Sentencia Civil Nº 510/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10, Rec 660/2012 de 26 de Septiembre de 2012

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    PRIMERO.-Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida en todo cuanto no aparezca contradicho o desvirtuado por los que se expresan a continuación. SEGUNDO.- (1)En fecha 21 de marzo de 2012 el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de los de Getafe (Madrid) dictó sentencia en los autos de proceso de declaración seguidos ante dicho órgano por los trámites del procedimiento ordinario con el núm. 0225/2010 en la que resolvió estimar en parte la demanda interpuesta por...

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    PRIMERO.- Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida en todo cuanto no aparezca contradicho o desvirtuado por los que se expresan a continuación. SEGUNDO.- (1) En fecha 18 de marzo de 2011 el Juzgado de Primera Instancia núm. 83 de los de Madrid dictó sentencia en los autos de proceso de declaración seguidos ante dicho órgano por los trámites del procedimiento ordinario con el núm. 1586/2009, en la que resolvió estimar la demanda interpuesta por la rep...

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    PRIMERO.- Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida en todo cuanto no aparezca contradicho o desvirtuado por los que se expresan a continuación. SEGUNDO.- (1) En fecha 9 de abril de 2012 el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de los de Madrid dictó sentencia en los autos de proceso de declaración seguidos ante dicho órgano por los trámites del procedimiento ordinario con el núm. 1083/2011 en la que resolvió estimar la demanda interpuesta por la repre...

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    PRIMERO.- Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida en todo cuanto no aparezca contradicho o desvirtuado por los que se expresan a continuación. SEGUNDO.- (1) En fecha 20 de octubre de 2011, el Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de los de Madrid dictó sentencia en los autos de proceso de declaración seguidos ante dicho órgano con el núm. 0297/2011 en la que resolvió estimar la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad mercanti...

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    PRIMERO.- Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida en todo cuanto no aparezca contradicho o desvirtuado por los que se expresan a continuación. SEGUNDO.- (1) A través de la demanda rectora de las actuaciones a que se contrae el presente Rollo, formulada mediante escrito con entrada en el Registro General de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid en fecha 24 de enero de 2012, la representación procesal de la entidad mercantil «Empresa Municipal de la ...

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  • Núm. Cendoj: 28079370102012100479

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 10

MADRID

SENTENCIA: 00510/2012

1280A

C/ FERRAZ 41

Tfno.: 914933847-48-918-16 Fax: 914933916

N.I.G. 28000 1 4010699 /2012

Rollo: RECURSO DE APELACION 660 /2012

Autos: JUICIO VERBAL 574 /2009

Órgano Procedencia: JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 1 de GETAFE

De: Elisa

Procurador: JOSE ANTONIO DEL CAMPO BARCON

Contra:

Procurador:

SOBRE: Proceso de declaración. Proceso verbal. Ejercicio acumulado de acción declarativa de resolución de contrato y personal de condena pecuniaria .

Magistrado: ILMO. SR. D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS

SENTENCIA

Ilmo. Sr. Magistrado:

D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS

En MADRID , a veintiséis de septiembre de dos mil doce.

El Magistrado D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS, de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, ha visto en grado de apelación los autos nº 574/09, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Getafe, seguidos entre partes, de una, como demandante-apelante GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., representada por la Procuradora Dª Beatriz Prieto Cuevas y defendida por Letrado, y de otra como demandada-apelante Dª Elisa , representado por el Procurador D. José Antonio del Campo Barcón y defendida por Letrado, seguidos por el trámite de juicio verbal.

VISTO , siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS.

Antecedentes

Se aceptan y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Getafe, en fecha 18 de noviembre de 2010, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO : "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª África Martín Rico en nombre y representación de Gas Natural Servicios SDG SA contra Dª Elisa , sobre resolución del contrato de suministro de gas y en reclamación de cantidad, debo de condenar y condeno a expresada demandada a pagar a la actora la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (965,02 EUROS), más los intereses legales de citada cantidad desde la fecha de interposición de la demanda el día tres de septiembre del pasado año, todo ello sin expresa condena e costas.".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante. Admitido el recurso de apelación en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada. Elevándose los autos ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 12 de septiembre de 2012, se señaló para fallo el día 25 de septiembre de 2012.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida en todo cuanto no aparezca contradicho o desvirtuado por los que se expresan a continuación.

SEGUNDO.- (1) En fecha 18 de noviembre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Getafe (Madrid) dictó sentencia en los autos de proceso de declaración seguido por los trámites del procedimiento verbal ante dicho órgano con el núm. 0574/2009, en la que resolvió estimar en parte la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad mercantil «Gas Natural Servicios, SDG, SA» frente a doña Elisa y, en su virtud, condenar a la expresada demandada a satisfacer a la entidad actora la cantidad de 965,02 euros incrementada con los intereses al tipo legal desde la interpelación judicial, sin especial pronunciamiento respecto de las costas procesales ocasionadas.

(2) Frente a dicha resolución se alza la representación procesal de la parte demandada vencida mediante recurso de apelación interpuesto a través de escrito con entrada en el Registro General en fecha 7 de abril de 2011 fundado en las siguientes «... ALEGACIONES:PRIMERA.- ERROR DE HECHO

Con los debidos respetos, y d los sólo efectos de defensa, esta representación entiende que el Juzgador "a quo" ha incurrido en un claro error de hecho, dado que por la actora no se aportó documental alguna que acreditara que los recibos girados al domicilio bancario señalado en el contrato de suministro de gas fueron devueltos por el Banco, y en su consecuencia no ha acreditado que mi principal le adeude cantidad alguna, por lo tanto la actora incumplió la carga probatoria o "onus probandi"que le iniponía el artículo 217 de la ley de Enjuiciamiento Civil , consistente en aportar al proceso aquellos elementos probatorios acreditativos de los hechos que guardaban relación con la tutela judicial que se pretendía en el proceso, y si éstos elementos de prueba no quedaron incorporados a autos , las consecuencias negativas de ello deben pesar única y exclusivamente sobre la propia actora.

Queremos resaltar que la actora lo único que aporta al procedimiento es documental elaborada por ella misma, más concretamente facturas emitidas o producidas por ella (documento 5 al 20 de la demanda), que por su carácter subjetivo e interesado no pueden ser decisorios del presente pleito, a lo cual se ha de unir que GAS NATURAL es una sociedad mercantil de gran dimensión, que cuenta que sobrados medios humanos, materiales y técnicos para poder haber cumplido le citada carga probatoria sin ningún tipo de problema, razón por la cual dicha carencia probatoria, no acreditar la devolución bancaria de los recibos o facturas que dice que no se le pagaron por mi principal, debe suponer la desestimación íntegra de sus pretensiones.

Con relación a lo anterior invocamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 julio 2004 , siendo ponente don José María Guglieri Vázquez que en razón del origen empresarial o económico del perjudicado tiene presente la disponibilidad y facilidad probatoria.

« También lo es su valor, sobre todo atendiendo al carácter personal y familiar de su origen y e/lo supone que, en términos probatorios, la exigenciade la cara de la nnieba precise una apreciación e interpretación conjunta del Art. 217 LEC , apartados 2 y 6, por cuanto que dedos aquellas peculiaridades la disponibilidad y facilidad probatorias del actor son, en este caso, muy contingentes, pues se trata de un ámbito de pertenencias domésticas en el que no es exiqib/e el deber de atención, conservación y localización de otros ámbitos presididos por criteriosmás objetivables por su origen económico ymercantil ».

