Sentencia Civil Nº 528/2012, Audiencia Provincial de Salamanca, Sección 1, Rec 449/2012 de 08 de Octubre de 2012

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  • Núm. Recurso: 449/2012
  • Núm. Cendoj: 37274370012012100624

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

SALAMANCA

SENTENCIA: 00528/2012

SENTENCIA NÚMERO 528/12

ILMO. SR. PRESIDENTE:

DON ILDEFONSO GARCIA DEL POZO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

DON ANGEL SALVADOR CARABIAS GRACIA

DON JOSÉ ANTONIO VEGA BRAVO

En la ciudad de Salamanca a ocho de octubre de dos mil doce.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha visto en grado de apelación el JUICIO ORDINARIO Nº 241/12 del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Salamanca, Rollo de Sala Nº 449/12; han sido partes en este recurso: como demandante-apelada DOÑA Aurelia representada por la Procuradora Doña Nuria Martín Rivas y bajo la dirección del Letrado Don Fernando Dávila González y como demandada-apelante DOÑA Lidia representada por el Procurador Don José Julio Cortés González y bajo la dirección de la Letrada Doña Rosa Esteban Ayuso, habiendo versado sobre división de cosa común.

Antecedentes

1º.- El día 15 de mayo de 2012 por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Salamanca se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente: "FALLO: Que estimando la pretensión deducida por la procuradora Dª Nuria Martín Rivas, en nombre y representación de Dª Aurelia contra Dª Lidia representada por el procurador D. José Julio Cortés González declaro haber lugar a la división de la vivienda sita en la localidad de Oropesa del Mar (Castellón), sector R-5, parcela NUM000 , EDIFICIO000 , Marina DŽOr, que tiene como anejo inseparable la plaza de aparcamiento, en planta baja, señalada con el nº NUM001 , inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Oropesa del Mar, al Tomo NUM002 , Libro NUM003 , Folio NUM004 , Finca nº NUM005 , que pertenece por mitad a ambas litigantes. Ordenando su venta en pública subasta por ser indivisible, con derecho a intervención por parte de los comuneros sin necesidad de prestar fianza. Con expresa imposición a la demandada de las costas causadas en estas actuaciones.

2º.- Contra referida sentencia se preparó recurso de apelación por la representación jurídica de la parte demandada concediéndole el plazo establecido en la Ley para interponer el mismo verificándolo en tiempo y forma, quien después de hacer las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones terminó suplicando se dicte sentencia por la que estimando el recurso interpuesto, sin declaración de condena en costas y fijando como cuantía del pleito el importe de venta del bien objeto de división. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte que se opusiere. Aporta documentos con el escrito de recurso de apelación.

Dado traslado de dicho escrito a la representación jurídica de la parte contraria por la misma se presentó escrito en tiempo y forma oponiéndose al recurso de apelación formulado para terminar suplicando se dicte sentencia desestimatoria del recurso planteado, manteniendo la sentencia recurrida en su integridad, con expresa imposición de las costas del recurso a la apelante.

3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo, pasando los autos a la Sala para resolver en cuanto a los documentos aportados por la recurrente con su escrito de recurso, devolviéndose a dicha parte los documentos aportados por providencia de 17 de septiembre de 2012 al no haberse solicitado en forma la prueba documental; señalándose para la votación y fallo del presente recurso de apelación el día dos de octubre de dos mil doce pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado- Ponente para dictar sentencia.

4º.- Observadas las formalidades legales.

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON ILDEFONSO GARCIA DEL POZO .

Fundamentos

Primero.- Por la representación procesal de la demandada Doña Lidia se recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 9 de esta ciudad con fecha 15 de mayo de 2.012 , la cual, estimando la demanda promovida por la demandante Doña Aurelia , declaró haber lugar a la división de la vivienda sita en la localidad de Oropesa del Mar (Castellón), sector R-5, parcela NUM000 , EDIFICIO000 , Marina D'Or, que tiene como anejo inseparable la plaza de aparcamiento, en planta baja, señalada con el nº NUM001 , inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Oropesa del Mar, al tomo NUM002 , Libro NUM003 , Folio NUM004 , finca nº NUM005 , que pertenece por mitad a ambas litigantes, ordenando su venta en pública subasta por ser indivisible con derecho a intervención por parte de los comuneros sin necesidad de prestar fianza, y con expresa imposición de las costas a la demandada. Y se interesa por la referida demandada Doña Lidia en esta segunda instancia, con fundamento en las alegaciones realizadas por su defensa en el correspondiente escrito de interposición del recurso de apelación, la revocación parcial de la mencionada sentencia en el sentido de que no se haga imposición de las costas de la primera instancia a ninguna de las partes, y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al haberse allanado a las pretensiones de la demanda antes del transcurso del plazo para su contestación, y que se fije como cuantía del pleito el importe del bien objeto de división.

