Sentencia Civil Nº 56/2012, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 3, Rec 217/2010 de 31 de Enero de 2012

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 31 de Enero de 2012
  • Tribunal: AP - Las Palmas
  • Ponente: Quesada Padron, Ildefonso
  • Núm. Sentencia: 56/2012
  • Núm. Recurso: 217/2010
  • Núm. Cendoj: 35016370032012100041

Encabezamiento

SENTENCIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SECCIÓN TERCERA

Rollo no: 217/2010

Asunto: Juicio Cambiario número 1250/2009

Procedencia: Juzgado de Primera Instancia No. Dos de Telde

Iltmos. Sres.-

PRESIDENTE: Don Ricardo Moyano García

MAGISTRADOS: Don Ildefonso Quesada Padrón

Don Francisco Javier Morales Mirat

SENTENCIA

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a treinta y uno de enero del ano dos mil doce.

VISTAS por la Sección 3a de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia no Dos de Telde en los autos referenciados (Juicio Cambiario número 1250/2009) seguidos a instancia de HERMANOS UARTE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S. L., parte apelada, representada en esta alzada por el Procurador Don Octavio Esteva Navarro y asistida por el Letrado Don Diego Costa Machado, contra CONSTRUCCIONES ROBERCAN, S. L., parte apelante, representada en esta alzada por el Procurador Don Bernardo Rodríguez Cabrera y asistida por el Letrado Don Jesús Rodríguez Santana, siendo ponente el Sr. Magistrado Don Ildefonso Quesada Padrón, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. Dos de Telde, se dictó sentencia en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece: «ACUERDO tener a ROBERCAN S.L. por no personada en forma en las actuaciones y por no formulada demanda de oposición frente a la demanda de juicio cambiario interpuesta por HERMANOS UARTE OBRAS Y CONSTRUCCIONES S. L., DESPACHANDO EJECUCIÓN contra la demandada por la cantidad de 88.610,13 euros en concepto de principal, más 26.583,40 euros que se calculan prudencialmente para costas e intereses en los términos del fundamento de derecho SEGUNDO. Sin condena en costas del trámite de oposición, sin perjuicio de las costas procedentes de la reclamación cambiaria propiamente dicha.

Se hace saber a la parte actora que la presente sentencia se configura como título ejecutivo, y que en todo caso la ejecución deberá instarse mediante la correspondiente demanda de ejecución ( art 549 LEC ).

Se inadmite a trámite el recurso de reposición interpuesto el día 3 de diciembre de 2009 por la parte actora, debiendo expedirse mandamiento de devolución a favor de la misma por el importe de 25 euros.».

SEGUNDO.- La referida sentencia, de fecha once de diciembre del ano dos mil nueve , se recurrió en apelación por la parte demandada, interponiéndose tras su anuncio el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte contraria presentó escrito de oposición al recurso alegando cuanto tuvo por conveniente y seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se senaló para discusión, votación y fallo el día que consta en las actuaciones.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso, salvo en cuanto a los plazos dado el cúmulo de trabajo, se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se alza la apelante frente a la resolución del juzgador a quo, que la tuvo por no comparecida y por no opuesta a la ejecución despachada en virtud del pagaré aportado por la actora al no aportar el poder correspondiente ni acreditarse la representación, alegando que el representante legal compareció en el acto del juicio con su D. N. I., aunque sin la correspondiente escritura que lo acreditase, así como que se habían realizado actuaciones anteriores que se desarrollaron procesalmente sin la exigencia de dicho poder, sin tener en cuenta que podría haberse subsanado tal defecto, no suspendiendo el acto aunque fuese un cuarto de hora a fin de aportar el documento necesario, senalando además que en el escrito de oposición alegó el art. 231 de la Ley de E . Civil a efectos de subsanar los posibles defectos, no admitiéndosele además al recurrente la posibilidad de subsanarlo pese al intento de recurso que no le fue admitido en el acto de la vista, causándosele con ello indefensión, por lo que, después de hacer referencia a una serie de resoluciones judiciales, terminó solicitando que se declarase la nulidad de actuaciones hasta el momento de la vista a fin de que se le otorgase un plazo no superior a diez días con la finalidad de subsanar tal defecto, o, en su caso, validando el apoderamiento ya realizado con posterioridad a la sentencia se senale nueva vista, validando las actuaciones realizadas con anterioridad a la vista, con condena en costas a la adversa si se opusiere.

