Sentencia CIVIL Nº 600/2022, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 1589/2021 de 02 de Junio de 2022

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00600/2022

Modelo: N10250

SCOP CIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Teléfono:968 229119 Fax:968 229278

Correo electrónico:

Equipo/usuario: 001

N.I.G.30030 47 1 2019 0001451

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0001589 /2021

Juzgado de procedencia:JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de MURCIA

Procedimiento de origen:S5L SECCION V LIQUIDACION 0000746 /2019

Recurrente: AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINSITRACION TRIBUTARIA

Procurador:

Abogado: LETRADO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Recurrido: Remigio

Procurador: JUSTO PAEZ NAVARRO

Abogado: HIGINIO PEREZ MATEOS

SENTENCIA Nº 600

Ilmos. Sres.

Don Carlos Moreno Millán.

Presidente

Don Juan Martínez Pérez

Don Rafael Fuentes Devesa

Magistrados

En la ciudad de Murcia, a dos de junio de dos mil veintidós

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento incidental que con el número ICO 563/2019- 01 dimanante del concurso 563/2019 se han tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia entre las partes, como demandante y ahora apelante AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA , representado/a y defendido/a por el/la Abogado del Estado y como parte demandada y ahora apelada Remigio , representado por el/la procurador/a Sr/a Páez Navarro y defendido por el/la letrado/a Sr/a Pérez Mateos . Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO. - El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 27 de mayo de 2021 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal:

' Que, desestimando la demanda incidental interpuesta por la Agencia Tributaria, debo aprobar el plan de pagos presentado por D. Remigio el beneficio de exención del pasivo insatisfecho que se extenderá los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso

Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos. '

SEGUNDO.-Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la demandante interesando su revocación y la condena del demandado. Se dio traslado a la otra parte, que se opone

TERCERO. -Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 1589/2021, señalándose para votación y fallo el día 1 de junio de 2022.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero. Planteamiento

1.-Interesada en abril de 2021 la obtención de la exoneración del pasivo insatisfecho (el conocido como BEPI) por Remigio con arreglo al régimen general del art 487 y ss. TRLC al haber atendido los pagos contra la masa y privilegiados , dado traslado a la Administración Concursal ( AC en adelante) y a las partes con arreglo al art 489.3 , la AC guarda silencio y la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT en lo sucesivo ) se opone a la inclusión de los créditos públicos en la concesión del BEPI.

En lugar de sustanciar esa oposición por el trámite incidental como impone el art 490.2TRLC, se dicta diligencia de ordenación en la que se acuerda dar traslado por plazo de 5 al concursado a fin de que manifieste si mantiene la solicitud inicial o si, desistiendo del régimen legal general para la exoneración, opta por exoneración mediante la aprobación judicial de un plan de pagos. A ello responde el concursado que 'que a la vista de la Diligencia de Ordenación y de las dudas doctrinales y judiciales de la nueva extensión del BEPI por el régimen general, procede mantener dicho régimen, y en caso no se estimada nuestra interpretación se solicitaría el PLAN DE PAGOS, respecto del cual se ha cumplido con el requisito del 495.1 TRLC en prevención de la situación descrita.'

La respuesta del Juzgado es una diligencia de ordenación de 27 de abril de 2021 en la que a la vista de que se mantiene la solicitud inicial del BEPI y la oposición a la misma formulada por la AEAT, se acuerda incoar el correspondiente incidente concursal para la sustanciación de la oposición, conforme al art. 490.2 TRLC y en providencia de igual fecha se acuerda requerir a la AEAT para que en el plazo de 5 días formule la oposición al BEPI en la forma prevenida en dicho art. 536.1 TRLC.

Es presentada demanda que da lugar a este incidente y en la que se pide que se declare que no queden afectados por la concesión del BEPI los créditos de derecho público

2. Tras la oposición del concursado , la sentencia dictada el 27 de mayo de 2021 desestima la demanda .En esencia considera que la normativa aplicable es la prevista en el vigente TRLC y sin la precisa claridad, con invocación de la STS de fecha 2 de julio de 2019 y posterior 1 de julio de 2020 se dice : ' resulta que el artículo 497 del TRLC altera dicha interpretación jurisprudencial en relación a la extensión de la exoneración del crédito público en el sistema de exoneración provisional. Pero es que, además, el legislador refundidor ha conculcado frontalmente en el artículo 491 del TRLC la norma a refundir, pues la LC no preveía la excepción a la extensión de la exoneración del crédito público en el sistema de exoneración directa, de manera que, no siendo ello una aclaración, regularización o sistematización de aquella norma nos encontramos con un exceso en la delegación, un ultra vires

Ello hace inaplicable la excepción contemplada en dicho precepto (490.1 TRLC) ...'

