Sentencia Civil Nº 84/2012, Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 4, Rec 676/2011 de 28 de Febrero de 2012

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  • Núm. Recurso: 676/2011
  • Núm. Cendoj: 38038370042012100076

Encabezamiento

SENTENCIA

Rollo núm. 676/11.

Autos núm. 1370/10.

Juzgado de 1a Instancia núm. 6 de Santa Cruz de Tenerife.

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE

Don Pablo José Moscoso Torres.

MAGISTRADOS

Don Emilio Fernando Suárez Díaz.

Dona Pilar Aragón Ramírez.

=============================

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho de febrero de dos mil doce.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres. antes resenados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1a Instancia núm. 6 de Santa Cruz de Tenerife, en los autos núm. 1370/10, seguidos por los trámites del juicio ordinario, sobre tercería de mejor derecho y promovidos, como demandante, por la entidad CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, en la actualidad BANCA CÍVICA S.A., representada por el Procurador don Jorge Lecuona Torres y dirigida por la Letrada dona Rita N. Miranda de León, contra la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representada y dirigida por la Letrada de la Seguridad Social, ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente el Magistrado don Pablo José Moscoso Torres, con base en los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.

SEGUNDO.- En los autos indicados la Ilma. Sra. Magistrada-Juez dona María Carmen Serrano Moreno, dictó sentencia el cuatro de mayo de dos mil once, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO Que debo estimar y estimo la tercería de mejor derecho presentada por la Caja General de Ahorros de Canarias contra la tesorería General de la Seguridad social, reconociendo la preferencia del crédito del actor sobre el crédito del acreedor ejecutante (tesorería general de SS), y el mejor derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia al crédito del acreedor ejecutante, con expresa imposición de costas a la parte demandada. ».

TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandada, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en el que solicitaba que se tuviera por preparado recurso de apelación contra tal resolución, petición a la que se accedió por el Juzgado que acordó, además, emplazar a dicha parte por veinte días para la interposición de tal recurso; en el plazo conferido, se interpuso por escrito dicho recurso con exposición de las alegaciones en que se fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandante, la entidad mercantil CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, presentó escrito de oposición al mencionado recurso.

CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición al mismo a esta Sala, se acordó incoar el presente rollo y designar Ponente; seguidamente se senaló el día quince de febrero del ano en curso, para la deliberación, votación y fallo del presente recurso, en el que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- 1. La sentencia apelada estimó la demanda de tercería de mejor derecho deducida por la Caja General de Ahorros de Canarias (en la actualidad Banca Cívica S. A.) y vino a reconocer el mejor derecho de esta entidad a resarcirse del crédito que ostenta frente a Viajes Tabona S.L. con cargo a las participaciones de esta sociedad en el Fondo de Inversión Cajacanarias Dinero F.I, pignoradas en garantía del préstamo personal concertado por ambas el 6 de septiembre de 2006, frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, que había embargado dichas participaciones el día 8 de abril de 2010 en el expediente de apremio 38 03 08 00226932 seguido contra Viajes Tabona por impago de cuotas y demás recursos.

2. Dicha resolución ha sido apelada por la Tesorería demandada que, en esencia, alega como motivos del recurso que la preferencia declarada reclama la existencia de un crédito vencido, líquido y exigible entre el deudor y aquel que interpone la tercería, lo que no es el caso, pues el préstamo garantizado con la pignoración del fondo de inversión vencía en septiembre de 2011, siendo el embargo anterior a esta fecha; en segundo lugar, que toda prenda sobre bienes muebles, incluidos las participaciones de fondos de inversión, han de ser necesariamente inscritas en el Registro para surtir efectos frente a terceros.

3. La entidad tercerista se ha opuesto al recurso presentado, refutando sus argumentos, y solicita la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- 1. La parte apelante cita en su primera alegación (párrafo cuarto) y en apoyo de su tesis, la sentencia del Juzgado de 1a Instancia núm. 10 de esa Capital de 3 de diciembre de 2010 que, ante un supuesto de hecho idéntico, llegó a la misma conclusión que se defiende en el recurso y desestimó la demanda de tercería que era objeto de ella.

2. Sin embargo, esa sentencia fue objeto de un recurso de apelación del que conoció esta misma Sección 4a que dictó sentencia el día de octubre de 2011, en el rollo núm. 393/11, que revocó la del Juzgado .

