Sentencia Civil Nº 72/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 12, Rec 651/2010 de 08 de Febrero de 2011

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  • Ponente: Martin Villa, Pascual
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  • Núm. Cendoj: 08019370122011100092

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN DOCE

ROLLO Nº 651/2010-B

JUICIO ORDINARIO Nº 192/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DEL PRAT DE LLOBREGAT

S E N T E N C I A Nº 72/11

Ilmos. Sres.

D. JUAN MIGUEL JIMÉNEZ DE PARGA GASTÓN

D. PASCUAL MARTÍN VILLA

D. JOAQUÍN BAYO DELGADO

En la ciudad de Barcelona, a ocho de febrero de dos mil once

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Doce de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario nº 192/2009, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 del Prat de Llobregat, a instancia de D. Juan Pablo representado por el Procurador D. Pedro Moratal Bohigues, contra Dª. Matilde representada por el Procurador D. Álex Martínez Batlle y dirigida por el Letrado D. Pedro Azuara Paris; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia dictada en los mismos el día 29 de Enero de 2010, por el Juez del expresado Juzgado.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda de Juicio Ordinario, en reclamación de cantidad, promovido por el Procurador de los Tribunales sr. Moratal Bohigues, en representación de D. Juan Pablo , contra Dª. Matilde , condeno a que dicha demandada satisfaga a la actora la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (4.582,22 euros), con más los intereses legales a contar desde la interposición de la demanda. Siendo que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 11 de noviembre de 2010.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. PASCUAL MARTÍN VILLA.

Fundamentos

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, en la medida que no vengan contradichos por los que a continuación se expresan con ese mismo carácter, y

PRIMERO. - Por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 del Prat de Llobregat se dictó sentencia en fecha 29 de enero de 2010 mediante la que se estimó en parte la demanda de reclamación de cantidad formulada por Don Juan Pablo y se condenó a la demandada, Doña Matilde , a que le satisfaga la suma de 4.582,22 euros, más los intereses legales a contar desde la interposición de la demanda.

Frente a la expresada resolución se alzó Doña Matilde interesando su revocación y, en consecuencia, se desestime la demanda interpuesta por su ex-consorte, condenándole, además, al pago de las costas procesales de la primera instancia.

Don Juan Pablo se opuso al recurso formulado de contrario interesando su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida, con una expresa condena a Doña Matilde de las costas procesales tanto de esta instancia como de la primera (sic).

SEGUNDO.- Como antecedentes necesarios para proceder al análisis del presente recurso de apelación, se han de tener en cuenta los siguientes:

Don Juan Pablo interpuso demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad contra la ahora recurrente, Doña Matilde , en la que solicitaba se condenase a ésta al pago de 6.081,22 euros, con sus correspondientes intereses a partir de la interposición de la demanda, justificando dicha reclamación con toda una prueba documental consistente en diversos ingresos efectuados desde el mes de Noviembre del año 2006 hasta Noviembre de 2008 en una cuenta corriente de la que era titular Doña Matilde en la Caixa Sabadell; cuenta ésta en la que, además, ingresaba Don Juan Pablo las cantidades a las que venía obligado en virtud del convenio regulador suscrito por los otrora consortes y homologado judicialmente por sentencia de divorcio de fecha 26 de Julio de 2006 .

La parte demandada -ahora recurrente- se opuso a lo anterior arguyendo que las cantidades entregadas no lo fueron como consecuencia de un contrato de préstamo sino en concepto de alimentos en su sentido más amplio, con destino al consumo de los hijos del matrimonio; esto es, una ayuda familiar adicional a la pensión alimenticia cuyo importe fijado en el convenio regulador se demostró del todo insuficiente.

El Juzgado de Primera Instancia, tras un análisis de la prueba practicada, concluyó estimar la primera reclamación de Don Juan Pablo (que es la que interesa a los efectos del presente recurso de apelación) y declarar subsistente el derecho de crédito en su favor frente a Doña Matilde por la cantidad prestada.

TERCERO.- Como a continuación se evidenciará, la conclusión a la que se llega en la sentencia de primera instancia resulta certera; pese a ello, es posible observar en dicha resolución una deficiente construcción en lo que hace a la presunción de onerosidad, que, como afirma la doctrina de la denominada jurisprudencia menor, constituye el supuesto normal de todo desplazamiento patrimonial.

Basta una simple lectura del contenido de los arts. 385 y 386 de la LEC para comprender que las denominadas presunciones judiciales no pueden transcender más allá del proceso en el que han sido establecidas; esto es, no cabe, por tanto, formular peligrosas transpolaciones como la expresada en FJ tercero de la sentencia del primer grado; máxime cuando la presunción de onerosidad -que subyace en cualquier desplazamiento patrimonial- aunque no desaparezca, se flexibiliza en el ámbito de las relaciones familiares.

Dicho lo anterior, y entrando ya en el análisis del recurso interpuesto por Doña Matilde , se arguye por ésta que en la resolución recurrida no se ha considerado acreditado el concepto o destino de alimentos que por ella se ha mantenido respecto de los ingresos hechos por Don Juan Pablo ; y que, sin embargo, no se ha seguido el mismo criterio en el caso de este último, siendo precisamente a él como demandante -y no a ella- al que le incumbía la carga de la prueba.

