generales de la contratación
Contrato de renting
Incumplimiento del contrato
Resolución recurrida
Acción resolutoria
Defensa de consumidores y usuarios
Previo incumplimiento
Cumplimiento de las obligaciones
Contrato de adhesión
Fiador
Competencia objetiva
Declinatoria
Resolución definitiva
Prejudicialidad
Audiencia previa
Consumidores y usuarios
Libertad contractual
Cláusula contractual
Proposición de la prueba
Valoración de la prueba
Renting