Sentencia Civil 1577/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3315/2019 de 15 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Resumen deantecedentes

1.- Para la resolución del presente recurso resultan relevantes los siguientes antecedentes conforme a las sentencias de instancia:

(i) El actor, D. Diego, junto con los demandados, hermanos Erica, Luis Angel, Romualdo y Juan Francisco y D. Braulio eran socios de la sociedad Red Digital de Telecomunicaciones de las Islas Baleares S.L., en la que el Sr. Diego ostentaba en el momento previo a la ampliación de capital que se dirá el 51% del capital social.

(ii) El Sr. Diego convino con los hermanos Indalecio proceder a una ampliación de capital por el sistema de compensación de créditos contra la sociedad; y puesto que el Sr. Diego no ostentaba ninguno de esos créditos, lo que le impediría suscribir la ampliación con la consiguiente reducción de su participación social, a fin de obtener su voto favorable a la operación (necesario para alcanzar la mayoría exigida legalmente), se pactó que tras inscribirse la ampliación de capital, los hermanos Indalecio le retransmitirían las participaciones sociales necesarias para recuperar su estatus de socio mayoritario con el 51% del capital social.

(iii) En 2009, una vez formalizada esta ampliación de capital (acordada en junta de socios de 22 de diciembre de 2009), los hermanos Indalecio pasaron a ostentar la mayoría del capital social. Posteriormente, se formalizaron cuatro contratos privados de donación de participaciones sociales mediante los que los hermanos Indalecio donaban parte de sus participaciones sociales al demandante; en concreto, se formalizaron mediante documentos privados de 12 de junio de 2011, en que intervenía como donante D.ª Erica, y sendos documentos de 2 de noviembre de 2011, en que los donantes respectivos fueron D. Romualdo, D. Juan Francisco y D. Luis Angel.

(iv) Posteriormente, al instar el Sr. Diego la elevación a públicos de estos contratos, por consejo de su asesor al ser más ventajoso fiscalmente en lugar de proceder a esa elevación a público, el 20 de agosto de 2012 las mismas partes otorgaron una escritura pública de compraventa de esas participaciones sociales que previamente habían sido donadas, en la que intervenían como vendedores los cuatro hermanos Indalecio y como comprador el Sr. Diego. Las participaciones se vendían libres de cargas y gravámenes, por su valor nominal, y el precio se confesaba recibido en su totalidad por el comprador antes del otorgamiento de la escritura en efectivo metálico.

(v) En 2014 las relaciones entre las partes empeoraron. El Sr. Braulio interpuso una demanda ante la jurisdicción mercantil en la que solicitaba que se declarase la nulidad de la compraventa de las participaciones sociales del 20 de agosto de 2012, por haberse otorgado sin respetar el derecho de adquisición preferente que el Sr. Braulio tenía como socio.

(vi) Esa demanda se tramitó como juicio ordinario núm. 123/2015 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. dos de Palma y concluyó con la sentencia 179/2016, de 19 de mayo, estimatoria de la demanda.

(vii) Ante esta situación, el Sr. Diego solicitó a los demandados que procediesen a elevar a públicos los contratos privados de donación antes citados, sin que estos atendiesen ese requerimiento.

2.- Demanda rectora de este procedimiento. El Sr. Diego interpuso una demanda contra los cuatro hermanos Indalecio en la que solicitaba que: (i) se declarara la nulidad de pleno derecho del contrato de compraventa de participaciones sociales por simulación; (ii) se declarara la validez y eficacia de las cuatro donaciones de participaciones sociales a favor del actor; (iii) se declarara que la escritura pública de compraventa otorgada el 20 de agosto de 2012 mantiene efectos jurídicos exclusivamente en cuanto documento por el que se debe tener por elevados a públicos los documentos privados de donación de las mismas participaciones sociales objeto de la compraventa simulada, al ser dicho efecto el verdaderamente pretendido por las partes con la firma de ese documento público; y (iv) subsidiariamente, para el caso de que la anterior petición no fuese estimada, se condenase a cada uno de los cuatro codemandados a elevar a público cada uno de los documentos privados de donación de las participaciones sociales y, si no lo hicieren, se ordenase ejecutar dicha obligación a su costa.

3.- El 29 de septiembre de 2017, D. Braulio solicitó su intervención en el procedimiento en concepto de demandado por tener interés legítimo y directo en su resultado. El 15 de marzo de 2018, el juzgado de primera instancia dictó una interlocutoria en la que se acordaba admitir la intervención del Sr. Braulio en el procedimiento en calidad de parte demandada.

4.- Contestación a la demanda y demandas reconvencionales. Los demandados se opusieron a la demanda y dos de ellos formularon, a su vez, demanda reconvencional contra el Sr. Diego. En concreto, y en síntesis, realizaron las siguientes alegaciones:

(i) D.ª Erica contestó alegando que ya se había declarado la nulidad de la compraventa de participaciones sociales por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Palma; y, tras reconocer la suscripción del contrato de donación de 12 de junio de 2011, señaló que debería acordarse también su nulidad por no respetar el derecho de adquisición preferente del Sr. Braulio.

(ii) D. Luis Angel se allanó a la pretensión de nulidad del contrato de compraventa y a la petición de declaración de validez y eficacia de la donación de 10 de noviembre de 2011, reconviniendo para solicitar su revocación por el nacimiento posterior de una hija.

(iii) D. Juan Francisco alegó cosa juzgada respecto a la petición de nulidad de la compraventa; que dicha compraventa dejó sin efectos los contratos de donación; y que, en todo caso, la donación sería nula por no haberse respetado el derecho de adquisición preferente del Sr. Braulio.

(iv) D. Romualdo, en el mismo sentido, alegó cosa juzgada respecto a la pretensión de nulidad de la compraventa de las participaciones; que la donación resultó novada, con eficacia extintiva, por la compraventa; y subsidiariamente, que la donación sería nula por no respetar el derecho de adquisición preferente del Sr. Braulio. Además, reconvino solicitando la revocación de la donación por nacimiento posterior de una hija.

(v) D. Braulio alegó igualmente cosa juzgada; que si se diera validez a los documentos privados de donación se estaría conculcando su derecho de adquisición preferente previsto en el art. 11 de los estatutos sociales; y la falta de validez e ineficacia de las donaciones como medio para transmitir las participaciones sociales.

5.- Sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia (i) apreció la excepción de cosa juzgada invocada por los demandados al constatar que había recaído sentencia en el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Palma, posteriormente confirmada en apelación, que declaró la nulidad de la compraventa de participaciones sociales al haberse conculcado el derecho de adquisición preferente del Sr. Braulio; (ii) en consecuencia, desestimó la pretensión principal del actor de la declaración de nulidad de la compraventa por simulación, así como la relativa a que la escritura de compraventa mantiene efectos jurídicos en cuanto documento por el que se debe tener por elevados a públicos los documentos privados de donación; (iii) a continuación, estimó la petición subsidiaria de condena a elevar a escritura pública los contratos de donación respecto de D.ª Erica y D. Juan Francisco; y (iv) la desestimó respecto de D. Luis Angel y D. Romualdo al estimar las demandas reconvencionales y declarar revocadas sus donaciones, por el nacimiento posterior de sus hijos.

6.- Sentencia de apelación. Frente a la sentencia de primera instancia, interpusieron recurso de apelación el demandante Sr. Diego, y los demandados D.ª Erica y D. Juan Francisco; a su vez, Sr. Braulio impugnó la sentencia. La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso del actor, al descartar la revocación de las donaciones de D. Luis Angel y D. Romualdo, y desestimó los recursos de los codemandados y, en consecuencia, estimó en parte la demanda y condenó a los demandados a elevar a público los cuatro contratos privados de donación de las participaciones sociales de 12 de junio y 2 de noviembre de 2011 otorgados a favor del actor, y desestimó las demandas reconvencionales.

(i) En cuanto al recurso del actor Sr. Diego, rechazó que hubiera habido incongruencia omisiva por no haber resuelto de forma expresa la petición formulada de que se declarara la validez y eficacia de las cuatro donaciones ya que si en primera instancia se estimaron las demandas reconvencionales y se declaró la revocación de las donaciones fue porque se dio por hecho que dichas donaciones fueron válidas y eficaces originariamente. También rechazó la alegación de que se tratara de un único negocio jurídico con pluralidad de partes y no de cuatro relaciones jurídicas independientes, como sostenía en la demanda.

(ii) En cuanto a los recursos de los codemandados D.ª Erica y D. Juan Francisco, en los que se alegaba que las donaciones de las participaciones sociales quedaron sin efecto por la posterior venta en escritura pública de las mismas, venta que luego fue declarada nula, la Audiencia consideró que la declaración de nulidad de la escritura de compraventa de las participaciones sociales no podía alcanzar a los contratos privados de donación, máxime si se tiene en cuenta que la elección de la compraventa como forma de elevar a pública la transmisión de las participaciones lo fue por motivos fiscales, que la transmisión de las participaciones se había realizado con anterioridad vía donación y que, en cualquier caso, lo que se pretendía era dar cumplimiento al compromiso asumido por los hermanos Indalecio de restituir al actor en su posición inicial de socio mayoritario en la sociedad que había perdido tras la ampliación de capital, a cambio de haber prestado el indispensable consentimiento para llevarla a cabo. Tampoco consideró vulnerado el principio de cosa juzgada en relación con lo resuelto por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 ya que la sentencia allí dictada declaró la nulidad de la escritura pública de compraventa de participaciones sociales por entender vulnerado el derecho de adquisición preferente del Sr. Braulio, pero no entró a realizar ninguna valoración sobre las donaciones.

(iii) Respecto de la impugnación del Sr. Braulio, en la que también se aludía a la cosa juzgada y a que la jurisdicción competente para resolver sobre la validez o no de los contratos de donación era la mercantil, la Audiencia rechazó esas alegaciones porque no se habían formulado en su momento oportuno.

(iv) Entrando en el análisis de las donaciones a fin de determinar su naturaleza y si procedía o no su revocación, la Audiencia consideró que, aunque en los contratos se diga que se dona "pura y simplemente", las donaciones no se hicieron con ánimo gratuito, sino que eran una contraprestación a favor del actor por haber consentido una ampliación de capital de la sociedad que le supuso la pérdida de su condición de socio mayoritario, con el consiguiente beneficio para los hermanos que vieron incrementada su participación en el capital social, de lo que infiere su carácter oneroso y, por tanto, concluye que no cabía declarar su revocación por superveniencia de hijos.

7.- Recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación. Contra la sentencia de segunda instancia, se han interpuesto los siguientes recursos: (i) D. Luis Angel ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, articulado en cuatro motivos, y otro recurso de casación, basado también en cuatro motivos; (ii) D.ª Erica ha formulado un recurso extraordinario por infracción procesal, fundado en tres motivos, y otro recurso de casación, basado en cinco motivos; (iii) D. Romualdo ha presentado un recurso extraordinario por infracción procesal, integrado por tres motivos, y otro recurso de casación, articulado en seis motivos; (iv) D. Juan Francisco ha presentado un recurso extraordinario por infracción procesal, compuesto por cuatro motivos, y otro recurso de casación, basado en cuatro motivos; y (v) D. Braulio ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, integrado por dos motivos, y otro recurso de casación, basado en tres motivos. Todos los recursos y sus motivos han sido inicialmente admitidos.

8.- Admisibilidad de los recursos.

8.1. Interés casacional. La parte recurrida, al oponerse al recurso de casación, alegó su inadmisibilidad por falta de interés casacional. Objeción que no puede ser atendida, porque los motivos identifican las normas sustantivas que considera infringidas y la jurisprudencia de esta sala que, a su juicio, desconoció la sentencia recurrida. Lo que, en la modalidad de recurso de casación elegida, interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resulta en principio suficiente para su admisibilidad, sin perjuicio de que, tras su análisis, pueda prosperar o no.

8.2. Interposición en plazo de los recursos. La parte recurrida alega también que los recursos de D.ª Erica y D. Romualdo deben ser inadmitidos por haber sido interpuestos fuera del plazo legal ( arts. 470.1 y 479.1 LEC) , con base en los siguientes hechos: (i) la sentencia de la Audiencia fue notificada a las partes el 5 de febrero de 2019; (ii) los recurrentes solicitaron subsanación, complemento o aclaración de la sentencia, que fue resuelta por auto del tribunal de 11 de marzo de 2019, notificado a las partes el día 15 de marzo; (iii) el plazo legal de los veinte días para interponer los recursos vencía el 12 de abril de 2019; (iv) el 11 de abril de 2019, D.ª Erica y D. Romualdo solicitaron la suspensión de la causa por prejudicialidad penal, y presentaron también escrito comunicando el cambio de su dirección letrada; (v) el 22 de mayo de 2019, la Audiencia dictó auto acordando no haber lugar a la suspensión; (vi) el 11 de junio de 2019, los citados recurrentes nuevamente solicitaron la subsanación y aclaración del auto de 22 de mayo de 2019; solicitud contestada con un nuevo auto denegatorio de 5 de julio de 2019; (vii) el 18 de junio de 2019, D.ª Erica y D. Romualdo presentaron los escritos de los dos recursos extraordinarios. Hechos de los que el recurrido infiere la existencia de un ánimo dilatorio.

8.3. Este óbice no puede ser estimado. Si la presentación de los recursos se produjo antes de haber sido resuelta la petición de aclaración del auto de 22 de mayo de 2019, cuya notificación marca del día de inicio del cómputo del plazo para la interposición de los recursos, no cabe tachar estos de extemporáneos. La alegación sobre el "ánimo dilatorio", como elemento sobre el que fundar una eventual infracción al principio de la buena fe procesal y el rechazo del recurso por "manifiesto abuso de derecho" o "por fraude de ley o procesal" ( art. 247.2 LEC) , requeriría que el recurrido hubiese argumentado suficientemente la justificación de estas causas de rechazo, por ejemplo, razonando por qué la solicitud de aclaración del auto de 22 de mayo de 2019 debía considerarse manifiestamente infundada e innecesaria, y que respondía al único propósito de ampliar de forma artificiosa el plazo disponible por los nuevos letrados de la parte para el estudio del pleito. Argumento que insinúa, pero ni siquiera afirma, al decir que ese era el objeto "aparentemente" perseguido.

