Sentencia Civil 963/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3910/2019 de 14 de junio del 2023

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Como ya hemos declarado en anteriores recursos de los que ha conocido esta sala que tenían por objeto la reclamación de indemnización de daños corporales causados en el mismo accidente, el 20 de agosto de 2008, hacia las 14:23 horas, se produjo un accidente de aviación en el aeropuerto de Barajas. Cuando estaba iniciando la maniobra de despegue, el avión MD82 matrícula NUM000, de la compañía Spanair, que realizaba el vuelo NUM001 de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria, cayó al suelo y explotó. En el siniestro fallecieron ciento cincuenta y cuatro personas y resultaron heridas otras dieciocho.

Sin perjuicio de otras posibles concausas, el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar esa maniobra, imputable al piloto y copiloto de la misma.

2.- La responsabilidad civil del transportista aéreo por los daños que pudieran sufrir los pasajeros de la aeronave siniestrada estaba asegurada por la compañía Mapfre Global Risks Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (en lo sucesivo, Mapfre) en una póliza que cubría también los daños sufridos por la aeronave y la responsabilidad frente a terceros. La responsabilidad del asegurador, frente a terceros y frente a pasajeros, tenía un límite de mil quinientos millones de dólares USA por acaecimiento y aeronave.

3.- Varios supervivientes del accidente y familiares de víctimas del accidente interpusieron una demanda contra Mapfre, aseguradora de la responsabilidad civil de la aeronave siniestrada, en la que ejercitaron la acción directa prevista en el art. 76 de la Ley del Contrato de Seguro y le reclamaron diversas indemnizaciones por el fallecimiento de sus familiares o por los daños y perjuicios sufridos por ellos mismos, así como los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

4.- El Juzgado Mercantil estimó en parte la demanda y condenó a Mapfre a indemnizar a los demandantes en las cantidades resultantes de aplicar dicho baremo con determinado incremento, que devengaría el interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro, cantidades que serían reducidas con los anticipos pagados por Mapfre.

5.- La sentencia del Juzgado Mercantil fue apelada por ambas partes. La sentencia de la Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de los demandantes modificó la cuantía de algunas indemnizaciones y, en concreto, fijó las indemnizaciones por lucro cesante en las cantidades que resultaban de los informes periciales aportados por los demandantes.

6.- Contra la sentencia de la Audiencia Provincial la demandada ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, que ha sido admitido, y un recurso de casación basado en cuatro motivos, dos de los cuales han sido admitidos.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal se invoca la infracción del art. 24 de la Constitución por valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida de forma arbitraria, ilógica o absurda.

En el desarrollo del motivo se alega que la sentencia recurrida condena al pago de intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro hasta el momento de la consignación judicial, obviando los elementos fácticos que demuestran que Mapfre realizó ofrecimientos y consignaciones con anterioridad al procedimiento.

2.- Decisión de la sala. El motivo del recurso parte de una base incorrecta. No es cierta la afirmación de que la sentencia recurrida condena al pago de intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro hasta el momento de la consignación judicial. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia acordó en su fallo:

"La condena a dichas cantidades se incrementa con el devengo el interés del artículo 20 LCS desde la fecha del siniestro hasta el pago en el caso de las cantidades abonadas fuera del procedimiento, consignación judicial o efectivo abono respecto de las que no han sido abonadas ni consignadas aún".

Y la sentencia de la Audiencia Provincial acordó en su fallo:

"Mantenemos los restantes pronunciamientos contenidos en la parte dispositiva de la sentencia apelada relativos a la necesidad de tener en cuenta los anticipos y consignaciones que se mencionan, al devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro y a la no imposición de costas en primera instancia".

Otras consideraciones sobre el valor enervante del devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro que la recurrente atribuye a las actuaciones a las que hace referencia en el recurso extraordinario por infracción procesal tiene naturaleza sustantiva y, por tanto, impropias de constituir el objeto de un recurso extraordinario por infracción procesal.

Lo expuesto determina que el recurso extraordinario por infracción procesal deba ser desestimado.

Recurso de casación

TERCERO.- Motivo primero del recurso de casación: aplicación del criterio de plena indemnidad en la indemnización del lucro cesante derivado de las lesiones personales sufridas en un accidente de aviación

1.- Planteamiento. El encabezamiento de este motivo es del siguiente tenor:

"Infracción del artículo 1106 del Código Civil ("CC") en la determinación de las bases tomadas para la fijación de la cuantía".

En el desarrollo del motivo, Mapfre argumenta que la indemnización por lucro cesante fijada a favor de determinados demandantes supera el 75% de la indemnización básica que les corresponde por la incapacidad temporal y las lesiones permanentes o por el fallecimiento. Al resolver así, la sentencia habría vulnerado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, representada por la sentencia de 25 de marzo de 2010, que limita el incremento correspondiente al lucro cesante al 75% de las cantidades concedidas como indemnización básica.