No cabe duda que la actora es una entidad con una estructura organizativa dotada tanto de medios humanos como materiales que le habría permitido facilitar al presente proceso prueba objetiva sobre sus pretensiones, capacidad de disposición de la que es evidente que no ha querido hacer uso limitándose tan sólo a aportar documentos de elaboración propia, que por su carácter subjetivos e interesados no justifican las cantidades que reclama.

Queremos llamar la atención que el derecho de crédito que dice ostentar la demandante frente a mi principal tiene su origen en un contrato de suministro y por lo tanto el medio probatorio por excelencia, en este tipo de litigios, es la documental, debiéndose tener en cuenta que la única prueba factible para acreditar los supuestos impagos de mi principal sería acompañar a las facturas las correspondientes devoluciones por la entidad financiera donde estaban domiciliados los pagos.

En unión a lo anteriormente alegado, hemos de significar que la actora es una mercantil que está obligada a una llevanza ordenada y diligente de sus cuentas, y que incluso el Código de Comercio le obliga a conservar durante 6 años la documentación mercantil, en palabras de su artículo 30 : libros, correspondencia, documentación y

justificantes concernientes a su negocio.

Si perjuicio de todo lo anteriormente alegado, y para el hipotético caso que no se estimara este motivo de impugnación, queremos resaltar que el Juzgado "a quo", también ha incurrido en un evidente error material ya que condena a mi principal al pago las facturas, que con los números 5 a 20 fueron aportadas de contrario junto con su demanda, pero el sumatorio de éstas tan sólo alcanza el importe de 520,21 euros en vez de los 965,02 euros que se reseñan el Fundamento de Derecho III de la sentencia.

Para mayor facilidad en la localización del citado error material, reseñamos detalle del importe de las facturas 5 a 20 de la demanda, suya suma es de 520,21 euros:

n° orden concepto fecha consumo gatos servigas total

5 factura 22/06/2006 14,9 0 14,62 29,52

6 factura 24/08/2006 14,9 0 14,62 29,52

7 factura 24/10/2006 14,9 0 14,62 29,52

8 factura 24/12/2006 14,9 16,12 14,91 48,51

9 factura 21/02/2007 14,9 16,12 14,91 61,57

10 factura 23/04/2009 15,22 0 15,16 30,38

11 factura 21/06/2007 15,22 0 15,16 30,38

12 factura 21/08/2007 15,22 0 15,16 30,38

13 factura 23/10/2007 15,22 0 15,22 30,38

14 factura 21/12/2007 15,22 0 7,61 22,83

15 factura 13/02/2008 15,65 0 111,44 127,09

16 factura 10/04/2008 13,7 0 0 15,89

17 factura 11/06/2008 7,38 0 0 8,56

18 factura 22/08/2008 7,38 0 0 8,56

19 factura 16/10/2008 7,38 0 0 8,56

20 factura 10/12/2008 7,38 0 0 8,56

Total 520,21

SEGUNDA.- INFRACCIÓN POR APLICACIÓN INCORRECTA DEL ARTÍCULO 1.101 DEL CÓDIGO CIVIL

Dada la falta de prueba en cuanto al quantum de la reclamación, su importe habría quedado fijado en la sentencia a resultas de la prueba practicada en el presente proceso, por cuanto dicha cantidad, al carecer de la necesaria liquidez, no podrá devengar interés, en tal sentido cabe destacar las sentencias siguientes:

* STS 04.11.1991 (RAC 247/1992 ) al determina : " Las cantidades ilíquidas no devengan intereses, ello ocurre cuando el quantum se determina en la sentencia a resultas de la prueba practicada."

* STS 26.07.1995 (RAC 1125/1995 ): Cuando la cuantía exacta se fija en la sentencia los intereses sólo pueden reclamarse desde la fecha de ésta y no desde la interpelación judicial. En el mismo sentido, SSTS 15.05.1991 , 01-.10.1991, 11.02.1992 , 09.06.1992 , 27.06.1993 , entre otras muchas...».

Y terminaba solicitando que se dictase demanda resolución por la que «... se estime la demanda deducida por mi principal con expresa imposición de esta alzada a la adversa» [ sic ].

(3) Mediante escrito con entrada en el Registro General en fecha 21 de marzo de 2011 la representación procesal de la entidad mercantil «Gas Servicios SDG, SA» interpuso recurso de apelación frente a la sentencia recaída con fundamento en las siguientes «... ALEGACIONES

PRIMERO. Resolución del contrato y suspension de suministro

La sentencia que ahora se recurre, desestima los pedimentos formulados en los apartados 1° , 2° y 3° de los contenidos en cl suplico de la demanda. Los mencionados apartados dicen literalmente lo siguiente:

"1°.Declarar resuelto el contrato de suministro de gas existente entre mi mandante y dicho abonado en virtud del cual mi mandante presta el suministro de gas en la vivienda sita en GETAFE, C/ DIRECCION000 N° NUM000 , NUM001 .;

2°, Condenar a la parte demandada a estar y pasar por dicha resolución.

3°, Establecer la obligación del demandado de facilitar la entrada en el domicilio donde se presta el suministro de gas y permitir que se desmonte el contador de gas, clausurando la instalación receptora (operación mecánica necesaria para resolver efectivamente el contrato).

Y, en su defecto, si el demandado continua oponiéndose, se libre mandamiento de entrada para que, en el día y hora que al efecto se señale, se constituya la comisión judicial en el mismo, asistida de esta representación, a fin de que por personal técnico de la Compañía se proceda n la privación de suministro, desmontando el contador".

La sentencia recurrida, establece en su Fundamento Jurídico Segundo que " ha resultado acreditado que efectivamente la demandada contrató con la actora un contrato de suministro de gas con fecha 10 de febrero de 2005 e igualmente contrató un contrato con fecha 9 de diciembre de 2005 un servicio de mantenimiento, todo ello para el domicilio sito en la C/ DIRECCION000 n° NUM000 piso NUM001 , tal y como queda acreditados con los documentos n° 2 y 3 de la demanda (...)", Por tanto, considera probada la relación contractual entre el demandado y mi principal, condenando a aquél al pago de parte del importe reclamado, pero incongruentemente, corno se tendrá ocasión de demostrar en el presente escrito, desestima la petición de mi mandante de proceder a la resolución de referido contrato de suministro de gas para uso doméstico.

Pues bien, laconsecuencia inmediatá_y necesaria de esta resolución contractual es la desconexión del contador para cesar efectivamente el suministro contratado.

Ante la argumentación seguida por el juez de instancia, primero cabe se1ialar, que conforme a la Ley 12/2007, de transposición al Ordenamiento Jurídico Interno de la Directiva 2003/55/CE, y disposiciones de desarrollo, desde 1 de julio de 2008, dispone del suministro de gas mediante una empresa comercializadora. Conforme con ello desde la fecha citada mi mandante permite el acceso de tercero -una comercializadora del mercado liberalizado- a la red de suministro de su propiedad al objeto de permitir el suministro por una sociedad comercializadora de gas.