Decimos que resulta confusa porque se refiere al sistema de exoneración provisional o diferida (ahora régimen especial) y al plan de pagos cuando aquélla no es la modalidad invocada y éste no existe, pero lo que se hace a continuación es analizar los presupuestos subjetivos y objetivos del régimen general

3.Recurre la AEAT. No se opone a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, pero exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos, de acuerdo con lo establecido en el TRLC; créditos públicos ordinario y subordinados que aquí ascienden a 5.250,00 euros y 10.983,57 euros, respectivamente.

4. El concursado solicita la confirmación de la sentencia, por entender ajustada la aplicación del derecho y de la jurisprudencia, en tanto que el administrador concursal, en sintonía con su actuación pasiva en toda la tramitación del BEPI, permanece silente

5. Se reduce la controversia a la extensión del BEPI, y más concretamente a la afectación o no del crédito público en caso de exoneración general, aunque la sentencia como hemos dicho adolece de precisión, además de una peculiar tramitación previa que en nada aligera la respuesta judicial

Segundo. El tratamiento del crédito público en la exoneración del pasivo insatisfecho

1. La sentencia se hace eco de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia de pleno de 207.2019 , en interpretación del artículo 178 bis.3 ordinales 4 y 5 de la LC que en buena parte trascribe .Tras ello indica que esa interpretación jurisprudencial es la que mejor se acomoda a la voluntad del legislador comunitario de facilitar un mecanismo de segunda oportunidad, pues dice la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acuerdos marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas, con cita del art. 20 y al RDLey 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. A partir de ello, considera que el TRLC incurre en un exceso o ultravires, de modo que es inaplicable la excepción contemplada en dicho precepto (491TRLC, por errata se dice 490.1)

2.La AEAT se opone a la inclusión de los créditos públicos en la concesión del BEPI con un extenso excurso sobre el régimen jurídico previsto en la LC, la interpretación por la STS 02.07.2019 sobre exoneración del crédito público y el marco previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el TRLC, que considera infringido , al entender que deja claro que la exoneración no alcanza al crédito público -ordinario/subordinado-, ni en los casos de haber satisfecho íntegramente los créditos contra la masa y privilegiados, ni en el caso de acceder al BEPI con un plan de pagos. Niega que en la regulación del BEPI haya un exceso ultra vires en la delegación otorgada para proceder a la refundición, ya que el Texto refundido no hace sino aclarar el silencio del art. 178 bis 3. 4º de la antigua ley concursal en lo referente a la exclusión de los créditos públicos, y a armonizarlo con lo establecido en el art. 178 bis 33. 5º para evitar la discordancia de dos partes de un todo

Valoración del Tribunal

3.El alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho ha sido y es objeto de abierta polémica en la LC y en el TRLC. Limitado a este último, la tesis de la sentencia apelada es sostenida por la SAP de Barcelona, sección 15, de 15 de noviembre de 2021, y en la que hace referencia al Auto n.º 112/2021 dictado por dicha AP en fecha 17 de junio de 2021 y la SAP de Palma de Mallorca sección 5, n.º 763/2021, de fecha 20 de septiembre de 2021. En el sentido opuesto, Auto de 13 de enero de 2021 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo y SAP de Valencia, Sección 9ª, nº 142/2022, de 15 de febrero de 2022

Al margen de que a efectos expositivos hagamos referencias a la totalidad del sistema de exoneración del pasivo insatisfecho y a su evolución , la primera precisión que debemos hacer es que el régimen aplicado es el supuesto de exoneración del régimen general del TRLC .Y la segunda precisión es que si con carácter general , tras la entrada en vigor del TRLC, debemos aplicar el mismo «... que sustituye a partir de su entrada en vigor a las disposiciones legales refundidas, las cuales quedan derogadas y dejan de ser aplicables desde ese momento» ( STC 166/2007, de 4 de julio) aquí no hay duda alguna cuando la solicitud de exoneración se pide tras la entrada en vigor del TRLC