2.- Decisión del tribunal. Las cuestiones planteadas en este motivo del recurso de casación ya han sido resueltas en la sentencia 901/2021, de 21 de diciembre. Procede reproducir lo que dijimos en esa sentencia:

"1.- La responsabilidad civil de la compañía Spanair por el fallecimiento y las lesiones sufridas por los pasajeros del vuelo siniestrado, cubierta por el seguro concertado con Mapfre, estaba regulada por el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (en adelante, CM) y por el Reglamento (CE) n.° 2027/1997 del Consejo de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.

" 2.- El Reglamento (CE) n.° 2027/1997, tras la modificación operada por el Reglamento (CE) n.º 889/2002, de 13 de mayo de 2002, hace extensiva la aplicación de las disposiciones del Convenio de Montreal "al transporte aéreo en el interior de un Estado miembro" ( art. 1) y a la regulación de la responsabilidad de las compañías aéreas comunitarias en relación con el transporte de pasajeros y su equipaje ( art. 3.1). Este Reglamento (CE) n.° 2027/1997 desarrolla también alguno de los preceptos del CM, como es el caso de los pagos adelantados a que hace referencia el art. 28 CM, que el Reglamento (CE) n.º 2027/1997, reformado también en este punto por el Reglamento (CE) n.º 889/2002, regula en su art. 5.

" 3.- El art. 17 CM establece:

"El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque".

" 4.- El anexo que Reglamento (CE) n.º 889/2002 del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, añade al Reglamento (CE) n.º 2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, establece:

"No hay límite económico fijado para la responsabilidad en caso de lesiones o muerte del pasajero".

Esta regla se introduce en los considerandos 4 y 6 del Reglamento, que declaran:

"(4) El Convenio de Montreal prevé un régimen de responsabilidad ilimitada en caso de muerte o lesión de un pasajero del transporte aéreo".

"(10) Un sistema de responsabilidad ilimitada en caso de muerte o lesión del pasajero resulta adecuado en el contexto de un sistema de transporte aéreo moderno y seguro".

" 5.- En consecuencia, el sistema instaurado en el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, y en el Reglamento (CE) n.° 2027/1997 del Consejo de 9 de octubre de 1997, modificado por el Reglamento (CE) n.º 889/2002, de 13 de mayo de 2002, responde al criterio de la total indemnidad en la indemnización de la muerte y lesiones corporales de los pasajeros causados en accidente producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque.

" 6.- Dado que la Audiencia Provincial ha declarado probado que el lucro cesante sufrido por el referido pasajero como consecuencia de las gravísimas lesiones que sufrió en el accidente de aviación del avión de Spanair es el fijado en el informe pericial actuarial, y ha fijado la indemnización de dicho lucro cesante en el importe determinado en el citado informe pericial, la pretensión de Mapfre de reducir dicha indemnización por debajo del importe real del lucro cesante es contraria al principio de indemnidad plena a que responde el sistema instaurado en el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, y en el Reglamento (CE) n.° 2027/1997 del Consejo de 9 de octubre de 1997, modificado por el Reglamento (CE) n.º 889/2002, de 13 de mayo de 2002, y debe ser rechazado.

" 7.- La doctrina contenida en la sentencia de esta sala de 25 de marzo de 2010, recurso 1741/2004, no es aplicable al presente caso. Dicha sentencia se dictó en relación con un accidente de circulación de vehículos de motor, al que es plenamente aplicable el régimen legal de responsabilidad civil por daños causados en la circulación, concretamente el sistema de valoración de los daños causados a las personas en accidentes de circulación contenido en el anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

" 8.- En esa sentencia, este tribunal apreció la existencia de una antinomia entre la consagración del principio de la íntegra reparación para la determinación y la cuantificación de los daños causados a las personas en accidente de circulación de vehículos de motor, por una parte, y la cuantificación para la indemnización de lucro cesante por disminución de ingresos de la víctima que resulta de la aplicación de los factores de corrección, por otra parte. También declaramos en esa sentencia que el lucro cesante por disminución de ingresos de la víctima en caso de incapacidad permanente no es susceptible de ser resarcido íntegramente con arreglo al sistema de valoración [del anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre], pero sí de ser compensado proporcionalmente (mediante la aplicación del factor de corrección por elementos correctores) por encima de lo que pueda resultar de la aplicación de los factores de corrección por perjuicios económicos y por incapacidad permanente cuando concurran circunstancias que puedan calificarse de excepcionales, sin necesidad, en este caso, de limitarlo a los supuestos de prueba de la culpa relevante por parte del conductor.

" 9.- Esas limitaciones al principio de reparación íntegra del perjuicio pueden estar justificadas en el caso del lucro cesante derivado del accidente de circulación de vehículos de motor por la existencia de una previsión legal expresa que responde a las especiales características concurrentes en la circulación de vehículos de motor, y así se apreció en esa sentencia. Pero no está justificada su extrapolación a otros campos en los que no concurren esas circunstancias, justamente por faltar ese fundamento legal a la limitación de la plena indemnidad reparatoria del lucro cesante.