Dando cumplimiento al mandato legal para efectuar el suministro de gas al demandado mediante una empresa comercializadora operadora en el mercado liberalizado de suministro de gas natural, en fecha 1 de julio de 2008, se consumó cl cambio de suministrador, quedando resuelto el contrato de mi principal con el demandado; simultáneamente - articulo 45 RD 1434/2002 - mi mandante emitió factura comprensiva de la liquidación del suministro realizado a tarifa (mercado regulado) por mi principal hasta el momento en que el suministro pasó a mercado liberalizado (factura reclamada con esta demanda).

En consecuencia, la argumentación seguida por el juez de instancia vulnera los artículos56.1 fa y 57 del Real Decreto 1434/2002 , en los que se establecen que la empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro a los usuarios a tarifa en los supuesto de impago, cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. Y el art. 45.6 del mismo Real Decreto dispone, para los supuestos de cambio de un consumidor del mercado regulado al mercado liberalizado, que en relación con la liquidación del suministro a tarifas, será de aplicación en caso de impago, la suspensión del suministro de acuerdo con el art. 57 del mismo Real Decreto .

En su virtud, la demandada no ha dado cumplimiento a sus obligaciones de pago al no pagar la suma que constituye el objeto de este pleito, ni aun cuando se le requirió extrajudicialmente mediante burofax el 9 de Octubre de 2008, que abonase las cantidades adeudadas.

Así, pues, citaremos, por su interés, la siguiente resolución judicial que, en supuesto idéntico el que nos ocupa, resuelven a favor de la suspensión solicitada:

- Sentcncia de la Audiencia Provincial de Lleida de 6 de septirembre de 2006 :

"(...) interesó el suministro de gas acudiendo al mercado liberalizado mediante la contratación de una empresa comercializadora, y subsisten impagos en la liquidación del suministro de gas natural prestado antes de que el demandado acudiera al mercado liberalizado. Erg tales circunstancias, y habiéndose acreditado que tres meses antes de la interposicion de la demanda la actora requirió de pago al demandado mediante burofax (..) se está en el caso de estimar la pretensión de la actora (...).

En cualquier caso, la posibilidad de suspensión del suministro para el caso de impago está reconocida por los cris. 56 y 57 del Real Decreto, por lo que, aunque se descartara el alegado cambio al mercado liberalizado, los derechos de la ahora apelante serian los mismos (...) ".

Por todo ello, y conforme a la doctina jurisprudencial señalada, resulta adecuado se declare el derecho de mi mandante a la suspensión del suministro de gas y, en su consecuencia, se condene a permitir y consentir la entrada al domicilio suministrado sito en GETAFE, C/ DIRECCION000 N° NUM000 , NUM001 , al Agente Judicial de Servicio, provisto del correspondiente Mandamiento Judicial, junto con los empleados de mi principal a fin de que estos realicen las operaciones pertinentes para proceder a la privación del suministro de gas natural,

SEGUNDO. Procedencia de la autorización para la entrada en el domicilio de consumo

En efecto, al haberse solicitado la referida medida en nuestro escrito de demanda, el juzgador de instancia debe discutirla y, además, acogerla, por cuanto supone una medidacomplementaria,proporcionadaynecesaria de la principal.

En este sentido cabe citar, entre otras, la siguiente sentencia:

- Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, de 3 diciembre 1998

",,,La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental consagrado en el art. 18.2 CE . si bien no tiene carácter absoluto y precisa consentimiento de su titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito.

El Juez ejecutor podrá acordar la entrada en el domicilio ajeno siempre que resulte una medida proporcionada y necesaria para la ejecución de sentencia firme, en sus propios términos - art. 18. 2 LOPJ .-, requiriéndose su adopción dentro del marco de un procedimiento legal.

En dicho sentido, la entrada que fi e, inicialnenre acordada, era necesaria, -tras decretar la resolución contractual y Icr desconexión del aparato de gas; sin que el hecho de que en el domicilio se encuentre un tercero, no condenado, resulte óbice para proceder a la retirada del resulta, con total ajen ¡dad, al mandato judicial, por ser continuador e» la actividad ilícita sancionada.,, ".

En consecuencia, habiéndose acreditado el incumplimiento contractual de la demandada, con la consiguiente resolución del contrato, debe estimarse lo solicitado en el pedimento 30 del suplico de la demanda, esto es, permitir la entrada en la vivienda de C/ DIRECCION000 n° NUM000 NUM001 de Getafe, al agente judicial de servicio, provisto del correspondiente mandamiento, junto con los empleados de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con la finalidad de que estos últimos procedan a la torna de la lectura en el contador de gas de) consumo realizado hasta ese momento y lleven a cabo la desconexión y retirada de dicho contador, efectuando así la privación del fluido de gas.

El hecho de encontrarse el contador dentro de la vivienda hace que no pueda retirarse o desconectarse éste sin un mandato judicial. Es por ello necesario el pronunciamiento judicial autorizando la entrada en la vivienda para poder desconectar el contador y dar así por efectivamente resuelto el contrato, cosa que pretende esta parte y que le ha sido vedado por la sentencia "a quo", la cual reconoce que ha quedado acreditado que efectivamente la demandada contrato con la actora un contrato de suministro pero no decreta ni la resolución contractual ni la adopción de las medidas necesarias para su efectividad.

TERCERO. Procedencia del pago de la totalidad de las cantidades adeudadas.

La sentencia recurrida, establece en su Fundamento Jurídico Tercero que " (...) únicamente procede condenarle a ésta última al pago de la cantidad de 965,02 euros a que alcanza el importe de las facturas acompañadas corno documentos 5 a 20"

No obstante, basta con sumar las facturas reclamadas como documentos numeros 5 a 20 para advertir que el importe reclamado en las mismas es de 520,21 euros. Es decir, la sentencia recurrida en la cantidad de 962,02 euros incluye, tanto el importe reclamado en las facturas acompañadas como documentos 5 a 20, así como el importe resultante de la liquidación anticipada por el crédito cedido a la demandada de la instalación de la renovación de caldera según el documento 45 aportado junto al escrito de demanda. Por lo tanto, se condena a la demandada al pago de cantidades pendientes por el crédito cedido para la instalación de la renovación de caldera, pero incongruentemente, se desestima la petición de mi mandante de reclamar las cantidades reflejadas en las facturas aportadas como documentos numeras 21 a 44 por tal concepto.

CUARTO.- Condena en costas de la primera instancia

Por todo lo anteriormente expuesto es de aplicación del artículo 394 de la LE C por el que se establece que en los procesos declarativos se impondrán las costas de primera instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, por lo que deben imponerse las costas de la primera instancia a la demandada...».

(4) Mediante escrito con entrada en el Registro General en fecha 26 de julio de 2011 la representación procesal de la entidad «GasNatural Servicios SDG, SA» evacuó oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario solicitando su desestimación.

(5) Mediante escrito con entrada en el Registro General en fecha 7 de diciembre de 2011 la representación procesal de doña Elisa evacuó oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario solicitando su desestimación.