El respeto a la improrrogabilidad de los plazos procesales ( arts. 134.1 y 136 LEC) debe valorarse teniendo en cuenta su duración y las reglas sobre su cómputo. Y en este caso, los veinte días que conceden los arts. 470.1 y 479.1 LEC para la interposición de los recursos no pueden empezar a correr desde la notificación de la sentencia de apelación, sino desde que se notificaron las resoluciones de las respectivas peticiones de suspensión por prejudicialidad y de aclaración o subsanación, sin que se haya justificado en grado suficiente para cercenar el derecho de acceso al recurso la existencia de una infracción al principio de buena fe procesal ( ATS de 28 de enero de 2014).

8.4. Otras causas de inadmisión. Y en lo que respecta a la introducción de cuestiones nuevas, alteración de la base fáctica o petición de principio, son problemas de inadmisibilidad relativos que se irán resolviendo conforme se avance en la resolución de los motivos de casación. Puesto que, una vez cumplido el requisito de cita de la norma sustantiva infringida y la invocación de la jurisprudencia de esta sala supuestamente vulnerada, basta para superar el examen de admisibilidad la correcta identificación del problema jurídico, la exposición de cómo concurre el interés casacional y que se ponga de manifiesto la consistencia de las razones de fondo (por todas, sentencias 811/2021, de 29 de noviembre, y las que en ellas se citan).

Por su falta de carácter absoluto, tampoco pueden en este momento determinar la inadmisión de los recursos ni la falta de aportación de la certificación de la sentencia impugnada en alguno de los recursos (cuando ya consta en las actuaciones de forma reiterada a través de otros recursos), ni el aspecto puramente formal de la estructura del recurso, que no afecta a la correcta identificación de las cuestiones jurídicas planteadas ni de las normas y jurisprudencia cuya vulneración se denuncia. Tampoco la supuesta falta de gravamen del recurrente D. Braulio, pues aunque no ha sido condenado en la sentencia impugnada a la elevación a público de ninguna donación, ante el reconocimiento de la validez de esas donaciones no puede negarse en este momento liminar que ello pueda afectar indirectamente a su posición jurídica como socio de Red Digital, en relación con el eventual derecho de adquisición preferente en la transmisión de esas participaciones (sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo al abordar el análisis de los motivos que afectan a tal cuestión).

Recursos por infracción procesal

Competencia objetiva del juzgado de primera instancia

SEGUNDO.- Recurso extraordinario por infracción procesal (i). Motivos primero de los recursos presentados por D. Luis Angel y D. Braulio. Formulación y admisibilidad

1.- Planteamiento. El motivo primero del recurso de D. Luis Angel se formula, al amparo del art. 469.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), por infracción del art. 86 ter, 2 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Alega, en resumen, que la pretensión relativa a la elevación a escritura pública de unos contratos privados de transmisión de participaciones sociales es competencia de la jurisdicción mercantil, porque es una pretensión que tienen incidencia sobre un aspecto contenido en la normativa reguladora de las sociedades mercantiles, en este caso, los estatutos de la sociedad que regulan el derecho de adquisición preferente en relación con la transmisión de participaciones sociales. Cita en su apoyo la sentencia de esta sala 817/2012, de 15 de enero, que en un tema de compraventa de acciones consideró competente al juzgado de lo mercantil. Añade que la competencia jurisdiccional de los juzgados de lo mercantil constituye una cuestión de orden público, apreciable incluso de oficio, por lo que resulta indiferente el momento procesal en el que se alegue.

2.- El motivo primero del recurso de D. Braulio se formula también al amparo del art. 469.1.2º LEC, y denuncia igualmente la infracción del art. 86 ter. 2 apartado a) de la LOPJ, en relación con los arts. 48 y 225 LEC, 238 LOPJ y 24 de la Constitución española.

En su desarrollo, en síntesis, afirma que es competencia de la jurisdicción mercantil la elevación a escritura pública de unos contratos privados de transmisión de participaciones sociales (donaciones) de una sociedad limitada, debiendo realizarse conforme a la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos sociales y, por tanto, debe conocer de la demanda el juzgado de lo mercantil; insiste en que es una pretensión que tiene incidencia sobre un aspecto contenido en la normativa reguladora de las sociedades mercantiles, en este caso, los estatutos de la sociedad que regulan el derecho de adquisición preferente en relación con la transmisión de participaciones sociales. Cita en su apoyo la misma sentencia de esta sala 817/2012 de 15 de enero.

Alega que en fase de apelación ya planteó esta cuestión, siendo además cuestión de orden público, apreciable incluso de oficio, conforme al art. 48 LEC, por lo que es indiferente el momento procesal en el que se alegue, y que al no haberse respetado esa competencia se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, entendido como el derecho al juez legalmente predeterminado, y la sentencia impugnada, por tanto, habría incurrido en nulidad de pleno derecho, conforme a los arts. 238 LOPJ y 225 LEC.

3.- Resolución conjunta. Dada la identidad sustancial existente entre ambos motivos, en los que se denuncia una misma infracción legal, la falta de competencia objetiva del juzgado de primera instancia para conocer del litigio, los resolveremos de forma conjunta.

TERCERO.- Decisión de la sala. La competencia objetiva para conocer del proceso correspondía al juzgado de primera instancia y no a los juzgados de lo mercantil. Desestimación

1.- El motivo debe ser desestimado. La Ley Orgánica 8/2003, de 9 julio, para la reforma concursal, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), integrando a los juzgados mercantiles como órganos especializados dentro de la jurisdicción civil. En el artículo 86 ter. de la LOPJ se introdujeron, a consecuencia de la reforma, las concretas competencias de los juzgados mercantiles, recogiéndose un catálogo de materias que por mandato legal pasaron a ser de conocimiento de estos juzgados.

2.- Con arreglo al sistema legal resultante de esa reforma, el art. 85.1 LOPJ establece la competencia residual de los juzgados de primera instancia, en tanto que conocen "de los juicios que no vengan atribuidos por esta Ley a otros juzgados o tribunales".

El art. 86 ter de la misma Ley (en la redacción aplicable ratione temporis) establece los supuestos en que resultan competentes los juzgados mercantiles:

"Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas".

Así, el art. 86 ter LOPJ establece en forma de numerus clausus cuáles son las competencias atribuidas a los órganos de lo mercantil (competencia objetiva). Dicho precepto relaciona un catálogo cerrado de materias específicas de las que compete conocer a los juzgados de lo mercantil, entre las que incluye, en su apartado 2.a), todas aquellas cuestiones que, dentro del orden jurisdiccional civil, se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas. Como declaramos en la sentencia 478/2019, de 18 de septiembre, al referirse a cuestiones "que se promuevan" al amparo de dicha normativa está contemplando las que son objeto de concreta pretensión en el suplico de la demanda y que, por tanto, se integran en el objeto del proceso y no aquellas que pudieran tener un carácter prejudicial para la decisión acerca de lo verdaderamente pretendido.

3.- En el presente caso basta examinar el "suplico" de la demanda para comprobar que se trata de petición de declaración de validez y eficacia de donaciones de participaciones sociales, con arreglo a las normas del Código civil, sin que se formule ninguna pretensión concreta acerca de la declaración de eficacia o ineficacia de acuerdos societarios u otras formuladas al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles, lo que sí comportaría -para resolver el fondo de la cuestión- la aplicación de las normas reguladoras de dichas sociedades. Las acciones sobre validez y eficacia de donaciones no son pretensiones promovidas "al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles" aunque el objeto de dichas donaciones sean participaciones sociales o acciones (sentencia 119/2020, de 20 de febrero), razón por la cual el juzgado de primera instancia que conoció de la demanda tenía competencia objetiva para ello.

4.- Es cierto que en la sentencia 817/2012, de 15 de enero, declaramos que cuando la controversia suscitada por la demanda versa "sobre el ejercicio de [este] derecho de adquisición preferente y el efecto que produce cuando se ejercita" puede entenderse que se ejercitan acciones al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles, y que por ello la competencia para conocer de la demandada corresponde a los juzgados de lo mercantil. Pero (i) ni es ésta la cuestión que se sustancia en este procedimiento (sí fue objeto de un pleito anterior que concluyó con una sentencia declarando la nulidad de la venta de las participaciones sociales por vulnerar el derecho de adquisición preferente del socio allí demandante), (ii) ni lo anterior significa -como advertimos en esa misma sentencia- que cualquier controversia en torno a una compraventa de acciones o participaciones sociales sea competencia de los juzgados mercantiles, sino solo cuando verse sobre un aspecto contenido en esta "normativa reguladora de las sociedades mercantiles" (como sería el caso del efecto que provoca el ejercicio del derecho de adquisición preferente en relación con la determinación del valor de las acciones objeto de transmisión).

5.- En consecuencia, los motivos deben ser desestimados.

Deber de motivación de las sentencias

CUARTO.- Recurso extraordinario por infracción procesal (ii). Motivos segundo de los recursos de D. Luis Angel, D.ª Erica y D. Romualdo. Formulación y resolución

1.- Planteamiento. El motivo segundo de los recursos de D. Luis Angel, D.ª Erica y D. Romualdo, formulados al amparo del art. 469.1.2º LEC, denuncian la infracción del art. 218.2 LEC.

En su respectivo desarrollo, sustancialmente coincidentes, en síntesis, alegan que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación por no contener referencia alguna a las pruebas o circunstancias que justifican su conclusión de que las donaciones litigiosas no se hicieron con un ánimo gratuito sino con carácter oneroso.

Dada la identidad sustancial en la formulación y desarrollo de los tres motivos, los resolveremos de forma conjunta.

2.- Decisión de la sala. La sentencia no incurre en infracción del deber de motivación. Desestimación

2.1. Los motivos no pueden ser estimados. Las sentencias deben expresar las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, esto es, el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, pero la parquedad o la brevedad del razonamiento no implica falta de motivación ( sentencias 10 de abril de 1984, 7 de junio de 1989, 27 de julio de 1994, 1280/2006, de 19 de diciembre, entre otras), pues basta el expresado para exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada en este punto ( sentencias de 7 de junio de 1989, 7 de marzo de 1992, 20 de febrero de 1993).

Como hemos declarado en otras ocasiones, "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla" ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo, 95/2014, de 11 de marzo, 759/2015, de 30 de diciembre, y 26/2017, de 18 de enero).

En el caso, la sentencia muestra una concreta motivación o justificación de la decisión ("las donaciones no se hicieron con un ánimo gratuito sino que eran una contraprestación al actor que había consentido la ampliación de capital de la sociedad y que le supuso la pérdida de su condición de socio mayoritario, con el consiguiente beneficio que reportó a los hermanos que vieron incrementada su participación en el capital social, de lo que infiere la onerosidad de las mismas"), cuestión distinta es que sea correcta y encierre o no un enjuiciamiento adecuado de la controversia, cuestión que, en su caso, debe suscitarse por la vía del recurso de casación.

2.2. En el caso de los recursos de D.ª Erica y D. Romualdo, en el desarrollo del respectivo motivo segundo, subyace también una denuncia de falta de exhaustividad de la sentencia por no referirse a los alegatos de la defensa sobre la proyección de los efectos de la nulidad de la escritura de compraventa de las participaciones sociales sobre las previas donaciones de esas mismas participaciones y sobre el carácter gratuito de las donaciones, lo que, a juicio de los recurrentes, afectaría al requisito de la motivación de la sentencia. Ahora bien, dejando al margen que la referencia a las alegaciones sobre los efectos de la nulidad de las compraventas sobre la eficacia de las donaciones previas está desconectado de la delimitación del objeto de los motivos contenida en su encabezamiento (que solo aluden a la cuestión del carácter gratuito de las donaciones), en todo caso, como hemos declarado reiteradamente, el requisito de la motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestión que se decide ( SSTS de 29 de abril de 2008, 22 de mayo de 2009, 9 de julio de 2010; 294/2012, de 18 de mayo; y 774/2014, de 12 de enero de 2015), que es lo que denuncia el recurrente al no haber hecho la Audiencia mención expresa a algunos de los argumentos que adujo en su escrito de apelación.

2.3. En consecuencia, estos motivos de los recursos también deben ser desestimados.

QUINTO.- Recurso extraordinario por infracción procesal (iii). Motivo primero del recurso de D. Juan Francisco. Formulación y resolución

1.- Planteamiento. El motivo, al amparo del art. 469.1.2.º LEC, denuncia también la infracción del art. 218.2 LEC, porque "la sentencia recurrida no hace referencia alguna a las pruebas o circunstancias que justifican su decisión, ni se ofrece un razonamiento jurídico sobre las conclusiones que se alcanzan".

En su desarrollo, sintéticamente, considera que esa infracción se habría producido, en concreto, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia impugnada, al afirmar la validez de los contratos privados de donación con base en "dos breves párrafos", y sin motivar las razones por las que no estimó las alegaciones de su apelación sobre "la novación extintiva del contrato de las donaciones ex art. 1204 CC y la imposibilidad de hacer renacer los contratos de donaciones al limitar los efectos de la declaración de nulidad de la compraventa a la recíproca restitución entre las partes de las prestaciones objeto del contrato ex art. 1303 CC".

Añade que la Audiencia basó su decisión "en unos hechos considerados no probados en primera instancia y negados por los recurrentes", y en concreto "no se indica de qué manera ha determinado que la compraventa se otorgó únicamente por motivos fiscales, que la transmisión se realizó con la donación, y de qué manera ha concluido que subyacía un compromiso de compensar al actor por su consentimiento en la ampliación, sin referencia alguna a las pruebas o circunstancias de las que se desprenda dicha conclusiones".

