Sentencia Civil Nº 300/2010, Audiencia Provincial de Ourense, Sección 1, Rec 20/2010 de 19 de Julio de 2010

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 19 de Julio de 2010
  • Tribunal: AP - Ourense
  • Ponente: Alañon Olmedo, Fernando
  • Núm. Sentencia: 300/2010
  • Núm. Recurso: 20/2010
  • Núm. Cendoj: 32054370012010100295
Resumen:
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OURENSE

SENTENCIA: 00300/2010

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Señores, don Fernando Alañón Olmedo, Presidente, doña Ángela Domínguez Viguera Fernández y doña

Josefa Otero Seivane, Magistrados, ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

S E N T E N C I A NÚM.300

En la ciudad de Ourense a diecinueve de julio de dos mil diez.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos de Juicio Verbal procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de O Carballiño, seguidos con el n.º 292/09, Rollo de Apelación núm. 20/10, entre partes, como apelante TECOR SOCIETARIO PENA MAIOR DE PIÑOR, representado por la Procuradora Dña. Mónica Vázquez Blanco, bajo la dirección de la Letrada Dña. Pilar Cortiñas Lorenzana y, como apelado, D. Erasmo , representado por la procuradora D.ª Lourdes Lorenzo Ribagorda, bajo la dirección del Abogado D. José Carlos González Fernández. Es ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Alañón Olmedo.

Antecedentes

Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de O Carballiño, se dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 13 de Octubre de 2009 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Se ESTIMA la demanda interpuesta por D. Erasmo contra el Club de Cazadores Pena Mayor de Piñor, titular de los derechos cinegéticos del Tecor Societario Pena Mayor, y se CONDENA al demandado a abonar al actor la cantidad de 826,46 euros, más los intereses devengados dicha cantidad calculados conforme a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto, así como al pago de las costas procesales".

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de TECOR SOCIETARIO PENA MAIOR DE PIÑOR recurso de apelación en ambos efectos, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El régimen de responsabilidad derivado del atropello de especies cinegéticas sufrió un cambio sustancial a raíz de la entrada en vigor de las modificaciones operadas en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 marzo 1990 por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada tras la Ley de julio de 2005, concretándose en la disposición adicional novena de ésta que, en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas, será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación, añadiendo que los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. La Ley de caza de Galicia, al igual que la estatal, ha sufrido una modificación en su artículo 23 por medio de la Ley 6/2006, de 23 de octubre, de forma que el precepto queda redactado como sigue: "En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas los daños personales y patrimoniales estarán sujetos a lo dispuesto en la normativa estatal en materia de seguridad vial existente al respecto".

Con arreglo a los datos normativos anteriores, sólo cuando pueda imputarse al titular de la explotación cinegética del terreno acotado falta de diligencia en su conservación o cuando el siniestro derive de una acción de cazar, cabrá imputarle responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies de caza.

La cuestión que se plantea en esta litis es la determinación del concepto conservación del terreno acotado por cuanto en aquellos supuestos en los que, los titulares de la explotación cinegética de aquél, incumplan las obligaciones que le son propias y que están dirigidas a aquella conservación, podrá establecerse su responsabilidad en los daños causados por las especies de caza.