TERCERO.- 1. El recurso de la parte demandada

I. Las facultades del órgano «ad quem» en relación con la valoración de la actividad probatoria efectuada por el Juzgado «a quo» -

En nuestro sistema procesal la segunda instancia se configura, con algunas salvedades (atinentes a la aportación de material probatorio y de nuevos hechos, no como « novum iudicium » sino como una « revisio prioris instantiae », en la que el Tribunal Superior u órgano « ad quem » tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (« quaestio facti ») como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (« quaestio iuris »), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que sean de aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la « reformatio in peius », y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (« tantum devolutum quantum appellatum ») ( SSTC, Sala Segunda, 3/1996, de 15 de enero (Supl. al «BOE» núm. 17, de 19 de enero); núm. 212/2000, de 18 de septiembre (Supl. al «BOE» núm. 251, de 19 de octubre); núm. 101/2002, de 6 de mayo (Supl. al «BOE» núm. 134, de 5 de junio), y núm. 250/2004, de 20 de diciembre (Supl. al «BOE» núm. 18, de 21 de enero de 2005 . Y de la Sala Primera, 9/1998, de 13 de enero (Supl. al «BOE» núm. 37, de 12 de febrero); 120/2002, de 20 de mayo (Supl. al «BOE» núm. 146, de 19 de junio); 139/2002, de 3 de junio (Supl. al «BOE» núm. 152, de 26 de junio ) y ATC, Sala Primera, núm. 132/1999, de 13 de mayo (EDJ 1999/11286).

CUARTO.- Ello no obstante, es ciertamente reiterada la doctrina legal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo según la cual la valoración probatoria efectuada por los órganos judiciales de instancia al configurar el «factum» de sus resoluciones es inatacable, salvo en ocasiones excepcionales de interpretaciones totalmente absurdas, erróneas o intemperantes ( ex pluribus , SSTS, Sala Primera, de 14 de febrero , 7 de marzo y 20 y 24 de abril de 1989 , 1 de julio de 1996 y 15 de abril de 2003 ), constituye una afirmación que no se puede desligar de la perspectiva del órgano que la realiza, y del carácter extraordinario del recurso de casación en el seno del cual se efectúa, en el entendimiento de que nunca podrá adquirir la naturaleza de una tercera instancia -por citar sólo las más recientes, vide SSTS, Sala de lo Civil, de 28 de enero de 2003 (CD , 03C127); 15 de abril de 2003 (CD, 03C433 ); y 12 de mayo de 2003 (CD, 03C438 )-. Pero ello no significa, pese a lo extendido del errado criterio contrario, que las Audiencias carezcan de esa función revisora respecto de la valoración y apreciación probatoria efectuada por los Juzgados de Primera Instancia con ocasión de los recursos de apelación de los que conozcan, pues, ex deffinitione, y como el propio Tribunal Supremo tiene declarado, la apelación es un recurso ordinario que somete al Tribunal que de ella entiende el total conocimiento del litigio, dentro de los límites del objeto o contenido en que se haya formulado el recurso, en términos tales que faculta a aquél para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio dentro de los límites de la obligada congruencia [ SSTS, Sala de lo Civil, de 23 de marzo de 1963 ; 11 de julio de 1990 (CD , 90C835); 19 de noviembre de 1991 (CD , 91C1132); 13 de mayo de 1992 (CD , 92C522); 21 de abril de 1993 (CD , 93C301); 31 de marzo de 1998 (CD , 98C545); 28 de julio de 1998 (CD, 98C1176 ); y 11 de marzo de 2000 (CD, 00C347 -; entre otras).

Expresión cabal de la orientación que esta Sección mantiene la hallamos en la STS, Sala de lo Civil, de 5 de mayo de 1997 (CD, 97C928), en la que puede leerse:

«. .. TERCERO.- El motivo segundo de casación se basa igualmente en el n.º 4.º del artículo 1 .692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por "infracción de doctrina jurisprudencial", sin dar más explicación que la extraña afirmación de que el recurso de apelación "viene vinculado por el criterio del juzgador de instancia en cuanto no resulte ilógico o exista error de hecho". Lo cual es exactamente lo contrario. El recurso de apelación da lugar a la segunda instancia (la casación, por el contrario, no es una tercera instancia), como fase procesal que permite un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa y una revisión de la sentencia dictada; la apelación se extiende a todo el objeto de la primera instancia. Tal como dice la sentencia de esta Sala de 7 de junio de 1996 , el recurso de apelación supone una total revisión de lo actuado en la instancia, por lo que procede entrar a resolver todas las cuestiones litigiosas (fundamento 3.º). Lo cual lo dijo también el Tribunal Constitucional, en relación con la legalidad hoy derogada en sentencia 3/1996, de 15 de enero : en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, con algunas salvedades, en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos ( arts. 862 y 863 de la LEC 1881 ) como una «revisio prioris instantiae», en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris) para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso (fundamento 2.º, primer párrafo). Asimismo, la sentencia de esta Sala de 24 de enero de 1997 dijo: La apelación ha abierto la segunda instancia, creando la competencia funcional de la Audiencia Provincial y, por ello, su resolución sustituye a la dictada en primera instancia. La apelación implica un nuevo examen sobre la cuestión litigiosa sobre la que ha recaído ya sentencia. La sentencia dictada en apelación debe ser congruente con las peticiones de las partes, por razón del principio dispositivo que rige el proceso civil. El motivo, pues, debe ser desestimado »

QUINTO.- En análogo sentido, para la más reciente STS, Sala Primera, de 21 de diciembre de 2009 el recurso de apelación no constituye un nuevo juicio, sino una revisión de la primera instancia. Por ello está sometido a ciertos límites: su ámbito objetivo lo delimitan las partes -« tantum devolutum quantum appellatum ": artículo 465, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, pero siempre dentro de los contornos propios del de la primera instancia -« pendente appellatione nihil innovetur »-. Y la sentencia que lo resuelva no puede perjudicar al apelante, como regla - prohibición de una " reformatio in peius ": artículo 465, apartado 4 ,antes citado -. Sin embargo, el órgano judicial de apelación se encuentra, respecto de los puntos y cuestiones sometidas a su decisión por las partes, en la misma posición en que se encontró el de la primera instancia.

Son reiteradas las declaraciones jurisprudenciales en ese sentido. Entre otras, cabe mencionar las sentencias: De 26 de noviembre de 1.982 :

«.. . siendo la apelación un recurso ordinario, la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido en el proceso originario, es una comprobación del resultado, realizada mediante una propia , en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del Juez inicial . ..».

De 16 de febrero de 1.983:

«... nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, aun concibiendo el recurso de apelación como una simple revisión del proceso primitivo anterior, sin posibilidad de reiteración de todos sus trámites, permite, sin embargo, al Tribunal ad quem conocer y resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito" ( sentencia de 6 de julio de 1.962 ) y... "cuando la apelación se formula sin limitaciones somete al Tribunal que de ella entiende el total conocimiento del litigio en términos que le faculta para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio. ..».