Pues bien dicha sentencia de esta misma Sección contiene, en lo que aquí importa, los siguientes fundamentos de derecho:

"PRIMERO.- 1. La sentencia apelada desestimó la demanda de tercería presentada por el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA); en ella pretendía, en función de los términos en los que finalmente fue admitida, que se declarase su derecho preferente al cobro del importe de las obligaciones contraídas por la entidad CONSTRUCCIONES IGLESIAS RANA, S.L en la escritura de préstamo hipotecario otorgada el día 1 de junio de 2009, sobre el saldo de la imposición/libreta de ahorros que esta entidad mantenía en una sucursal del mencionado Banco, saldo que había sido objeto de pignoración en póliza suscrita el mismo día con intervención notarial para garantizar el cumplimiento del referido préstamo, frente al embargo trabado por la Tesorería demandada sobre la citada cuenta, acordado el día 28 de julio de 2009 en el procedimiento de apremio (expediente38 06 09 00099695) seguido para el cobro de determinadas cuotas adeudadas por la citada entidad.

2. Dicha resolución entiende, en primer lugar, que no es un requisito constitutivo del derecho real de prenda la inscripción en el Registro de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento.

En segundo lugar se plantea la cuestión sobre la necesidad del vencimiento y exigibilidad del crédito garantizado para que la prenda confiera virtualidad a la preferencia de cobro con base en ese derecho real, y advierte que la solución no es pacífica en la denominada jurisprudencia de las Audiencias Provinciales.

Así, resena alguna de ésta ( sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5a, de 16 de marzo de 2007 ) que considera que si bien y de ordinario se viene exigiendo que el crédito del tercerista sea líquido, vencido y exigible, tal requisito tiene como excepción que el crédito esté garantizado con un derecho real de prenda, e tanto en cuenta origina a favor del acreedor un derecho de retención que impide que pueda ser privado del bien dado en prenda mientras su crédito no haya quedado extinguido, teniendo preferencia para su cobro sobre la cosa pignorada aunque no haya vencido o no sea líquido.

Por el contrario, otros tribunales ( sentencias 10 de junio de 1999 de la Sección 1a de la Audiencia Provincial de Cádiz y de 12 de mayo de 2004 de la Sección 16a de la Audiencia Provincial de Barcelona) parten de la base de que cuando el crédito garantizado no ha vencido ni es líquido ni exigible, el tercerista no opone crédito preferente, sino la mera existencia de la prenda por una obligación que quizá signifique la aparición de un crédito en el futuro, es decir de un crédito meramente eventual, cuando la tercería de mejor derecho requiere, por definición, la existencia de un crédito que pueda ponerse en relación con el del ejecutante, de modo que tiene como presupuesto la "existencia real y efectiva del crédito del tercerista".

Ante esa disyuntiva, la sentencia apelada, que previamente había senalado que no consta que el préstamo garantizado hubiera sido impagado y que ni siquiera ha comenzado el plazo para el abono del período de amortización, opta por la segunda de las corrientes expuestas con fundamento, por un lado, en el carácter accesorio de la prenda, y, por otro, en que la tercería de mejor derecho impone una comparación entre créditos que requiere que el garantizado con la prenda esté vencido y sea exigible.

3. La entidad actora ha apelado dicha resolución tratando de refutar los argumentos de la sentencia apelada y solicita su revocación, mientras que la Tesorería demandada insiste en la procedencia de la sentencia apelada, si bien hace alguna referencia a la necesidad de la inscripción de la garantía.

SEGUNDO.- 1. La demandada, que no ha apelado la sentencia ni podía hacerlo por falta de gravamen al serle favorable, suscita de nuevo en su oposición la cuestión de la necesidad de la inscripción de la prenda para su eficacia, pero no refuta los argumentos de la sentencia apelada al respecto que se funda en el criterio seguido en la resolución que cita que, por lo demás, es el que también se ha mantenido por el Tribunal Supremo.

2. Es la otra cuestión planteada en el procedimiento la que suscita mayor dificultad en la medida en que no ha recibido un tratamiento unitario, como se comprueba con las resoluciones que se citan en la sentencia apelada, que llegan a conclusiones distintas y ambas con argumentos jurídicos razonables. Hay que matizar, no obstante, que la sentencia que se menciona de esta Audiencia (de la Sección 3a), y que curiosamente se esgrime también por la apelante en apoyo de su pretensión, puede tener una base diferente en la medida que hace referencia, como justificación de su pronunciamiento desestimatorio, a la necesidad de un principio de prueba sobre el crédito garantizado -en cuanto a su existencia, no en cuanto a su liquidez o exigibilidad-prueba que no se había alcanzado en el caso, lo que no ocurre en el presente.