" 10.- No debe olvidarse que la utilización del baremo del anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en la fijación de las indemnizaciones en otros sectores de la responsabilidad civil, no es una aplicación analógica, sino orientativa, no vinculante, que tiene en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima. Su utilidad radica en que permite estructurar la indemnización de daños de contenido no patrimonial en los supuestos en que dichos daños coincidan con alguna de las previsiones del baremo, y ayuda a superar la dificultad de establecer criterios indemnizatorios dotados de una cierta racionalidad y previsibilidad.

" 11.- El carácter orientativo del baremo en otros campos ajenos a la responsabilidad por el uso y circulación de vehículos de motor ya ha sido puesto de relieve por esta sala en anteriores sentencias. Por ejemplo, en la sentencia 269/2019, de 17 de mayo, declaramos que la utilización del baremo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor para la cuantificación de la indemnización de los daños personales no supone que solo puedan considerarse perjudicados los considerados como tales en la normativa que establece el citado baremo. Tratándose de sectores de actividad distintos de la circulación de vehículos de motor que es objeto de dicha ley, la fijación de un determinado círculo de perjudicados en la normativa reguladora del mencionado baremo no resulta vinculante, y el tribunal puede, justificadamente, considerar como perjudicadas a otras personas y acordar a su favor una indemnización que tenga en cuenta los criterios indemnizatorios que en la normativa reguladora del baremo se establecen para los perjudicados con los que puedan guardar mayores analogías.

" 12.- En conclusión, dado que el sistema de indemnización de muerte y lesiones corporales establecido en el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (en adelante, CM) y el Reglamento (CE) n.° 2027/1997 del Consejo de 9 de octubre de 1997, modificado por el Reglamento (CE) n.º 889/2002, de 13 de mayo de 2002, responde al principio de plena indemnidad de la víctima, sin que proceda establecer límites a dicha indemnización, no puede aceptarse la pretensión de Mapfre de reducir la indemnización del lucro cesante por debajo de su importe real, fijado con base en las pruebas practicadas. Tal limitación pretende basarse en la aplicación del sistema de valoración de los daños causados a las personas en accidentes de circulación contenido en el anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que, como se ha expuesto, no viene impuesta por la ley y que solo procede utilizar de forma orientativa para facilitar la valoración de los daños de carácter personal, atendiendo las circunstancias del caso y con respeto del principio de plena indemnidad".

Las razones expuestas determinan que el motivo deba ser desestimado.

CUARTO.- Motivo cuarto

1.- Planteamiento. En el encabezamiento del motivo cuarto se alega la infracción del art. 1176 del Código Civil.

En el desarrollo del motivo se argumenta que se ha alegado la infracción de dicho precepto legal, en relación con el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, porque la fecha de las consignaciones debe tenerse en cuenta como fecha final del cálculo de los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

2.- Decisión del tribunal. Este motivo también debe ser desestimado por las razones que se exponen.

El motivo incurre en una falta de precisión inadmisible. Como se ha expuesto al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia acordó en su fallo:

"La condena a dichas cantidades se incrementa con el devengo el interés del artículo 20 LCS desde la fecha del siniestro hasta el pago en el caso de las cantidades abonadas fuera del procedimiento, consignación judicial o efectivo abono respecto de las que no han sido abonadas ni consignadas aún".

Y la sentencia de la Audiencia Provincial acordó en su fallo:

"Mantenemos los restantes pronunciamientos contenido en la parte dispositiva de la sentencia apelada relativos a la necesidad de tener en cuenta los anticipos y consignaciones que se mencionan, al devengo del interés del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro y a la no imposición de costas en primera instancia".

Por consiguiente, la sentencia recurrida sí tuvo en cuenta el pago de "anticipos", las "consignaciones judiciales" y el "efectivo abono" como fechas finales del devengo de intereses de las cantidades anticipadas, consignadas judicialmente o efectivamente pagadas. No es admisible una remisión indiscriminada a una serie de documentos aportados por la parte recurrente, la mayoría de los cuales consisten en simples escritos de alegaciones de dicha parte, y que en parte se refieren a extremos (como por ejemplo el de los anticipos) que han sido admitidos por la sentencia recurrida como determinantes del cese en el devengo de intereses, a partir del momento del pago, de las cantidades pagadas a los demandantes.

3.- Cuestión distinta, que no ha sido suficientemente precisada, es que se pretenda que el devengo de intereses finalizara cuando se hicieron lo que las sentencias 630/2020, de 24 de noviembre, y 559/2021, de 22 de julio, denominaron "las propuestas de acuerdo o el ofrecimiento de pago, sin proceder a la consignación consiguiente, de indemnizaciones inferiores a las finalmente fijadas en sentencia". Como dijimos en estas sentencias, "no pueden ser consideradas como circunstancias excepcionales que enerven el devengo de los intereses de demora del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro hasta la consignación de la cantidad a cuyo pago fue condenada la demandada en primera instancia". No se trataron propiamente de consignaciones con los requisitos (suficiencia, ofrecimiento incondicionado a los perjudicados, etc.) necesarios para enervar el devengo de los intereses del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

Fallo