No le asiste la razón a la recurrente. Indudablemente, la prueba de la existencia del préstamo le corresponde al demandante, quien ha acreditado en lo actuado, por medio de la documental acompañada con su escrito de demanda, la entrega de dinero a su ex-consorte. Ahora bien, la carga de la prueba de la gratuidad de dicha entrega incumbe a quien la alega; en este caso, a la demandada y ahora recurrente, Doña Matilde .

Y así, aunque la estima o el afecto (en este caso, de Don Juan Pablo ) pudieran encontrarse en la raíz del animus donandi inherente a cualquier clase de donación, ello no es suficiente para presumir su existencia, ya que es reiterada la doctrina del TS, así como de la denominada jurisprudencia menor, que señala que el que se dice donatario y se opone, por tanto, a la conceptuación del acto o negocio jurídico que como préstamo se verifica por el demandante, le incumbe la carga de probar cumplidamente que las entregas de dinero le fueron efectuadas a título gratuito, toda vez que el animus donandi no se presume, siendo necesario acreditar de manera suficiente la gratuidad del acto o negocio jurídico de que se trate.

En el acto del juicio, estos ingresos de Don Juan Pablo son conceptuados por Doña Matilde como entregas de dinero pactadas con su ex-consorte para ayudarla a sufragar los gastos por suministros de la vivienda, luz, agua, gas y teléfono, ya que en los meses de invierno -afirmó- sólo de gas satisfacía la suma de 300 euros.

Ello, sin embargo, es rebatido en dicho acto de juicio por Don Juan Pablo , en el sentido de que esos ingresos mensuales respondían a un préstamo verbal concertado con su ex-consorte para satisfacer el pago de la hipoteca que gravaba la vivienda de su propiedad, por cuanto él por otro lado, ya satisfacía la pensión de alimentos en favor de sus hijos, así como la mitad de sus gastos escolares (incluido el material necesario) y médicos, a lo que venía obligado por el convenio regulador aprobado judicialmente tres meses antes de comenzar a realizarse los referidos ingresos en la cuenta bancaria de Doña Matilde .

La reiterada doctrina jurisprudencial ha sentado que la donación es un negocio jurídico por el cual una persona, por voluntad propia, con ánimo de liberalidad (animus donandi), se empobrece en una parte de su patrimonio en beneficio de otra que se enriquece en el otorgamiento. Su causa -por tanto- está constituida por la mera liberalidad, en términos tales que el enriquecimiento del donatario constituye el fin esencial del contrato, y si la liberalidad aparece como el aspecto objetivo de éste, del mismo modo y, bajo el aspecto subjetivo, a la intención de favorecer del donante debe corresponder correlativamente la del donatario de aceptar a título de liberalidad la atribución patrimonial, puesto que el disenso en la causa impediría la perfección del contrato; todo lo que viene complementado a los efectos que nos ocupan, con el principio de que un negocio jurídico tan solo es calificado de gratuito, si consta la causa de liberalidad, probándose el animus donandi; lo que, evidentemente, en el caso enjuiciado no se ha acreditado por la recurrente, debiendo sufrir por todo ello las consecuencias perjudiciales de tal falta de prueba.

Así las cosas, se hace preciso concluir que estas entregas o anticipos verificados por el demandante-recurrido lo eran con el ánimo de que fuesen restituidas en su momento u oportunidad por Doña Matilde , habida cuenta del grado de confianza existente entre dos personas que estuvieron unidas en su día por un vinculo matrimonial.

Por ello, sin necesidad de otros razonamientos, se está en la tesitura de tener que desestimar el recurso de apelación formulado.

TERCERO.- Pese a la desestimación del recurso que habrá de pronunciarse en la parte dispositiva de la presente resolución, atendidas las serias dudas de hecho (resueltas en esta sede jurisdiccional) que la cuestión planteada suscita, no habrán de serle impuestas a la recurrente las costas procesales de la presente alzada; y todo ello, con arreglo a lo preceptuado en los artículos 398.1 y 394.1 de la LEC.

VISTOS los mencionados preceptos y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Álex Martínez Batlle, en nombre y representación de Doña Matilde , y debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 del Prat de Llobregat en fecha 29 de Enero de 2010 . Todo lo que se pronuncia sin verificar una expresa imposición a la recurrente de las costas procesales ocasionadas en la tramitación de la presente alzada.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del número 3º del artículo 477.2 LEC. También cabe recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente (DF. 16ª, 1.3ª LEC). El/los recurso/s debe/n ser preparado/s ante esta Sección en el plazo de CINCO DÍAS.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.

Resolución recurrida
Reclamación de cantidad
Animus donandi
Entrega de dinero
Intereses legales
Interés legal del dinero
Negocio jurídico
Pensión por alimentos
Carga de la prueba
Prueba documental
Cuenta corriente
Resolución judicial divorcio
Contrato de préstamo
Práctica de la prueba
Donatario
Derecho de crédito
Presunción judicial
Donación
A título gratuito
Pago de la hipoteca
Gastos escolares
Convenio regulador aprobado judicialmente
Cuentas bancarias
Voluntad
Donante
Perfeccionamiento del contrato