Sentencia Civil Nº 310/2010, Audiencia Provincial de Castellon, Sección 3, Rec 268/2010 de 08 de Octubre de 2010

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 08 de Octubre de 2010
  • Tribunal: AP - Castellon
  • Ponente: Marco Cos, Jose Manuel
  • Núm. Sentencia: 310/2010
  • Núm. Recurso: 268/2010
  • Núm. Cendoj: 12040370032010100358

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN

SECCIÓN TERCERA

Rollo de apelación civil número 268 de 2010

Juzgado de lo Mercantil de Castellón

Juicio Ordinario número 259 de 2009

SENTENCIA NÚM. 310 de 2010

Ilmos. Sres.:

Presidente:

Don JOSÉ MANUEL MARCO COS

Magistrados:

Doña ADELA BARDÓN MARTÍNEZ

Doña Mª ANGELES GIL MARQUÉS

______________________________________

En la Ciudad de Castellón, a ocho de Octubre de dos mil diez.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los Ilmos. Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia dictada el día veinticuatro de marzo de dos mil diez por la Ilma. Magistrada Juez del Juzgado de lo Mercantil de Castellón en los autos de Juicio Ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 259 de 2009.

Han sido partes en el recurso, como apelante, Adolfo , representado/a por el/a Procurador/a D/ª. María Castellano García y defendido/a por el/a Letrado/a D/ª. Jorge Casal Llovet, y como apelados, Telefónica Móviles España S.A.U., representado/a por el/a Procurador/a D/ª. Mª Jesús Margarit Pelaz y defendido/a por el/a Letrado/a D/ª. Mª Elisa Falomir, e I. Ceramic Europe S.L.,(no personada en esta alzada)

Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL MARCO COS.

Antecedentes

PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada literalmente establece: "Que ESTIMANDO la demanda formulada por la Procurador Sra. Margarit Pelaz en nombre y representación de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., contra la mercantil I. CERAMIC EUROPE, S.L., y DON Adolfo debo efectuar los siguientes pronunciamientos definitivos:

1- Condenar a los demandados I. CERAMIC EUROPE, S.L., y DON Adolfo a satisfacer de manera solidaria a la parte actora la cantidad de SIETE MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (7.075,94 €.) más los intereses legales devengados por dicha suma desde la fecha de presentación de la demanda.

2- Imponer igualmente a los demandados a la codemandada I. CERAMIC EUROPE, S.L., y DON Adolfo . las costas procesales devengadas por la pretensión dirigida contra los mismos. Notifíquese...".

SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal de Adolfo , se preparó en tiempo y forma recurso de apelación contra la misma, y una vez admitido a trámite, se interpuso recurso en el plazo conferido al efecto y mediante escrito razonado, solicitando se dicte Sentencia por la que se estime el recurso de apelación y revoque la sentencia de instancia, con expresa imposición de costas de la instancia a la parte apelada.

Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito oponiéndose al recurso, solicitando que se dicte Sentencia desestimando el recurso de apelación interpuesto y confirmando íntegramente la sentencia de instancia, con imposición de las costas a la apelante.

TERCERO.- Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, que tras tener entrada en el Registro General el día 16 de Junio de 2010 correspondiendo su conocimiento a esta Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos. Por Diligencia de Ordenación de fecha 23 de Junio de 2010 se formó el presente Rollo y se designó Magistrado Ponente, se tuvieron por personadas las partes y por Providencia de fecha 28 de Septiembre de 2010 se señaló para la deliberación y votación del recurso el día 7 de Octubre de 2010, llevándose a efecto lo acordado.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales de orden procesal.

Fundamentos

SE ACEPTAN los expuestos en la Sentencia apelada.