3. Hay que advertir, de igual modo, que las resoluciones citadas en la sentencia apelada son todas ellas de distintas Audiencias Provinciales, y, en trance de decidir y sobre la base de la racionalidad de los criterios de unas y otras, considera la Sala que debe tenerse en cuenta los criterios que al respecto ha manejado también en casos similares, si no idénticos, el Tribunal Supremo.

De este Tribunal se pueden citar las sentencias de 30 de noviembre de 2006 , de 20 de junio de 2007 y la de 3 de febrero de 2009 , también citadas por la parte apelante.

En la primera de tales sentencias se senala que la prenda de créditos o derecho se caracteriza porque el desplazamiento de la posesión se sustituye por la notificación de la constitución de la garantía al deudor para que se abstenga de pagar al acreedor titular del crédito pignorado; y se anade que éste -el crédito pignorado- existía al tiempo de formalizarse la póliza mercantil, pues el derecho de crédito nace con la perfección del contrato..., fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes, y su existencia es independiente de su exigibilidad o vencimiento.

4. La segunda de tales sentencia contempla un caso similar al presente en el que la sentencia del Juzgado de 1a Instancia había desestimado la demanda de tercería de mejor derecho porque (según se expresa en la sentencia de casación) la pignoración del crédito contra la Hacienda le concedía al acreedor pignoraticio un derecho expectante de preferencia para el caso de que se produjera efectivamente la situación de acreedor, de manera que "las pólizas en cuestión son pólizas de crédito, en donde no existe entrega de dinero y como en las mismas se recoge, para determinar el saldo líquido se precisa el cierre de la cuenta corriente de crédito para que conforme al art. 1.435 la cantidad sea exigible, siendo la especificada la cantidad certificada por el Banco que expresaría el saldo una vez practicada la liquidación, con intervención del Fedatario Público que hará constar que el saldo coincide con el que aparece en la cuenta y que la liquidación se ha practicado en la forma pactada en el condicionado de la póliza. El tercerista no ha aportado como bien dice la ejecutante ningún documento que acredite haberse producido tal situación, qué el extracto de cuenta incorporado en fase probatoria. Como se ve, este criterio reclama la liquidez del crédito garantizado como presupuesto de la preferencia que es de igual modo el que se viene a mantener en la apelada.

Sin embargo, esta sentencia fue revocada por la de la Audiencia Provincial de Cádiz (sentencia 3 de febrero de 2000 de la Sección Quinta ) con base en la doctrina de esta Sala [Tribuna Supremo] que determina la prioridad o preferencia no en función de la fecha de nacimiento o vencimiento del crédito garantizado con prenda , sino la fecha de constitución de ésta, y en que el embargo del crédito ... contra la Hacienda Pública era posterior (14 de marzo de 1.997), a la fecha de constitución de la prenda de ese mismo crédito (7 de febrero de 1.997).

Pues bien senala el Tribunal Supremo en esa resolución, respecto de las fechas de constitución de la garantía prendaria y del nacimiento de los créditos (en relación con el garantizado) que el art. 1.861 del CC dice que la hipoteca o la prenda pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria, de modo que el crédito futuro puede ser considerado jurídicamente como sometido a la condición suspensiva de que llegue a existir, y la garantía quedará entonces condicionada de la misma forma. Además, si la ley admite la hipoteca en garantía de créditos futuros ( art. 142 Ley Hipotecaria ) y la fianza por deudas futuras ( art. 1.825 Cód. civ .), no hay obstáculo que impida la constitución de una prenda en garantía de tales obligaciones. Sobre la base de estas consideraciones confirma la sentencia apelada que confiere preferencia al crédito garantizado con la prenda al margen de la fecha de su vencimiento.