2.- Decisión de la sala.La sentencia no incurre en infracción del deber de motivación. Desestimación.

2.1. El motivo centra su denuncia en la infracción del art. 218.2 LEC en relación con el deber de motivación de las sentencias. No denuncia una valoración probatoria arbitraria o irracional ni cuestiona el carácter de revisión plena que tiene el recurso de apelación, dentro de los límites del principio dispositivo y de la regla de congruencia, respecto de los elementos jurídicos y fácticos de la resolución de primera instancia. Lo que sustancialmente denuncia es que, en el contexto de esa doctrina y conforme al principio de un procedimiento con plenitud de garantías que exige el respeto al derecho a una tutela judicial efectiva, la Audiencia no puede apartarse de la valoración de la prueba hecha por el juez de primera instancia sin expresar una motivación suficiente sobre su decisión de separarse de las conclusiones probatorias alcanzadas por el juez a quo.

2.2. El motivo no puede prosperar. La motivación es la fundamentación coherente del fallo, es decir, la justificación de lo que lleva a la estimación o desestimación de las pretensiones de la parte, y no debe confundirse la falta de motivación con el desacuerdo con ella.

Como hemos dicho, el deber de motivar exige que la sentencia exprese los elementos que permitan conocer cuáles han sido las razones en derecho en que se fundamenta la decisión, como garantía de que no ha sido la consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad ni de un error patente. Pero tal exigencia de motivación no puede servir para cuestionar otros aspectos de la sentencia, como la valoración de la prueba, pues una cosa es explicar las razones por las que el tribunal llegó a identificar el supuesto de hecho al que la norma vincula la consecuencia jurídica pretendida y otra distinta que hayan sido correctamente valorados los medios que formaron la convicción judicial (en este sentido, entre otras, sentencias 204/2010, de 7 de abril, y 306/2011, de 6 de mayo, y 635/2012, de 2 de noviembre).

2.3. La Audiencia rechazó las alegaciones de los apelantes D.ª Erica y D. Juan Francisco de que las donaciones de participaciones sociales quedaron sin efecto por la posterior venta en escritura pública de las mismas y que, declarada nula dicha venta, los efectos restitutorios de dicha nulidad implicara que ellos recuperarían las participaciones vendidas y estarían obligados a restituir el precio, con el siguiente razonamiento:

"Pues bien, en modo alguno puede compartirse tal argumento. La declaración de nulidad de la escritura de compraventa de participaciones sociales no puede alcanzar a los contratos privados de donación, sobre todo si se tiene en cuenta que la elección de la compraventa como forma de elevar a público la transmisión de participaciones lo fue únicamente por motivos fiscales, como se ha reconocido por todas las partes, y por consejo del Letrado que les asesoraba, resultando que la transmisión se había realizado con anterioridad a través de las donaciones y que en cualquier caso, se tratara de una u otra la fórmula jurídica escogida, lo que se pretendía era dar cumplimiento al compromiso asumido por los hermanos Indalecio de restituir al actor en su posición inicial de socio mayoritario en la sociedad, que había perdido tras la ampliación de capital social, a cambio de haber prestado el indispensable consentimiento para llevarla a cabo, por lo que en definitiva, lo que subyacía era ese compromiso asumido que no puede ser soslayado con el argumento que se pretende".

La recurrente, por la vía de la alegación de falta de motivación, cuestiona la valoración de la prueba y, al hacerlo, contradice la doctrina de que la denuncia de la falta de motivación no puede servir de base para un nuevo examen de los hechos. Ni hay falta de motivación, según hemos visto, ni a través de su denuncia cabe revisar ahora la valoración del factum hecha en la instancia.

2.4. En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

Efecto de cosa juzgada positiva

SEXTO.- Recurso extraordinario por infracción procesal (iv). Motivos primero de los recursos de D.ª Erica y D. Romualdo, y motivo cuarto del recurso de D. Juan Francisco. Formulación y resolución

1.- Planteamiento. Los respectivos motivos primero de los recursos de D.ª Erica, D. Romualdo y cuarto del recurso de D. Juan Francisco, formulados al amparo del art. 469.1.2º LEC, denuncian la infracción del art. 222.4 LEC, con cita de las sentencias de esta sala de 2 de julio de 1992, 1 de diciembre de 1997, 17/2008, de 31 de enero, 230/2010, de 20 de abril, y 307/2010, de 25 de mayo.

En el desarrollo del motivo en los tres recursos, esencialmente coincidentes, se alega que la sentencia impugnada incurre en esa infracción legal porque ya existe una sentencia anterior dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Palma de Mallorca de 19 de mayo de 2016, con pronunciamiento firme sobre la nulidad de la transmisión de las participaciones sociales operada por el contrato de compraventa de 20 de agosto de 2012 y sobre los efectos derivados de la nulidad, y que la Audiencia Provincial, sin respetar el efecto de cosa juzgada de esa sentencia, cuestiona la naturaleza del contrato de compraventa y los efectos de la nulidad, al dotar de validez y eficacia a las donaciones anteriores de esas mismas participaciones sociales, cuestiones que ya habían sido resueltas por la sentencia previa con carácter vinculante.

En concreto, esa sentencia del juzgado de lo mercantil (i) calificó el contrato de transmisión de participaciones sociales de 20 de agosto de 2012 como una compraventa, por lo que ahora no puede afirmarse que la transmisión se hizo en tal forma por motivos fiscales pero que encubría una donación; y (ii) declaró la nulidad de la referida compraventa, lo que comporta la recíproca restitución de las prestaciones entre las partes (como se acordó en el trámite de ejecución de la sentencia, al requerir al órgano de administración de la sociedad que procediese a anotar en el libro registro de socios la condición de socios de los codemandados en virtud de las participaciones sociales que ostentaban con anterioridad a la escritura de compraventa). Declarar ahora la validez y eficacia de las donaciones impide que, una vez declarada la nulidad de la compraventa, las partes se restituyan recíprocamente las cosas objeto del contrato, y nace renacer unos contratos (donaciones) ya extinguidos por las partes. En definitiva, no puede calificarse como donación lo que ya fue calificado como compraventa y no pude darse otros efectos a la declaración de nulidad de la compraventa cuando ya se los ha dado la sentencia del juzgado de lo mercantil.

El recurso de D. Juan Francisco añade que los efectos de la cosa juzgada se extienden tanto a lo deducido en el proceso, como a lo deducible y no deducido (con cita del art. 400 LEC y de las sentencias de esta sala 1193/2007, de 7 de noviembre, y 549/2003, de 3 de junio).

Dada la estrecha conexión jurídica y lógica existente entre todos los motivos reseñados, basados en la común denuncia de la infracción al principio de cosa juzgada, los analizaremos y resolveremos de forma conjunta.

2.- Decisión de la sala. No resulta aplicable a la litis la excepción de cosa juzgada. Desestimación

2.1. La Audiencia Provincial, tras descartar que la declaración de nulidad de la escritura de compraventa de las participaciones sociales alcanzase a los contratos privados de donación, desestimó la alegación de la excepción de cosa juzgada material con la siguiente argumentación:

"Tampoco se entiende vulnerado el principio de cosa juzgada en relación con lo resuelto por el Juzgado de lo Mercantil nº 2. La sentencia allí dictada, como se ha visto declaró la nulidad de la escritura pública de compraventa de participaciones por entender vulnerado el derecho de adquisición preferente del Sr. Braulio, pero en ningún momento entró a realizar valoración alguna acerca de las donaciones simplemente porque nada al respecto se adujo, más allá de las manifestaciones del actor en el acto de interrogatorio sobre que se celebraría donación en lugar de compraventa si el Sr. Braulio ejercitaba el derecho de adquisición preferente".

2.2. La citada sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Palma de Mallorca 179/2016, de 19 de mayo, estimó la demanda presentada por D. Braulio contra D. Diego y los cuatro hermanos Indalecio en la que se pedía la declaración de nulidad frente a la entidad Red Digital de la transmisión de las participaciones sociales entre los codemandados operada a través de la escritura de compraventa de 20 de agosto de 2012 con fundamento en que el actor, D. Braulio, era socio de la citada entidad, y que el art. 11 de los estatutos de la sociedad establece restricciones a la transmisión de las participaciones, que habían sido vulneradas. En concreto, el citado art. 11 de los estatutos dispone que:

"El socio que se proponga transmitir por compraventa todas o parte de sus participaciones deberá comunicarlo por escrito al órgano de administración, en forma fehaciente, indicando el número y características de las participaciones que pretenda transmitir, la identidad y el domicilio del adquirente, el precio y demás condiciones de la transmisión. El órgano de administración lo notificará a los socios en el plazo improrrogable de quince días naturales. Los socios podrán optar a la compra dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación, manifestándolo por escrito. ....Transcurridos los plazos antes indicados sin que se haya ejercitado el derecho de preferente adquisición el socio que tenga proyectada la transmisión de sus participaciones quedará libre para transmitirlas a la persona y del modo comunicado a la Sociedad, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de los noventa días naturales siguientes a la finalización de los plazos indicados en el párrafo anterior".

La sentencia del juzgado de lo mercantil delimitó así el objeto del pleito: "se centra la controversia entre las partes en determinar si en el proceso de transmisión de participaciones sociales de los codemandados a D. Diego se respetó el derecho de adquisición preferente del actor".

Y tras analizar la prueba practicada, concluyó que se había vulnerado el derecho de adquisición preferente del actor, lo que razonó así:

"Recibe [el Sr. Braulio] comunicación de redacción confusa y que, según los propios autores, puede inducir a creer que la venta ya se ha celebrado. La firma que obra en ella no es la del administrador social, lo que se idea con la intención de desvincularse de ella si el actor ejercitara el derecho de adquisición preferente. Se solicita información en el acto de la Junta a quien ejerce las funciones de presidente y figura en la comunicación como uno de los vendedores, y manifiesta que todavía no se sabe nada cuando sólo restan tres días para que expire el plazo de ejercicio del derecho del actor. Esa omisión de información es consciente por parte de D. Romualdo y pretende utilizarse en contra de D. Braulio".

En consecuencia, el juzgado estimó la demanda y declaró en su parte dispositiva lo siguiente:

"1. declarando la nulidad de la transmisión de las participaciones de la entidad RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES S.L. realizada entre los codemandados mediante escritura pública otorgada en fecha de 20 de agosto del año 2012;

"2. declarando que la entidad RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES S.L. sólo deberá reconocer la condición de socio a los codemandados en virtud de las participaciones que ostentaban con anterioridad a dicha escritura pública;

"3. condenando a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones; [...]".

2.3. Esa resolución fue confirmada posteriormente por la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 21 de diciembre de 2016.

2.4. El demandante Sr. Diego en sus escritos de oposición al recurso extraordinario por infracción procesal de los hermanos Romualdo y Juan Francisco advierte, como primer argumento de oposición respecto de este motivo del recurso, que la alegación del efecto de la cosa juzgada fue planteada en la primera instancia y expresamente rechazada por el juzgado a quo, y que después no se reiteró esa alegación en la segunda instancia al no incluirse en sus respectivos recursos de apelación. Por lo que considera que ahora debe ser desestimado este motivo de ambos recursos de conformidad con el art. 469.2 LEC.

2.5. Este art. 469 LEC, después de establecer en su apartado 1 los motivos tasados en los que podrá fundarse un recurso extraordinario por infracción procesal, dispone en su apartado 2 el siguiente requisito de procedibilidad:

"Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del artículo 24 de la Constitución se hayan denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia se haya reproducido en la segunda instancia. Además, si la violación de derecho fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas".

De esta norma, este tribunal ha deducido que la denuncia tempestiva, no extemporánea, de la infracción es un requisito inexcusable, una carga impuesta a las partes que obliga a reaccionar en tiempo y forma, con la debida diligencia, en defensa de sus derechos, ya que, de no hacerlo así, la parte pierde la oportunidad de denunciar la irregularidad procesal a través del recurso extraordinario ( sentencias núm. 634/2010, de 14 de octubre, 241/2015, de 6 de mayo, 405/2015, de 2 de julio, y 135/2019, de 6 de marzo).

2.6. En la presente litis, este requisito no se cumple en el caso de los hermanos Romualdo y Juan Francisco, pues tras la desestimación por la sentencia de primera instancia de esta alegación de infracción al principio de cosa juzgada, ese pronunciamiento no fue combatido en la segunda instancia. Al no haberlo hecho, no pueden denunciar ahora esta infracción en el recurso extraordinario por infracción procesal, por impedirlo el art. 469.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no cumplirse el requisito de que la denuncia de esa pretendida infracción procesal "se haya reproducido en la segunda instancia".

2.7. Ese obstáculo procesal no concurre en el caso del recurso interpuesto por este mismo motivo (infracción del principio de cosa juzgada) por la codemandada D.ª Erica. Pero tampoco en este caso podemos estimar el motivo, por las razones que exponemos a continuación.

3.- Jurisprudencia sobre la eficacia de cosa juzgada material en relación con la preclusión de alegaciones. Como hemos declarado en otras resoluciones, por ejemplo en las sentencias 169/2014, de 8 de abril, y 423/2021, de 22 de junio, "la cosa juzgada material es el efecto externo que una resolución judicial firme tiene sobre los restantes órganos jurisdiccionales o sobre el mismo tribunal en un procedimiento distinto, consistente en una vinculación negativa y positiva, regulado en el art. 222 LEC. La vinculación negativa impide un nuevo proceso sobre el mismo objeto ya juzgado y conforme a la vinculación positiva, lo resuelto en el primero debe tenerse en cuenta en el segundo cuando sea un antecedente lógico de lo que sea su objeto".

3.1. El efecto de cosa juzgada material de las sentencias firmes, en su aspecto negativo, que es el que ahora interesa, "excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo" ( art. 222.1 LEC) , y "afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes" ( art. 222.3 LEC) .