La imputación de responsabilidad por negligencia en la conservación del terreno debe tener una correlativa obligación de hacer aquello necesario para la conservación del terreno acotado. El significado del término conservación alude al mantenimiento de un estado determinado. La omisión de aquella obligación de conservación habrá de ser valorada en relación con su contenido. Debemos, por consiguiente, acudir a las fuentes de las obligaciones que nos refiere el artículo 1088 del Código Civil para determinar cuál es el contenido de la obligación de los titulares de la explotación cinegética relativa al mantenimiento del terreno acotado. El artículo 1088 del Código Civil establece que las obligaciones nacen, en lo que interesa, de la Ley o de los contratos. Las obligaciones derivadas de la titularidad de la explotación cinegética se establecen por virtud de la concesión o autorización que la administración autonómica otorga. La Ley de caza de Galicia señala en su artículo 8 que son terrenos de carácter cinegético los susceptibles de tal aprovechamiento; los terrenos cinegéticos pueden estar sujetos a un régimen cinegético común o especial y éstos pueden pertenecer a alguna de las siguientes categorías: Reservas de caza; refugios de fauna; terrenos cinegéticamente ordenados (Tecor), terrenos cinegético deportivos o explotaciones cinegéticas. Los restantes quedan sujetos al régimen cinegético común, y en los mismos el ejercicio de la caza será libre, con las limitaciones legales correspondientes (artículo 9 LC de Galicia ). El artículo 13 de la LC de Galicia señala que se denominan terrenos cinegéticamente ordenados (Tecor) aquellas áreas del territorio gallego susceptibles de aprovechamiento cinegético que hayan sido declaradas y reconocidas como tales por Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes y en las que la población cinegética ha de estar protegida y fomentada, aprovechándose de forma ordenada. Los Tecor podrán ser de titularidad pública, societaria o particular, según promuevan su constitución las Administraciones Públicas, las sociedades o asociaciones de cazadores legalmente constituidas, las personas físicas u otras jurídicas de carácter particular y la declaración de los terrenos cinegéticos como Tecor lleva inherente a favor de sus titulares la reserva del derecho de caza de todas las especies cinegéticas que se encuentren en el mismo y, consecuentemente, la titularidad de los derechos y obligaciones que de conformidad con la propia Ley de caza se deriven de dicho aprovechamiento cinegético. En consecuencia, en primer lugar y a salvo de lo establecido en el fundamento jurídico siguiente, las obligaciones de la entidad demandada en cuanto titular de aprovechamiento del Tecor de Santigoso, son las establecidas en la LC de Galicia.

SEGUNDO.- El artículo 22 de la LC de Galicia señala que son deberes de los titulares del aprovechamiento de terrenos sujetos a régimen especial: Cumplir las condiciones establecidas en las resoluciones de declaración; Ajustarse al plan de ordenación cinegética y a los planes anuales de aprovechamientos, de obligado cumplimiento una vez aprobados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes; Dotar a dichos terrenos de la vigilancia y señalización prevista de acuerdo con dichos planes; Colaborar con la Administración Pública en la protección y fomento de la fauna cinegética, suministrando los datos estadísticos solicitados, realizando los controles sobre las especies susceptibles de captura y adoptando las medidas sanitarias establecidas; Responder de la organización y correcta ejecución de las actividades cinegéticas que lleven a cabo; Solicitar con la suficiente antelación la celebración de monterías, acechos y ojeos, y velar para que se cumplan las condiciones impuestas en la autorización; Cualesquiera otros establecidos o que se establezcan por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. El artículo 43 de la LC de Galicia dispone, en relación con el plan de ordenación cinegética, que los titulares de aprovechamientos cinegéticos sujetos a régimen especial deberán presentar obligatoriamente un plan quinquenal de ordenación cinegética redactado por técnico competente, que una vez aprobado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes constituirá norma de obligado cumplimiento a partir de la que se desarrollará ordenadamente la actividad cinegética, dentro del marco de los períodos hábiles generales, asimismo que los planes de aprovechamiento, de vigencia anual, serán aprobados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes y contendrán las especies cazables, cupos de capturas, períodos, número de jornadas de caza, número de cazadores diarios, zonas de aplicación y modalidades de caza y cualesquiera otras cuestiones relacionadas, con el ejercicio de la caza; por su parte, el artículo 44 , en relación con los planes de ordenación y aprovechamientos cinegéticos, indica que deberán incluir los datos del estado cinegético, dentro del que han de figurar, al menos, la definición y descripción de las unidades de gestión e inventariación y la estimación de parámetros poblacionales como abundancia y productividad de las especies objeto del aprovechamiento, así como una evaluación de la capacidad de carga del hábitat, el establecimiento de los objetivos de la ordenación, de acuerdo con la información recogida en la fase de inventario, la estimación de la extracción sostenible en función de la evolución prevista de las poblaciones, la zonificación del área, un sistema de seguimiento de la propia planificación y una previsión de mecanismos correctores, las acciones de conservación de las especies cinegéticas, así como, en su caso, de otras especies silvestres, las acciones y modalidades complementarias articuladas en el espacio y tiempo, como el adiestramiento de perros, la suelta-captura y otras similares así como cualesquiera otros aspectos que reglamentariamente se determinen.