De 16 de junio de 2.003: «... los Tribunales de alzada tienen competencia no sólo para revocar, adicionar, suplir y enmendar las sentencias de los inferiores, sino también para dictar, respecto de todas las cuestiones debatidas, el pronunciamiento que proceda, salvo en aquellos aspectos en los que, por conformidad o allanamiento de las partes, algún punto litigioso ha quedado firme y no es, consiguientemente, recurrido, ya que, en otro caso, al Juzgador de la alzada le es lícito en nuestras leyes procesales valorar el material probatorio de distinto modo que el Tribunal de primer grado, revisar íntegramente el proceso y llegar a conclusiones que pueden ser concordantes o discrepantes, total o parcialmente, de las mantenidas en la primera instancia, pues su posición frente a los litigantes ha de ser la misma que ocupó el inferior en el momento de decidir, dentro de los términos en que el debate se desenvolvió (entre otras, sentencias de 4 de junio de 1.993 y 7 de febrero de 1.994 ), y también ha manifestado que, cuando la apelación se formula sin limitaciones somete al Tribunal que de ella entiende al total conocimiento del litigio en términos que le faculta para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio, dentro de los límites de la obligada congruencia ( STS de 23 de marzo de 1.963 ) ...».

O de 23 de octubre de 2.003: «.. .el recurso de apelación se configura en nuestro ordenamiento como una revisión del proceso seguido en la primera instancia, que tiene por finalidad censurar los resultados ya obtenidos, examinando íntegramente la cuestión litigiosa y decidiéndola, de ordinario, sobre la base del mismo material instructivo, por lo que el juzgador de alzada se encuentra frente a la cuestión debatida con la plenitud de conocimientos y en la misma posición que tuvo el juez originario, tanto en la cuestión de hecho como en la de derecho ».

Especial interés para el caso planteado tiene la sentencia TS de 15 de octubre de 1.991 , dictada para un supuesto en que el Tribunal de apelación había declarado textualmente que «.. . a efectos del recurso de apelación, el criterio que el juzgador de instancia formula acerca de la convicción formada por los elementos probatorios traídos a la vista, debe ser respetado en este trance del recurso. ..». Expuso la Sala Primera que la referida doctrina debía:

«.. . ser expresamente rechazada porque desconoce la naturaleza de la segunda instancia, que confiere al Tribunal de apelación la cognitio plena del asunto que es sometido a su jurisdicción e implica la conversión de un recurso ordinario, como es la apelación, en extraordinario, con el carácter restrictivo propio de los de esta clase, y ello incluso si, como también consta en la sentencia, se anade que , pues aunque esta matización puede interpretarse en el sentido de que la Sala ha valorado el material probatorio obrante en autos y acepta las conclusiones del Juez de Primera Instancia a este respecto, no es suficiente para obviar las dudas que puede suscitar lo antedicho, que merece una severa crítica. ..».

En conclusión la Audiencia Provincial puede valorar con plenitud la prueba practicada sin que le resulten de aplicación criterios propios de un recurso extraordinario que privarían a la parte recurrente del derecho a la plena revisión de la valoración de la prueba practicada en la primera instancia, y sin que sirvan de pretexto los principios de contradicción, inmediación y oralidad, que si bien sitúan al juzgador «a quo» en una situación de privilegio de la que carece el tribunal « ad quem », no impiden revisar en posición semejante y con «plena cognitio» lo actuado en la vista oral a través del soporte audiovideográfico.

SEXTO.- II. Los documentos

A) En una primera aproximación, por documento privado se entiende, de acuerdo con el lenguaje común, todo elemento físico al que se incorpora, sin la intervención de un fedatario o de un funcionario público, una representación gráfica, en especial por medio de la palabra escrita, de declaraciones de uno o más sujetos particulares, en las que estos dan cuenta de un hecho o acto de su conocimiento o de un acto de voluntad. La LEC 1/2000 se refiere a ellos de modo negativo, reputando tales «... aquellos que no se hallen en ninguno de los casos del artículo 317 » ( art. 324 LEC 1/2000 ). Aun cuando su confección puede obedecer a una plural variedad de propósitos, sin que originariamente se orienten a su aportación a un proceso, pueden revestir alguna relevancia en éste cuando los datos que contengan puedan servir para la verificación o contraste con las afirmaciones efectuadas en los escritos alegatorios rectores del litigio.

El todavía vigente art. 1225 CC , que no proporciona una definición del documento privado, se limita a prevenir que siempre que haya sido «reconocido legalmente», poseerá idéntica virtualidad -«el mismo valor» que una escritura pública entre los sujetos que lo hayan suscrito y los causahabientes de cada uno de éstos. La norma contenida en el precepto transcrito experimenta en la práctica algunas limitaciones, pues, ha de ponerse en relación, primero, con el art. 1218 CC , a tenor del cual se limita un tanto la fuerza probatoria de los documentos públicos «Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros». En este sentido, la STS, Sala Primera, de 1 de diciembre de 2008 [ROJ: STS 6663/2008; RC núm. 80/2001 ] se cuidó de precisar que: «.. . El art. 1218 CC no obliga a reconocer prevalencia absoluta al contenido de los documentos públicos respecto de las demás pruebas, excepto en lo relativo al hecho de su otorgamiento y fecha, por lo que no cabe aislar como medio probatorio uno de estos documentos para combatir la valoración probatoria efectuada por la sentencia de instancia teniendo en cuenta la concurrencia y eficacia de otros elementos demostrativos que puedan resultar de las demás pruebas ( SSTS 14 de octubre de 1993 ; 20 de diciembre 2000 ; 28 de octubre de 2004 , 12 de diciembre de 2007, rec. 4923/2000 )... .».

Análogamente, la STS, Sala Primera, de 20 de julio de 2011 [ROJ: STS 5086/2011; RC núm. 1982/2007 ] precisó que:

«... es cierto que el artículo 319.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en consonancia con el artículo 1218 del Código Civil , dispone que los documentos públicos -entre ellos, las escrituras notariales- harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella; por lo que, en cuanto a tales extremos, constituyen prueba legal de forzosa apreciación por los tribunales, pero nada impide que de ellos puedan extraerse por los mismos tribunales otras consecuencias probatorias libremente apreciadas, como es este caso la veracidad de las manifestaciones del representante de la actora a la vista del contenido del acta de manifestaciones, en la que incluso se contienen referencias cuya veracidad resulta clara, como es el hecho de que el propio Notario consultara la representación de quien actuaba en nombre de la compradora.

La sentencia de esta Sala núm. 377/2010 de 14 junio, RC. 1101/2006 , afirma que los documentos públicos sólo hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella; pero no impiden la apreciación del tribunal, en relación con los demás medios de prueba, sobre las consecuencias que pueden derivarse de estas circunstancias ( SSTS 22 de octubre de 2009, RC n.º 552/2005 , 16 de diciembre de 2009 . ..».

SÉPTIMO.- En segundo lugar, con el art. 1227 CC , en cuanto determina que «La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio».

En tercer lugar, porque frente a lo que en apariencia parece desprenderse de la norma citada en una interpretación a contrario, la circunstancia de que un documento privado no sea «reconocido legalmente» no le priva en absoluto de cualquier aptitud probatoria.

A su vez, el «reconocimiento» -por oposición a la «impugnación»- atañe en exclusiva a la autenticidad entendida esta expresión en el sentido de genuinidad o correspondencia entre quien aparece o figura en él como autor y la persona que en realidad lo ha elaborado o confeccionado o a quien se atribuye (o del que se predica) la declaración de conocimiento o de voluntad incorporada al soporte. No obstante, se encuentra harto extendida la errada interpretación de que la impugnación permite limitar o inhibir la eficacia probatoria de los documentos privados concernidos.

