Sentencia Civil Nº 749/2012, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 843/2012 de 15 de Noviembre de 2012

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  • Núm. Sentencia: 749/2012
  • Núm. Recurso: 843/2012
  • Núm. Cendoj: 30030370042012100739

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00749/2012

Rollo Apelación Civil núm. 843/12

Ilmos. Señores

D. CARLOS MORENO MILLAN

Presidente

D. JUAN MARTINEZ PEREZ

D. JUAN ANTONIO JOVER COY

Magistrados

En la Ciudad de Murcia, a quince de noviembre de dos mil doce.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial los autos del Juicio de Divorcio que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 9 (Familia) de Murcia, con el núm. 1687/11, entre las partes: como parte actora en primera instancia y apelante en esta alzada, D. Baltasar (N.I.F.: NUM000 ), en ambas instancias representada por la Procuradora Dña. María de las Nieves Martínez Méndez, siendo defendida por la Letrada Dña. María del Carmen Madrid Soto; y como parte demandada en primera instancia y apelada e impugnante en esta alzada: Dña. Juana (N.I.F.: NUM001 ), en ambas instancias representada por la Procuradora Dña. Ana María Galindo Marín, siendo defendida por el Letrado D. José María Molina Gómez, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Ha sido Ponente de esta Sentencia, el Ilmo. Sr. Magistrado, D. JUAN MARTINEZ PEREZ, que expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- Que el Juzgado de instancia citado, con fecha 2 de abril de 2012, dictó en los autos principales de los que dimana el presente Rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así: " Que ESTIMANDO parcialmente la demanda presentada por DON Baltasar contra DOÑA Juana , debo declarar y declaro DISUELTO el matrimonio celebrado entre ambos cónyuges el día 11 de marzo de 1990 en Murcia, acordando como medidas las siguientes; sin hacer expresa condena en costas:

1º.- Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, quedando revocados los consentimientos y poderes que, recíprocamente, pudieran haberse otorgado.

2º.- Se atribuye el uso de la vivienda familiar a la esposa, junto con el ajuar doméstico.

Se atribuye igualmente al esposo, hasta la liquidación de gananciales, el uso del turismo Mercedes, siendo de su cuenta todos los gastos inherentes a seguros, impuestos y mantenimiento durante dicho período de utilización exclusiva.

3º.- La patria potestad será compartida. El hijo menor quedará bajo la guarda y custodia de la madre, estableciéndose en favor del otro cónyuge las visitas y estancias que acuerde con el mismo.

4º.- Se establece en concepto de alimentos para el menor la cantidad de 700 EUROS, la cual será satisfecha exclusivamente por el marido entre los días uno y cinco de cada mes y por anticipado, cantidad que será actualizada anualmente conforme a las variaciones del IPC, de manera automática y sin necesidad de nuevo pronunciamiento judicial (primera actualización, 1º de abril de 2013); sin perjuicio de que los gastos extraordinarios sean satisfechos por mitad. Dicha cantidad se entiende debida desde la presentación de la demanda.

Los gastos extraordinarios deberán ser consensuados por ambos progenitores, debiendo ser notificados previamente a su realización (salvo urgencia inaplazable), entendiéndose aceptados si el contrario no se opusiera en los diez días siguientes. En caso de discrepancia cualquiera de las partes podrá acudir al arbitrio judicial.