4. También la sentencia de 3 de febrero de 2009 alude al cuestión al resolver una tercería de mejor derecho con base en la pignoración de un derecho de crédito; en esta sentencia y al margen de sus consideraciones sobre la transmisibilidad -cuya proyección al presente caso se podrían matizar-, contempla un supuesto en que la demanda de tercería se presenta en una fecha anterior (el 14 de febrero de 1997) a la del vencimiento (el día 28 de junio de 1997) de la anotación de deuda pública especial que había sido objeto de la póliza de pignoración suscrita el 24 de octubre de 1995 en la que se había constituido la garantía, siendo el 16 de octubre de 1996 cuando se había comunicado el embargo de la misma anotación de la deuda a favor de la Agencia Tributaria. Dicha resolución estima la tercería y declara el mejor derecho del tercerista al cobro de su crédito con base en la pignoración del crédito cuyo vencimiento aún no se había producido en el momento de la presentación de la demanda.

TERCERO.- 1. Como se ve, esas resoluciones del Tribunal Supremo se encuentran más próximas al criterio contrario al que se sigue en la sentencia apelada, pues frente a la consideración de que la tercerista no opone crédito preferente sino la mera existencia de la prenda "que quizás signifique la aparición de un crédito en el futuro...", debe prevalecer la de que el crédito nace y tiene una existencia real con la perfección del contrato, al margen de su vencimiento, y de que incluso cabe la posibilidad de prenda sobre créditos futuros sometidos a condición suspensiva.

2. Partiendo de esa base, considera la Sala que el criterio que debe prevalecer es el que viene ratificado por el Tribunal Supremo y el de la Audiencia Provincial de Sevilla que se cita en la apelada, según el cual un crédito garantizado con prenda tiene preferencia para su cobro sobre la cosa pignorada aunque no haya vencido o no sea líquido. Por tanto y teniendo en cuenta que en este caso la garantía se constituyó el día 1 de junio de 2009, con anterioridad al embargo acordado por la Tesorería demandada el día 28 de julio de 2009, debe reconocerse la preferencia solicitada con base en el art. 1922.2o del CC .".

TERCERO.- 1. Las cuestiones que se suscitan en el presente recurso vienen a ser, en lo sustancial, idénticas a las planteadas en ese otro proceso y resueltas en la sentencia trascrita de esta Sección, de manera que por las mismas razones senaladas en ella, que el tribunal se encuentra obligado a seguir como consecuencia del principio de unidad de doctrina (que no es sino la expresión del derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley sancionado en el art. 14 de la Constitución Espanola) sirven en este caso para desestimar el recurso interpuesto en el presente caso.

2. Por lo demás, ya se razonaba en la sentencia del Juzgado que era objeto de dicha apelación (que, como se ha senalado, ha sido aportada a los autos por la parte apelante) sobre la no necesidad de la inscripción de la prenda en el Registro de la Ley Hipotecaria y Prenda sin Desplazamiento de 16 de diciembre de 1954, y ello con base en el criterio sustentado por otras Audiencias (se cita allí la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza), criterio que es por lo demás el que se mantiene también en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2009 , citada también en la sentencia anterior de esta Sección. En definitiva debe estarse al respecto a los argumentos de la sentencia apelada que no han sido desvirtuados por las alegaciones del recurso.

CUARTO.- 1. Como consecuencia de lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación formulado y confirmar la sentencia a pelada.

2. Las costas del recurso deben imponerse a la parte apelante por disponerlo así el art. 398.1, en relación con el art. 394, ambos de la LEC .

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación formulado y confirmamos en su integridad la sentencia apelada, imponiendo las costas originadas con el recurso a la parte apelante.

La presente sentencia, dictada en segunda instancia en un juicio ordinario tramitado por razón de la materia ( art. 617 de la LEC ) es susceptible, en su caso, de recurso de casación por interés casacional ( art. 477.2.3o de la LEC ) y de recurso extraordinario por infracción procesal, éste solo si se presenta junto con aquél ( Disposición Adicional Decimosexta de la LEC ), y si se interponen en legal forma en el plazo de veinte días antes esta Sección.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Derecho real de prenda
Prenda
Tercerista
Tercería
Fondos de inversión
Demanda de tercería de mejor derecho
Tercería de mejor derecho
Sociedad de responsabilidad limitada
Préstamo personal
Bienes muebles
Prenda sin desplazamiento
Inscripción registral
Préstamo hipotecario
Crédito pignorado
Crédito preferente
Realización forzosa
Contrato de hipoteca
Derecho de retención
Hipoteca mobiliaria
Derechos reales
Derecho de crédito
Condición suspensiva
Crédito futuro
Perfeccionamiento del contrato
Hipoteca
Cuenta corriente
Entrega de dinero
Acreedor pignoraticio
Deuda pública
Principio de unidad