OCTAVO.- B) En relación con la autoría el documento privado no presenta garantía alguna por sí de la correspondencia entre el autor aparente y el real -siempre que, de algún modo, sea posible referir a un concreto sujeto los datos contenidos en el documento. Por el contrario, el documento público es, ex deffinitione , auténtico habida cuenta que al hallarse autorizado su otorgamiento por Notario u otro empleado público competente ( art. 1216 CC ) la presencia e intervención de éste refrenda el origen subjetivo de las declaraciones que incorpora. Pero sobre deber destacarse que la cuestión de la autoría adquiere obviamente mayor relevancia en relación con los documentos negociales que en los testimoniales (a los que en realidad se refiere el art. 1218 CC ), el reconocimiento de autoría por aquél a quien se atribuye la voluntad pretendidamente declarada en el documento le atribuye idéntica virtualidad que al documento público.

En este sentido, la STS, Sala Primera, núm. 255/1988, de 25 de marzo [ROJ: STS 2206/1988] señaló que: «... la pretendida superioridad probatoria de los documentos públicos sobre los privados sólo es tal en cierto sentido. La simple lectura del artículo 1.225 del Código Civil («el documento privado reconocido legalmente, tendrá el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes») y el texto a «sensu contrario», del artículo 1.230 del mismo Cuerpo legal («los documentos privados hechos para alterar lo pactado en escritura pública, no producen efecto contra tercero»), están poniendo de manifiesto que los documentos públicos y los privados tienen idéntica eficacia probatoria entre las partes; la única y fundamental diferencia que entre ellos existe es que mientras los documentos públicos prueban por sí mismos la identidad del autor y de su fecha, es decir, hacen fe de su autenticidad, en el caso de documentos privados es necesario probar su autenticidad, pero sin que esto excluya, conforme a reiterada doctrina de la Sala (Sentencia, por ejemplo, de 27 de enero de 1987 ), que el documento no reconocido legalmente carezca en absoluto de valor probatorio, ya que ello supondría tanto como dejar al arbitrio de una parte la eficacia probatoria del documento. Y demostrada y declarada la autenticidad de los documentos privados -como en el presente caso ocurre- su eficacia «ínter partes» es igual que la de los públicos, quedando en consecuencia centrada la diferencia entre unos y otros a su eficacia frente a terceros ajenos al documento cuestionado, de modo que los documentos privados sólo producen efecto entre las partes que los han suscrito (eficacia relativa, «ínter partes»), mientras que los documentos públicos, en virtud de la fe pública inherente a la intervención del Notario o fedatario público, determina la eficacia de tales documentos frente a terceros (eficacia «erga omnes») respecto a la fecha y al hecho que motiva su otorgamiento ..

NOVENO.- Producida la admisión o el reconocimiento, o no mediando la impugnación de la autenticidad de los mismos, dice el art. 326 LEC 1/2000 que «... harán prueba plena en el proceso», prevención normativa que se matiza inmediatamente al precisar el sentido de circunscribir dicha virtualidad a «... los términos del artículo 319...», esto es, al «... hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella». A pesar de las diferencias de redacción esta modalización no comporta cosa diferente de la equiparación con los documentos públicos a que alude el art. 1225 CC . En relación con estos últimos, el art. 1218 CC añade que «también harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros »; esto es -sin perjuicio de tratarse de una cuestión harto controvertida en la dogmática-, parece enunciarse una presunción iuris tantum de prueba legal o tasada circunscrita a los otorgantes y sus causahabientes respectivos. En este sentido la STS, Sala Primera, núm. 957/2000, de 24 de octubre [ROJ: STS 7668/2000; RC núm. 3169/1995]: «... tampoco cabe desconocer, respecto de un documento privado de autenticidad contrastada (por admisión expresa o implícita, reconocimiento, o adveración por otros medios de prueba), el carácter de prueba legal o tasada entre las partes contratantes (y, en su caso, causahabientes) de la norma del art. 1225, en relación con el 1218, ambos del Código, en cuanto al hecho, fecha y haberse efectuado las declaraciones que contiene, (que si bien no se extiende a su veracidad, en principio ha de partirse de su verosimilitud). Fuera de estos supuesto es aplicable la doctrina jurisprudencial expresada, que conlleva a la libre apreciación probatoria, con aplicación de las reglas de la sana crítica . ..».

También señala la reciente STS de 16 de mayo de 2011 [ROJ: STS 4047/2011; RC núm. 44/2010 ]: «... no se extiende al contenido de los documentos o a las declaraciones que hagan los otorgantes y no impiden la apreciación del tribunal, en relación con los demás medios de prueba, sobre las consecuencias que puedan derivarse de las expresadas circunstancias (por todas, SSTS 1248/2003, de 31 de diciembre , y 122/2011, de 22 de febrero ). ..».

DÉCIMO.- C) Con todo, la falta de reconocimiento -o la impugnación- tiene, respecto de los documentos privados, el efecto transitorio de suspender únicamente la consideración como «auténtico» -se insiste, correspondencia entre el autor real y el aparente- de aquél. En este caso recae sobre la parte que lo ha presentado la carga de acreditar la autenticidad del mismo mediante «... el cotejo pericial de letras...» o en virtud de «... cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto» ( art. 326, apdo. 2 LEC 1/2000 ).

Estos medios podrán ser apreciados por el Juzgador de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Con todo, no es el reconocimiento de los documentos privados «... el único medio para tenerlos por auténticos ( SSTS 22-10-92 , 8-5-96 , 10-7-96 , 2- 12-96, 3-4-98 , 27-7-98 , 26-5-99 y otras muchas)...» ( STS, Sala Primera, de 13 de noviembre de 2009 [ROJ: STS 7212/2009; RC núm. 611/2005 ]).

En este sentido, v. gr., la STS, Sala Primera, núm. 73/1988, de 5 de febrero [ROJ: STS 17054/1988]de precisó que «.. .Una cosa es que de conformidad con lo que se establece en el artículo 1.225 del Código Civil , no pueda atribuirse al documento privado no reconocido legalmente igual valor probatorio que al documento público, y otra bien distinta que carezca en absoluto de eficacia probatoria, porque según reiterada doctrina de esta Sala, el documento privado no tachado de falso, aunque no haya sido reconocido legalmente, se puede apreciar en unión con otros elementos de juicio. ..»Sin embargo, es criterio jurisprudencial unánime que la falta de reconocimiento no le priva de todo valor, pues, de otro modo, según argumento que reitera constantemente la Sala, quedaría confiada al arbitrio de las partes la eficacia de este medio de prueba.