3.2. Aunque, en principio, la cosa juzgada material exige una plena identidad de los procedimientos en cuanto a los sujetos, las cosas en litigio y la causa de pedir, también hay cosa juzgada material cuando lo resuelto en la sentencia del proceso anterior es preclusivo respecto del proceso posterior, conforme a lo previsto en el artículo 400.2 LEC. De tal forma que el art. 222 LEC se integra con la previsión de preclusión de alegaciones prevista en el art. 400 LEC, que dispone lo siguiente:

"1. Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior. [...]

"2. De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

Con esta norma "se pretende, por una parte, impedir que en el mismo proceso se altere la causa petendi con alegaciones de hechos y fundamentos jurídicos distintos de los invocados en la demanda, con la consiguiente indefensión para el demandado que habrá articulado su contestación en relación con una determinada causa petendi. Y, por otra, impedir que, resuelto el primer pleito con desestimación de la demanda, el demandante pueda volver a formular la misma pretensión sobre la base de unos hechos o fundamentos jurídicos que, pudiendo haber sido invocados en el pleito inicial, no lo fueron" ( sentencia de 14 de octubre de 2015).

3.3. En síntesis, y en lo que ahora interesa, el efecto de "preclusión de alegaciones" respecto de las vertidas por la demandante en el primer pleito, una vez firme la sentencia que lo resuelve, da lugar a que esa sentencia tenga eficacia de cosa juzgada material en sentido negativo respecto de las pretensiones interesadas en un segundo pleito que se apoyan en hechos y fundamentos jurídicos afectados por el efecto preclusivo.

De este modo, "del texto del precepto (400 LEC) se desprende que no pueden ejercitarse posteriores acciones basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo que se solicitó anteriormente y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser esgrimidos en la primera demanda" ( sentencia de 5 de diciembre de 2013). Teniendo en cuenta que esta regla no requiere la identidad estricta entre pedimentos, sino que basta su homogeneidad ( sentencia de 19 de noviembre de 2014).

3.4. En definitiva, como recuerda la sentencia 628/2018, de 13 de noviembre, "conforme a la jurisprudencia de esta sala sobre los arts. 400 y 222 LEC, lo decisivo o determinante es la pretensión ( sentencia 664/2017, de 13 de diciembre), de modo que no se puede volver a reclamar lo ya reclamado en un litigio anterior ( sentencia 417/2018, de 3 de julio), ni solicitar el cumplimiento de un mismo contrato por dos veces ( sentencia 9/2012, de 6 de febrero), pues "la finalidad de la cosa juzgada es impedir que un mismo litigio se reproduzca indefinidamente" ( sentencia 164/2011, de 21 de marzo)".

3.5. En el caso que ahora enjuiciamos no concurre esa identidad de pretensiones entre el pleito anterior y el posterior (del que trae causa este recurso). En el primer pleito se ejercitó una acción de nulidad de la compraventa de participaciones sociales formalizada en escritura de 20 de agosto de 2012, conforme al art. 112 TRLSC, por haberse realizado esa transmisión con vulneración del derecho de adquisición preferente que a los socios concedía el art. 11 de los estatutos sociales. El petitum de la demanda era la declaración de la nulidad de esa compraventa, demanda que fue estimada en primera instancia, y la sentencia estimatoria fue confirmada por la Audiencia, por lo que devino firme. En este segundo pleito, en la demanda se reclama: (i) la declaración de nulidad de pleno derecho de los mencionados contratos de compraventa de las participaciones sociales "por simulación"; (ii) la declaración de validez y eficacia de las cuatro donaciones de esas participaciones sociales formalizadas por los codemandados a favor del actor; (iii) la declaración de que la escritura pública de 20 de agosto de 2012 mantiene el valor de documento por el que se tiene por elevados a públicos los documentos privados de donación; y (iv) subsidiariamente a esta última pretensión, la condena a los codemandados a elevar a público los citados documentos privados de donación.

3.6. Los hechos en los que se basa esta reclamación no son íntegramente coincidentes respecto de los que sustentaban la demanda del pleito anterior, solo lo son en parte (esencialmente, en cuanto a la existencia de la escritura de compraventa de las participaciones). Tampoco es coincidente la fundamentación jurídica, pues la razón decisoria o justificación de la reclamación aceptada por la Audiencia en la presente litis fue que la nulidad de la previa compraventa (que consideró motivada por razones fiscales y mero instrumento del cumplimiento del compromiso de restituir al demandante en su posición de socio mayoritario tras la ampliación de capital), no impedía el reconocimiento de la validez de las previas donaciones, sin perjuicio de la ineficacia de las que se pudieran considerar incursas en causa de revocación; fundamentación distinta a la que constituyó la razón decisoria del primer pleito: que el allí demandante (y aquí codemandado), Sr. Braulio, como socio de Red Digital, era titular de un derecho de adquisición preferente en la transmisión por compraventa de las participaciones sociales que no fue respetado.

3.7. Aunque, como hemos declarado en otras ocasiones (v.gr. sentencia 5/2020, de 8 de enero), la variación del título o causa de pedir no debería impedir que operara el efecto de la preclusión de alegaciones del art. 400.2 LEC, y que como consecuencia de ello, en virtud de lo previsto en el art. 222 LEC, procediera apreciar la eficacia de cosa juzgada material en sentido negativo, en todo caso para ello es preciso que exista una identidad de pretensiones entre ambos pleitos, identidad de pretensiones que aquí no existe. Que la compraventa de las participaciones fuese nula, conforme al art. 112 TRLSC, por no respetar el régimen estatutario de transmisión, no impide ni constituye obstáculo para que, además, pudiera eventualmente concurrir en esa compraventa otra causa de nulidad (por haber incurrido, en su caso, en simulación). Pero, sobre todo, no implica que aquella nulidad haya comportado también necesariamente la ineficacia de las previas donaciones de esas mismas participaciones, lo que exigiría (i) no solo calificar la compraventa posterior como una novación extintiva, (ii) sino también mantener los efectos extintivos de esa novación incluso a pesar de la declaración de nulidad de este supuesto convenio novatorio (compraventa). Cuestiones sobre las que no versó la controversia ventilada en el primer pleito y que no fueron, por tanto, objeto de pronunciamiento judicial alguno por la sentencia firme que le puso término, sentencia que, en consecuencia, carece de los efectos vinculantes y de cosa juzgada que ahora se pretenden.

3.8. En consecuencia, procede desestimar los tres motivos de los citados recursos.

Las reglas de la carga de la prueba

SÉPTIMO.- Recurso extraordinario por infracción procesal (v). Motivo segundo del recurso de D. Braulio. Formulación y resolución

1.- Planteamiento. El motivo se formula al amparo del art. 469.1.2º LEC, y denuncia "la vulneración del art. 217 LEC en relación con el art. 326 LEC", con cita de la sentencia de esta sala 697/2011, de 3 de octubre.

El recurrente alega que, conforme al art. 326 LEC, los documentos privados hacen prueba plena en el proceso cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique, y que los contratos privados de donación de 2011 no fueron impugnados por ninguna de las partes y que en los mismos se dice que "se dona pura y simplemente". La infracción se habría producido al declarar la Audiencia que esas donaciones fueron onerosas, a pesar de que el Sr. Diego no desarrolló ninguna actividad probatoria tendente a demostrar que los hermanos Indalecio hubieran impuesto algún tipo de gravamen al donatario, por lo que la sentencia recurrida desplazó sin más la carga de la prueba.

2.- Decisión de la sala. La Audiencia no aplicó las reglas sobre la carga de la prueba. Desestimación

2.1. El motivo se desestima. La carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia con falta de pronunciamiento que se establece en los arts. 11.3º LOPJ y 1.7º CC, al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba.

Esa es la razón por la que el precepto que la regula, el art. 217 LEC, no se encuentra entre las disposiciones generales en materia de prueba (arts. 281 a 298), sino entre las normas relativas a la sentencia, pues es en ese momento procesal cuando han de tener virtualidad las reglas de la carga de la prueba, al decidir a quién ha de perjudicar la falta de prueba de determinados extremos relevantes en el proceso.

Solo se infringe el mencionado art. 217 LEC si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas establecidas en el art. 217 LEC y desarrolladas por la jurisprudencia (por todas, sentencias 244/2013, de 18 de abril, y 484/2018, de 11 de septiembre).

2.2. En este caso, la decisión de la Audiencia Provincial no se ha basado en la falta de prueba de un hecho relevante, único supuesto en que entran en juego las reglas de la carga de la prueba (entre otras, sentencias 244/2013, de 18 de abril, y 609/2015, de 12 de noviembre), sino justamente en lo contrario, en que ha apreciado como hecho probado que "por mucho que en los contratos de donación se recoja de forma literal que se dona pura y simplemente, lo cierto es que conforme hemos visto las donaciones no se hicieron con un ánimo gratuito sino que eran una contraprestación al actor que había consentido la ampliación de capital de la sociedad y que le supuso la pérdida de su condición de socio mayoritario, con el consiguiente beneficio que reportó a los hermanos que vieron incrementada su participación en el capital social, de lo que infiere la onerosidad de las mismas".

2.3. Cuestión distinta es si esa valoración probatoria fue o no acertada, a lo que se refieren los recursos de otros de los codemandados, en cuyo marco lo analizaremos. Por tanto, la infracción denunciada en este motivo no se ha producido.

Error patente en la valoración de la prueba

OCTAVO.- Recurso extraordinario por infracción procesal (vi) Motivos tercero y cuarto del recurso de D. Luis Angel, motivos segundo y tercero del recurso de D. Juan Francisco, y motivos terceros de los recursos de D.ª Erica y D. Romualdo. Formulación y resolución

1.- Planteamiento. Todos los motivos de formulan al amparo del art. 469.1.4º LEC, y denuncian las infracciones que se reseñan a continuación.

1.1. Motivos tercero y cuarto del recurso de D. Luis Angel. Denuncian la infracción de los arts. 24 CE, 326 y 319 LEC.

La infracción se habría producido al haber incurrido la Audiencia en un error patente en la valoración de la prueba al considerar que la donación realizada por el recurrente se realizó como contraprestación por haber consentido el Sr. Diego una ampliación de capital, pese a que (i) en el contrato privado de donación se afirma que la donación es pura y simple (sin que, del propio contrato de donación, resulte la existencia de carga o gravamen alguno que deba realizar el donatario en el futuro); y (ii) tampoco se recoge en la escritura pública en que se formalizó la ampliación de capital que ésta se realice a cambio de que, en el futuro, el recurrente - o alguno de sus hermanos - debiera transmitir parte de sus participaciones sociales al Sr. Diego. Lo que supone vulnerar, además del art. 24 CE, art. 326 LEC, conforme al cual los documentos privados harán prueba plena en el proceso si no se impugna su autenticidad, y el art. 319 LEC según el cual los documentos públicos "habrán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten [...]".

1.2. Motivo segundo del recurso de D. Juan Francisco. Denuncia la infracción de los arts. 24 CE y 326 LEC, por error patente en la valoración de la prueba al concluir la Audiencia que la donación realizada por el recurrente se realizó como contraprestación por haber consentido el Sr. Diego una ampliación de capital.

Alega que la Audiencia alcanza esa conclusión sin que se haya practicado ninguna prueba que así lo acredite, haciendo propio el relato fáctico defendido por el Sr. Diego, cuando de los documentos privados de donación se desprende que la donación de las participaciones fue una mera liberalidad; que la sentencia recurrida sienta dos hechos verídicos: que el Sr. Diego votó a favor de la ampliación de capital (acordada en la junta de socios celebrada el 22 de diciembre de 2009), aunque le supuso reducir su participación en el capital, y que los hermanos Indalecio obtuvieron con la ampliación en conjunto una mayoría de capital; pero no existe prueba alguna que acredite que las donaciones realizadas dos años después tengan relación con la ampliación de capital, ni que existiera ningún acuerdo privado por el que el recurrente se comprometiese a transmitir las participaciones sociales al Sr. Diego; el Sr. Diego acudió a la ampliación voluntaria y libremente, accediendo a perder la mayoría social a cambio de que los socios que habían realizado más aportaciones dinerarias obtuvieran mayor número de participaciones que él; dos años más tarde los hermanos Indalecio donaron las mismas participaciones que habían adquirido con la ampliación de capital, sin contraprestación, por causas relacionadas con la excelente relación que en esa época existía entre las partes.

1.3. Motivo tercero del recurso de D. Juan Francisco. También denuncia la infracción de los arts. 24 CE y 386 LEC, por error patente en la valoración de la prueba al presumir que las citadas donaciones fueron una contraprestación por haber consentido la ampliación de capital, lo que no reconoció ninguno de los codemandados.

Alega que las bases sobre las que se asienta la presunción son correctas: el Sr. Diego votó a favor de la ampliación a pesar de que ello implicaba la reducción de su participación en el capital social, y los hermanos Indalecio con la ampliación obtuvieron un beneficio, al conseguir en su conjunto una mayoría del capital social; pero objeta que de esos hechos no se desprende ningún enlace directo con que las donaciones realizadas después fueran una contraprestación. Considera que la sentencia recurrida incurre en una valoración ilógica porque las participaciones donadas fueron exactamente las mismas que las obtenidas con la ampliación, por lo que los hermanos Indalecio "perdieron esa mayoría del capital social, con lo cual desaparece la "prestación" que las supuestas donaciones debían "contraprestar"". En definitiva, no existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano entre los hechos probados y la presunción alcanzada por la sentencia recurrida.

1.4. Motivos tercero de los recursos de D.ª Erica y D. Romualdo. Ambos motivos denuncian la infracción los arts. 24 CE y 386 LEC, al concluir que las donaciones eran una contraprestación al Sr. Diego, porque "carece de toda lógica y sentido lo concluido por la sentencia de la Audiencia Provincial, pues ha realizado una valoración de la prueba del todo irrazonable y arbitraria, pues se basa en una presunción sin atender a las pruebas obrantes en autos, concluyendo sin establecer ninguna relación entre los hechos probados y la presunción alcanzada".

