Sentencia Civil Nº 52/2011, Audiencia Provincial de Leon, Sección 1, Rec 590/2009 de 15 de Febrero de 2011

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  • Ponente: Garcia Prada, Manuel
  • Núm. Sentencia: 52/2011
  • Núm. Recurso: 590/2009
  • Núm. Cendoj: 24089370012011100114

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

LEON

SENTENCIA: 00052/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

LEON

Sección 001

Domicilio : C/ EL CID, NÚM. 20

Telf : 987 23 31 35

Fax : 987 23 33 52

Modelo : SEN00

N.I.G.: 24089 37 1 2009 0101295

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000590 /2009 CIVIL

Juzgado procedencia : JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de SAHAGUN

Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000095 /2009

RECURRENTE : COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS DE LEON COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS DE

Procurador/a : MARIA LOURDES CRESPO TORAL

Letrado/a : JUAN RODRÍGUEZ ZAPATERO

RECURRIDO/A : Roberto

Procurador/a :

Letrado/a :

SENTENCIA NUM. 52/2011

Iltmos. Sres:

D. Manuel García Prada.- Presidente

D. Ricardo Rodríguez López.- Magistrado

Dª. Ana Del Ser López.- Magistrado

En león a quince de febrero de dos mil once.

Visto ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de León, los autos de recurso de apelación civil num. 590/09 en los que han sido partes como apelante el Colegio Oficial de Arquitectos de León representado por el Procurador Dª Lourdes Crespo Toral y asistido del Letrado D. Juan Rodríguez Zapatero y como apelado D. Roberto no personado en esta segunda instancia y representado en primera instancia por la Procuradora Dª Maria Victoria De La Red Rojo y asistido del Letrado D. Juan Manuel Hoyos Payo. Interviene como Ponente para este trámite el ILTMO. SR. DON Manuel García Prada.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia de Sahagun, se dictó sentencia en fecha 31 de julio de 2009, en los autos de procedimiento Ordinario num. 95/09 , cuya parte dispositiva dice: "Desestimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Zamora Doncel en representación del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEON frente a D. Roberto representado por la Procuradora Sra De La Red Rojo y absuelvo al demandado de las peticiones efectuadas en su contra, con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte demandante.

SEGUNDO.- Contra la relacionada Sentencia, se interpone recurso de apelación por el Procurador D. Domingo Zamora Doncel en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de león. Admitido a trámite el recurso de apelación, se dio traslado del mismo a la Procuradora Dª Victoria De La Red Rojo en representación de D. Roberto quien lo impugnó en tiempo y forma. Sustanciado el recurso por sus trámites, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, personándose la parte apelante dentro del término concedido para comparecer ante dicho tribunal.

TERCERO.- Recibidos los autos en este tribunal, se registraron, se designó Ponente y se señaló para deliberación, votación y fallo.

Fundamentos

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia de instancia sólo en aquello que no se opongan con lo que se argumente a continuación.

SEGUNDO.- La Sentencia del Juzgado ha sido recurrida por la parte demandante, el Colegio Oficial de Arquitectos de León, exponiendo diversos motivos de recurso. El primero de ellos se refiere a la cuestión suscitada en la instancia respecto de la legitimación de los profesionales (arquitectos) para reclamar sus honorarios, puesto que la sentencia apelada descarta en principio la legitimación del arquitecto D. Arsenio por no haber tenido relación o contacto alguno con el demandado.

El argumento que utiliza la parte recurrente para mantener la legitimación del Colegio de Arquitectos a fin de reclamar las correspondientes minutas de sus colegiados, es compartido en esta alzada como así viene haciéndose regularmente en este tipo de procedimientos y se establece en el 5 g) de la Ley 2/1974 que reconoce legitimidad al disponer que los colegios profesionales corresponde en su ámbito territorial : Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 art. 1 de esta ley , en relación a su vez con lo previsto en el art. 31.2 a) del Real Decreto 327/02 que aprobó los Estatutos Generales del Colegio de Arquitecto en cuanto que el visado acredita la identidad del arquitecto.

