Sentencia Civil Nº 734/2011, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6, Rec 725/2011 de 16 de Diciembre de 2011

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 16 de Diciembre de 2011
  • Tribunal: AP - Valencia
  • Ponente: Ferragut Perez, Maria Eugenia
  • Núm. Sentencia: 734/2011
  • Núm. Recurso: 725/2011
  • Núm. Cendoj: 46250370062011100730

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

SECCION SEXTA

Rollo de apelación nº 725/2.011

Procedimiento Ordinario nº 187/2.011

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Picassent

SENTENCIA Nº 734

ILUSTRISIMOS

PRESIDENTE

DON VICENTE ORTEGA LLORCA

MAGISTRADOS

DOÑA MARÍA MESTRE RAMOS

DOÑA MARÍA EUGENIA FERRAGUT PÉREZ

En la ciudad de Valencia a dieciséis de diciembre del año dos mil once.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Magistrados anotados al margen, ha visto el presente recurso de apelación que se ha interpuesto contra la sentenciade fecha 26 de Mayo de 2.011 que ha recaído en los autos cuya referencia se ha hecho constar.

Han sido partes en el recurso, como apelante, la parte demandada Maderas Brico Markt S.A. y Mapfre Seguros representada por doña Ana Garrigós Soriano Procuradora de los Tribunales y asistida por don José Vives Zapater Letrado, y, como apelado la parte demandante D. Casiano , representada por doña Paula García Vives Procuradora de los Tribunales y asistida por don Antonio Catena Molina Letrado.

Es Ponente Dña. MARÍA EUGENIA FERRAGUT PÉREZ, quien expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la resolución impugnada, dice:

" Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. García Vives, en nombre y representación de D. Casiano , contra la empresa MADERAS BRICO MARKT, S.A. y la Compañía de Seguros MAPFRE EMPRESAS, S.A., representadas por la Procuradora Sra. Garrigós Soriano, DEBO CONDENAR Y CONDENO a dichos demandados solidariamente a abonar a D. Casiano la suma de SIETE MIL CIENTO SETENTA EUROS (7.170 €.-) y todo ello sin efectuar expresa imposición de las costas.

La compañía de Seguros Mapfre Empresas, S.A., abonará a la actora los intereses de mora que se fijarán en base al tipo de interés anual igual al legal del dinero vigente en el momento del devengo, incrementado en un cincuenta por ciento (50%), desde la fecha del siniestro hasta el definitivo y efectivo pago. Dicho interés será el del veinte por ciento (20%) a partir de la fecha en la que hayan transcurrido dos años desde que se produjo el accidente.

Respecto del otro demandado, deberá pagar el interés legal del dinero sobre la cantidad de la condena desde la fecha de interposición de la demanda de conformidad con lo establecido en los artículos 1.100 , 1.101 y 1.108 del Código Civil . "

SEGUNDO.- Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte demandada que tras exponer los motivos y fundamento de su recurso, pidió que se dicte sentencia que revoque la de instancia y estime parcialmente la demanda por falta de legitimación activa respecto a la cuantía de 4.262,49 euros y determine que el importe que corresponde satisfacer es el de 6.000 euros al que se allanó, descontando la cuantía indicada, y con imposición de costas.

La parte apelada presentó escrito por el que se opuso al recurso presentado por la contraparte y pidió su desestimación.

TERCERO .- El recurso se tramitó por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma prevista en los artículos 457 y siguientes de la LEC , después de lo cual se remitieron los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente rollo de apelación y se señaló para deliberación y votación el 12 de Diciembre de 2.011 en que ha tenido lugar.

Fundamentos

Se aceptan los de la resolución impugnada, sólo en cuanto no se opongan a los de esta.

PRIMERO .- En el primero de los motivos de su recurso, la apelante alega falta de legitimación activa del demandante en la cuantía de 4.262,49 euros, porque con posterioridad a que se haya dictado sentencia Mapfre ha sido emplazada para comparecer en juicio verbal 802/2010 interpuesto por Axa que reclama el importe de la indemnización satisfecha a su asegurado, demandante en el presente procedimiento por motivo del siniestro objeto de autos, circunstancia que el actor ocultó.

La alegación del apelante es una cuestión nueva que, al no haber sido traída a colación en la instancia, no ha podido ser examinada por la resolución recurrida. Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1999 , la doctrina jurisprudencial viene declarando que los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes les hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso.

Así lo exigen los principios de rogación ( Sentencias 15 de diciembre de 19844 de julio 1986 , 14 mayo 1987 , 18 mayo y 20 septiembre 1996 , 11 junio 1997 ), y de contradicción ( SS. 30 enero 1990y 15 abril 1991 ), por lo que el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes, de conformidad con la regla "iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium" ( SS. 19 octubre 1981 y 28 abril 1990 ), sin que quepa modificar los términos de la demanda (prohibición de la "mutatio libelli", S. 26 diciembre 1997 ), ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia ("pendente apellatione nihil innovetur", SS. 19 julio 1989 , 21 abril 1992 y 9 junio 1997 ).