PRIMERO.- Telefónica Móviles España S.A.U. interpuso demanda de reclamación de cantidad contra la mercantil I. Ceramic Europe SL y contra Don Adolfo , Administrador de la misma. Pedía la condena solidaria de ambos al pago de 7.075,94 euros, importe de los servicios de telefonía móvil prestados por la actora a la sociedad demandada durante los meses de noviembre y diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006. Solicitaba la condena de la mercantil en cuanto usuaria del servicio y de Don Adolfo en base a la acción de responsabilidad deducida contra éste, tanto la llamada objetiva por no convocar la reunión de la Junta General pese a conocer la concurrencia de causa de disolución (arts. 104 y 105 LSRL ), como la basada en negligencia y regulada en los art. 133 y 135 LSA a que remite el art. 69 LSRL .

La sentencia de instancia ha estimado totalmente la demanda y, sin llegar a examinar la eventual concurrencia de negligencia acreedora de la responsabilidad, ha contrastado la de la responsabilidad objetiva, a la vez que ha considerado suficientemente probado el crédito de la demandante.

Contra esta sentencia interpone recurso de apelación la representación de los demandados, que pide una sentencia revocatoria de la que les ha sido adversa y de sentido absolutorio.

SEGUNDO.- Varios son los motivos en que se basa el recurso de apelación. Así, se alega que ha prescrito la acción de reclamación de cantidad que se ejerce contra el administrador social. También, que ha prescrito la que se funda en la responsabilidad por negligencia del mismo. Insiste la parte apelante en que no se ha acreditado el derecho al cobro de la demandante y, por último, que no se han probado hechos en que pudiera fundarse la responsabilidad del administrador codemandado.

Examinaremos las diversas alegaciones de forma sistemática, sin seguir necesariamente el orden en que vienen expuestas en el escrito de interposición del recurso.

1. Por varias razones no cabe considerar prescrita la acción de reclamación de cantidad frente al Administrador de la mercantil. Dice la recurrente que respecto de la misma ha transcurrido el plazo de tres años que es de aplicación, con arreglo al art. 1967.4 CC .

a) En primer lugar, porque el art. 1967.4 CC regula la prescripción de las acciones para reclamar el pago del precio de determinados servicios y en el presente caso la demandante no prestó servicio alguno al administrador demandado, sino a I. Ceramic Europe SL. Lo que sucede es que la reclamación que se dirige contra Don Adolfo no se basa en que fuera receptor del servicio de telefonía móvil -que lo era la sociedad-, sino en la responsabilidad que se le imputa por el mal desempeño del cargo, ya sea a título de solidaridad con las deudas de la sociedad (art. 105.5 LSRL ), ya en concepto de indemnización por los perjuicios causados a la acreedora por su actuar negligente (arts. 69 LSRL y 133 LSA).

Por lo tanto, el plazo prescriptivo a aplicar a la acción dirigida contra el administrador es el específico propio de la misma.

b) Pero es que, aun en el negado caso de que fuera aplicable a la reclamación frente al administrador el art. 1967.4 CC , no habría transcurrido el mismo. La razón de ello es que Telefónica Móviles SA formuló el día 26 de julio de 2007 reclamación monitoria (folio 15 y ss.), que dio lugar al correspondiente procedimiento, archivado por auto de 16 de diciembre de 2008, tras no dar resultado el intento de requerimiento de pago (folios 25 al 27).

Por lo tanto, el día 26 de julio de 2007 fue interrumpido el plazo prescriptivo (art. 1973 CC ), tanto respecto de la mercantil deudora, como en relación con su Administrador, demandado como deudor solidario (art. 1974 CC ). Y el plazo de tres años que alega la parte apelante no había transcurrido cuando se interpuso la demanda, ni desde la presentación de la reclamación monitoria, ni menos desde el archivo del procedimiento a que dio lugar.

2. Se objeta también en el recurso que no se ha probado la prestación del servicio que, según la demandante, generó la deuda. O, más bien, se reprocha a la juzgadora de primer grado que en el trámite de la audiencia previa admitiera la unión de documentos tendentes a la acreditación del derecho de crédito de la actora, pese a que debieron acompañarse a la demanda; siendo por lo tanto extemporánea su presentación, debieron rechazarse.