Así pues, ha de admitirse la legitimación activa del citado Colegio para promover la presente demanda en nombre de sus colegiados. Aludiendo ya a la intervención del Sr. Arsenio , aunque no se discute que no intervino en las negociaciones o tratos con el demandado, hecho pacifico así acreditado en autos, se ha constatado que se trata de un estudio compartido entre el arquitecto D. Eleuterio y D. Arsenio , por tanto, nada obsta que se facture en nombre de los dos (fácil es presumir que el desarrollo del trabajo en el estudio es también compartido) siempre que la minuta sea acorde con las tablas orientativas del Colegio y sobre este particular ya se adelanta que a lo largo de la prueba practicada en autos se demostró que no superan los criterios orientativos y mas bien están calculadas a la baja y en el caso nada acredita que no se esté facturando los honorarios correspondientes a la confección de un proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar.

TERCERO.- El contrato de arrendamiento de servicios es aquél por el cual una parte se obliga hacía otra a prestarle ciertos servicios a cambio de una contraprestación; en el contrato de arrendamiento de servicios a diferencia del de obra se promete la prestación de los servicios en sí mismos -al dedicarse cada día a las labores ofrecidas (en este caso serían las oportunas gestiones)- con independencia del resultado (de la cantidad de obra o tarea) que con él se haya concluido. Es un contrato consensual, bilateral y oneroso y de libre forma en cuanto a su celebración (de palabra o por escrito). Intervienen en el contrato como determina el Código Civil en su artículo 1.546 , el arrendador, aquél que se obliga a prestar el servicio y el arrendatario que a cambio del precio estipulado adquiere el derecho a los mismos. Recae siempre el objeto del contrato sobre la contraprestación que se promete a cambio que pueden ser de cualquier tipo, con tal de que reúnan los requisitos generales: posibilidad, licitud y determinación o determinabilidad. La contraprestación que la ley denomina "precio cierto" puede ser de cualquier tipo (dinero, especie o servicios), habitualmente suele ser en dinero y la mayoría de los casos se establece en función de la duración de los servicios, pudiendo concretarse el precio en el propio contrato o posteriormente como así se viene admitiendo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 4 de julio de 1961 y 7 de octubre de 1964 ) por cuanto en muchos tipos de servicios no es posible determinar de antemano una retribución concreta, entendiendo que en estos últimos casos también hay contrato, es decir, acuerdo de voluntades que también alcanza al precio, bien porque se conoce, bien porque la voluntad de las partes se encamina a estar de acuerdo en el que resulte (porque se avienen a dar por bueno el que sea aunque lo ignoren ahora), pudiendo en última instancia, cuando haya discrepancia por el precio, fijarlo los tribunales siempre que haya habido voluntad inequívoca de contratar el servicio. Por último, la duración del arrendamiento de servicios puede ser sin tiempo fijo y por cierto tiempo, aunque el arrendamiento hecho por toda la vida es nulo (art. 1583 del C.C .). Aunque en épocas pasadas existían opciones contradictorias, hoy no se discute que pueden concertarse arrendamientos de servicios de profesionales y artes liberales: médicos, abogados, etc., pues, aunque el Código Civil no se refiere a ellos en particular, son susceptibles de arrendamiento tanto los servicios manuales como los intelectuales. En el caso como recoge la recurrida la relación arquitecto-cliente merece la calificación de un contrato mixto o atípico que participa de la naturaleza de ambos contratos: el de arrendamiento de servicios y el de obra (tal como se definen en el art. 1.544 del C.C .) al comprometerse también un resultado no solo la prestación de servicios.