Los recurrentes, de forma coincidente, alegan que las presunciones en que se basa la Audiencia no están justificadas y no tienen en cuenta las pruebas aportadas: (i) según la pericial del auditor Sr. Jose Francisco, el demandante carecía de participaciones sociales y pudo asistir a la junta del 22 de diciembre de 2009 en la que se acordó la ampliación de capital porque ese mismo día D.ª Erica le vendió 51 participaciones sociales, la mayoría del capital social, a valor nominal, sin que los demás hermanos ejercitasen su derecho de adquisición preferente; (ii) la ampliación se realizó por imperativo legal al estar incursa la sociedad en causa de disolución por pérdidas al ser los fondos propios negativos; (iii) el Sr. Diego concurrió a la ampliación en la cuantía de 3.280,90 euros, que era lo que había prestado a la sociedad; si el actor no suscribió más capital fue por su voluntad de no hacerlo. La donación posterior a la ampliación fue un acto de liberalidad que no obedecía a ninguna remuneración ni imponía carga alguna al donatario.

1.5. Resolución conjunta. Dada la estrecha relación existente entre todos los motivos reseñados, basados en la común denuncia de la existencia de un error patente en la valoración de la prueba, procederemos a su resolución conjunta.

2.- Decisión de la sala. Error en la valoración de la prueba.

2.1. Los motivos deben ser desestimados. El recurso por infracción procesal no puede convertirse en una tercera instancia. Para que un error en la valoración de la prueba tenga relevancia para la estimación de un recurso de esta naturaleza, con fundamento en el art. 469.1.4º LEC, debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.

En las sentencias de esta sala 418/2012, de 28 de junio, 262/2013, de 30 de abril, 44/2015, de 17 de febrero, 303/2016, de 9 de mayo, 411/2016, de 17 de junio, 208/2019, de 5 de abril; 141/2021, de 15 de marzo; 59/2022, de 31 de enero; y 391/2022, de 10 de mayo (entre otras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia a estos efectos, dado que es necesario que concurran, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

2.2. En el presente caso no cabe tachar la valoración probatoria de la Audiencia de patentemente errónea, arbitraría o irrazonable al considerar que la donación realizada por los recurrentes se realizó como contraprestación por haber consentido el Sr. Diego la ampliación de capital de la sociedad. Los recursos se basan en que en el contrato privado de donación se afirma que la donación es pura y simple, sin que conste la existencia de carga o gravamen alguno que deba realizar el donatario en el futuro; tampoco se recoge esa contraprestación en la escritura de ampliación de capital, por lo que la existencia de esa supuesta contraprestación constituye una presunción que no responde a las exigencias del art. 386 LEC, y que contradice la eficacia probatoria que a los documentos públicos y privados atribuyen los arts. 319 y 326 LEC. Estos argumentos, sin embargo, no pueden acogerse favorablemente, por las razones que exponemos a continuación.

2.3. Los requisitos de las presunciones judiciales. En primer lugar, el art. 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo el epígrafe "Presunciones judiciales", establece que "a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

Las infracciones relativas a la prueba de presunciones pueden producirse, entre otros, en los casos en que el juzgador ha omitido de forma ilógica la relación existente entre los hechos base que declara probados y las consecuencias obtenidas; pero no cuando el tribunal se ha limitado a obtener las conclusiones de hecho que ha estimado más adecuadas con arreglo a los elementos probatorios que le han sido brindados en el proceso sin incurrir en una manifiesta incoherencia lógica ( SSTS 836/2005, de 10 de noviembre; 215/2013 bis, de 8 de abril; 586/2013, de 8 de octubre; y 484/2018, de 11 de septiembre).

Como declaramos en las sentencias 202/2017, de 29 de marzo, 864/2021, de 14 de diciembre, y 668/2022, de 13 de octubre, el posible control de la presunción judicial mediante un recurso extraordinario por infracción procesal se reduce a si "el proceso deductivo no se ajusta a las reglas de la lógica por no ser el hecho deducido producto de una inferencia lógica desarrollada a partir de los hechos acreditados" ( sentencias 471/2008, 27 de mayo de 2008 y 192/2015, de 8 de abril). Sin perder de vista que esta prueba no requiere de la existencia de un resultado único, sino que es posible admitir diversos resultados lógicos de unos mismos hechos base, pues de no ser así no nos encontraríamos ante una verdadera presunción, sino ante los facta concludentia ( sentencia 192/2015, de 8 de abril).

2.4. En el caso de la litis, como se reconoce en el recurso de D. Juan Francisco, las bases o premisas sobre las que se asienta la presunción de la Audiencia son correctas: el Sr. Diego votó a favor de la ampliación de capital a pesar de que ello implicaba la reducción de su participación en el capital social, y los hermanos Indalecio con la ampliación obtuvieron un beneficio, al conseguir en su conjunto una mayoría del capital social. Lo que niega el recurrente es que exista un enlace directo entre esos hechos y el hecho presunto de que las donaciones posteriores fuesen una prestación correspectiva (de "contraprestación" la califica la Audiencia) a aquel consentimiento sobre el cambio de la estructura accionarial de la sociedad, conclusión que tacha de valoración ilógica.

Pero con ello obvia el recurrente que la Audiencia no partía de una base fáctica y jurídica integrada solo por esos elementos. El factum del proceso se integraba también por el hecho, que la Audiencia declara expresamente reconocido por todas las partes (sin que ahora quepa una revisión completa de toda la prueba para desmotar esta afirmación), de que la motivación de instrumentar públicamente la transmisión de las participaciones a través de una escritura pública de compraventa respondía a motivaciones fiscales, lo que resulta coherente con que, sin rastro de documento privado de compraventa que hubiere precedido a la autorización de la escritura, en el acto de su otorgamiento los vendedores confesaran ya recibido en un momento anterior la totalidad del precio en efectivo metálico (sin prueba documental de su pago efectivo). En segundo lugar, es muy significativo que uno de los vendedores/donantes, el también recurrente D. Luis Angel, se allanara en su contestación a la demanda no solo a la pretensión de la declaración de nulidad del contrato de compraventa por simulación, sino también a la petición de declaración de validez y eficacia de la donación de 10 de noviembre de 2011, centrando su línea de defensa no en la invalidez o ineficacia de la donación, sino en la revocación posterior de la donación por la superveniencia de una hija. Lo que presupone aceptar tanto el carácter simulado de la compraventa, que se pedía en la demanda, como la validez y eficacia inicial de la donación.

2.5. Es cierto que la Ley de Enjuiciamiento Civil no impone legalmente y en todo caso un valor probatorio pleno al reconocimiento de los hechos por la parte, pero también lo es que, como explica la exposición de motivos de dicha ley "en cuanto a la valoración de la declaración de las partes, es del todo lógico seguir teniendo en consideración, a efectos de fijación de los hechos, el dato de que los reconozca como ciertos la parte que ha intervenido en ellos y para la que resultan perjudiciales"; y tras rechazar su carácter de prueba plena, añade "como en las últimas décadas ha venido afirmando la jurisprudencia y justificando la mejor doctrina, ha de establecerse la valoración libre, teniendo en cuenta las otras pruebas que se practiquen".

2.6. A ello se suma la propia racionalidad económica que subyace al planteamiento que hace el demandante (consentimiento a la ampliación de capital a cambio de transmisión posterior de participaciones que permitan evitar el efecto de dilución de su participación en el capital social), frente a la posición sostenida por los demandados, escasamente plausible, de que las donaciones formalizadas en 2012, posteriores a la ampliación, respondía a un ánimo de pura liberalidad por las excelentes relaciones personales entonces existentes entre las partes.

2.7. Como hemos señalado en la sentencia 141/2021, de 15 de marzo,

"Las reglas de la sana crítica no son normas que se encuentren codificadas, sino que están conformadas por las más elementales directrices de la lógica humana. Comprenden las máximas o principios derivados de la experiencia, obtenidos de las circunstancias y situaciones vividas a través de la observación de hechos, conductas y acontecimientos. Implican un sistema de valoración racional y razonable de la actividad probatoria desplegada en el proceso, que permite efectuar un juicio prudente, objetivo y motivado, de corroboración de las afirmaciones fácticas efectuadas por las partes mediante el examen de las pruebas propuestas y practicadas, todo ello con la finalidad de huir de los riesgos derivados del acogimiento de meras hipótesis intuitivas o conclusiones valorativas absurdas, y prevenir, de esta forma, decisiones arbitrarias".

Si se someten a este tamiz de la sana crítica las posiciones alegatorias de contraste de ambas partes, no cabe tachar de ilógica o irracional la tesis finalmente acogida por la Audiencia.

Como recuerda la sentencia 366/2022, de 4 de mayo, las presunciones judiciales del art. 386 LEC no suponen una inversión de la carga de la prueba, ni entran en contradicción con las normas que atribuyen las consecuencias de la falta de prueba. Lo que comportan y determinan esas presunciones es la aplicación de la regla de la dispensa de prueba del hecho presunto por la certeza que alcanza el tribunal sobre ese hecho, a la vista del hecho admitido o probado y del enlace preciso y directo entre uno y otro, según las reglas de la sana crítica.

2.8. En este contexto, la revisión en el recurso extraordinario por infracción procesal se ciñe a "la sumisión a la lógica de la operación deductiva, quedando reservada a la instancia la opción discrecional entre diversos resultados posibles ( sentencias 686/2014, de 25 de noviembre y 192/2015, de 8 de abril)". En otros términos: salvada la exigencia del control de la lógica del proceso deductivo que haya concluido en la afirmación de un hecho como cierto partiendo de otro hecho o hechos base y de su nexo preciso y directo entre uno y otro, queda reservada a la instancia la opción discrecional entre diversos resultados posibles, sin que pueda confundirse la "deducción ilógica" con la "deducción alternativa propuesta por la parte" (por todas, sentencia 208/2019, de 5 de abril, y las que en ella se citan).

En definitiva, incluso en el que caso de que la valoración probatoria de la Audiencia no fuere la única posible, no cabe apreciar que la sentencia de apelación haya incurrido en una valoración probatoria patentemente errónea, arbitraria o ilógica, en los términos exigidos por la jurisprudencia, antes reseñada, condiciones necesarias para la prosperabilidad de un recurso de esta naturaleza.

2.9. Prueba documental. La conclusión anterior no puede quedar enervada por la invocación de la regulación de los arts. 319 y 326 LEC sobre la fuerza probatoria de los documentos públicos (escritura de ampliación de capital) y privados (documentos privados de donaciones).

En cuanto a estos últimos, hay que recordar que la valoración de los documentos privados debe hacerse en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba ( sentencias 458/2009, de 30 de junio, 163/2016, de 16 de marzo, y 642/2016, de 26 de octubre), puesto que en nuestro ordenamiento procesal rige el principio de valoración conjunta de la prueba ( sentencia 356/2016, de 30 de mayo). Una cosa es el valor probatorio de los documentos en cuanto a la autenticidad, fecha o personas que intervinieron, y otra distinta la interpretación efectuada por la sentencia recurrida acerca del contenido de los documentos (por todas, sentencia 235/2018, de 23 de abril). La expresión "prueba plena" del artículo 326.1 LEC no significa que el tribunal no deba valorar su contenido de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en el conjunto de las pruebas aportadas (por todas, sentencia 1279/2023, de 14 de junio).

Y respecto de la escritura de ampliación de capital, como esta sala afirmó en las sentencias 577/2011, de 20 de julio, y 616/2012, de 23 de octubre, reiterando la 377/2010, de 14 de junio:

"el artículo 319.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en consonancia con el artículo 1218 del Código Civil, dispone que los documentos públicos harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella, pero sólo sobre tales extremos, constituyen prueba legal de necesaria apreciación por los tribunales, sin que nada impida que estos puedan extraer otras consecuencias probatorias libremente apreciadas, entre ellas, la veracidad de las manifestaciones".

2.10. En este caso, ninguna duda existe sobre los extremos a que se refiere el art. 319.1 LEC, lo que, conforme a la jurisprudencia reseñada, no impide al tribunal extraer "otras consecuencias probatorias libremente apreciadas", incluyendo la posible relación entre el consentimiento del demandante como socio de Red Digital a la ampliación de capital y la transmisión de participaciones de los socios demandados a su favor en número suficiente para recuperar su posición de socio mayoritario de la sociedad tras la ampliación, ampliación que se hizo por compensación de créditos contra la sociedad. Por ello tampoco es correcto el argumento impugnativo de que si el Sr. Diego no asumió en esa ampliación un número mayor de participaciones fue porque no quiso, cuando esa asunción estaba limitada por el valor de los créditos que los socios tenían contra la sociedad.

2.11. Por todo ello, procede desestimar los motivos de los recursos analizados, lo que comporta el decaimiento completo de los cuatro recursos extraordinarios por infracción procesal interpuestos.

Recurso de casación

NOVENO.- Cuestión previa. Orden de resolución de los recursos

1.- Por razones sistemáticas y de claridad expositiva resolveremos los motivos de los diferentes recursos siguiendo este orden lógico-jurídico: primero, los relativos a la supuesta eficacia extintiva sobre las donaciones derivada de su posterior compraventa y a los efectos restitutorios de la nulidad de la compraventa; después, caso de desestimación de esos motivos, los relativos a la interpretación de los contratos de donación y a su calificación como pura y simple u onerosa (o remuneratoria); a continuación, los relativos a la revocación de las donaciones; y, finalmente, el referente a la infracción de los preceptos de la legislación de sociedades mercantiles sobre limitación a la transmisibilidad de las participaciones.

2.- Los motivos que estén fundados en la denuncia de unas mismas normas legales y aquellos que presenten una conexión jurídica y lógica entre sí, serán analizados y resueltos conjuntamente.

