Sentencia Civil Nº 72/2005, Audiencia Provincial de Melilla, Sección 7, Rec 42/2004 de 24 de Junio de 2005

El Abogado del Estado ve desestimada su apelación sobre acción declarativa de dominio. El recurrente demandado alega la necesidad de contar con la autorización administrativa para la adquisición del dominio, lo que determinaría la nulidad del acto en cuyo merito se base aquél. El requisito previo de la reclamación en vía administrativa, debe ser interpretado con flexibilidad. Para los supuestos de falta de autorización administrativa, la legislación no prevé dicha nulidad radical, establece para dichos incumplimientos sanciones de multa, o la posibilidad de demolición de las obras o la expropiación de las fincas adquiridas. La justificación de la autorización administrativa significa que la Administración ejerce un control o vigilancia de los actos y contratos relativos a bienes inmuebles localizados en zonas del territorio declaradas de interés para la defensa nacional, con independencia de la nacionalidad de los otorgantes, pero sin que afecte a la validez y existencia de los contratos, que nacen cuando concurran los requisitos del art. 1261 C. C. La falta de autorización administrativa en los actos o negocios que la exigen no provoca la nulidad radical de los mismos.