Por tanto, la norma infringida por inaplicada es el art 491 TRLC. Para determinar su alcance y si procede prescindir de ella por incurrir en ultra vires - como entiende la juzgadora a quo- expondremos su precedente en la LC

4. El BEPI se configuraba en la LC con arreglo a dos vías o modalidades. El BEPI directo o con pago inmediato de un determinado umbral de créditos y el BEPI provisional o con pago diferido con arreglo a un plan de liquidación quinquenal

Al primero se refería el art 178.3. 4ª LC que exigía al deudor el pago íntegro de los créditos contra la masa y privilegiados y si no se había intentado un AEP, el pago del 25% del pasivo ordinario. Por exclusión, la extensión de la exoneración abarcaba, pues, a (a) todos los créditos ordinarios (o un 75% de los mismos, si no había intento de AEP), y (b) los créditos subordinados.

El segundo, que se contemplaba en el artículo 178 bis.3. 5º LC (y que se condicionaba al sometimiento de un plan de pago en 5 años, entre otros requisitos), sí delimitaba expresamente el ámbito de exoneración en el art 178bis.5 al decir que el BEPI ' se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:

1º. Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos por derecho público y alimentos

2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado '

Consecuentemente, al regular el plan de pago el apartado 6 preveía

«.Las deudas que no queden exoneradas ..., deberán ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. [...].

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas.

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica».

Vemos como había un distinto alcance exoneratorio. En lo que aquí interesa, mientras en la vía directa quedaban exonerados los créditos ordinarios y subordinados, en el caso de la vía diferida o provisional, la exoneración de los créditos ordinarios y subordinados no afectaba a los créditos por derecho público y alimentos

Algunos entendieron que ello no era asistemático ni carente de lógica, sino una respuesta distinta a unos supuestos diferentes, con una mayor protección al acreedor público y por alimentos en caso de BEPI diferido, al no ver atendido de forma inmediata el resto de créditos públicos y por alimentos (los que tuvieran la categoría de créditos contra la masa y privilegiados, que sí se satisfacen en la vía directa), en cambio otros consideraron el régimen legal asistemático. Entre estos últimos, una tesis mantenía que para dar una respuesta coherente y lógica había que entender que en cualquiera de las vías había que predicar la exoneración de los créditos ordinarios y subordinados, de modo que, no obstante el tenor del art 178bis 5, no afectaba a los créditos por derecho públicos y alimentos. Otra tesis lo que patrocinaba era que, ante el silencio legal, lo que había era que trasladar la regla del art 178bis 5 al BEPI directo o con pago inmediato, y, en consecuencia, la exoneración de los créditos ordinarios y subordinados no afectaba a los créditos por derecho públicos y alimentos

En esta polémica terció la STS de 2 de julio de 2019, que consideró que la normativa era asistemática y precisaba una interpretación correctora, por lo que procedió a equiparar ambas modalidades y trasladó la solución del BEPI directo. Dijo con ocasión de un BEPI provisional o diferido (ahora denominado especial) que

'entendemos que, en principio, la exoneración plena en cinco años (alternativa del ordinal 5.º) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4.º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años'

A pesar del tenor del art 178 bis.5 LC, entendió que el deudor que se acoge al plan de pagos también debía quedar exonerado del crédito público ordinario y subordinado, sin que entrara en juego la excepción del crédito público (que es el analizado) y el de alimentos (se sobreentiende); interpretación que algunos tacharon de abrogatoria

Consecuencia de esta interpretación, también se corrige en la citada STS de 2 de julio de 2019 el alcance del artículo 178 bis 6 LC. Para esquivar su último párrafo que remitía la tramitación de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de los créditos de derecho público a su normativa específica (lo que ratificaba que según la LC los mismos no eran exonerables y permanecían ajenos al plan de pagos) se dice

«Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal. Esta contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el art. 178 bis LC (que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda), por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre las objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan»

5. En el TRLC aquí aplicable se mantienen las dos vías o modalidades de BEPI, ahora denominadas régimen general (el que antes hemos tildado de 'directo o con pago inmediato de un determinado umbral de créditos') y régimen especial (antes nominado como 'provisional o con pago diferido con arreglo a un plan de liquidación quinquenal').