En primer lugar, el artículo 265.1 LEC dispone que las partes deben acompañar a la demanda los documentos en que funden su derecho a la tutela judicial que pretenden. En este sentido, parece elemental que al escrito inicial del proceso la mercantil actora acompañara aquellos documentos mediante los cuales podría haber acreditado el importe de los servicios cuyo precio reclamaba. Y no puede decirse que omitiera la diligencia exigible en dicho momento procesal, puesto que acompañó al escrito inicial copia de las facturas referidas a los períodos reclamados (folios 18 al 21).

Sucedió que en la contestación a la demanda se negaron los hechos básicos de la misma, a la vez que se reprochaba a la actora no haber precisado los detalles de las llamadas. Y fue por ello cuando, en el acto de la audiencia previa regulada en los artículos 414 y siguientes LEC la representación de la demandante pidió con éxito la incorporación al procedimiento de una serie de documentos en los que se precisaban los detalles de las llamadas telefónicas efectuadas utilizando el número de teléfono que, titularidad de la sociedad codemandada, figura en el documento del folio 11.

La admisión en la audiencia previa de los documentos que a dicho acto trajo la parte demandante tiene amparo en el artículo 265.3 LEC , pues no se presentaron documentos fundamentales o básicos para el triunfo de la pretensión rectora del proceso, que ya fueron adjuntados a la demanda, sino aquellos cuya relevancia quedó de manifiesto a la vista de la contestación a la demanda y su objeto no es otro que la acreditación, frente al cuestionamiento de la demandada, del concreto detalle de los servicios prestados. A la vez, la falta de unión a la demanda se justifica en la discreción de la parte actora, a la vista de la precisión, circunstancias y detalles de las llamadas telefónicas efectuadas que figuran en los mismos.

Nada que reprochar a la juzgadora que ha considerado acreditado el hecho en que se basa la reclamación del importe del servicio telefónico. Hemos de partir de la base de que es la parte actora la que ha de acreditar los hechos en que asienta su pretensión (art. 217 LEC ). Es ciertamente un tópico la regla de que la parte que reclama es la que debe acreditar los hechos en que funda su petición, cuyo reflejo legislativo se encuentra en la actualidad en el artículo 217 LEC. Y en directa relación con el citado principio es criterio jurisprudencial asentado el de la proximidad a la fuente de prueba, con arreglo al cual a cada parte debe exigírsele el esfuerzo probatorio que sea acorde a la facilidad de que disponga en la aportación de cada prueba. En la actualidad es el citado artículo 217 LEC 2000 el que consagra el principio de distribución de la carga de la prueba con arreglo al cual a cada parte corresponde la prueba de los hechos de que se desprenda su pretensión (apartado 2) así como que el tribunal debe tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en litigio (aparado 6).

Pues bien, a la parte actora no podía exigírsele otro esfuerzo probatorio que el consistente en la aportación al proceso de los documentos a que se ha hecho referencia y la petición de que fuera interrogado en el juicio el legal representante de la mercantil codemandada y Administrador de la misma. Sin embargo, no compareció injustificadamente y no debe la parte que mantiene actitud tan pasiva beneficiarse injustamente de la misma.

3. Se dice también en el recurso que ha prescrito la acción de responsabilidad del administrador basada en el art. 133 LSA en relación con el art. 69 LSRL . Distingue la parte recurrente entre la que se basa en los dispuesto en el art. 105 LSRL , sometida al plazo de prescripción de cuatro años desde el cese del administrador (art 949 C Comercio) y la indicada en primer lugar, de la que dice prescribe al cabo de un año, con arreglo a lo que establece el art. 1968.2 CC , al estar basada en la culpa extracontractual del art. 1902 CC .

Parece que se pretende reavivar una polémica ya resuelta por el Tribunal Supremo hace no pocos años.

Cierto es que durante la que la STS de 20 de julio de 2001 esta Sala", resoluciones hubo que decían que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad basada en la negligencia era el anual propio de la culpa extracontractual.

