Sentencia Civil Nº 428/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 180/2010 de 09 de Diciembre de 2010

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 09 de Diciembre de 2010
  • Tribunal: AP - Barcelona
  • Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio
  • Núm. Sentencia: 428/2010
  • Núm. Recurso: 180/2010
  • Núm. Cendoj: 08019370152010100248

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 180/2010-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 440/2009

JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

IGNACIO SANCHO GARGALLO

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUÍS GARRIDO ESPA

En la ciudad de Barcelona, a nueve de diciembre de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario núm. 440/2009 seguidos ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, a instancia de Basilio , representado por la procuradora Montserrat Guillemot Sala, contra GRD INSTALACIONES, S.L., representada por la procuradora Marta Navarro Roset. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por Basilio contra la sentencia dictada el día 18 de diciembre de 2009 .

Antecedentes

PRIMERO: La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "Que, desestimando íntegramente la demanda,

1.- absuelvo a la demandada de todas las pretensiones contra ella deducidas;

2.- cada parte satisfará las costas causadas a su instancia y, las comunes, por mitad".

SEGUNDO: La representación procesal de Basilio interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para votación y fallo el día 27 de octubre de 2010.

Ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO SANCHO GARGALLO .

Fundamentos

PRIMERO: El actor, Sr. Basilio , compareció como titular del 25% del capital social de la entidad GDR INSTALACIONES, S.L. En su demanda, impugna los acuerdos adoptados en la junta de socios de GDR INSTALACIONES, S.L. celebrada el día 23 de marzo de 2009, en concreto el acuerdo de aprobación del primer punto del orden del día: " examen y aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y del informe de gestión, así como del informe de auditoría, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, y resolución sobre propuesta de aplicación de resultados ". La impugnación se funda en la violación del derecho de información, pues después de haber requerido al administrador de la sociedad, por burofax de 9 de marzo de 2009, información sobre los puntos del orden del día, recibió una contestación el día 19 de marzo en la que se le negaba la entrega o examen de la información requerida, manifestando que ya había sido entregada anteriormente o puesta a su disposición. También se denunciaba en la demanda que el Sr. Basilio había intentado sin éxito, durante la junta, poner en evidencia y aclarar una serie de incongruencias contables existentes en las cuentas anuales, así como esclarecer las numerosas incertidumbres y salvedades contables detectadas en la auditoría practicada por ENTRELINEAS AUDITORES, S.L.

La sentencia dictada en primera instancia tuvo, primero, en consideración el contenido del requerimiento que el actor había formulado en el burofax de 9 de marzo:

1º Toda la documentación a someter a la aprobación.

2º Acceso y obtención de copia de toda la documentación relativa a gastos por sueldos, salarios y gastos relacionados con los empleados y administradores.

3º Acceso y obtención de copia de relación de facturas detalladas de profesionales contratados por la sociedad, clientes, proveedores, gastos financieros, préstamos bancarios, hipotecarios, pólizas, cuentas de crédito.

4º Acceso y obtención de copia de los TC-2 desde enero de 2008.

5º Relación de titularidades y usuarios referentes a los vehículos propiedad de la sociedad, así como su régimen de renting .

6º Libro diario y, en su caso, libros auxiliares, libro mayor, libro registro de facturas recibidas y emitidas, debidamente legalizados.

7º Libro de IVA soportados y modelo 347 de Declaración Anual de Operaciones con Terceros.

Y, después, constató que la documentación relativa al acuerdo impugnado, en concreto las cuentas anuales, el informe de gestión y el de auditoría, habían sido entregados al actor, previamente a la celebración de la junta. En la sentencia se argumenta que, si bien el actor tenía derecho a revisar los soportes contables de las cuentas anuales que se sometían a la aprobación de la junta, este derecho no alcanzaba a la obtención de copia de dicha documentación, como de hecho se pretendía.

El actor, en su recurso de apelación, argumenta que el día 20 de marzo de 2009, después de haber recibido la contestación a su requerimiento por parte del administrador de la compañía, acudió a la sede de la empresa y ni siquiera se le abrió la puerta. Además, recuerda que la impugnación de los acuerdos se fundó no sólo en la privación del derecho a examinar previamente la documentación contable en la sede de la sociedad, sino también por la ausencia de la información solicitada durante la junta, respecto de lo que no se ha pronunciado el juez mercantil.

SEGUNDO: El derecho de información que se denuncia infringido es preciso ponerlo en relación con los acuerdos adoptados por la junta de socios, que es objeto de impugnación. Los acuerdos impugnados son los de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Respecto de este tipo de acuerdos, el art. 86.1 LSRL atribuye al socio el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas. En nuestro caso, la sentencia declara probado que, con anterioridad a la junta, tanto las cuentas anuales que se sometían a aprobación en la junta convocada para el día 23 de marzo de 2009, como el informe de gestión y el de auditoría, habían sido suministradas al actor, tal y como acredita el recibí firmado por él (f. 154). Además, este hecho no ha sido impugnado en el recurso de apelación.

La controversia gira en torno al cumplimiento de lo prescrito en el apartado 2 del art. 86 LSRL . Según este precepto, desde la convocatoria y hasta la celebración de la junta, el socio que represente al menos el 5% del capital social, como es el caso del actor, está legitimado para " examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas ". El actor estaba pues legitimado para revisar en la sede de la compañía la documentación que sirvió de soporte a las cuentas anuales, así como sus antecedentes, sin que ello suponga un derecho a obtener copia de todo. El derecho, tal y como viene previsto en la Ley, es a " examinar en la sede social ", " por sí o en unión de experto contable ", aquellos documentos, pero no a recabar una copia de todo o parte de dicha documentación.