En cuanto al primero, ahora el TRLC sí fija en el artículo 491 TRLC la extensión de la exoneración en los términos siguientes:

«1. Si se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo, hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

2. Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al setenta y cinco por ciento de los créditos ordinarios y a la totalidad de los subordinados.»

Respecto del segundo bajo la rúbrica 'Extensión de la exoneración en caso de plan de pagos'reza lo siguiente:

1. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores que hubiesen aceptado someterse al plan de pagos se extenderá a la parte que, conforme a este, vaya a quedar insatisfecha, de los siguientes créditos:

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

2.º Respecto a los créditos con privilegio especial, el importe de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía, salvo en la parte que pudiera gozar de privilegio general.

2. Las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento del pago de los créditos de derecho público se regirán por lo dispuesto en su normativa específica».

En sintonía con ello, el artículo 495, al tratar de la propuesta de plan de pagos indica

«1. A la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho acompañará el deudor una propuesta de plan de pagos de los créditos contra la masa, de los créditos concursales privilegiados, de los créditos por alimentos y de la parte de los créditos ordinarios que incluya el plan. Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por su normativa específica.

2. En la propuesta de plan de pagos deberá incluir expresamente el deudor el calendario de pagos de los créditos que, según esa propuesta, no queden exonerados. El pago de estos créditos deberá realizarse dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tengan un vencimiento posterior».

Es decir, el plan de pagos no debe incluir ningún tipo de crédito público, sino que obliga a que el deudor solicite el aplazamiento ante las administraciones públicas correspondientes, sin que los acreedores públicos se vean vinculados por la aprobación judicial del plan de pagos.

Ahora también hay una equiparación, pero en sentido inverso al planteado por el TS. Ante la ausencia de norma expresa en lo relativo a la extensión de la exoneración en el régimen general, lo que hace el refundidor es colmarla trasladando el tratamiento más beneficioso del crédito público y por alimentos del sistema especial también al caso del sistema general. Por tanto, en el TRLC el crédito público (ordinario y subordinado) ya no es exonerable para ningún deudor, haya pago inmediato o pago diferido con plan de pagos.

6. La novedad del TRLC se produce, pues, en relación con el régimen general. Aquí podría plantearse sí esa innovación supone una extralimitación, pero no respecto del régimen especial o con sujeción al plan de pagos, ya que el art. 497 y 495 TRLC mantiene, con ligeras alteraciones estéticas, lo dicho en el art. 178 bis 5 y 6 LC. Así lo hemos dicho en nuestra precedente sentencia de 12 de mayo de 2022

7.Es esta sentencia ya apuntábamos que no apreciamos que el TRLC incurriera en un ultra vires por no ajustarse a la exégesis jurisprudencial del precedente art 178bis.5 y 6 LC. Sobre el control de la delegación legislativa, la STS 697/2017, de 21 de diciembre compila la doctrina constitucional al respecto

«El Tribunal Constitucional ha acogido la posibilidad de un doble control tanto por los tribunales ordinarios, como por el propio TC ( SSTC 51/1982, de 19 de julio ; 47/1984, de 4 de abril ; 51/2004, de 5 de julio ; y 166/2007, de 4 de julio ). Así, establece que cuando los decretos legislativos incurren en excesos en el ejercicio de la potestad delegada (decretos legislativos ultra vires), o en cualquier otro vicio, vulneran la Constitución, por lo que el TC sería el único competente para enjuiciar con tal criterio dichos decretos. Pero también permite que los excesos de la delegación legislativa achacables a los decretos legislativos puedan ser conocidos por la jurisdicción ordinaria, por lo que correspondería al juez ordinario no aplicar los decretos legislativos en aquellos puntos en que la delegación hubiera sido excedida, o, para ser más precisos, el juez ordinario no debería conceder al exceso valor de ley, sino únicamente de reglamento, con lo cual podría entrar a valorarlo y proceder a su inaplicación, conforme a lo previsto legalmente.

Es decir, un decreto legislativo, si es correcto, tiene fuerza de ley, pero cuando la delegación ha sido excedida en todo o parte, se trata de una norma que, en todo o parte de ella, no puede tener ya fuerza de ley, pero sigue siendo una norma jurídica emanada del Gobierno, es decir un decreto sin más, que tiene un valor reglamentario. Y las normas reglamentarias sí que pueden ser enjuiciadas directamente por los tribunales ordinarios.