La actora se opuso al recurso y solicitó la desestimación del recurso con la consiguiente imposición de las costas.

SEGUNDO.-Planteado el recurso en los referidos términos es de senalar que la recurrente, demandante de oposición en el juicio cambiario del que trae origen la presente apelación, formuló su demanda haciendo constar que acreditaría la oportuna representación mediante apud acta, dictándose resolución el 28.10.09 por la que se admitía a trámite tal demanda y acodaba que se requiriese al Sr. Procurador a fin de que acreditase la representación, pudiendo realizarlo antes de la vista (folio 73-75), vista que en el mismo Auto la senalaba para el día 10.12.09; tal resolución le fue notificada el 2.11.09 al Procurador de la apelante. Posteriormente, la apelante presentó un escrito el 29.10.09 (folio 79), e interpuso el 4.11.09 un recurso de reposición contra el Auto del 28.10.09 en cuanto a determinadas pruebas que había interesado, tramitándose tal recurso, con oposición de la hoy recurrida, y dictándose resolución desestimatoria el 26.11.09, notificándose igualmente la misma al Procurador Sr. Arencibia Mireles, quien actuaba en representación de la hoy recurrente. Es en el acto de la vista cuando al no aportarse el poder oportuno se le tiene por no personado, si bien confirió, después de dictarse la sentencia, el oportuno poder apud acta y aportó el documento del que se desprendía que era administrador el otorgante.

Por otra parte, es de notar que la entidad ejecutante, hoy recurrida, presentó con el escrito rector de la litis copia de un poder otorgado por dos personas que manifestaban realizarlo como mandatarias verbales de tal entidad, haciéndose constar por el fedatario público (folio 8 vuelto) que "No acredita documentalmente la representación alegada, autorizándose esta escritura, por razones de urgencia, con base en lo que dispone el párrafo tercero del artículo 164 del Reglamento Notarial , por estar conforme en ello los interesados y, previa mi advertencia, de que la plena eficacia de este instrumento público queda supeditada a la prueba documental de la representación aleada o a la oportuna ratificación.". Las actuaciones se siguieron en la instancia sin que conste en autos que se aportase la representación que se indicaba por el fedatario público, no apareciendo del acta de la vista tampoco que la Sra. Mariana , una de las que otorgaron el poder como mandatarias verbales, fuera la administradora de la ejecutante.

Pues bien, a la vista de lo expuesto puede considerarse que las correspondientes representaciones procesales tanto de la recurrente como de la recurrida no fueron acreditadas debidamente en el acto de la vista, por lo que, en principio, dado que la ejecutante no había acreditado en forma la representación conforme a lo previsto en el art. 24 de la Ley de E . Civil, en concordancia con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, lo ortodoxo habría sido bien suspender el acto a fin de que se subsanase tal defecto, bien tener por incomparecida a la ejecutante, con las consecuencias inherentes a ello ya ab initio del proceso.