Novación extintiva y efectos restitutorios derivados de la nulidad del contrato de compraventa de las participaciones sociales

DÉCIMO.- Recurso de casación (i). Motivos primero y segundo de los recursos de D.ª Erica, de D. Romualdo y de D. Juan Francisco

1.- Formulación del motivo primero de los recursos de D.ª Erica, de D. Romualdo y de D. Juan Francisco. Los tres motivos, sustancialmente coincidentes (idénticos en realidad los dos primeros), denuncian la infracción del art. 1204 CC, sobre la novación extintiva, y de la jurisprudencia que lo interpreta (con cita como vulneradas de las sentencias de esta sala 174/2009, de 9 de febrero, y 451/2015, de 31 de julio), porque "no procede mantener la validez de los contratos de donación de participaciones sociales ... la transmisión de las participaciones se realizó por contrato de compraventa, por lo que el contrato de donación anterior se extingue, ya que la voluntad de las partes fue recoger la transmisión a través de la compraventa, siendo ambos negocios jurídicos incompatibles" (recursos de D.ª Erica y D. Romualdo). El recurso de D. Juan Francisco añade la cita también como infringidas de las sentencias 55/1976, de 3 de marzo, y 1122/2002, de 19 de noviembre.

En su desarrollo se razona, en síntesis, que: (i) puesto que el contrato de compraventa es incompatible con el contrato de donación, las donaciones se extinguieron una vez las partes contratantes decidieron regular sus intereses con la celebración del contrato de compraventa, con los efectos propios de una novación extintiva; (ii) carece de lógica la sentencia impugnada cuando dice que la transmisión se había realizado con anterioridad a través de las donaciones, pues los hermanos Indalecio no podrían vender algo de lo que ya no disponían; (iii) la celebración del contrato de compraventa dejó sin efecto las donaciones anteriores, pues la compraventa sustituyó esas donaciones como nuevo negocio jurídico, y ahora no cabe dar validez y efecto a un negocio que las partes decidieron extinguir; y (iv) el contrato de compraventa no es más que la revelación de la decisión de las partes, por mutuo disenso, de novar extintivamente los contratos privados de donación, y para que se produzca esa novación extintiva no es necesario que conste expresamente en el nuevo contrato, pues resulta de la incompatibilidad entre la compraventa y el contrato anterior de donación, y esa extinción no puede quedar afectada por la declaración de nulidad de la compraventa.

2.- Formulación del motivo segundo de los recursos de D.ª Erica, de D. Romualdo y de D. Juan Francisco. Los tres motivos esencialmente idénticos, denuncian la infracción del art. 1303 CC y de la jurisprudencia que lo interpreta, contenida en las sentencias de esta sala de 24 de febrero de 1992, 1293/1993, de 30 de diciembre, y 312/2006, de 24 de marzo (recursos de D.ª Erica y D. Romualdo); en el recurso de D. Juan Francisco se añade la cita de las sentencias de 9 de noviembre de 1999, 185/1978, de 16 de mayo, 14 de febrero de 1994, y 102/2015, de 10 de marzo.

En su desarrollo, resumidamente, se aduce que: (i) el contrato de compraventa de las participaciones fue declarado nulo por sentencia judicial firme; (ii) conforme al art. 1303 CC, declarada la nulidad del contrato, los contratantes deben restituirse recíprocamente las prestaciones; (iii) al declararse judicialmente nula la compraventa el Sr. Diego debía restituir a los hermanos Indalecio las participaciones sociales y estos restituir al primero el precio pagado por la compraventa; (iv) el único efecto de la nulidad es esa restitución de las prestaciones, volviendo a la situación patrimonial anterior a la compraventa (en esa situación previa los hermanos Indalecio eran titulares de las participaciones, pues, de lo contrario no habría podido vender lo que no era suyo), y, sin embargo, la Audiencia ha hecho "renacer" un contrato de donación anterior, contraviniendo la sentencia judicial que declaró aquella nulidad, e infringiendo el principio de cosa juzgada y los arts. 1204 y 1303 CC, al hacer imposible la restitución de las prestaciones; y (v) por ello, la nulidad de la compraventa debe alcanzar también a las donaciones

DECIMOPRIMERO.- Decisión de la sala. Novación extintiva y efectos restitutorios derivados de la nulidad del contrato de compraventa de las participaciones sociales

1.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Palma de Mallorca de 19 de mayo de 2016, confirmada por la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 21 de diciembre de 2016, declaró la nulidad de la escritura de compraventa de las participaciones de la sociedad Red Digital otorgada el 20 de agosto de 2012, y que Red Digital debía reconocer "la condición de socio a los codemandados [Sr. Diego y Sres. Indalecio] en virtud de las participaciones que ostentaban con anterioridad a dicha escritura pública". La causa de la nulidad apreciada por el juzgado fue la vulneración del derecho de adquisición preferente que los estatutos sociales reconocían al demandante como socio.

La impugnación de los recurrentes articulada en estos motivos se basa, resumidamente, en la tesis de que la compraventa de las acciones constituyó una novación extintiva de las previas donaciones (de las mismas participaciones sociales y entre las mismas partes), por lo que la declaración de nulidad de la compraventa provoca un efecto legal que obliga a la restitución de las respectivas prestaciones del contrato (con devolución de las participaciones a los vendedores y del precio al comprador), sin posibilidad ya de revivir el efecto traslativo de la titularidad de esas participaciones derivada de las donaciones, donación que fue extinguida por ese convenio novatorio (compraventa). Esta tesis impugnativa no puede ser acogida favorablemente lo que determina la desestimación de los motivos por las razones que exponemos a continuación.

2.- Los efectos de la nulidad del contrato de compraventa de las participaciones sociales. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º2 de Palma de Mallorca de 19 de mayo de 2016 declaró la nulidad de la compraventa de las participaciones sociales por haberse vulnerado el derecho de adquisición preferente del socio allí demandante (Sr. Braulio). En el proceso del que causa este recurso, la Audiencia Provincial en su sentencia, sin contradecir ni la declaración de nulidad de la compraventa ni la vulneración del derecho de adquisición preferente que la causó, ha añadido unas apreciaciones en las que subyace una segunda causa de nulidad, vinculada a la simulación de la causa del contrato (sin que se pueda oponer a ello la doctrina de la sentencia de esta sala 549/2003, de 3 de junio, que rechazó la alegación de simulación porque en un pleito anterior había resultado acreditado el pago efectivo del precio pactado):

"la elección de la compraventa como forma de elevar a público la transmisión de participaciones lo fue únicamente por motivos fiscales, como se ha reconocido por todas las partes, y por consejo del Letrado que les asesoraba, resultando que la transmisión se había realizado con anterioridad a través de las donaciones y que en cualquier caso, se tratara de una u otra la fórmula jurídica escogida, lo que se pretendía era dar cumplimiento al compromiso asumido por los hermanos Indalecio de restituir al actor en su posición inicial de socio mayoritario en la sociedad, que había perdido tras la ampliación de capital social, a cambio de haber prestado el indispensable consentimiento para llevarla a cabo, por lo que en definitiva, lo que subyacía era ese compromiso asumido que no puede ser soslayado con el argumento que se pretende. [...]".

Pero esta declaración no va dirigida a fundar una segunda declaración de nulidad de la compraventa por simulación, como se pedía en la demanda y se rechazó en la Audiencia (la declaración de nulidad de la compraventa declarada por la sentencia del juzgado de lo mercantil ya era firme), sino que tiene por objeto justificar la decisión de la Audiencia de negar también la pretensión de los demandados de que los efectos de la declaración de nulidad de la compraventa se proyectaran o propagaran también sobre los contratos privados de donación, provocando igualmente la ineficacia de estos.

Esta pretendida eficacia ultra vires de la nulidad de la compraventa mediante la propagación retroactiva de sus efectos a las donaciones anteriores requeriría admitir, como postulan los recurrentes, que la escritura de compraventa no solo produjo un efecto de novación extintiva sobre las donaciones anteriores, sino también que ese efecto novatorio/extintivo derivado de la compraventa no se vio afectado por la declaración de nulidad de la propia compraventa, premisa que no puede asumirse.

3.- Las obligaciones restitutorias derivadas de la concurrencia de causas de ineficacia de los contratos.

3.1. Los contratos, una vez perfeccionados, obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a "todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes [...] a la ley" ( art. 1258 CC) . Entre estas consecuencias derivadas de los contratos conforme a la ley se encuentran las obligaciones restitutorias generadas por la ineficacia total o parcial del contrato, por causas previstas en el propio contrato (en forma de condición resolutoria explicita - art. 1123 CC -) o directamente en la ley, como en los casos de nulidad absoluta o relativa ( art. 1303 CC) , resolución tácita en las obligaciones recíprocas ( art. 1124 CC) o rescisión - en la medida necesaria parar satisfacer los derechos del perjudicado - ( art. 1295 CC) .

3.2. Como declaramos en la sentencia 532/2021, de 14 de julio, el contrato inválido, como expresivamente se ha afirmado en la doctrina, "no es un nihil". Ha acaecido en la realidad fáctica y ha creado una apariencia, que el Derecho no desconoce. Ciertamente, las consecuencias del contrato inválido no son las derivadas de la regulación de los intereses fijadas por las partes en los pactos del contrato, ni las que corresponden al tipo contractual empleado conforme a su regulación legal dispositiva. En realidad, esas consecuencias no son efectos "contractuales", sino efectos derivados directamente de la ley ( art. 1.090 CC) , fruto de una regulación ex lege, en principio, ajena a la voluntad de las partes.

3.3. Esas consecuencias responden a dos modalidades, una negativa y otra positiva. La primera deriva de la ineficacia propia del contrato inválido, y se sintetiza en la máxima quod nullum est nullum producit effectum. El contrato nulo es ineficaz (v.gr. art. 1275 CC) , por lo que: (i) los contratantes no quedan "vinculados contractualmente"; (ii) no llegan a nacer las obligaciones previstas en el contrato, y (iii) las atribuciones patrimoniales que puedan haberse realizado por estar previstas en el contrato deben considerarse producidas sin causa.

Como afirmamos en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo:

"Como regla, nuestro sistema parte de que la ineficacia de los contratos - o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste -, exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica quod nullum est nullum effectum producit (lo que es nulo no produce ningún efecto). Así lo dispone el artículo 1303 del Código Civil [...]".

3.4. Por su parte, las consecuencias o efectos positivos del contrato inválido derivan de esta última circunstancia, la falta de causa de las atribuciones patrimoniales producidas en cumplimiento del contrato. Como en otros supuestos de atribuciones sin causa, en principio, podrían estimarse como viables las acciones de reivindicación de la cosa entregada, la de repetición de lo indebidamente pagado o la de enriquecimiento injusto. Pero para el caso específico de las atribuciones sin causa derivadas de la ejecución de prestaciones previstas en un contrato nulo, el ordenamiento prevé el cauce concreto de la acción de restitución del art. 1303 CC, conforme al cual "declarada la nulidad de una obligación los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieran sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes", sin perjuicio de los casos de relaciones jurídicas complejas que requieran una liquidación.

3.5. La obligación de restitución de las prestaciones de un contrato nulo es una obligación legal, no contractual. La jurisprudencia de esta sala ha precisado en diversas sentencias el alcance de este efecto restitutorio derivado de la nulidad del contrato, cuando en todo o en parte ha sido ejecutado.

La sentencia 259/2009, de 15 de abril, con remisión a las de 6 de julio de 2005 y 11 de febrero de 2003, reproduce una extensa relación de la jurisprudencia vertida en relación con el art. 1303 CC, en la que se contienen los siguientes criterios doctrinales sobre el régimen de restitución recíproca que establece este artículo: (i) el precepto tiene como finalidad conseguir que "las partes afectadas vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior al evento invalidador" ( sentencias de 22 de septiembre de 1989, 30 de diciembre de 1996, 26 de julio de 2000), y evitar el enriquecimiento injusto de una de ellas a costa de la otra ( sentencias de 22 de noviembre de 1983, 24 de febrero de 1992, 30 de diciembre de 1996); (ii) cuando el contrato hubiese sido ejecutado en todo o en parte procede la reposición de las cosas al estado que tenían al tiempo de la celebración ( sentencias de 29 de octubre de 1956, 22 de septiembre de 19889, 28 de septiembre de 1996, 26 de julio de 2000), debiendo los implicados devolverse lo que hubieren recibido por razón del contrato ( sentencias de 7 de octubre de 1957, 7 de enero de 1964, 23 de octubre de 1973); y (iii) el art. 1303 CC se refiere a la devolución de la cosa con sus frutos ( sentencias de 9 de febrero de 1949 y 18 de febrero de 1994) y el precio con sus intereses (sentencia de 18 de febrero de 1994, 12 de noviembre de 1996, 23 de junio de 1997).

La sentencia de esta sala de 26 de julio de 2000, confirmada por la 532/2021, de 14 de julio, matiza que el precepto:

"puede resultar insuficiente para resolver todos los problemas con traducción económica derivados de la nulidad contractual por lo que puede ser preciso acudir a la aplicación de otras normas (...), de carácter complementario, o supletorio, o de observancia analógica, tales como los preceptos generales en materia de incumplimiento de obligaciones (arts. 1101 y sgs) y los relativos a la liquidación del estado posesorio (arts. 452 y sgs), sin perjuicio de tomar en consideración también el principio general de derecho que veda el enriquecimiento injusto".

3.6. De la reseñada doctrina jurisprudencial se desprende, en síntesis, que una vez declarada la nulidad del contrato el resultado es que las "partes afectadas vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior al evento invalidador", por lo que cuando el "contrato hubiese sido ejecutado en todo o en parte procede la reposición de las cosas al estado que tenían al tiempo de la celebración".

3.7. El ámbito de aplicación de esta doctrina sobre el art. 1303 CC ha sido precisado, en términos extensivos, por la jurisprudencia de esta sala al aclarar que es aplicable a los supuestos de nulidad radical o absoluta, y no sólo a los de anulabilidad o nulidad relativa ( sentencias de 18 de enero de 1904, 29 de octubre de 1956, 7 de enero de 1964, 22 de septiembre de 1989, 24 de febrero de 1992). Doctrina reiterada en las sentencias 756/1996, de 28 de septiembre, y 1/2021, de 13 de enero.

