Sentencia Civil 1082/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 6692/2020 de 03 de julio del 2023

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

1.º- Es objeto del presente proceso la demanda interpuesta por UNNIM, Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., actualmente por sucesión procesal, Pecotaca Servicios y Gestiones, S.L., contra la mercantil Alterra Grupo Inmobiliario, S.L., antes AADN Proyect Manegement, S.L., a los efectos de obtener un pronunciamiento judicial, que proclame la resolución del contrato de arrendamiento que vincula a las partes litigantes, concertado con fecha 12 de julio de 2012, y se condene a la demandada a satisfacer a la actora, en concepto de rentas devengadas y no satisfechas, la suma de 15.209 €, más las que sucesivamente venzan y resulten impagadas hasta la fecha de restitución de la posesión.

2.º- El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Granollers, que la tramitó por los cauces del juicio verbal 1231/2019. Seguido el procedimiento, por todos sus trámites, con oposición de la parte demandada, se dictó sentencia en que se desestimó la demanda, al acogerse la excepción de pago formulada por la parte arrendataria.

3.ª- Contra dicha sentencia se interpuso por la entidad demandante recurso de apelación, que fue resuelto por la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que revocó la pronunciada por el juzgado.

El tribunal consideró, tras proceder a una nueva valoración de la prueba, que la cuestión litigiosa se centra en las rentas del tercer trienio correspondiente al periodo de tiempo que media entre el 12 de junio de 2018 al 12 de junio de 2021, pues las devengadas, entre el 12 de junio de 2012 al 12 de junio de 2018, se acreditaron abonadas.

Los pagos se pactaron por trienios adelantados.

La problemática se suscita con respecto al depósito constituido con fecha 15 de septiembre de 2014, por importe de 12.000 €, mediante la entrega por la arrendataria de sendos pagarés de 6.000 € cada uno de ellos, que se consideran por la arrendataria como destinados al pago de renta contractual.

No obstante, la Audiencia, mediante el examen del precitado documento, señala que no se dice que los 12.000 € se constituyan como pago de la renta correspondiente al trienio de 12 de junio de 2018 a 12 de junio de 2021. Sorprende, además, que en el 2014 se depositara la renta correspondiente al trienio 2018-2021.

Es más, continúa razonando el tribunal, al personarse la demandada en el procedimiento de ejecución hipotecaria, se indicó que se aporta el precitado documento que responde de desperfectos y cuotas de comunidad pendientes, así como efecto de pago y cargos en cuenta, y que dicho documento ha sido liquidado ante la Agencia Tributaria de Cataluña.

En consecuencia, no parece que estos dos depósitos en garantía de 6.000 y 6.000 euros cada uno de ellos, correspondieran a parte de las rentas del tercer trienio, pues si hubiera sido así, se hubiera hecho constar y, en el escrito, al que hemos hecho referencia, se dice que dicho depósito responde de desperfectos y cuotas de comunidad pendientes.

En definitiva, se revocó la sentencia pronunciada por el Juzgado, se resolvió el contrato de arrendamiento que vinculaba a las partes, y condenó a la arrendataria a abonar a la demandante la suma 7.550,4 €.

4.º- Contra dicha sentencia se interpusieron por la demandada los recursos extraordinarios por infracción procesal y casación.

SEGUNDO.- Examen previo del recurso de casación

Con carácter previo resolveremos sobre el óbice procesal alegado por la parte recurrente a la admisión del recurso de casación interpuesto, puesto que, de no reunir los requisitos formales condicionantes de su admisibilidad, no procedería examinar tampoco el recurso extraordinario por infracción procesal a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final 16.ª, regla 5.ª de la LEC ( sentencia 557/2018, de 9 de octubre).

Pues bien, basta examinar cómo ha sido interpuesto el recurso de casación para comprobar que no se han cumplido los requisitos exigidos para su correcta formulación, toda vez que, en su encabezamiento, se limita a citar sendas sentencias de este Tribunal, concretamente las 519/2015, de 6 de octubre y 209/2018, de 11 de abril, y señalar como infringida la doctrina jurisprudencial de los actos propios, sin indicación de precepto legal alguno de derecho material o sustantivo que se considere infringido; todo ello con independencia de confundir la doctrina de los actos propios, que tiene su fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe en sentido objetivo, es decir, como exigencia de lealtad y honestidad en los tratos y en el ejercicio de los derechos ( artículo 7.1 Código Civil) siempre que aquéllos sean inequívocos en el sentido de crear, definir, fijar, esclarecer, modificar o extinguir una situación jurídica ( sentencias 936/2006 de 6 octubre, 201/2015, de 9 de abril, 519/2015, de 6 de octubre y 500/2020, de 5 de octubre), con la interpretación del contenido del contrato de 15 de septiembre de 2014, formalizado en documento privado de tal data, por lo que el motivo alegado tampoco guarda relación con el fundamento de la decisión tomada por la sentencia recurrida dictada por la audiencia que se basa en el significado y alcance de tal contrato.