5º.- Se establece en concepto de pensión compensatoria para la esposa, a cargo del actor, la cantidad de 750 euros mensuales, la cual será satisfecha exclusivamente por el marido entre los días uno y cinco de cada mes y por anticipado durante diez años, cantidad que será actualizada anualmente conforme a las variaciones del IPC, de manera automática y sin necesidad de nuevo pronunciamiento judicial (primera actualización, 1º de abril de 2013. Dicha cantidad se entiende debida desde la presentación de la demanda. "

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se interpuso recurso de apelación por la Procuradora de los Tribunales Dña. María de las Nieves Martínez Méndez en nombre y representación de D. Baltasar , siéndole admitido, presentando la Procuradora Dña. Ana María Galindo Marín en representación de Dña. Juana , escrito de oposición al recurso formulado de contrario, así como de impugnación de la sentencia dictada. Del anterior escrito de impugnación se le dio traslado a la parte actora, que formulo alegaciones a la misma. Asimismo el Ministerio Fiscal se opuso al recurso formulado por la parte actora, interesando la confirmación de la sentencia. Siendo emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, formándose el presente rollo nº 843/12, designándose Magistrado Ponente por turno, personándose la parte actora ahora apelante y la parte demandada y apelada e impugnante en esta alzada, señalándose Deliberación y Votación para el día 13 de noviembre de 2012.

TERCERO.- Que en la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- En el recurso de apelación interpuesto en nombre de D. Baltasar se pretende que se reduzca la pensión de alimentos establecida en instancia, alegándose error en la apreciación de la prueba; que se han tenido en cuenta para la fijación, los datos económicos de la declaración del año 2009, correspondiente al ejercicio 2008; que cuatro años después la situación es diferente; se hace mención a los saldos que arrojan las cuentas; que en las declaraciones del último trimestre del año 2011 consta acreditado un resultado negativo; en relación con la afirmado en instancia, se indica que constan las declaraciones de la renta de los ejercicios 2008, 2009 y 2010; que se trata de un negocio de cerrajería familiar, que los únicos empleados son el apelante y el hijo mayor, Teodosio ; que no es cierto lo afirmado en instancia, pues en el momento de la interposición de la demanda el salario neto del apelante era de 1.400 €; que tiene alquilado un estudio por el que abona trescientos veinte euros mensuales; que con los ingresos que percibe no puede hacer frente al pago de las pensiones de alimentos y compensatoria.

La sentencia de instancia fija la cantidad de 700 € en concepto de pensión por alimentos para el hijo menor. Se indica que el actor es autónomo en el negocio de cerrajería; que en el ejercicio de 2009 era titular de dos depósitos bancarios que le produjeron unos rendimientos brutos de 793,85 y 3.003,12 euros y de dos planes de pensiones en el Santander y en Cajamar; que en año 2011 mantiene el plan de Cajamar; que ha realizado operaciones de venta y compra de valores por importe de 86.893,90 € y 23.151 €; que adquirió en el año 2009 un turismo Mercedes por 52.000 €; que en la actualidad se desconoce el estado real de su patrimonio; que ha ocultado la información, pero se puede presumir que no declara la totalidad de los beneficios de su actividad empresarial y que tiene capacidad económica para abonar la pensión reclamada en concepto de alimentos.

Que en el anterior motivo se cuestiona el importe de la pensión por alimentos señalada en instancia en favor del hijo, Alejo , y también en la pensión compensatoria, por lo que resulta conveniente referir los datos de naturaleza económica que pueden ser demostrativos de la capacidad económica del actor y apelante, D. Baltasar . Y así resulta:

A) D. Baltasar en su condición de autónomo regenta un negocio de cerrajería, trabajado en éste su hijo mayor, Teodosio . En la declaración del IPRF del ejercicio 2010, por actividad económica declaró unos ingresos por importe de 55.960,34 € y unos gastos deducibles de 38.792,23 €, con un rendimiento neto de 17.168,11 €, y rendimiento de capital mobiliario por importe de 49,61 €. Que en el ejercicio 2009, según información de la Agencia Tributaria, D. Baltasar , por actividades económicas declaró unos ingresos por importe de 86.832,89 € y unos gastos de 23.151,14 €; que percibió por rendimientos de cuentas bancarias el total de 1.099,48 €, con una retención de 197,82 €, y por planes de pensión del Santander y Cajamar se refieren los importes de 750 y 300 €.