Para hacer uso de su derecho de información, el actor dirigió un burofax a los administradores de la demandada, en fecha 9 de marzo de 2009 (f. 169), en el que pedía lo siguiente:

1º Toda la documentación que se sometía a la aprobación.

2º Acceso y obtención de copia de toda la documentación relativa a gastos por sueldos, salarios y gastos relacionados con los empleados y administradores.

3º Acceso y obtención de copia de relación de facturas detalladas de profesionales contratados por la sociedad, clientes, proveedores, gastos financieros, préstamos bancarios, hipotecarios, pólizas, cuentas de crédito.

4º Acceso y obtención de copia de los TC-2 desde enero de 2008.

5º Relación de titularidades y usuarios referentes a los vehículos propiedad de la sociedad, así como su régimen de renting .

6º Libro diario y, en su caso, libros auxiliares, libro mayor, libro registro de facturas recibidas y emitidas, debidamente legalizados.

7º Libro de IVA soportados y modelo 347 de Declaración Anual de Operaciones con Terceros".

Conviene advertir que en dicho requerimiento no se hacía mención a que el actor tenía intención de revisar en la sede social esta documentación, sino que se pedía una copia de la misma, a lo que, como hemos argumentado antes, no tenía derecho.

Los administradores contestaron este requerimiento mediante una comunicación de 17 de marzo de 2009, en la que después de recordar que la junta prevista para el día 23 de marzo de 2009 era una continuación de la iniciada el día 10 de diciembre de 2008, le recordaban que la documentación ya le había sido entregada con ocasión de aquella junta, sin que fuera necesaria una nueva entrega de los mismos documentos (f. 172).

La demanda en ningún momento hace referencia a que el actor hubiera ido a la sede de la sociedad, en los días previos a la celebración de la junta de 23 de marzo de 2009, para revisar la documentación que sirvió de soporte a las cuentas que se sometían a aprobación de la junta de socios. Deja constancia de la contestación de los administradores, que de facto negaba la copia de la documentación solicitada, pero omite cualquier referencia a que el actor hubiera intentado después acudir a la sede social a revisar la documentación o, cuando menos, que hubiera pedido a los administradores indicación del momento en que podría hacer uso de este derecho. De la contestación de los administradores al burofax del actor, no cabe concluir que le negaran el derecho a revisar la documentación, sino tan sólo el acceso a las copias pedidas.

De este modo, en el relato fáctico de la demanda, que conforma la causa petendi , no consta que, aparte del burofax de 9 de marzo de 2009, el actor hubiera intentado personarse en la sede social de la demandada para revisar el soporte documental de las cuentas anuales. Y la referencia, contenida en el recurso de apelación, a que se personó en la sede de la compañía el día 20 de marzo de 2009, haciéndose eco de lo manifestado por el Sr. Basilio en el acto del juicio, carece de relevancia, por ser extemporáneo, ya que ese hecho no es objeto de enjuiciamiento, sino tan sólo si la actitud de los administradores de la sociedad al contestar el burofax de la actora, supuso una violación del derecho de información del art. 86.2 LSRL , y, como hemos concluido, no existe tal violación, pues el actor pedía copias de la documentación, a lo que no tenía derecho, y no revisarla en la sede social, que no consta del relato fáctico de la demanda que intentara hacerlo.

TERCERO: El art. 86.2 LSRL complementa, en relación con la aprobación de las cuentas anuales, la previsión general del art. 51 LSRL sobre el derecho de información de los socios. Este precepto también legitima al socio para pedir verbalmente, durante la junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En relación con las cuentas anuales sometidas a aprobación de la junta, la demanda denuncia que el actor, durante la celebración de la junta, intentó sin éxito poner en evidencia y aclarar una serie de incongruencias contables existentes en las cuentas anuales de extrema gravedad e importancia, así como esclarecer mínimamente las numerosas incertidumbres y salvedades contables detectadas en la auditoría practicada por ENTRELINEAS AUDITORES, S.L., nombrada por el Registro Mercantil, a instancia del actor. Sobre todo en relación con las cantidades percibidas por los administradores, siendo así que el cargo no está retribuido según los Estatutos Sociales. Es cierto que respecto de este motivo de impugnación, no se pronunció la sentencia de primera instancia, pero a la postre tal omisión carece de relevancia, pues el actor confunde el derecho a pedir información y aclaraciones, con que las contestaciones dadas por los administradores le sean convincentes, y con que las cuentas anuales presentadas a la aprobación estén perfectamente claras y reflejen la imagen fiel. Según consta en el acta notarial levantada el día de la junta (ff. 174 y ss.), los administradores fueron dando contestación a lo que se pedía, que en muchos casos era algo más que una petición de aclaraciones, eran manifestaciones en contra de la información contable, que ponían en evidencia contradicciones. Pero, ni el actor puede pretender el día de la junta llevar a cabo un examen minucioso de los soportes contables, que hubiera podido hacer antes, ni tampoco puede transformar su disconformidad con las cuentas y la insatisfacción con las explicaciones dadas por los administradores, en una falta de información. El derecho de información pretende facilitar el ejercicio del derecho de voto del socio, sobre los asuntos sometidos a la aprobación de la junta de socios, aportando la información suficiente para decidir su voto. El actor, máxime cuando a su instancia pidió y se realizó una auditoría, gozaba de conocimiento suficiente para rechazar, como hizo, la propuesta de aprobación de las cuentas anuales, sin que el tribunal advierta se le haya privado de información.

CUARTO: Desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las costas de esta alzada (art. 398.1 LEC ).

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por la representación de Basilio contra la sentencia dictada con fecha 18 de diciembre de 2009 por el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; que CONFIRMAMOS, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas preparar recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.

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