Sin embargo, esta Sección vino manteniendo de forma invariable que el plazo de prescripción de dicha acción es el de cuatro años a que se refiere el artículo 949 del Código de Comercio . Por otra parte, se trata de un criterio jurisprudencial asentado en la actualidad por la Sala Civil del Tribunal Supremo que, tras varias resoluciones de signo diverso, declaró en su 20 de julio de 2001 denominaba "cierta fluctuación en las sentencias de la que ya es doctrina legal al respecto. En dicha sentencia, tras constatar y reseñar la existencia de anteriores resoluciones en las que al respecto se exponen criterios diversos y aun contradictorios señala que, siendo "necesario fijar la doctrina de esta Sala, debe declararse que el plazo de prescripción aplicable a la acción individual de responsabilidad es el de cuatro años del art. 949 CCom".

No ha sido modificado el criterio. En la más reciente Sentencia de 20 de julio de 2001 (RJ 2009,4321) se dice que es

"el artículo 949 del Código de Comercio , precepto que rige el tema de la prescripción de las acciones de responsabilidad de los Administradores, tanto en el caso de las acciones a que se refieren los artículos 133 a 135 LSA cuanto los supuestos de la responsabilidad de los artículos 262.5 en relación con el 260.1 de la LSA, así como en el artículo 105.5 LSRL , según ha establecido, ya con claridad y de modo consolidado, la jurisprudencia de STS de 18 de junio de 2009 , esta Sala ( SSTS 26 de octubre de 2007 ( RJ 20078640) , que recoge otras anteriores ( como las de 26 de mayo de 2004 ( RJ 20044261) , 22 de marzo y RJ 20052610) , 13 , 22 de diciembre de 2005 , 2 de febrero y 6 , 9 de marzo y 23 , 26 de junio y 9 y 27 de octubre , 28 de noviembre de 2006 ( 13 de febrero y RJ 20074612) , 8 , 14 de marzo de 2007 , etc.) Esta responsabilidad nace desde que, producido el conocimiento de la situación de insolvencia o de la concurrencia de alguna de las causas de disolución a que se refieren los apartados 3º, 4º, 5º o 7º del artículo 2601.1 LSA , [ o artículo 104, letras e) a g) LSRL ] han transcurrido los plazos que señalan los artículos 262.2, 262.4 y 262.5 LSA ( o 105.1,4 y 5 LSRL) sin que se haya verificado la promoción de la Junta, de la disolución judicial o del concurso (según el texto actualmente en vigor) en los términos que allí se señalan, y prescribe a los cuatro años del cese, por cualquier causa, como Administradores, como dispone el artículo 949 del Código de Comercio , computándose desde la inscripción de su cese en el Registro Mercantil (SSTS 13 de abril de 2000, 2 de abril de 2002, 26 de mayo de 2006 , etc.), doctrina que ha de entenderse ( 5 de marzo de 2009 y SSTS 26 de mayo , 26 de junio de 2006 , etc) en el sentido de que la imposibilidad de oponer a terceros de buena fe el cese de los Administradores por falta de inscripción en el registro Mercantil no exime de la concurrencia de los demás presupuestos exigidos por la jurisprudencia para la existencia de dicha responsabilidad".

4. Concurre la responsabilidad del administrador Don Adolfo , tanto la objetiva, como la basada en negligencia.

a) La responsabilidad llamada objetiva exigida al administrador y apreciada en la instancia se basa en el art. 105.5 LSRL en relación con el art. 104 LSRL , que la establecen cuando mediando causa para ello no se promueve la adopción por la Junta General del acuerdo de disolución de la mercantil o, en su caso, se solicita la declaración de concurso, con arreglo al artículo 104.2 LSRL .

De acuerdo con la información del Registro Mercantil, I. Ceramic Europe SL fue constituida el día 23 de septiembre de 2003, con un capital social de 3.006 euros. Nombrado Administrador único Don Adolfo , las últimas cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil fueron las del ejercicio 2004. No se han presentado otras (folios 12 al 14). Causó la empresa alta en la Seguridad Social el día 17 de diciembre de 2003 y baja el día 10 de julio de 2006; por lo tanto, no tiene trabajadores. Añadamos a lo dicho que en el domicilio en que desarrollaba sus operaciones y reseñado en las facturas de la demandante, que no en el indicado como domicilio social en el Registro Mercantil, el día 4 de octubre de 2007 se practicó una diligencia negativa que intentaba requerirla de pago en el proceso monitorio, habremos de concluir que, cuando menos, se ha producido la imposibilidad objetiva, aunque generada por la propia sociedad, de conseguir el fin social (art. 104.1.c LSRL ), tal como aprecia la sentencia de instancia.

