Sentencia Civil Nº 452/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1, Rec 380/2010 de 19 de Octubre de 2011

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 19 de Octubre de 2011
  • Tribunal: AP - Barcelona
  • Ponente: Lucas Esteve, Adolfo
  • Núm. Sentencia: 452/2011
  • Núm. Recurso: 380/2010
  • Núm. Cendoj: 08019370012011100440

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN PRIMERA

SENTENCIA Nº 452

Recurso de apelación nº 380/10

Procedente del procedimiento Ordinario nº 722/08

Tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Mataró

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los Magistrados DÑA. Mª DOLORS PORTELLA LLUCH, DON ANTONIO RECIO CORDOVA y DON ADOLFO LUCAS ESTEVE, actuando la primera de ellos como Presidente del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 380/10, interpuesto contra la sentencia dictada el día 1 de diciembre de 2009, en el procedimiento nº 722/08, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Mataró en el que es recurrente D. Victoriano y apelados D. Arcadio y DÑA. Celestina y previa deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la siguiente

S E N T E N C I A

Barcelona, 19 de octubre de 2011

Antecedentes

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, establece en su parte dispositiva lo siguiente: FALLO: ESTIMAR PARCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por el Procurador Sr. Mestres Coll, en nombre y representación Victoriano , contra D. Arcadio y DÑA. Celestina , y sin especial condena en ostas, CONDENAR solidariamente a los demandados a abonar al demandante la suma de NUEVE MIL EUROS (9.000 euros) en concepto de principal adeudado, más los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial incrementados en dos puntos desde la fecha de dictado de esta sentencia, y hasta su completo pago. ABSOLVER a los demandados de la petición de devolución de las herramientas de trabajo reclamadas en la demanda.

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que las fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta la decisión del Tribunal el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente DON ADOLFO LUCAS ESTEVE.

Fundamentos

PRIMERO.- - Frente a dicha resolución se alza Victoriano alegando que discrepa de la afirmación que en el importe pactado para la ejecución de la obra de 30.300 euros, el IVA estuviera incluido. Considera que el IVA no estaba incluido y afirma que el actor no podía demostrar que hubiera pagado el impuesto sobre los 30.300 euros, ya que tributaba por el régimen de módulos y no debe presentar el modelo 347, además, el impuesto se devengará en el momento en que los bienes se pongan a disposición del dueño.

Afirma que los demandados solicitaron un préstamo al banco para pagar parte de las obras al que se acompañó un presupuesto de 30.300 euros, estableciendo en las condiciones generales que el IVA no está incluido.

Finalmente, se presentan documentos de material por importe de 26.296,31 euros por lo que si se entiende que el IVA está incluido el beneficio sería nulo. En cambio si a esta cantidad se le añade el beneficio industrial sería el presupuesto acordado.

SEGUNDO .- Planteado el debate en esta segunda instancia en los términos indicados en el numeral anterior, cabe indicar que en la referencia al presupuesto de 30.300 euros no se contiene referencia alguna al Impuesto del Valor Añadido, para incluirlo o para excluirlo, siendo así que, de conformidad con la norma del artículo 1.283 del Código Civil , no pueden entenderse comprendidas en el contrato cosas distintas de aquellas sobre las cuales los interesados se propusieron contratar, por lo que no puede considerarse que por las partes se pactara la inclusión del IVA en el precio de los trabajos presupuestados.

En este sentido, el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige que los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deben incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales y, entre ellas, sobre su precio completo, con indicación de los incrementos o descuentos, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiación, aplazamiento o similares, sin que por lo tanto el deber legal de información incluya el de los impuestos que puedan gravar la prestación del servicio.

Según el artículo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido , la repercusión del impuesto debe efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura o documento análogo correspondiente, es decir, una vez concluidos los trabajos, cuando es conocido su importe final, que puede haberse alterado con respecto al inicialmente presupuestado en el caso de que haya habido un aumento de obra, o una terminación parcial o anticipada de los trabajos por el desistimiento del dueño de la obra, admitida por el artículo 1594 del Código Civil , o por otros motivos. En este sentido, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1999 (RJA 2361/1999 ) que no se puede emitir la factura correspondiente al IVA hasta el momento de la determinación de la base imponible.

Por otro lado, a diferencia del Impuesto de Tráfico de Empresas, el cual era facultad del contribuyente su repercusión o no en el destinatario final, siendo doctrina reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1990 , 26 de noviembre de 1991 , 16 de noviembre de 1992 , o 2 de noviembre de 1993 ) la que había venido admitiendo la validez de los pactos de repercusión o inclusión del impuesto en el precio del contrato, es lo cierto que en relación con el actual Impuesto sobre el Valor Añadido, según el artículo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , su importe necesariamente debe ser repercutido en su integridad sobre aquel para quien se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo, siendo así que, por otro lado, con arreglo al artículo 1258 del Código Civil , los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la ley, y por lo tanto también a las leyes en materia financiera o tributaria.

SEGUNDO .- A esta doctrina general, cabe añadir que en los folios 223-224 figura un presupuesto presentado por los actores para la obtención de un crédito. Dicho presupuesto asciende a 30.300 euros y en el mismo se especifica que "en el presupuesto no se halla incluido el IVA". Al respecto cabe indicar que es cierto que dicho presupuesto no aparece firmado por los demandados, pero también es cierto que dicho documento fue presentado por los propios demandados para la obtención del crédito y, por tanto, asumieron aunque sea tácitamente lo establecido en el mismo.

TERCERO .- En consecuencia, cabe estimar el recurso de apelación presentado por la actora y estimar que no estaba incluido el IVA en el precio fijado en el presupuesto y, estando legalmente obligada la demandada a su pago, procede la estimación del motivo de la apelación de la actora y la condena de la demandada al pago del IVA, esto es, 4.848 euros.

Expuesto lo anterior, la suma de 4.848 euros correspondientes al IVA, más la cantidad concedida en primera instancia de 9.000 euros, hacen un total de 13.848 euros. Teniendo en cuenta que se reclamaron inicialmente 13.987,20 euros, cabe señalar que la única partida que no se ha concedido ha sido una partida de 120 euros (más IVA) por trabajos extraordinarios que no han sido acreditados en el procedimiento. Por tanto, nos hallamos ante un supuesto de estimación sustancial de la demanda, por lo que procede hacer imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada.

En relación a las costas de esta alzada, de acuerdo con el artículo 398,2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , siendo la resolución estimatoria del recurso de apelación, no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de la segunda instancia.

Fallo

El Tribunal acuerda: Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Victoriano , frente a la sentencia de 1 de diciembre de 2009, dictada en el juicio ordinario número 722/2008 seguida ante el Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Mataró , y en su virtud, condenar a los demandados Arcadio y doña Celestina al pago de 4.848 euros en concepto de IVA, que debe añadirse a la cantidad establecida en la sentencia de instancia (9.000 euros), condenando a los demandados a los pagos de las costas de instancia.

No procede hacer imposición de las costas de esta alzada.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales (art. 469-477 - disposición final 16 LEC), que se preparara ante este Tribunal en un plazo de cinco dias a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.

Dueño
Defensa de consumidores y usuarios
Consumidores y usuarios
Deber legal de información
Dueño de obra