[...]

Previsión que ha de ser complementada con lo dispuesto en el art. 6 LOPJ :

«Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa».

3.- Conforme a lo expuesto, en cumplimiento de la previsión del art. 6 LOPJ sobre la inaplicación de los reglamentos ilegales, cualquier juez o tribunal, de cualquier orden jurisdiccional, puede y debe dejar de aplicar al caso las normas de un decreto legislativo que repute contrarias a la facultad delegada (ultra vires)».

8. En un caso de delegación legislativa amplia , como es el caso del RDL 1/2020, de 5 de mayo, el ejecutivo no se limita a una mecánica de simple refundición , sino que implica , como dice el innominado preámbulo del RDL 1/2020 ' no solo interpretación, sino también integración -es decir, un «contenido innovador», sin el cual carecería de sentido la delegación legislativa-, pudiendo incluso llegar a la explicitación de normas complementarias a las que son objeto de refundición ( sentencias del Tribunal Constitucional números 122/1992, de 28 de septiembre , y 166/2007, de 4 de julio ).'

Esta STC 166/2007, de 4 de julio, reseña

«no es menos cierto que la labor refundidora que el Legislador encomienda al Gobierno aporta también un contenido innovador, sin el cual carecería de sentido la delegación legislativa. De este modo, el texto refundido, que sustituye a partir de su entrada en vigor a las disposiciones legales refundidas, las cuales quedan derogadas y dejan de ser aplicables desde ese momento, supone siempre un juicio de fondo sobre la interpretación sistemática de los preceptos refundidos, sobre todo en el segundo tipo de refundición prevista en el art. 82.5 CE , es decir, el que incluye la facultad 'de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos', pues ello permite al Gobierno, como hemos dicho en la STC 13/1992, de 6 de febrero , la explicitación de normas complementarias a las que son objeto de la refundición, con el fin de colmar lagunas, y en todo caso le habilita para llevar a cabo una depuración técnica de los textos legales a refundir, aclarando y armonizando preceptos y eliminando discordancias y antinomias detectadas en la regulación precedente, para lograr así que el texto refundido resulte coherente y sistemático.».

9.El parámetro de comparación es el texto legal a refundir y el texto legal refundido, no necesariamente cómo el primero fue interpretado por la jurisprudencia. Aquí el artículo 178 bis.3. 4º LC, que solo decir qué créditos debían satisfacerse de forma inmediata para obtener el BEPI directo, sin definir el ámbito de exoneración, que se entendía por exclusión. Ante la ausencia de norma expresa en lo relativo a la extensión de la exoneración en el régimen general, y las quejas de que la regulación era asistemática, el refundidor lo que hace es integrar y armonizar la regulación del sistema general con el sistema especial. Si se entendía que había laguna y falta de sistemática, ésta ha desaparecido.

10. El que no haya seguido el parecer del TS (que lo que hacía era trasladar la solución del BEPI inmediato o directo al BEPI diferido o provisional, no obstante el tenor literal del art 178bis.3. 5º) no significa por ello que el refundidor se haya extralimitado de su delegación.

No habrá tal, según el art 82.5CE, si se limita a regularizar, aclarar o armonizar. Si de las distintas opciones que permite el texto a refundir, el refundidor no se decanta por la acogida por la jurisprudencia, ello no implica per se exceso en la delegación, máxime cuando la interpretación jurisprudencial es ciertamente correctora del texto legal, como se viene a reconocer. El que la jurisprudencia complemente el ordenamiento jurídico ( art. 1.6 CC) no significa que actúe como límite de la función del refundidor, que recordemos, la desempeña por delegación del legislador ( art 82CE). Lo contrario es extender el rol de la jurisprudencia más allá del previsto, con riesgo de alteración del sistema de fuentes de derecho

11. Tampoco la llamada a la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) es argumento concluyente para decantarnos por la tesis mantenida en la sentencia apelada.