3.8. Los recurrentes invocan esta jurisprudencia, que es también la que subyace en la fundamentación de la sentencia impugnada, si bien difieren de la interpretación del alcance que atribuyen a los efectos restitutorios que proclama el art. 1303 CC. Los recurrentes consideran que las donaciones de las participaciones sociales quedaron sin efecto por la posterior venta en escritura pública de las mismas, por lo que declarada nula dicha venta, los efectos restitutorios de dicha nulidad implicarían que ellos recuperarían las participaciones vendidas y estarían obligados a restituir el precio. Razonamiento que de forma acertada rechazó la Audiencia, negando que la declaración de nulidad de la compraventa de las participaciones alcanzara a los contratos privados de donación.

3.9. Como hemos dicho, nuestro sistema legal parte de que la ineficacia de los contratos, como regla general, "exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica quod nullum est nullum effectum producit (lo que es nulo no produce ningún efecto). Así lo dispone el artículo 1303 del Código Civil [...]". De forma que una vez declarada la nulidad del contrato el resultado es que "las partes afectadas vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior al evento invalidador", reponiendo las cosas "al estado que tenían al tiempo de la celebración".

Y esa situación previa, en este caso, era la resultante de los contratos privados de donación de 2012 que, como resulta de la sentencia impugnada, determinaron la transmisión del dominio de las participaciones al donatario Sr. Diego: "resultando que la transmisión se había realizado con anterioridad a través de las donaciones". Apreciación que es conforme con la jurisprudencia de esta sala pues, como declaramos en la sentencia 406/2023, de 24 de marzo: (i) la donación constituye un negocio jurídico dispositivo del dominio - en este caso de las participaciones sociales - ( arts. 609 y 618 CC) ; y (ii) la exigencia del art. 106 LSC sobre la constancia en documento público de la transmisión de participaciones sociales "no convierte en solemne el correspondiente contrato, pues la forma notarial no alcanza el nivel de constitutiva o esencial para la perfección del mismo - ad substantiam o solemnitatem-", cumpliendo "la función de medio de prueba - ad probationem - y de oponibilidad de la transmisión a los terceros - ad exercitium o utilitatem -, en sentido similar al que atribuye a la misma forma el artículo 1279 del Código Civil" ( sentencia 234/2011, de 14 de abril).

3.10. Ello es así incluso admitiendo la calificación de la compraventa como un convenio novatorio de eficacia extintiva sobre el anterior negocio de trasmisión de las participaciones sociales (las donaciones previas), pues su nulidad borra también los efectos extintivos derivados de esa compraventa.

La citada sentencia 1/2021, de 13 de enero, declaró expresivamente que "en caso de nulidad absoluta de un contrato todos sus efectos deban ser suprimidos, no solo mediante la restitución de las prestaciones intercambiadas en cumplimiento del contrato, sino cualquier otro efecto o mutación que sobre la realidad hubiera podido producir, como por ejemplo la extinción de una relación contractual previa". Y a modo de ejemplo señalaba:

"Este sería el caso de un contrato de depósito, en que, ..., el depositario sea el mismo comprador de la cosa depositada. En realidad, el depósito se extingue en virtud del contrato de compraventa como consecuencia de una situación creada ex voluntate en la que el depositario pierde, por la compraventa, la condición de "ajenidad" sobre la cosa ( art. 1758 CC) , y con ello decae el status propio del depósito. Se trata de una situación próxima a la confusión de derechos de acreedor y deudor ( art. 1156 CC; sentencia 470/2007, de 4 de mayo), que sobreviene en caso de que el depositario de la cosa adquiera su propiedad por cualquier título traslativo del dominio. ...Anulado el contrato de compraventa este efecto extintivo desaparece al decaer la causa de extinción del depósito".

Cosa distinta es que en aquel supuesto ese efecto extintivo de la relación contractual previa no pudiera mantenerse por no estar en el supuesto de un contrato de compraventa nulo, sino "válido pero ineficaz desde el punto de vista transmisivo", de forma que la compraventa como título obligacional válido no solo sea fuente de obligaciones ( art. 1089 CC) , o sirva de título para la usucapión, si concurren los requisitos para ello ( art. 1940 CC) , "sino que también mantiene los efectos extintivos que haya generado sobre otras situaciones incompatibles anteriores".

Conclusión a la que no se opone la doctrina de la sentencia de 30 de diciembre de 1993, citada en uno de los recursos, que se refiere a un supuesto de resolución contractual, no de nulidad de pleno derecho, y en relación con un negocio jurídico previo que se declaró expresamente extinguido por confusión de derechos, al haber coincidido las posiciones de arrendador y arrendatario en el tiempo intermedio entre la celebración del contrato de compraventa y su resolución.

3.11. A todo lo anterior debemos añadir que respecto del recurso de D. Romualdo los motivos ahora analizados constituyen una cuestión nueva, no susceptible de plantearse per saltum en el recurso de casación, pues no cuestionó en apelación la declaración de validez de su donación al Sr. Diego contenida en la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de que la misma sentencia apreciase su pérdida de eficacia al declararla revocada por superveniencia de hijos.

4.- En consecuencia, los motivos de los recursos examinados deben ser desestimados.

Las reglas de interpretación de los contratos y su calificación como donaciones onerosas

DECIMOSEGUNDO.- Recurso de casación (ii). Motivos primero, segundo y tercero del recurso de D. Luis Angel, tercero y cuarto del recurso de D.ª Erica y D. Romualdo, tercero y cuarto de D. Juan Francisco, y primero y segundo de D. Braulio. Formulación y admisibilidad

1.- Planteamiento. Los motivos citados denuncian la infracción del art. 1281 CC, relativo a la interpretación literal del contrato, por inaplicación, porque la sentencia recurrida califica las donaciones como onerosas cuando no existe ningún gravamen o carga impuesta sobre el donatario, a pesar de que los términos del contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes de donar pura y simplemente las participaciones sociales. En su desarrollo se cita como jurisprudencia vulnerada la contenida en las sentencias de esta sala de 24 de septiembre de 1991 y 473/2012, de 9 de julio.

2.- En conexión con lo anterior, también se denuncia la infracción del art. 619 CC, relativo a la distinción entre las donaciones onerosas y las donaciones remuneratorias, y la jurisprudencia que lo interpreta (con cita de las sentencias de 15 de junio de 1995, 907/1995, de 23 de octubre, 296/1999, de 6 de abril, 157/2002, de 26 de febrero, y 1394/2007, de 11 de enero), por aplicación incorrecta del mismo, dado que la sentencia recurrida califica las donaciones como onerosas (al considerar que fueron una contraprestación al Sr. Diego por haber consentido la ampliación de capital de la sociedad), cuando no existe ningún gravamen o carga impuesta al donatario. En todo caso, se aduce, "deberían haberse calificado como donaciones remuneratorias, al ser la donación una especie de agradecimiento al actor por haber consentido a la ampliación", porque (i) la jurisprudencia considera una donación como onerosa cuando se impone al donatario un gravamen que se ha de cumplir con posterioridad a la donación; (ii) la donación onerosa implica que el donante no tiene la exclusiva voluntad de enriquecer gratuitamente al donatario, sino conseguir también el fin al que responde el gravamen impuesto al beneficiario de la atribución; (iii) ese gravamen va referido al futuro, debe consistir en conductas posteriores a la donación (por ejemplo, cuidados al donante); (iv) en este caso, la carga o gravamen supuestamente impuesto (consentir la ampliación) es una conducta pretérita, anterior a la donación; (v) por tanto, estaríamos ante una donación remuneratoria, cuya finalidad sería recompensar o agradecer al Sr. Diego haber consentido la ampliación de capital; (vi) el consentimiento a la ampliación de capital del Sr. Diego puede ser considerado como un servicio prestado al donante, pero es una deuda no exigible: el consentimiento fue prestado voluntariamente, pudiendo haberse negado a la ampliación, sin que nada le hubieran podido exigir los demandados; (vii) por tanto, al no imponerse ningún gravamen a futuro no existe una donación onerosa, sino, en todo caso, remuneratoria por ser un agradecimiento por un servicio prestado en el pasado (los recursos de Luis Angel y de Juan Francisco admiten esta posible calificación como donación remuneratoria, calificación que rechazan también -no solo la de onerosa- los recursos de Erica y de Romualdo).

3.- Admisibilidad. Como cuestión previa, debemos referirnos a los óbices de admisibilidad opuestos por el Sr. Diego en su contestación al recurso de Juan Francisco, al considerar que sus motivos tercero y cuarto incurren en causa de inadmisión por no combatir la ratio decidendi de la sentencia impugnada, objeción que debemos estimar. En efecto, tanto el motivo tercero, referido a la interpretación de la donación, como el motivo cuarto relativo a su calificación como onerosa o remuneratoria, son ajenos al fundamento o razón decisoria de la Audiencia en lo que se refiere al recurso de apelación de D. Juan Francisco. Ambas cuestiones (la interpretación de la donación y su calificación como pura, onerosa o remuneratoria) guardan relación con la posible revocación de las donaciones por superveniencia de hijos, que fue alegada por los recurrentes D. Romualdo y D. Luis Angel, y por ingratitud, en el caso de D.ª Erica, pero no por D. Juan Francisco, respecto del cual la ratio decidendi de la sentencia de apelación estribó en el argumento que no admitir la extensión de los efectos de la nulidad de la compraventa de las participaciones a las donaciones previas.

Como recuerda la sentencia 453/2018, de 18 julio, "tiene declarado la sala, al decidir sobre la admisión de los recursos de casación, que debe combatirse en ellos únicamente los argumentos empleados para resolver las cuestiones objeto de debate que constituyan "ratio decidendi" (autos 30 de octubre y 4 de diciembre de 2007). Quedan excluidos los argumentos "obiter", a "mayor abundamiento" o "de refuerzo" ( SSTS número 362/2011, de 7 de junio, y 327/2010, de 22 de junio, entre otras). La impugnación debe dirigirse contra la fundamentación de la resolución que tenga carácter decisivo o determinante del fallo, es decir, que constituya "ratio decidendi" ( sentencias 238/2007, de 27 de noviembre; 1348/2007, de 12 de diciembre; 53/2008, de 25 de enero; 58/2008, de 25 de enero; 597/2008, de 20 de junio, entre otras)".

Además, en el caso del recurso de D. Juan Francisco, se trata de una cuestión nueva, no planteada en el recurso de apelación, y traída ahora a esta sede casacional per saltum, lo que igualmente constituye fundamento para su inadmisión. Conforme a la jurisprudencia de esta sala no pueden plantearse en casación cuestiones que no hayan sido formuladas en la apelación, "pues el recurso de casación permite denunciar las infracciones legales en que el tribunal de apelación haya podido incurrir al resolver las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, pero no permite hacer un nuevo planteamiento de la cuestión litigiosa, distinta a la que se sometió a la consideración del tribunal de apelación" ( sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015).

En consecuencia, los motivos tercero y cuarto del recurso de D. Juan Francisco incurren en la causa de inadmisión del ordinal 4.º (carencia manifiesta de fundamento) del art. 483.2 LEC, apreciable en este acto procesal como razones para su desestimación.

DÉCIMOTERCERO.- Decisión de la sala. Interpretación y calificación de las donaciones de las participaciones sociales como donaciones puras y simples, remuneratorias u onerosas. Desestimación

1.- Como antes señalamos, en los contratos privados de donación se dispone que los respectivos donantes "donan pura y simplemente" las respectivas participaciones sociales, "con cuantos derechos políticos y económicos le son inherentes y en el concepto de libres de cargas y gravámenes alguno, por el valor total y alzado de su valor nominal".

La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación del Sr. Diego, y modificó la interpretación de la donación y su calificación jurídica realizada en la sentencia de primera instancia, considerándola como una donación onerosa, con base en las siguientes razones:

"Ello nos llevaría a entrar a conocer en primer término, sobre los recursos de apelación interpuestos por Dña. Erica y D. Juan Francisco quienes han resultado condenados a elevar a escritura pública sus contratos de donación. Vienen a alegar estos apelantes que las donaciones de participaciones sociales quedaron sin efecto por la posterior venta en escritura pública de las mismas, por lo que declarada nula dicha venta, los efectos restitutorios de dicha nulidad implicarían que ellos recuperarían las participaciones vendidas y estarían obligados a restituir el precio; que de otra forma se estaría vulnerando el principio de cosa juzgada con respecto a la sentencia dictada por el juzgado de lo Mercantil nº 2.

"Pues bien, en modo alguno puede compartirse tal argumento. La declaración de nulidad de la escritura de compraventa de participaciones sociales no puede alcanzar a los contratos privados de donación, sobre todo si se tiene en cuenta que la elección de la compraventa como forma de elevar a público la transmisión de participaciones lo fue únicamente por motivos fiscales, como se ha reconocido por todas las partes, y por consejo del Letrado que les asesoraba, resultando que la transmisión se había realizado con anterioridad a través de las donaciones y que en cualquier caso, se tratara de una u otra la fórmula jurídica escogida, lo que se pretendía era dar cumplimiento al compromiso asumido por los hermanos Indalecio de restituir al actor en su posición inicial de socio mayoritario en la sociedad , que había perdido tras la ampliación de capital social, a cambio de haber prestado el indispensable consentimiento para llevarla a cabo, por lo que en definitiva, lo que subyacía era ese compromiso asumido que no puede ser soslayado con el argumento que se pretende. [...]