Dentro de las obligaciones anteriores pudiera entenderse como destacables a los efectos de resolver las cuestiones planteadas en la litis las referentes al control de la población de especies cinegéticas -en este caso la de jabalíes- de tal modo que, si se asume, dentro del plan de ordenación cinegética y de los planes anuales de aprovechamientos, la obligación de llevar a cabo determinado número de capturas para evitar una proliferación excesiva de determinadas especies, se puede mantener que la omisión de esa obligación genera un riesgo que es susceptible de materializarse en el atropello de uno o varios individuos de esa especie, apareciendo un daño que puede ser susceptible de ser indemnizado. Es lógico inferir que con mayor número de ejemplares hay un incremento del riesgo derivado de esa población excedida, de modo que, producidos daños por un ejemplar perteneciente a especie que ha crecido en exceso, cabe imputar responsabilidad a quien ha omitido la obligación de controlar aquel número.

En definitiva, la obligación de conservación del terreno acotado puede integrarse, en los casos en que así se asuma en el plan de ordenación cinegética y en los planes anuales de aprovechamiento, por el mantenimiento de un número adecuado de especies, lo que debe guardar correlación con el número de capturas a realizar, de modo que no alcanzado éste puede admitirse que existe sobrepoblación y por tanto nacerá la obligación de responder por los daños causados por los ejemplares de esa especie a considerar pues, se repite, la sobrepoblación crea un riesgo que se materializa en el resultado dañoso y, por ello, es directamente imputable al agente creador del riesgo, el titular de la explotación cinegética.

TERCERO.- Lo anterior lleva a concluir en la necesidad de entrar en el análisis del certificado emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (folio 17) en el que se especifica que la sociedad de cazadores que regenta los derechos derivados del Tecor de Pena Maior no cubrió el cupo de capturas de jabalí de la temporada 2007-2008, considerando que se puede atribuir falta de conservación del terreno acotado al titular del Tecor. Este certificado se excede en su contenido a lo que sería propio pues la certificación debe limitarse a la exposición de datos objetivos sin contener valoración jurídica alguna. En consecuencia, el único dato reseñable es la alusión a que no se ha cubierto el cupo de capturas. Esa alusión, por sí sola, es insuficiente para determinar la negligencia de la parte demandada titular de la explotación, pues no se hace referencia alguna a qué tipo de consideración tiene el cupo de capturas aludido; se desconoce si ese cupo era el máximo a cazar o si, por el contrario, nos encontramos con el número mínimo de piezas a abatir para mantener la población de aquellas especies en cifra adecuada y sostenible. La mera referencia a cupo de capturas entendemos es insuficiente para realizar una evaluación de la actuación de la demandada en relación con las obligaciones asumidas en el plan de ordenación cinegética y/o en los planes anuales de aprovechamiento, ausentes de la litis cuando su consideración se antoja fundamental para evaluar la diligencia o negligencia de la demandada. El propio informe elaborado por la misma Consellería, solicitado en período probatorio, alude a que los cupos son de autorización, se autoriza a abatir un número determinado de ejemplares, afirmación que permite dudar acerca de la naturaleza del cupo descartando que el mismo aluda a la obligación de cazar un determinado número de jabalíes.

En definitiva, con arreglo a los parámetros expuestos, no es posible en este caso determinar la responsabilidad de la demandada, al no poder afirmarse con los datos expuestos que ha incurrido en negligencia en la conservación del terreno acotado, lo que debe llevar a desestimar la demanda.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 , la existencia de dudas jurídicas determinadas por la existencia de diversas posiciones doctrinales y jurisprudenciales al respecto impiden la imposición a la demandante de las costas de la instancia; la estimación del recurso de apelación entraña la no imposición de las costas procesales de la alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente

Fallo

Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Tecor Societario Pena Mayor de Piñor contra la sentencia, de fecha 13 de octubre de 2009, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de O Carballiño , en autos de Juicio Verbal 292/09, rollo de sala 20/2010 , y por ende se desestima la demanda interpuesta por la representación procesal de D. Erasmo absolviendo a la demandada de todos los pedimentos efectuados en su contra. Sin que proceda la imposición de costas a ninguno de los litigantes.

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer, en su caso, el recurso extraordinario por infracción procesal y/o el recurso de casación, en el plazo de cinco días ante esta Audiencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Atropello
Responsabilidad
Daño personal
Dueño
Accidente
Daños y perjuicios
Responsabilidad por negligencia
Obligación de hacer
Persona física
Inventarios
Responsabilidad civil extracontractual