La alteración de los términos objetivos del proceso genera una mutación de la "causa petendi", de conformidad con la doctrina jurisprudencial que veda, en aplicación del art. 359 LECiv 1881 ( artículo 412 de la vigente LEC ) resolver planteamientos no efectuados ( SS. 8 junio 1993 ; 26 enero , 21 mayo y 3 diciembre 1994 ; 9 marzo 1995 ; 2 abril 1996 , 19 diciembre 1997 y 21 diciembre 1998 ), sin que quepa objetar la aplicación del principio "iura novit curia", cuyos márgenes no permiten la mutación del objeto del proceso, o la extralimitación en la causa de pedir ( SS. 8 junio 1993 , 7 octubre 1994 , 24 octubre 1995 y 3 noviembre 1998 .

Siquiera la apelante ha podido acreditar que tuviera noticia de la demanda después de que se dictara sentencia ni dentro del plazo para que la misma fuera dictada, momento hasta el cual la LEC le permite aportar prueba cuando se tata de hechos de nueva noticia.

Por ello, el motivo ha de ser desestimado.

SEGUNDO .- Por otra parte, el apelante manifiesta su disconformidad con la valoración del quatum imdemnizatorio hecho en la sentencia apelada, porque sostiene que si se quiere hallar una media aritmética deberá tomarse como valor no el del allanamiento sino el de peritación.

La sentencia apelada aplicó un criterio intermedio para calcular la indemnización que halló a medio camino entre la suma reclamada por el demandante (8.990 euros) y la ofrecida por la demandada (6.000 euros) y siguiendo la STS de 28 de mayo de 1.999 tomó en consideración el valore venal del vehículo siniestrado (4.780 euros) y lo incrementó en un 50%. Es decir, no partió del importe de los 6.000 euros a cuyo pago se allanó la demandada.

Al respecto y teniendo en cuenta lo ya resuelto por esta Sala, entre otras en Sentencia núm. 473 de fecha a 14 de junio de 2001 o de 30 de Diciembre de 2.002 entre otras, y en las que se dijo:" En sentencia núm. 342, de 1 de junio de 1994, rollo núm. 827/1993 , dijimos "La finalidad y el contenido de la obligación de "reparar el daño causado", a que se refiere el artículo 1. 902 del Código Civil , es restaurar el patrimonio del perjudicado, de modo que éste resulte incólume a los efectos del acto imprudente. En su consecuencia, los límites cuantitativos de esa obligación alcanzarán allá a donde lleguen esos efectos que deben ser eliminados en su traducción económica. La proyección de esa doctrina sobre la reparación de los daños materiales, cuando el monto de la reparación supera al del valor venal del objeto dañado -generalmente un vehículo, como ocurre en el caso de autos-, exige tomar en consideración diversos elementos que con variable entidad pueden concurrir. Por un lado, el valor real del objeto antes de que se produjera la acción imprudente, éste habrá de ser la referencia objetiva que determine el puro alcance crematístico del patrimonio del perjudicado. En segundo lugar, el importe de reparación y su relación con el valor de la cosa, pues si aquel no fuera excesivamente superior, aunque resultara mayor, habría que optar por la reparación. En tercer lugar, el hecho de si la reparación fue verdaderamente efectuada o no, pues si, aún siendo superior en exceso el importe de ésta, el gasto se hubiera realizado de buena fe por el perjudicado, no podría decirse que el desembolso hecho por él no tenía como causa el acto imprudente que dio lugar a aquélla. En cuarto lugar, la incomodidad producida al sujeto pasivo por la desposesión del uso útil del objeto dañado durante el tiempo necesario para su reparación o sustitución, que es un concepto también evaluable. En quinto lugar, el valor de afección que para él tenía ese concreto objeto, pues, siendo los seres humanos capaces de crear especiales vínculos de relación con objetos determinados, sobre todo los de uso más personal -entre los que, sin duda, se hallan los vehículos de motor- no resulta indiferente ni produce igual satisfacción disponer de uno que de otro. Por último, habrán de ser tenidos en cuenta los gastos colaterales realizados por el perjudicado, respecto de los cuales deberá predicarse la vinculación con el evento dañoso, su necesariedad y su proporcionalidad".

Y desde esa perspectiva, compartimos los razonamientos de la sentencia apelada que partiendo del valor venal del vehículo siniestrado lo incrementó en un 50% teniendo en cuenta las dificultades del demandante de encontrar un vehículo de similares características en un momento en que desconocía todavía el valor del vehículo siniestrado y que adquirió un vehículo que pudiera serle de la misma utilidad que el siniestrado y que para su adquisición tuvo que desembolsar la suma de 8.990 euros.

Por todo ello, el recurso ha de ser desestimado.

TERCERO .- Debe desestimarse el recurso y conforme a los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de esta alzada se imponen al apelante.

Conforme a la DA decimoquinta de la LOPJ , decretamos la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Fallo

Desestimamos el recurso interpuesto por Maderas Brico Markt S.A. y Mapfre Seguros.

Confirmamos la sentencia impugnada.

3. Imponemos al apelante las costas de esta alzada.

4. Decretamos la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Esta sentencia es firme.

A su tiempo, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales, con certificación de esta resolución para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, lo acordamos y firmamos.

Causa petendi
Falta de legitimación activa
Comparecencia en juicio
Cuantía de la indemnización
Resolución recurrida
Principio iura novit curia
Objeto del proceso
Allanamiento
Valor venal
Daños materiales
Valor real
Buena fe