Segundo.- El artículo 395. 1, de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que, si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas, salvo que el Juez, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado; y añade en su párrafo segundo que se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación.

Conforme a la sentencia de esta Audiencia número 36/2.007, de 29 de enero , - cuya doctrina se reitera en la sentencia número 301/2010, de 12 de julio -, "consecuentemente, siendo la mala fe el detonante de la imposición de costas una vez producido el allanamiento del demandado, procede determinar si en el supuesto examinado concurre referida mala fe en la parte allanada.

En este sentido, la jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el concepto de mala fe aplicable al instituto del allanamiento, llegando a la conclusión admitida por esta Sala (Sent. 30-9-05), con cita de otras resoluciones de diversas Aud. Provinciales, de que constituye mala fe la conducta extraprocesal que determina a la parte contraria la necesidad de impetrar el auxilio jurisdiccional, siendo en estos casos objetivamente reprochable al demandado por haber actuado con dolo, culpa grave o, incluso, con mero retraso en el cumplimiento de la obligación. Siguiendo esta línea de interpretación, "la buena fe resultará incompatible con la conducta de quien sabedor de su obligación y de la reclamación de la otra parte, no trata de solventarlo extrajudicialmente, sino que obliga a ésta a iniciar un proceso que a todas luces, se muestre innecesario en cuanto no haya base objetiva para la discusión. Los derechos se crean y se desenvuelven con vocación de ser respetados voluntariamente por quien a ello se haya obligado, de modo que el proceso ha de ser considerado como absolutamente subsidiario del cumplimiento voluntario, integro, incondicionado y temporáneo.

Por lo mismo, la valoración concerniente a la existencia o no de mala fe en el comportamiento del demandado debería realizarse atendiendo a sus actuaciones (u omisiones) de naturaleza preprocesal, es decir, previas a la iniciación del procedimiento mismo, siendo decisivo al respecto ponderar precisamente si el surgimiento del proceso, cuyos consustanciales gastos tratan de ser atendidos, al menos parcialmente, por la imposición de costas a una u otra parte, pudo ser evitado por la parte demandada o incluso si esta, con su propio comportamiento preprocesal llegó a determinarlo, obligando a la actora a acudir a los órganos jurisdiccionales para impetrar la satisfacción de un derecho, ante la actitud contumaz y abiertamente injustificada del interpelado" .

Se ha señalado también, entre otras, en la sentencia número 593/1.999, de 13 de octubre , y reiterado en las sentencias números 465/2.002, de 11 de noviembre , y 393/2.006, de 25 de septiembre , sobre la posibilidad de condenar en costas al demandado, a pesar de su allanamiento previo a la contestación, en base al criterio subjetivo de la mala fe, establecido como excepción o salvedad en el párrafo tercero del antiguo artículo 523, - y actualmente en el artículo 395. 1, de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil -, respecto al principio general de no imponer las costas al demandado que facilita el éxito de la acción y la conclusión del juicio mediante el allanamiento, se ha declarado por la doctrina jurisprudencial ( SSAP. Toledo de 19 de octubre de 1.992 y 31 de enero de 1.994 , SAP Alicante de 15 de febrero de 1.994 , SAP. Ciudad Real de 7 de abril de 1.994 , y SAP. Guadalajara de 21 de mayo de 1.994 , entre otras) que, dado el carácter eminentemente discrecional que para el juzgador reviste la apreciación de la mala fe de una parte, en cuanto juicio de valor o calificación subjetiva de la conducta, - en este caso necesariamente extraprocesal -, que la misma haya podido seguir, en relación con la cuestión planteada, en orden a la iniciación del litigio, habrá de analizarse no sólo si el demandado obró propiamente con malicia, sino si con su injustificada actitud, también culpable o negligente, provocó y obligó al accionante a interponer la demanda y, en definitiva, fue su conducta preprocesal la única causante del proceso.