Es así frecuente la afirmación según la cual la falta de reconocimiento del documento no impide que se le pueda otorgar debida relevancia. En este sentido, vide, v. gr., la STS, Sala Primera, núm. 292/1981, de 27 de junio [ROJ: STS 216/1981]: «.. . el artículo 1.225 del Código Civil [...]no impide dar la debida relevancia a un documento privado no reconocido, conjugando su valor con los restantes elementos demostrativos, máxime si la parte a quien se le opone no ha negado su autenticidad ( sentencias de 3 de abril de 1946 , 23 de noviembre de 1951 24 de abril de 1962 . 28 de abril de 1967 . 18 de mayo de 1968 , 28 de octubre de 1972 y 13 de julio de 1973 , entre otras). ..»; o la más reciente STS, Sala Primera, 957/2000, de 24 de octubre [ROJ: STS 7668/2000; RC núm. 3169/1995]«... como tiene declarado profusa jurisprudencia, no impide otorgar relevancia a un documento privado no reconocido conjugando su contenido con otros elementos de prueba ( SS. 6 mayo 1994 ; 26 febrero , 21 , 27 y 30 julio y 28 noviembre 1998 ; y 26 mayo 1999 , entre otras), pues la falta de reconocimiento o adveración del tal documento no le priva en absoluto de valor y fuerza probatoria, "pudiendo" ser tomado en consideración (no tiene que serlo necesariamente, como matiza la Sentencia de 18 noviembre 1996 ), ponderando su grado de credibilidad, atendidas las circunstancias del caso y del debate ( Ss. 10 mayo 1994 ; 19 julio 1995 ; 8 mayo y 10 julio 1996 ; 21 julio 1997 ; 3 abril , 27 julio y 23 diciembre 1998 , entre otras). .. .».

Así, también, SSTS, 327/1985, de 23 de mayo [ ROJ: STS 1543/1985 ]; 1025/1988, de 30 de diciembre [ ROJ: STS 9747/1988 ]; 330/1989, de 20 de abril [ ROJ: STS 15210/1989 ]; 638/1991, de 21 de septiembre [ ROJ: STS 11833/1991 ]; 961/1993, de 22 de octubre [ ROJ: STS 20129/1993 ]; 1102/1993, de 26 de noviembre [ ROJ: STS 17958/1993]; 26 de noviembre de 1994 [ ROJ: STS 7674/1994 ; RC núm. 937/1991 ]; 295/1995, de 29 de marzo [ ROJ: STS 10336/1995 ]; 927/1996, de 18 de noviembre [ ROJ: STS 6441/1996 ; RC núm. 192/1993 ]; 764/1998, de 27 de julio [ ROJ: STS 5016/1998 ; RC núm. 1968/1994 ]; y 50/2004, de 13 de febrero [ ROJ: STS 933/2004 ; RC núm. 995/1998 ], entre otras.

DÉCIMO PRIMERO.- D) Se señala por la jurisprudencia tratarse de un error considerar que del art. 1.225 CC se sigue inesquivablemente la carencia de todo valor probatorio de los documentos privados que no hayan sido reconocidos, en cuanto el precepto dispone únicamente que la equiparación de la validez y eficacia de los documentos privados, entre quienes los suscriben y sus causahabientes, que a los públicos reconoce el art. 1.218 CC , se precisa su reconocimiento en forma legal. Pero ello no excluye que el documento privado no reconocido carezca por completo de valor probatorio ya que ello supondría tanto como dejar al arbitrio del sujeto concernido la eficacia probatoria del documento [ SS.T.S., Sala Primera, núm. 25/1987, de27 de enero ( ROJ: STS 9121/1987 ); 255/1988, de 25 de marzo ( ROJ: STS 16711/1988 ); 712/1990, de 23 de noviembre ( ROJ: STS 10941/1990 ); 925/1993, de 15 de octubre ( ROJ: STS 18085/1993 ); 1028/1994, de 18 de noviembre ( ROJ: STS 19489/1994 ); 927/1996, de 18 de noviembre ( ROJ: STS 6441/1996 ; RC núm. 192/199 ); 926/2002, de 30 de septiembre ( ROJ: STS 6352/2002 ; RC núm. 688/1997 ); 1313/2002, de 30 de diciembre ( ROJ: STS 8897/2002 ; RC núm. 1960/1997 ); 146/2003, de 13 de febrero ( ROJ: STS 8897/2002 ; RC núm. 1960/1997 ); 613/2003, de 24 de junio ( ROJ: STS 4401/2003 ; RC núm. 3165/1997 ); entre otras].

DÉCIMO SEGUNDO.- Las partes no pueden, en rigor, pretender que se atribuya preferencia a un concreto medio probatorio para obtener conclusiones conformes con las propias alegaciones y contrarias a las objetivas y desinteresadas del órgano jurisdiccional ( Vide SSTS de17 de diciembre de 1994[RC núm. 1618/1992 ]; de 16 de mayo de 1995 [RC núm. 696/1992 ]; de 31 de mayo de 1994 [RC núm. 2840/1991 ]; de 22 de julio de 2003 [RC núm. 32845/1997 ]; y de 25 de noviembre de 2005 [RC núm. 1560/1999 ], entre otras ). El hecho de que no se tomen en consideración determinados elementos de prueba relevantes a juicio de la parte actora carece de trascendencia y no significa que no hayan sido debidamente valorados por la sentencia impugnada, sin que las exigencias de motivación obliguen a expresar este juicio ( STS de 8 de julio de 2009 , RC n.º 13 / 2004 ) a no ser que se ponga de manifiesto la arbitrariedad o error manifiesto.

A su vez, la valoración de los documentos privados debe tener lugar en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba ( STS 30 de junio de 2009 [RC núm. 1889/2006 ]). Una cosa es el valor probatorio de los documentos privados en cuanto a la autenticidad, fecha o personas que intervinieron, y otra distinta la interpretación efectuada por la sentencia recurrida acerca del contenido de los documentos, puesto que la expresión «prueba plena» del artículo 326.1 LEC no significa que el tribunal no deba valorar el contenido de los mismos de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en el conjunto de las pruebas aportadas ( SSTS de 15 de junio de 2009 [RC núm. 2317/2004 ]) y 14 de Junio del 2010 (RC núm. 1101/2006 ], entre otras).

DÉCIMO TERCERO.- Por demás la actora cumplió con la obligación procesal impuesta por los arts. 264 ; 265 LEC aportando los documentos privados que acreditaban la existencia de la deuda y su cuantía con la fuerza probatoria prevista en el art. 326 y concordantes de la LEC sin que de contrario se desvirtuase su contenido. Lo que lleva a la desestimación del motivo.

Además, combate la demandada parcialmente vencida el importe de la condena afirmando que la suma de las cantidades figuradas en los documentos 5 a 20 no arroja la cantidad que el Juzgado «a quo» refiere sino la inferior de 520,21 euros.

Si bien asiste la razón a la recurrente acerca de que el Juzgador de primer grado menciona únicamente los documentos 5 a 20 y precisa que la deuda asciende a 965,02 euros, es lo cierto -y a ello no alude, en cambio, la recurrente- que en la demanda se reclamaba asimismo la cantidad de 444,81 euros como consecuencia de declararse anticipadamente vencida la cantidad correspondiente a la financiación de la renovación de la caldera, que ha de ser igualmente adicionada al no haberse desvirtuado adecuadamente su procedencia.