C) Consta en los autos que el Sr. Baltasar es titular de varios planes de pensiones del Banco Santander con saldo cero a fecha 1-1-2012, habiendo efectuado un traspaso el 1-1-2008 por importe de 12.167,50 €, y que también es titular de un plan de pensiones en Cajamar, presentando a fecha 31-12-2011 unos derechos consolidados por importe de 18.498,11 €. Asimismo es titular de los vehículos matrículas, .... BJK , matriculado el 10/12/2009, E 250 CD; ....DDD , matriculado el 23-11-2007 y .... VLC , modelo C 180, matriculado el 23/08/2002. Asimismo, consta que D. Baltasar el 29 de agosto de 2011 formalizó un contrato de arrendamiento con D. Nicolas , con un renta mensual de 320 €, obrando aportadas órdenes de pago por transferencia por dicho importe de los meses de noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012.

La determinación de la cuantía de los alimentos, proporcionada al caudal o medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe, art. 146 del CC , es facultad del Juzgador de instancia -y por ende de la presente Sala- ( SSTS 20 diciembre , 28 junio 1951 21 diciembre 1951 , 30 diciembre 1986 , 18 mayo 1987 y 28 septiembre 1989 ). A efectos de la fijación de alimentos, lo que el art. 146 del CC tiene en cuenta no es rigurosamente el caudal de bienes de que pueda disponer el alimentante, sino simplemente, la necesidad del alimentista, puesta en relación, con el patrimonio de quién haya de darlos, cuya apreciación de proporcionalidad, viene atribuida al prudente arbitrio del Tribunal Sentenciador de instancia ( SSTS 6 febrero 1942 , 24 febrero 1955 , 8 marzo 1961 20 abril 1967 , 2 diciembre 1970 9 junio 1971 y 16 noviembre 1978 ) relación de proporcionalidad que en todo caso queda difuminada en el margen de cobertura de las necesidades (alimentación, vestidos, educación ocio, etc., en cuanto elementos integrantes del concepto jurídico de alimentos) del alimentista integrantes del llamado "mínimo vital" o mínimo imprescindible para el desarrollo de la existencia del mismo en condiciones de suficiencia y dignidad.

La sentencia de ésta Sala de fecha 26 de febrero de 2009 declara "que la fijación del importe de la pensión económica en materia de familia ha de hacerse teniendo en cuenta los ingresos reales, no los declarados fiscalmente, y que determinar quien tiene la carga de la prueba debe hacerse partiendo de quien tiene la disponibilidad y facilidad de tales medios acreditativos, tal y como resulta de los artículos 770.1.1 º y 217 de la LEC " . Las dudas sobre la capacidad económica del demandado ante la falta de actividad probatoria por su parte y la actitud obstruccionista desplegada no puede sino resolverse en contra, tal y como establecen los artículos 217 . 1307 de la LEC .

Que a la vista de los datos antes referidos, se considera que los ingresos reales del actor y apelante, D. Baltasar , son superiores a la cantidad de 1.430 € mensuales que se refiere en la demanda y se reitera en el recurso de apelación, sin embargo se estima que, en efecto, los ingresos actuales procedentes de su actividad negocial son inferiores a los percibidos en los años 2009 y 2010 por la situación de crisis económica actual, y más concretamente por la crisis que atraviesa el sector relacionado con el negocio que regenta el actor, por lo que se considera que la pensión por alimentos del hijo, Alejo , de 18 años, en la actualidad, se debe reducir a la cantidad de 450 € mensuales, pues ésta se ajusta mejor al principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 146 del Código Civil , ya que la capacidad económica del actor le permite hacer frente al abono de la misma, no obstante el gasto que soporta por alquiler de vivienda, y por otra parte también se considera que la misma es suficiente para satisfacer las necesidades del hijo, derivadas del derecho de alimentos de que es titular, con la extensión que se definen éstos en el artículo 142 del Código Civil , y ello teniendo en cuenta que tampoco se ha acreditado que las necesidades del menor sean más elevadas que las ordinarias y habituales en función del nivel económico y social en que se ha desenvuelto la relación familiar, debiéndose poner de manifiesto que la madre y demandada, Doña Juana , no ha intentado concretar ni cuantificar el importe aproximando a que asciende dichas necesidades, como se desprende del escrito de contestación a la demanda y de oposición al recurso.