CUARTO.- Las pruebas practicadas en las actuaciones llevan al pleno convencimiento de haberse concertado un contrato verbal (sin que este tipo de relación jurídica exija una forma determinada dado el principio de espiritualidad que inspira la contratación en el Derecho español) entre el arquitecto Sr. Eleuterio y el demandado, siendo el objeto del mismo la ejecución de un proyecto y dirección de una vivienda unifamiliar que pretendía promover el Sr. Roberto . Está acreditado la realización de diversas visitas del profesional a solar donde se pretendía edificar la vivienda, ello nos lleva a sostener, como se ha dicho, la realización efectiva del encargo por parte del comitente (rechazando las alegaciones que hace sobre que no fue tal y no se pasó de meros contactos preliminares) y consiguientemente el despliegue de obligaciones para ambas partes contratantes: el arquitecto redacción del proyecto y propietario pagar el precio.

En el caso el acuerdo de voluntades se concretó en el segundo semestre de 2006 y se ha planteado controversia en relación con el prolongado tiempo en finalizar el proyecto. Aunque es cierto que se aprecia un lapso de tiempo prolongado hasta la puesta a disposición del proyecto de ejecución de la obra ( y no fue hasta el primer semestre de 2008 cuando se finalizó) no por ello debe perder el contrato su virtualidad jurídica cuando, admitido el concierto de voluntades sobre la cosa, art. 1.254 del C.C ., no existiendo plazo expreso sobre su realización y no habiendo manifestado voluntad resolutoria por parte del comitente y fácil es prever que el encargo sobre el proyecto sigue su curso. Las afirmaciones que se contienen en la sentencia sobre si realmente era deseo del propietario se proyectase un semisótano y no un sótano (entrando a analizar las cuestiones técnicas de los planos aportados a los autos) no es compartida en esta alzada, toda vez que no se puede concretar de forma certera que fuera ese el deseo del propietario (enfrentándose en este sentido las manifestaciones de éste y del técnico) , por tanto, no puede escudarse en ello para no atender la reclamación que se le hace en la demanda y tampoco lógicamente que encargase posteriormente a otro arquitecto otro proyecto en enero de 2009, sin preocuparse ni asegurarse si el primitivo encargo seguía en vigor incidiendo por ello en falta de diligencia sobre las obligaciones asumidas en su día, (tampoco se preocupó de resolver el contrato y consiguientemente el encargo encomendado) . Así pues cumplida por una de las partes la obligación asumida y realizado el proyecto surge la del dueño o comitente la de pagar el precio; procediendo, en consecuencia, estimar la pretensión principal de la demanda.

QUINTO.- Entiende el Tribunal en relación con las costas de la primera instancia que, no obstante acogerse las peticiones de la demanda la cuestión planteaba dudas de hecho y de derecho como se han puesto de manifiesto a lo largo del procedimiento lo que justifica no se impongan como permite el art. 394 de la L.E.C ; de otro lado, al acogerse los motivos de recurso no se hace pronunciamiento de las costas de la alzada, art. 398 de la Ley citada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimando el recurso de apelación interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de León contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2009 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia numero 1 de Sahagun en los autos de procedimiento Ordinario num. 95/2009 debemos revocar y revocamos la misma sustituyendo su pronunciamiento por el siguiente:

Estimando la demanda presentada por el Procurador D. Domingo Zamora Doncel en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de León contra D. Roberto sobre reclamación de cantidad, debemos declarar y declaramos haber lugar a la misma y, en consecuencia, debemos condenar y condenamos al demandado a que abone a la entidad actora la suma de 16.803,40 euros, con el interés legal desde la fecha de la presente sentencia. Sin hacer pronunciamiento de las costas tanto de las de la primera instancia como de las de la alzada a ninguna de las partes.

Dese cumplimiento al notificar esta sentencia a lo dispuesto en el art. 248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, con testimonio de la misma, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia juzgando en apelación, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN : En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA : Seguidamente se procede a cumplimentar la no tificación de la anterior resolución. Doy fe.

Contraprestación
Minuta
Voluntad
Contrato de arrendamiento de servicios
Arrendamiento de servicios
Práctica de la prueba
Legitimación activa
Dueño
Arrendador
Arrendatario
Objeto del contrato
Comitente
Dueño de obra
Precio cierto
Voluntad de las partes
Duración del arrendamiento
Contrato verbal
Relación jurídica
Resolución de los contratos