"Por mucho que en los contratos de donación se recoja de forma literal que se dona pura y simplemente, lo cierto es que conforme hemos visto las donaciones no se hicieron con un ánimo gratuito sino que eran una contraprestación al actor que había consentido la ampliación de capital de la sociedad y que le supuso la pérdida de su condición de socio mayoritario, con el consiguiente beneficio que reportó a los hermanos que vieron incrementada su participación en el capital social, de lo que infiere la onerosidad de las mismas". [énfasis en negrita añadido]

2.- Como hemos hecho en otras ocasiones, debemos partir de dos consideraciones previas. La primera se refiere al sentido de las reglas legales de interpretación de los contratos, de conformidad con la finalidad de la interpretación, tal y como se viene entendiendo por la jurisprudencia ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo, 27/2015, de 29 de enero, y 13/2016, de 1 de febrero).

El principio rector de la labor de interpretación del contrato es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes. Esta búsqueda de la intención común de las partes se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática ( art. 1285 CC) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación.

No obstante, el sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato.

Cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación literal no sólo es el punto de partida sino también el de llegada del fenómeno interpretativo, e impide que, con el pretexto de la labor interpretativa, se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. A ello responde la regla de interpretación contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC ("si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas").

Pero, en otro caso, la interpretación literal también contribuye a mostrar que el contrato por su falta de claridad, por la existencia de contradicciones o vacíos, o por la propia conducta de los contratantes, contiene disposiciones interpretables, de suerte que la labor de interpretación debe seguir su curso, con los criterios hermenéuticos a su alcance ( arts. 1282- 1289 CC) , para poder dotar a aquellas disposiciones de un sentido acorde con la intención realmente querida por las partes y con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual.

3.- La segunda consideración se refiere al alcance de la revisión en casación de la interpretación realizada en la instancia: la interpretación de los contratos constituye una función de los tribunales de instancia, y la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación salvo cuando sea contraria a alguna de las normas legales que regula la interpretación de los contratos o se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario ( sentencias 524/2013, de 23 de julio, y 252/2014, de 14 de mayo).

Como resumimos en la sentencia 198/2021, de 26 de marzo:

"Es doctrina constante de esta Sala que la interpretación de los contratos constituye función de los tribunales de instancia, por lo que la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación en la medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por aquella en el ejercicio de su función exclusiva de valoración de la prueba, salvo cuando se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario. [...] el único objeto de discusión a través del recurso de casación sobre la interpretación contractual, no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico. Por ello salvo en estos casos, prevalecerá el criterio del tribunal de instancia aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( SSTS de 4 de abril de 2011, RC n.º 41/2007; 13 de junio de 2011, RC n.º 1008/2007; 4 de octubre de 2011, RC n.º 1551/2008 y 10 de octubre de 2011, RC n.º 1148/2008, entre las más recientes)".

4.- En este caso, esta sala no considera que la interpretación de las donaciones litigiosas hecha por las sentencias de instancia sea manifiestamente ilógica ni contraria a las reglas de interpretación contenidas en los arts. 1281 a 1285 CC.

En primer lugar, la pretensión de los recurrentes tropieza con una causa de improsperabilidad relacionada con el ámbito funcional del recurso de casación, pues en este punto incurre en petición de principio al alterar la base fáctica del proceso, en contra de la exigencia de que "los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida" ( sentencia 484/2018, de 11 de septiembre). No lo hace así el recurso aquí examinado cuando afirma que las donaciones respondieron a un puro ánimo de liberalidad, con apoyo exclusivamente en el tenor literal de los documentos privados en que se formalizaron, lo que contradice frontalmente la base fáctica fijada en la instancia, según la cual (i) "lo que se pretendía [con las donaciones] era dar cumplimiento al compromiso asumido por los hermanos Indalecio de restituir al actor en su posición inicial de socio mayoritario en la sociedad, que había perdido tras la ampliación de capital social, a cambio de haber prestado el indispensable consentimiento para llevarla a cabo" (fundamento jurídico tercero); y (ii) "por mucho que en los contratos de donación se recoja de forma literal que se dona pura y simplemente, lo cierto es que conforme hemos visto las donaciones no se hicieron con un ánimo gratuito sino que eran una contraprestación al actor que había consentido la ampliación de capital de la sociedad y que le supuso la pérdida de su condición de socio mayoritario, con el consiguiente beneficio que reportó a los hermanos que vieron incrementada su participación en el capital social, de lo que infiere la onerosidad de las mismas" (fundamento jurídico cuarto). [énfasis en negrita añadido]

Esta caracterización de la donación (que respondía al cumplimiento de un compromiso previo y no a un puro ánimo de liberalidad) fue incluso reconocido explícitamente por el recurrente D. Romualdo en su escrito de contestación a la demanda en que afirmó:

"Siendo cierto que mi representado en un principio se comprometía a donar al actor las participaciones que había suscrito como consecuencia de la ampliación de capital, y que incluso llegó a firmar un documento privado de donación, también lo es que finalmente acordó novar (en sentido extintivo) dicha novación [...]".

Esta base fáctica permanece incólume en sede casacional, una vez han resultado desestimados los motivos de los recursos extraordinarios por infracción procesal que pretendían su alteración, y justifica que la Audiencia no calificara la donación de pura y simple, ni de remuneratoria (el art. 619 CC excluye esta calificación cuando "constituyan deudas exigibles"), sino de onerosa, con la consecuencia de aplicarles el régimen previsto en el art. 622 CC, sometiéndolas a "las reglas de los contratos", y su corolario de irrevocabilidad ( art. 644 en relación con el citado art. 622 CC) .

5.- En consecuencia, el planteamiento de los motivos de los recursos ahora analizados hace supuesto de la cuestión e incurren en el defecto procesal de petición de principio, al desconocer la base fáctica del proceso.

Como hemos afirmado reiteradamente (por todas, sentencia 484/2018, de 11 de septiembre), los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica: (i) que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria; (ii) que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión)

La función del recurso de casación es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, pero no a la artificiosamente reconstruida por el recurrente, sino a la que hubiera declarado probada la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración, por el tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados. Así lo declaramos en las sentencias 71/2012, de 20 febrero, y 40/2017, de 20 de enero, entre otras muchas.

6.- En definitiva, como sostiene la sentencia 292/2011, de 2 de mayo, reiterando las 559/2010, de 21 de septiembre, y 480/2010, de 13 de julio, "la función de interpretación de los contratos corresponde a los Tribunales de instancia y tal interpretación ha de ser mantenida en casación salvo que su resultado se muestre ilógico, absurdo o manifiestamente contrario a las normas que la disciplinan", de tal forma que no se trata de escoger la que pudiere entenderse más adecuada de entre las diversas interpretaciones lógicas, y en el presente caso, si se respecta la base fáctica fijada en la instancia, la interpretación de los contratos de donación que hace la sentencia recurrida entra dentro de los límites de lo razonable, no es absurda ni ilógica, ni manifiestamente contraria a las reglas que disciplinan la interpretación contractual. En consecuencia, la calificación que hace la Audiencia de las donaciones como onerosas tampoco infringe el art. 619 CC.

7.- Por todo ello los motivos analizados deben ser desestimados.

Revocación de las donaciones por ingratitud y superveniencia de hijos

DECIMOCUARTO.- Recurso de casación (iii). Motivo cuarto del recurso de D. Luis Angel, quinto del recurso de D.ª Erica, y motivos quinto y sexto del recurso D. Romualdo. Formulación

1.- Planteamiento. Los motivos citados denuncian la infracción del art. 644 CC, relativo a revocabilidad de las donaciones hechas por persona que no tenga hijos ni descendientes, y la vulneración de la jurisprudencia contenida en las sentencias de esta sala de 22 de junio de 1989 y 182/2016, de 18 de marzo.

2.- En su desarrollo, se aduce, en síntesis, que los recurrentes D. Luis Angel y D. Romualdo tuvieron descendencia con posterioridad a la donación y, en consecuencia, concurre la causa de revocación de las donaciones prevista en el art. 644.1 CC.

3.- Los recursos de D.ª Erica y D. Romualdo incluyen también en su motivo quinto la denuncia de la infracción del art. 648.1 y 2 CC, por ingratitud del demandante Sr. Diego hacia los recurrentes por su despido (en el caso de D. Romualdo) y por acoso laboral (en el caso de D.ª Erica), así como por diferentes acciones penales emprendidas contra los mismos, con cita de las sentencias de 3 de junio de 2014, 30 de enero de 2015 y 20 de julio de 2015.

DECIMOQUINTO.- Decisión de la sala. Irrevocabilidad de las donaciones onerosas

1.- El art. 644 CC dispone que "toda donación entre vivos, hecha por persona que no tenga hijos ni descendientes, será revocable por el mero hecho de ocurrir cualquiera de los casos siguientes: 1.° Que el donante tenga, después de la donación, hijos, aunque sean póstumos. [...]".

2.- Al interpretar este precepto, en la sentencia 182/2016, de 18 de marzo, citada por los propios recurrentes, declaramos:

"nuestro Código Civil configura el régimen jurídico de la revocación de la donación por supervenencia (sic) de hijos de un modo claramente objetivado, que alcanza tanto al ámbito de su aplicación, como a la caracterización de los supuestos tomados en consideración. Esta marcada aplicación objetiva del artículo 644 del Código Civil ya quedó reflejada en el artículo 960 del Código Civil francés, antecedente de nuestro precepto, que preveía el efecto de la revocación de la donación cualquiera que fuese el título por el que hubiese sido hecha. [...]

"En este sentido, tras la reforma operada por la Ley de 11 mayo 1981, las condiciones de la revocación resultan objetivadas conforme a la concurrencia de dos circunstancias, a saber, que en el momento de realizar la donación, el demandante no tuviera hijos, ni descendientes de clase alguna, y que después de la donación, el donante tenga algún hijo, aunque éste sea póstumo".

3.- Ahora bien, en esta misma sentencia delimitamos el ámbito objetivo de aplicación de la norma, precisando que "en nuestro Código Civil, salvo las donaciones por razón de matrimonio, que tienen sus específicas causas de revocación, o en las donaciones onerosas, que el Código remite a la regulación de los contratos, la donación realizada puede ser revocada atendiendo a las circunstancias previstas en el artículo 644, con independencia de su carácter remuneratorio o de su configuración modal; conclusión que la propia norma resalta de un modo categórico: "toda donación entre vivos"". Por tanto, el art. 644 CC se aplica a toda donación entre vivos salvo las excepciones citadas, entre las que figura la de las "donaciones onerosas", que al regirse por las reglas de los contratos ( art. 622 CC) resultan indisponibles e irrevocables por decisión unilateral del donante ( arts. 1091 y 1258 CC) .

4.- Una vez que han resultado desestimados los motivos de los recursos de casación tendentes a modificar la calificación que hizo la Audiencia de las donaciones litigiosas como donaciones onerosas, los motivos ahora analizados quedan privados de todo fundamento, pues como tales donaciones onerosas son irrevocables aun en los casos de superveniencia de hijos.

5.- La misma conclusión, y por las mismas razones, es predicable del motivo quinto de los recursos de D.ª Erica y D. Romualdo, que, además, incurren en el vicio de hacer supuesto de la cuestión, pues su planteamiento responde a una premisa (la concurrencia de las causas de ingratitud previstas en el art. 648 CC) , que no ha sido declarada por la Audiencia. Como ya hemos dicho, los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica, entre otras cosas, que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida. Lo que en este caso no ha sucedido respecto de las pretendidas causas de ingratitud del donatario, que no han sido declaradas como hechos probados.

Infracción de normas imperativas

DECIMOSEXTO.- Recurso de casación (iv). Motivo tercero del recurso de D. Braulio. Formulación y resolución.

1.- Planteamiento. El motivo denuncia la infracción del art. 6.3 CC en relación con el art. 1255 CC, los arts. 106, 107 y 112 LSC y el art. 11 de los estatutos sociales de Red Digital.

En su desarrollo se alega que "la vulneración de normas imperativas de la LSC por parte de los intervinientes en las donaciones de participaciones sociales de 2011 ha sido denunciada por esta parte tanto en la primera instancia como en fase de alegaciones y ha resultado hecho probado por las manifestaciones de todos los intervinientes en las donaciones (donantes y donatarios) que esos contratos se realizaron con la intención de soslayar el derecho de adquisición preferente del socio minoritario en favor de uno de los socios, que no se comunicaron a la sociedad de modo fehaciente y que la sociedad no tuvo conocimiento alguno de esas transmisiones de participaciones vía donaciones de 2011. ... entendemos que al no ser tenidas en cuenta estas vulneraciones por la sentencia aquí recurrida ... se vulnera lo preceptuado en el art. 1255 Cc y 6.3 Cc. Las donaciones de 2011 adolecen de nulidad radical por contravenir normas imperativas de la LSC (arts. 106, 107, 108 y 112) y estatutarias ( art. 11 Estatutos sociales de Ib-red) a las que la LSC da carácter imperativo".

2.- Decisión de la sala. Desestimación

El motivo debe ser desestimado. Como declaramos en la sentencia 1/2022, de 3 de enero, "[...] no cabe articular el recurso de casación sobre la base de unos preceptos que expresamente no constituyen el fundamento del fallo de la resolución recurrida". Como sucedía en el caso de la sentencia 68/2018, de 7 de febrero, que desestimó el recurso de casación, la parte recurrente "[...] trae a colación una normativa y una jurisprudencia que no ha podido ser infringida porque no ha sido aplicada por la resolución recurrida" como ratio decidendi del fallo.

A mayor abundamiento, debe señalarse que este motivo del recurso no razona por qué el supuesto de transmisión de las participaciones por vía de las donaciones litigiosas puede subsumirse en el supuesto de hecho previsto en la norma estatutaria que contempla el derecho de adquisición preferente (que alude al "socio que se proponga transmitir por compraventa [...]"), ni denuncia la infracción del apartado 4 del art. 6 CC, sobre el fraude de ley, sino el apartado 3 de este precepto, relativo a los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas, en concordancia con los arts. 106, 107, 108 y 112 LSC, y el art. 11 de los estatutos sociales que impone esa limitación a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales para los citados supuestos de transmisión por compraventa.

DECIMOSÉPTIMO.- Costas y depósitos

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a los recurrentes.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.