Por otro lado, y como se recoge en la resolución del 1.12.06 de esta Sección, «Sin embargo, en la aplicación de un necesario principio de economía procesal, aplicando la analogía respecto a lo sí regulado en la LEC en una situación similar en el juicio ordinario (artículo 418 de la Ley sobre la subsanación de los defectos de capacidad o representación en el acto de la audiencia o en un plazo no superior a diez días, si no fuese posible en ese momento), y a la luz de la doctrina constitucional anterior a la nueva Ley ( STC 213/1990, de 20 de diciembre de 1990 [RTC 1990 , 213 ], 87/1986, de 27 de junio [RTC 1986 , 87 ], 49/1987, de 23 de abril [RTC 1987 , 49 ], 174/1988, de 3 de octubre [RTC 1988 , 174 ], 115/1990, de 21 de junio [RTC 1990, 115 ], entre otras), se ha de estimar que los defectos o requisitos como el que nos ocupa pueden ser subsanados «máxime si tenemos en cuenta que en el procedimiento de juicio ordinario la principal función de la audiencia previa es la de sanear el proceso, función que a su vez entronca con el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución Espanola (RCL 1978, 2836 ; ApNDL 2875) y que se refleja también en el artículo 11-3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635 ; ApNDL 8375) cuando impone a los Juzgados y Tribunales el deber de resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen y sólo podrán desestimarlos por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanara por el procedimiento establecido en las Leyes [...] sólo en el caso de el defecto sea insubsanable podrá entenderse que la persistencia del vicio o defecto representa un obstáculo que obliga a no tener por comparecida a la parte, pero si el defecto es susceptible de subsanación -como aquí ocurre- habrá que estimar como solución prioritaria la de reponer los autos al momento procesal en que debió producirse la subsanación y no se hizo, y todo ello de acuerdo con el criterio sustentado para tales casos por el Tribunal Supremo en el antiguo juicio de menor cuantía».-Del mismo tenor es la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la subsanación de cualquier defecto o vicio que afecte al proceso y más en concreto, sobre el defecto de personalidad del Procurador, citando las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1990 ( RJ 1990, 704), 25 de febrero y 28 de mayo de 1992 , 14 de mayo (RJ 1992, 4120 ) y 3 de noviembre de 1992 , 18 de marzo de 1993 , entre otras muchas.». Además, ha de partirse de la base de igualdad de armas entre los contendientes, sin que un rigor extremadamente formal pueda conllevar la conculcación de la efectiva tutela judicial que se consagra en el artículo 24 de la Constitución Espanola. Y, si bien es cierto que la recurrente no aportó en su momento el poder, poder aportado con posterioridad apud acta, siendo el otorgante el administrador de la sociedad ya desde enero del ano 2.002, es decir, con anterioridad a la litis, no había obstáculo para que a la vista de lo expuesto se subsanase tanto el defecto de la ejecutante como el del ejecutado, ello con el fin de restablecer la igualdad de armas mencionada. En consecuencia, vistas las concretas circunstancias de la litis, procede decretar la nulidad de actuaciones desde el acto de la vista a fin de que se proceda a nuevo senalamiento, acreditándose bien con anterioridad a tal vista, bien en su inicio, las correspondientes representaciones procesales en forma, manteniéndose la validez de las actuaciones anteriores, por lo que procede estimar el recurso en tales términos.

TERCERO.-En lo que respecta a las costas procesales, dada la estimación del recurso, no procede hacer especial pronunciamiento conforme a lo dispuesto en el artículo trescientos noventa y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Espanola, pronunciamos el siguiente

Fallo

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de CONSTRUCCIONES ROBERCAN, S. L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1a Instancia no Dos de Telde de fecha once de diciembre del ano dos mil nueve en los autos de Juicio Cambiario número 1250/2009, revocando dicha resolución, y, en su lugar, se declara la nulidad de actuaciones desde la vista del 10.12.09, procediéndose a nuevo senalamiento para la misma, debiéndose por los contendientes acreditar sus respectivas representaciones bien con anterioridad a tal senalamiento, bien en el mismo acto de la vista, manteniéndose la validez de las actos realizados con anterioridad.

Sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre costas.

Llévese certificación de la presente resolución al rollo de esta Sala y notifíquese a las partes, y con certificación de la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de Procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don Ildefonso Quesada Padrón, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.

Mandatario
Pagaré
Nulidad de actuaciones
Indefensión
Juicio cambiario
Prueba documental
Sociedad de responsabilidad limitada
Economía procesal
Defecto de capacidad
Audiencia previa
Derecho a la tutela judicial efectiva
Juicio de cognición
Tutela
Administrador social