SEGUNDO.- El segundo motivo del recurso formulado en nombre de D. Baltasar se refiere a la pensión por desequilibrio económico, pretendiéndose que se rebaje la fijada en instancia y la temporalidad de la misma, indicándose que la Sra. Juana tiene 47 años, buen estado de salud, que se puede incorporar al mercado de trabajo, que antes del matrimonio trabajó en un negocio familiar en la Estación de Autobuses; que se debe fijar un período de duración de tres años, pues es suficiente para su incorporación al mercado laboral, siendo absolutamente desproporcionada la señalada en instancia por un período de diez años y por una cuantía de 750 € y que los ingresos actuales del Sr. Baltasar no llegan ni tan siquiera a los 1400 €.

La representación de Doña Juana impugna la sentencia de instancia, pretendiéndose que la pensión por desequilibrio económico se fije con carácter indefinido, alegándose como motivo error en la apreciación de la prueba, indicándose que la impugnante tiene 47 años, nula formación académica y profesional y la dificultad para el acceso al mercado laboral, por lo que es de prever que no va a poder procurarse un medio de vida; que en caso de una hipotética obtención de empleo, el Sr. Baltasar puede solicitar la extinción del derecho de la pensión por cambio de circunstancias, citándose en apoyo de su pretensión diversas resoluciones judiciales.

Se establece en instancia por pensión compensatoria para la esposa la cantidad de 750 € mensuales durante un período de diez años. Se indica en relación con ésta, la total ausencia de recursos económicos de la esposa, que está y ha estado dedicada al cuidado de la progenie; que ha sido el esposo durante los veintiún años de convivencia el que ha atendido las necesidades de la familia, existiendo una situación de desequilibrio patrimonial que hay que corregir, estimándose adecuada la cantidad de 750 € durante un período de diez años.

El artículo 97 del Código Civil establece: " El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

La STS de 3-10-2008 declara: " Primero.- Que presupuesto básico para la concesión o reconocimiento de la pensión es la existencia de un desequilibrio económico entre los cónyuges provocado por la ruptura conyugal que determine, para el acreedor de la pensión, un empeoramiento con relación a la situación de la que disfrutaba en el matrimonio, (y no una situación de necesidad, por lo que compatible su percepción incluso en caso de contar con medios económicos para subsistir), siendo necesariamente al tiempo de producirse la ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver tanto lo referente a si procede o no reconocer el derecho y en qué cuantía, como además, sobre su duración indefinida o su fijación con carácter temporal. Segundo.- Que partiendo de la concurrencia de desequilibrio, en la medida que la ley no establece de modo imperativo el carácter indefinido o temporal de la pensión, su fijación en uno y otro sentido dependerá de las específicas circunstancias del caso, particularmente, las que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, siendo única condición para su establecimiento temporal que no se resienta la función reequilibradora que constituye su razón de ser" .

En cuanto a la pensión compensatoria, y en relación con las cuestiones planteadas por ambas partes litigantes, hay que indicar con carácter previo, que el reconocimiento de la pensión compensatoria y los presupuestos exigidos por el artículo 97 del Código Civil no se han cuestionado en esta alzada en el recurso interpuesto en nombre de D. Baltasar .