Carece de virtualidad el alegato de que sigue la mercantil desarrollando su actividad, si bien de forma atenuada o disminuida. Adviértase que es su objeto social el amplio consistente en "compraventa, exportación, importación, representación y distribución de toda clase de materiales cerámicos de la construcción y sanitarios" por lo que, de llevar a cabo alguna actividad, no le hubiera sido difícil a la parte su acreditación. Sin embargo, ningún esfuerzo ha realizado en tal sentido.

En relación con la responsabilidad exigible, ha de tenerse en cuenta la redacción del art. 105.5 LSRL resultante de la modificación llevada a cabo por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre , sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, publicada en el BOE del día 15 de noviembre de 2005 y en vigor desde el día siguiente. Como consecuencia de la misma, pasó a disponer el apartado 5 del citado art. 105 LSRL : "Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo dedos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior" (en similar sentido ha sido modificado el artículo 262.5 LSA ).

Como se ve, la nueva regulación ya no carga sobre los administradores la totalidad de las deudas sociales, sino solamente las que sean posteriores a la causa de disolución. Pero la pasividad del Administrador demandada, que ninguna actividad probatoria ha desarrollado, da lugar a la aplicación de la presunción legal -no desvirtuada- de que la causa de disolución ya existía al generarse a cargo de la sociedad demandada la deuda que se reclama.

b) Concurre asimismo la responsabilidad por negligencia, regulada en el art. 69 LSRL , al remitirse a los arts. 133 y 135 LSA .

La responsabilidad de los administradores de sociedades que prevé el art. 133 LSA no es de carácter objetivo; es decir, no se deduce sin más del incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de la mercantil dirigida por el Administrador demandado. Es una acción de resarcimiento o indemnización, que no requiere como presupuesto necesario una deuda social, aunque puede ser ésta su sustrato lesivo, y que en armonía con su naturaleza exige la concurrencia de los tres requisitos típicos de las acciones resarcitorias o indemnizatorias, a saber: daño, culpa (configurada, por cierto, en la nueva Ley de 1989 en términos más latos, a como se entendía en su homónima y precedente del artículo 81 de la Ley de 1951 ) y nexo causal entre la conducta o actitud, por acción u omisión (inactividad) de los administradores como tales y la lesión sufrida por el acreedor social.

Así lo viene sosteniendo esta Sala en sus resoluciones, de las que cabe citar, entre otras, 5 de marzo de 2009 nuestras Sentencias núm. 496 de 15/9/2000 , núm. 184 de 25/4/2005 num. 298 de 16 y de julio de 2006 núm. 246 de 23 .

En el sentido apuntado, dice la de mayo de 2007 (RJ 2002, 355), refiriéndose a la acción de responsabilidad individual a favor de los terceros por actos de los administradores que directamente lesionen los intereses de aquellos, regulada en el art. 135 de la Ley de Sociedades Anónimas y con cita de la anterior STS de 19 de noviembre de 2001 que «se trata de una acción resarcitoria, para la que están legitimados los acreedores sociales ("ad exemplum" STS de 30 de marzo de 2001 ] y sentencias de 21 de septiembre de 1999 [RJ 19997230 [RJ 20011683]), que exige una conducta o actitud -hechos, actos u omisiones- de los administradores carente de la diligencia de un ordenado comerciante (basta la negligencia simple, sin que sea necesaria, como en cambio ocurría en la legislación anterior, la malicia o negligencia grave) que dé lugar a un daño, de tal modo que el accionante perjudicado ha de probar que el acto se ha realizado en concepto de administrador y existe un nexo causal entre el mismo y el resultado dañoso».