No podemos perder de vista que estamos ante una Directiva cuyo plazo de trasposición aún no ha finalizado, al haberse hecho uso de la prórroga anual prevista en el art 35.2 de la Directiva, que se agotará el próximo 17 de julio. En consecuencia, como dice la STJUE de 18 de diciembre de 1997 (asunto C-129/96) si bien antes de expirar el plazo de adaptación del Derecho interno, los Estados miembros deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva, reseña que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si estas circunstancias concurren en el caso de las disposiciones nacionales cuya legalidad debe examinar. A tal efecto apunta que

'podría tener en cuenta la facultad de que dispone un Estado miembro para adoptar disposiciones provisionales o dar ejecución a la Directiva por etapas. En tal caso, la incompatibilidad de las disposiciones transitorias del Derecho nacional con la Directiva o la no adaptación del ordenamiento jurídico interno a determinadas disposiciones de la Directiva no comprometería necesariamente el resultado prescrito por ésta'.

No apreciamos qué obstáculos existen en este caso para que el legislador no acuda a la fórmula del Real Decreto-ley para llevar a cabo la trasposición, como la realidad legislativa nos pone de relieve de forma frecuente en los últimos tiempos, por lo que la invocación de que el TRLC compromete la puesta en marcha de la Directiva es cuanto menos cuestionable

Pero es que en todo caso su valor interpretativo no es tan claro y concluyente como propone la sentencia apelada. Es evidente que estamos ante una Directiva que patrocina los mecanismos de segunda oportunidad a los que está vinculada la exoneración de deudas, pero no lo hace de forma absoluta. Expresamente el art 23 prevé excepciones al acceso a la exoneración, y en lo que aquí interesa, su apartado 4 habilita a los Estados miembros a excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas. Si bien en la enumeración que contiene no aparece el crédito público, no parece que ello sea obstáculo al no tratarse de una enumeración cerrada, sino ejemplificativa. Tras la corrección de errores de la Directiva publicada en Diario Oficial de la Unión Europea L 43/94 de 24.2.2022 el precepto lo que dice es

«Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, como en los siguientes casos:».

Y aunque evidentemente no constituye norma vinculante, no podemos dejar de mencionar que el proyecto de ley que se está ahora tramitando en el Congreso para trasponer la Directiva contempla como una de las excepciones a la exoneración el crédito publico, al solo prever como exonerable un importe máximo de 1000€ (art 489 proyectado)

Al margen queda el juicio de oportunidad que pueda merecer esta norma proyectada o la norma vigente del TRLC. Si existe o no sobreprotección del crédito público es una decisión que escapa del control judicial. Lo impone el respeto al principio de legalidad consagrado en al art 1, 9 y 117 CE

12. Finalmente carece de peso la invocación por el concursado en su oposición al recurso del Real Decreto Ley 5/2021.Lo que prevé en los apartados 3 y 4 del art 16 son especialidades en los casos de recuperación de los avales liberados al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio ('3. En caso de declaración de concurso del deudor avalado será de aplicación, las reglas generales de representación y defensa en juicio establecidas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Los créditos derivados de la ejecución de estos avales podrán quedar afectados por los acuerdos extrajudiciales de pagos y se considerarán pasivo financiero a efectos de la homologación de los acuerdos de refinanciación.

Asimismo, si el deudor reuniera los requisitos legales para ello, el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho se extenderá igualmente a los citados créditos.

4. Los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales otorgados al amparo de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso del deudor avalado) queen todo caso lo que supondría es la necesidad de previsión específica para exonerar el crédito público, al ser la regla general consagrada en el TRLC su no exoneración

13. La conclusión de lo dicho es que no compartimos la interpretación sostenida en la sentencia apelada, que, so pretexto de ser más favorable al instituto de la exoneración de deudas, nos resulta voluntarista. Violenta el TRLC al dejar de aplicarlo, sin que se pueda soportar en una jurisprudencia nacida en un marco normativo distinto y que por ello no entendemos trasladable al vigente, y, en consecuencia, estimamos el recurso interpuesto

Quinto - Costas

1. La estimación del recurso conlleva la no imposición de las costas de la alzada al apelante ( art 398LEC)

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos estimar el recurso de apelación formulado por AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia en fecha 27 de mayo de 2021, y debemos revocarla parcialmente en el sentido siguiente: quedan exceptuados del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho los créditos de derecho público y por alimentos

No procede imposición de las costas de la segunda instancia y procede la devolución, en su caso, del depósito para apelar

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACION

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días desde que sea notificada, debiendo consignar la cantidad de 50 € (por cada recurso que se interponga) para su admisión conforme a lo establecido en la D. A. 15ª LOPJ y en su caso, la tasa prevista en la Ley 10/2012.