Hecha la anterior consideración, procede rebajar la pensión compensatoria a la cantidad de 500 €, pues se estima que la señalada en instancia, por importe de 750 €, es excesiva y desproporcionada, en función de la capacidad económica del obligado a satisfacerla, ello teniendo el gasto que éste soporta por alquiler, la cantidad que tiene satisfacer por sus alimentos y que los ingresos en la actualidad son inferiores a los de los ejercicio 2009 y 2010, cuyos datos obran en autos, como se ha indicado en el anterior fundamento, y además porque se estima que la cantidad de 500 € es suficiente para restablecer el desequilibrio económico producido por la ruptura matrimonial, no habiendo lugar a rebajar la pensión a la cantidad que se pretende por parte de D. Baltasar , ya que la misma es manifiestamente insuficiente. Por otra parte, se considera que la limitación temporal por diez años, señalada en instancia, es razonable y está justificada, no habiendo lugar a reducirla a un período de tres años y ni fijarla con carácter indefinido, y ello teniendo en cuenta el tiempo de duración del matrimonio, veintiún años, y la edad de Doña Juana , 48 años, así como el hecho que el período de diez años se considera suficiente para que Doña Juana pueda superar la situación de desequilibrio económico provocada por la ruptura matrimonial, pues, por razón de su edad y por el hecho de que no consta que padezca enfermedad o limitación alguna, es razonable que durante el período de diez años pueda integrarse en el mercado laboral, no estando justificado por las razones antes expuestas el establecer dicha pensión con carácter indefinido.

En atención a lo expuesto en este y en el anterior fundamento procede estimar en parte el recurso de apelación interpuesto en nombre de D. Baltasar , no habiendo lugar a la impugnación formulada en nombre de Doña Juana .

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 de la LEC no hay lugar a un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas devengadas por el recurso de apelación interpuesto en nombre de D. Baltasar , ni tampoco a las devengadas por la impugnación formulada por Doña Juana , no obstante desestimarse la impugnación, y ello al amparo de la facultad que confieren los artículos referidos, y ello en base a las dudas de hecho que puede plantear la cuestión formulada en la impugnación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso la impugnación formulada por la Procuradora Dña. Ana María Galindo Marín en representación de Dña. Juana .

Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por la Procuradora de los Tribunales Dña. María de las Nieves Martínez Méndez en nombre y representación de D. Baltasar , debemos revocar y revocamos en parte la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 9 (Familia) de Murcia en fecha 2 de abril de 2012 , en los autos de Juicio de Divorcio seguidos ante el mismo con el número 1687/11, en cuanto por la presente se acuerda rebajar la pensión por alimentos que debe satisfacer D. Baltasar a su hijo a la cantidad de 450 €, con efectos desde la fecha de la presente, manteniéndose lo acordado en instancia en cuanto a la actualización y la fecha de pago, y asimismo se fija la pensión compensatoria que debe satisfacer D. Baltasar a Doña Juana en la cantidad de 500 € mensuales durante un período de diez años, con efectos desde la presentación de la demanda, manteniéndose lo acordado en instancia en cuanto a la actualización y la fecha de pago. En todo lo demás, se mantiene el pronunciamiento de instancia. No hay lugar a un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas del recurso de apelación y de impugnación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta Sentencia cabe interponer los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el plazo de VEINTE días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J ., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente 3107 indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" seguida del código "06 Civil-Casación" o "04 Civil-Extraordinario por infracción procesal". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "06 Civil-Casación" o "04 Civil-Extraordinario por infracción procesal".

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Pensión por alimentos
Capacidad económica
Pensión compensatoria
Error en la valoración de la prueba
Alimentista
Desequilibrio económico
Hijo menor
Depósitos bancarios
Compra de valores
Actividades empresariales
Cuentas bancarias
Traspaso
Orden de pago
Contrato de arrendamiento
Alimentante
Fijación pensión alimentos
Mínimo vital
Carga de la prueba
Alimentos del hijo
Derecho de alimentos
Arrendamiento de vivienda
Necesidades de los hijos
Disolución del matrimonio
Divorcio
Reconocimiento de la pensión compensatoria
Duración del matrimonio