En idéntico sentido, recuerda la 30 de enero de 2001 (RJ 2004,648) que "Es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala al exigir, tanto para que prospere la acción social, como la individual, la prueba no solo directa del daño, sino también la falta de diligencia de los administradores que resultan demandados y, como queda dicho, por supuesto, la de la relación de causalidad entre esta y aquellos (TS de 16 de febrero de 2004], Sentencia de 4 de abril de 2003 [RJ 20032772 [ que cita las de 26-10-2001 [ RJ 20018134], 19-11-2001 ], RJ 2002355], 25-2-2002 [RJ 20021908 [RJ 20029762] y 20 [RJ 2003228] y 24 [RJ 200210969] de diciembre de 2002).

La 14-11-2002 (RJ 2006,4896) dice que, si bajo la legislación anterior (LSA 1951) únicamente generaban responsabilidad de los administradores aquellos daños (causados a la sociedad, a los accionistas o a los terceros) que obedecieran a un comportamiento que denotara "malicia, abuso de facultades o negligencia grave", en el Derecho vigente bastan para fundar esa responsabilidad conductas que sean llevadas a cabo por los administradores "sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo", diligencia que no es otra que la de un ordenado empresario y un representante legal (artículo 127.2 LSA ). La franquicia de la culpa leve o levísima de la que disfrutaban los administradores bajo la LSA de 1951 ha desaparecido en la vigente normativa.

Pues bien, en el caso de autos se han colmado los requisitos exigibles para achacar al Administrador Don Adolfo .

Los datos traídos a los autos, antes expuestos, por lo que a lo dicho nos remitimos, ponen de manifiesto que tras la constitución de la sociedad con el objeto expuesto más arriba y en fecha no precisada, si bien posiblemente posterior a la presentación de las cuentas del ejercicio 2004, la mercantil ha cesado en su actividad, sin liquidar deudas pendientes y marchando del domicilio que constituía en centro de sus operaciones (art. 7 LSRL ).

Dispone el art. 61.1 LSRL que los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante legal y, ateniéndonos a los hechos expuestos, no puede decirse que se atuviera a tales patrones de comportamiento Don Adolfo , que dirigió el comienzo de la actividad de la mercantil y lo finalizó de forma inesperada y dejando insatisfecha, cuando menos, la deuda a cuyo cobro tenía derecho la demandante.

Cabe, por lo dicho, establecer la debida relación de causa a efecto entre el incumplimiento de sus obligaciones por parte del Administrador y el perjuicio causado a la demandante Telefónica Móviles SA por el impago del crédito de que era titular, lo que justifica la condena solidaria de aquél y, en definitiva, da lugar a la íntegra estimación de la demanda y al refrendo de la decisión que le impone el pago.

TERCERO.- La desestimación del recurso da lugar a la imposición a la parte apelante de las costas causadas por el mismo (art. 398 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que, DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Adolfo contra la STS de 22 de marzo de 2006 , en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 259 de 2010, debemos confirmar y CONFIRMAMOS la resolución apelada e imponemos a la parte apelante las costas causadas por su recurso.

Notifíquese la presente Sentencia y remítase testimonio de la misma, junto con los autos principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Responsabilidad
Plazo de prescripción
Responsabilidad del administrador
Sociedad de responsabilidad limitada
Audiencia previa
Acción de reclamación de cantidad
Prescripción de la acción
Registro Mercantil
Responsabilidad por negligencia
Reclamación de cantidad
Culpa extracontractual
Responsabilidad objetiva
Administrador social
Acción prescrita
Cese del administrador
Requerimiento para el pago
Derecho de crédito
Deudor solidario
Archivo de actuaciones
Tutela
Carga de la prueba
Acción individual de responsabilidad
Insolvencia
Inscripción registral
Buena fe del tercero
Acreedor social
Declaración de concurso
Incumplimiento de las obligaciones
Objeto social
Capital social
Administrador único
Cuentas anuales
Culpa
Deudas sociales
Sociedad Anónima europea
Presunción legal
Responsabilidad individual