Esta interpretación de la citada norma, - continúa señalando la jurisprudencia citada -, tiene su fundamento en el principio de causalidad, aunque matizado por el de culpabilidad del allanado, exigido por imperativo legal, y permite orillar las dificultades con las que normalmente se encuentra el actor para probar la estricta mala fe de su contrario, puesto que el allanamiento de éste impide entrar en la fase probatoria del procedimiento, única que le permitiría acreditar esa actitud maliciosa del demandado allanado. Desde esta nueva perspectiva lo decisivo será comprobar si realmente el allanado estuvo siempre dispuesto a satisfacer las exigencias del actor y el planteamiento del proceso obedece a una actitud precipitada y gratuita de éste que no planteó al demandado su pretensión antes de iniciarlo, o si, por el contrario, el demandante se vio obligado necesariamente a acudir a los Tribunales para obtener la satisfacción de su derecho ante la actitud morosa, rebelde o negligente del interpelado, valorando especialmente la existencia de previos requerimientos extrajudiciales por parte de aquél. Para probar esta circunstancia y, en definitiva, valorar la actitud preprocesal del allanado, puede acudirse, tanto a los documentos que se acompañan a la demanda, en cuanto constituyen un principio de prueba que ha de reputarse válido, como a los propios hechos que sirven de base a la pretensión actora, salvo que unos u otros resulten expresamente negados o impugnados por el demandado, ya que, fuera de ese supuesto y tratándose de un verdadero allanamiento total e incondicional a la demanda, único capaz de producir la terminación del proceso, el demandado, con su postura procesal, está en realidad prestando conformidad y reconociendo la totalidad de la pretensión y de los hechos constitutivos o fundamentadores de la misma incluidos en la demanda, llevando el no entenderlo así a una situación de indefensión al demandante que encuentra cerrado el acceso a la fase probatoria del procedimiento.

Tercero.- En el presente supuesto, si bien es cierto que la demandada, ahora recurrente, Doña Lidia se allanó a las pretensiones de la demanda antes de contestarla, también lo es que con anterioridad a su interposición existió reclamación extrajudicial instando la extinción del condominio existente por parte de la demandante Doña Aurelia , ya que consta documentalmente acreditado que en fecha 23 de noviembre de 2.011 remitió burofax a aquélla manifestándole que no le interesaba seguir en la copropiedad y requiriéndola para que en el plazo que le indicaba le manifestara si quería comprar su parte o si, por el contrario, prefería que se pusiera a la venta, a lo que la demandada no hizo contestación alguna, obligando con ello a la demandante a instar el correspondiente procedimiento judicial para poner fin a la situación de indivisión. Por tanto, es indudable la existencia de la mala fe en la demandada, la cual justifica que, no obstante su allanamiento a las pretensiones de la demanda, se le impongan las costas de la primera instancia, tal y como ha hecho la sentencia impugnada, y cuyo pronunciamiento ha de ser confirmado al ser conforme a lo establecido en el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil según la doctrina jurisprudencial precedentemente expuesta.

Tercero.- Igual suerte desestimatoria ha de merecer su pretensión de que se establezca como cuantía del pleito el importe de la venta del bien objeto de división, y ello porque, establecida la cuantía del procedimiento en la demanda en la cantidad de 399.231,39 euros (valor de tasación establecido en la hipoteca a efectos de subasta) tal como exige el artículo 253. 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la impugnación de tal cuantía no fue planteada en la primera instancia por la parte demandada conforme a lo establecido en el artículo 255 de la misma Ley procesal civil .

Cuarto.- En consecuencia, ha de ser desestimado el recurso de apelación interpuesto por la demandada Doña Lidia y confirmada la sentencia impugnada, con imposición a la misma de las costas causadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 398. 1, en relación con el artículo 394. 1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y declarando la pérdida del depósito constituido, en aplicación de los prevenido en la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de la potestad jurisdiccional conferida por la Constitución,

Fallo

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la demandada DOÑA Lidia , representada por el Procurador Don José Julio Cortés González, confirmamos la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada- Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 9 de esta ciudad con fecha 15 de mayo de 2.012 en el Juicio Ordinario del que dimana el presente rollo, con imposición a la expresada recurrente de las costas causadas en esta segunda instancia y declarando la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la misma, junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

P U B L I C A C I O N

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado, hallándose la Sala celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.-

Mala fe
Allanamiento
Representación procesal
Plaza de garaje
Registro de la Propiedad
Comuneros
Dolo
Buena fe
Retraso en el cumplimiento
Culpa grave
Morosidad
Indefensión
Disolución del condominio
Condominio
Burofax
Copropiedad
Reclamación extrajudicial
Hipoteca
Procesal Civil