Como señalamos, en la sentencia 293/2021, de 11 de mayo, cuya doctrina reproducen las más recientes sentencias 664/2021, de 5 de octubre y 787/2021, de 15 de noviembre:

"1.- Según hemos dicho reiteradamente (por ejemplo, en sentencias 108/2017, de 17 de febrero, 91/2018, de 19 de febrero, 330/2019, de 6 de junio, 574 y 575/2020, de 4 de noviembre, y 135/2021, de 9 de marzo), el recurso de casación, conforme al art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de basarse en una concreta infracción de una determinada norma jurídica aplicable en la resolución de las cuestiones objeto de infracción. Y, como ha venido insistiendo esta sala, es esencial identificar esa norma jurídica infringida en el encabezamiento del motivo de casación.

"2.- Como afirmamos en la sentencia 399/2017, de 27 de junio:

""Constituye una exigencia mínima de la formulación de los motivos de casación, como hemos recordado recientemente en el acuerdo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación, que se identifique con claridad la norma infringida. No hacerlo así, además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una tercera instancia se tratara".

"3.- De ahí que esta sala haya venido insistiendo en que es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación, y más concretamente, en su encabezamiento ( sentencias 121/2017, de 23 de febrero, 645/2017, de 24 de noviembre, 293/2018, de 22 de mayo, 330/2019, de 6 de junio, 574 y 575/2020, de 4 de noviembre, y 135/2021, de 9 de marzo).

"4.- En concreto, en las sentencias 487/2018, de 12 de septiembre, y 518/2018, de 20 de septiembre, hemos declarado:

""Hemos interpretado los arts. 481.1 y 487.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que la indicación precisa de la norma infringida ha de realizarse en el encabezamiento de cada uno de los motivos en que se funde el recurso, sin que sea suficiente que pueda deducirse del desarrollo de los motivos y sin que tenga que acudirse al estudio de su fundamentación".

"5.- La referencia a la existencia de oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, único contenido del encabezamiento del motivo del recurso sirve para justificar el interés casacional, pero no es propiamente el motivo del recurso, sino un presupuesto del mismo. El verdadero motivo debe estar en el "conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso" (entre otras, sentencias 220/2017, de 4 de abril, 338/2017, de 30 de mayo, y 380/2017, de 14 de junio).

"6.- Aplicada tal doctrina al recurso examinado, el simple examen del encabezamiento del motivo, que está reproducido en los antecedentes de hecho de esta sentencia, lleva a la conclusión de que ha de ser desestimado por inadmisible.

"7.- En el encabezamiento del motivo no se cita norma legal alguna que haya sido infringida por la sentencia recurrida. Solo se hace referencia a la "[i] infracción de la jurisprudencia contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo nº [...]. El desarrollo del motivo tiene una estructura alegatoria, en la que no se identifica adecuadamente la infracción legal que habría cometido la Audiencia Provincial.

"8.- La causa de inadmisión se convierte, en este momento procesal, en causa de desestimación del recurso de casación. No obsta que en su día fuera admitido a trámite, dado el carácter provisorio de la admisión acordada inicialmente, por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia ( sentencias 97/2011, de 18 de febrero, 548/2012, de 20 de septiembre, 564/2013, de 1 de octubre, y 146/2017, de 1 de marzo).

"9.- El Tribunal Constitucional ha afirmado en numerosas resoluciones que "la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos" (por todas, sentencias 32/2002, de 11 de febrero; 204/2005, de 18 de julio; 237/2006, de 17 de julio; 7/2007, de 15 de enero; 28/2011, de 14 de marzo; 29/2011 de 14 de marzo; 69/2011, de 16 de mayo; y 200/2012, de 12 de noviembre)".

TERCERO-. Costas y depósito

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas al recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.- No se imponen las costas del recurso extraordinario por infracción procesal al no entrar en su examen.

Fallo