DÉCIMO CUARTO.- IV. Los intereses -

Ya señaló la S.T.S. 251/1994, de 21 de marzo (Pte.: Excmo. Sr. Almagro Nosete), frente al criterio tradicional, que en virtud del brocardo «in illiquidis non fit mora» sancionaba que sólo es dable condenar al pago de intereses a partir de la fecha de la sentencia y no desde la interposición de la demanda (S.S. 22 de octubre de 1968, 8 de mayo de 1981, 4, 5 y 8 de junio y 21 de octubre de 1986, 20 de febrero de 1988 y 5 de marzo de 1990 ) cuando se precisa determinarla mediante un pleito «esta Sala, que en sentencias relativamente recientes ha atenuado el aparente automatismo aplicativo del expresado principio con la introducción de importantes matizaciones, en especial en relación con las deudas dinerarias. Ya, en efecto, la S. de 5 de abril de 1992 señalaba en torno al alcance que debe darse al mencionado brocardo que «junto a la consideración de la condena al abono de intereses producidos por las cantidades debidas como una indemnización o sanción que se impone al deudor moroso, precisamente por su conducta renuente en el pago que da lugar a la mora, cabe también concebir que si se pretende conceder, al acreedor a quien se debe una cantidad, una protección judicial completa de sus derechos, no basta con entregar aquello que, en su día, se le adeudaba, sino también lo que, en el momento en que se le entrega, debe representar tal suma, y ello, no por tratarse de una deuda de valor, sino también, y aunque no lo fuera, porque si las cosas, incluso fungibles y dinerarias, son susceptibles de producir frutos ?léase frutos civiles o intereses?, no parece justo que los produzcan en favor de quien debió entregarlas ya con anterioridad a su verdadero dueño, es decir, el acreedor. Tal razonamiento cobra mayor fuerza si tenemos en cuenta que, por regla general y salvo algunos supuestos, como pueden ser aquellos en los que las relaciones que unen a deudores y acreedores pueden ser calificadas como de cuentas corrientes, en los que sólo la fijación, en su caso judicial, del saldo, atribuye al acreedor derecho a su cobro, y, si se quiere, aquellos otros en los que la complejidad de las relaciones habidas entre las partes litigantes excluyen la fácil determinación de la cantidad realmente adeudada, en los restantes debe subrayarse que la sentencia no opera la creación de un derecho con carácter constitutivo, sino que, por el contrario, tiene carácter meramente declarativo, lo que permite concluir que, a través de la misma, no se hace sino declarar un derecho -bien sea real o bien de crédito- a la obtención de una cosa o cantidad, que, con anterioridad a la resolución judicial, ya pertenecía, y debía haberle sido atribuida al acreedor. Si, como ya se tiene dicho, las cosas claman por su dueño y deben ser entregadas a éste con todos sus accesorios, frutos e intereses, no parece injusto que, en aquellos supuestos en que, como el presente, puede fácilmente colegirse en la litis la existencia de una deuda en favor del actor y en contra del demandado, se entienda que la completa satisfacción de los derechos del acreedor exige que se le abonen los intereses de tal suma, aun cuando fuese menor de la por él reclamada, desde el momento mismo en que se procedió a su exigencia judicial. La S 18 Feb. 1994 ha reiterado igual doctrina».

Otras más recientes corroboran este mismo criterio. Así, la STS, Sala Primera, de 4 de julio de 2001 (C.D ., 01C639 ), se cuidó de precisar que «... Efectivamente, reciente doctrina jurisprudencial, concreta que la regla "in illiquidis non fit mora" no debe de ser aplicable en aquellos supuestos en que la determinación de la cuantía de la prestación dineraria depende de una operación aritmética, cuyos factores son conocidos en su totalidad, pues en estos casos la sentencia no opera la creación de un derecho, con carácter constitutivo, sino que tiene carácter meramente declarativo del derecho a la obtención de una cantidad de dinero que, con anterioridad a la resolución judicial, ya pertenecía y debía serle atribuida al acreedor (por todas la S 2 Abr. 1997)...».

Y la STS, Sala Primera, de 24 de septiembre de 2002 (C.D ., 02C676 ), que «... el brocardo "in illiquidis non fit mora", aplicable a supuestos en que la cantidad realmente adeudada no es conocida hasta que se lleva a efecto la fijación de la misma a través de la correspondiente resolución judicial, ha sido atenuado, en su aparente automatismo, por la doctrina jurisprudencial que introduce importantes matizaciones en su aplicación, las que en último término se entroncan con la conclusión de que la sentencia no opera la creación de un derecho con carácter constitutivo, sino que lo tiene meramente declarativo, pues a través de la misma lo que se hace es declarar un derecho a la obtención de una cosa o cantidad que, con anterioridad a la resolución judicial, ya pertenecía y debía haberle sido atribuida al acreedor, y así la completa satisfacción de los derechos del acreedor exige que se le abonen los intereses de la suma, aún cuando fuese menor de la por él reclamada, desde el momento en que se procedió a su exigencia judicial. ( SS, entre otras, de 5 de abril de 1992 , 18 de febrero , 21 de marzo y 24 de mayo de 1994 y 1 de diciembre de 1997 )...»

En consecuencia, tampoco asiste la razón a la parte demandada recurrente cuando sostiene que el acogimiento parcial de las pretensiones de índole pecuniaria afecta desfavorablemente a la exigibilidad de los intereses legales.

DÉCIMO QUINTO.- 2. El recurso de la parte actora -

Como tiene declarado esta Audiencia Provincial, no puede merecer favorable acogida el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante «Gas Natural Servicios SDG, S.A.» pues sin desconocer que los tribunales civiles suelen autorizar la entrada en el domicilio del demandado para la desconexión del suministro de gas, una vez resuelto el contrato por falta de pago u otro motivo, no es menos cierto que en el presente caso no es posible jurídicamente dejar al arbitrio de la parte recurrente la facultad de decidir en el futuro sobre la entrada en el domicilio de la demandada para desmontar el contador de gas y clausurar la instalación receptora, para el supuesto futurible de que la demandada persistiera en la situación de impago, puesto que nos encontramos ante una solicitud de condena de futuro no contemplada en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 220 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , y una autorización de tales características, por su indeterminación y falta de control, podría contravenir el derecho de la apelada a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18.2 de la Constitución Española .

DÉCIMO SEXTO.- De conformidad con lo prevenido en el art. 398 LEC 1/2000 se ha de imponer a cada una de las partes recurrentes vencidas la condena al pago de las costas procesales ocasionadas en la sustanciación de esta alzada con sus recursos respectivos.

DÉCIMO SÉPTIMO.- La desestimación de los recursos de apelación determina, a la luz de lo prevenido en el apdo. 9 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre , complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que la parte recurrente pierda el depósito constituido, al cual habrá de darse el destino contemplado en el apdo. 10 de la misma.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente aplicación

Fallo

En méritos de lo expuesto, con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil «Gas Natural Servicios, SDG, SA» y asimismo con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Elisa frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Getafe (Madrid) en fecha 18 de noviembre de 2010 en los autos del proceso de declaración seguidos ante dicho órgano por los trámites del procedimiento verbal con el núm. 0574/2009, PROCEDE :

1.º CONFIRMAR la parte dispositiva de la precitada resolución;

2.º CONDENAR a cada parte recurrente vencida al pago de las costas ocasionadas en la sustanciación de esta alzada con sus recursos respectivos.

3.º ACORDAR la pérdida por las partes recurrentes vencidas del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en forma legal con la prevención de que contra la misma no cabe interponer recurso alguno ordinario, sin perjuicio de lo prevenido respecto de los extraordinarios en la DF Decimosexta de la LEC 1/2000 .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal y autenticada al Rollo de Sala núm. 0660/2012, lo pronuncio y firmo.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.

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