Sentencia Civil 123/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 7236/2021 de 05 de febrero del 2024

PRIMERO.- Resumen de antecedentes relevantes

1. La parte demandante, como parte prestataria, y la entidad recurrente, como parte prestamista, suscribieron una escritura de formalización de contrato de compraventa con subrogación en préstamo hipotecario en fecha de 9 de abril de 2010, en la que se pactó que el tipo de interés ordinario nunca podría ser inferior al 2% anual.

2. En fecha de 3 de junio de 2015, las partes suscribieron un contrato privado de novación del préstamo original en el que se pactó, entre otros extremos:

"(...) 2.- Establecen los comparecientes que, a partir de la fecha de este documento, el tipo de interés ordinario mínimo de dicho préstamo hipotecario será el 1 por ciento.

"3.- Asimismo, con la firma del presente documento el cliente renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por la existencia o efectos de la cláusula de tipo de interés ordinario mínimo".

3. En fecha de 1 de marzo de 2016, las partes suscribieron un segundo contrato privado de novación que contenía, entre otras, las siguientes estipulaciones:

"PRIMERA: En virtud del presente Acuerdo y, a la vista de la oferta efectuada por la CAJA anteriormente reseñada, las partes han acordado eliminar el límite mínimo a la variación del tipo de interés o cláusula suelo, fijándolo en el 0, 00%, estableciéndose un periodo de tipo fijo del 0, 95% a aplicar al préstamo hipotecario (...).

"SEGUNDA: Como ya se pactó en el acuerdo privado anteriormente formalizado, con la firma de este nuevo acuerdo, ambas Partes declaran que nada más tienen que reclamarse entre sí respecto de la cláusula suelo.

"Por lo anteriormente pactado, el Prestatario renuncia a reclamar a la Caja cualquier concepto relativo a dicha cláusula, así como a entablar reclamaciones extrajudiciales o acciones judiciales con dicho objeto, tanto en acciones individuales como en las derivadas de cualquiera acción de carácter general o difuso".

4. La parte demandante interpuso contra la entidad prestamista una demanda de juicio ordinario en la que solicitó la declaración de nulidad de la referida cláusula suelo, entre otras cláusulas; así como de los dos referidos acuerdos novatorios privados, con restitución de cantidades e imposición de costas procesales.

5. El juzgado de primera instancia estimó en parte la demanda y no realizó mención especial sobre costas procesales. En lo que es relevante para la resolución del presente recurso, desestimó las pretensiones relativas a la cláusula suelo y admitió la validez de la estipulación de renuncia del acuerdo de 2016, al considerar que al tratarse del segundo acuerdo los prestatarios no podían desconocer sus consecuencias; y la validez de esta estipulación de renuncia impedía examinar la validez del acuerdo de 2015 y de la cláusula suelo original.

6. La parte demandante interpuso recurso de apelación, al que se opuso la demandada. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación y, entre otros pronunciamientos, declaró la nulidad de la cláusula suelo original y de las novaciones privadas de 3 de junio de 2015 y de 1 de marzo de 2016.

7. La entidad demandada ha interpuesto recurso de casación, basado en dos motivos, que fue admitido.

8. La parte demandante se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO.- Desestimacióndelmotivo segundo del recurso de casación

1. El motivo segundo del recurso de casación fue enunciado como sigue:

"SEGUNDO. - Infracción del artículo 7 del Código Civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los actos propios. El demandante ha suscrito dos acuerdos transaccionales renunciando a cualquier reclamación futura por la cláusula suelo, por lo que estimar su demanda supone una infracción de la doctrina de los actos propios y se presenta recurso de casación por interés casacional ya que la Sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo: Sentencias de la Sala de lo civil (sección 1ª) núm. 81/2005, de 16 febrero, núm. 370/2006, de 6 abril, núm. 284/2006, de 17 marzo y Sentencia de la Sala de lo civil (Pleno) núm. 769/2014, de 12 de enero de 2015".

2. En desarrollo de motivo se alega, en síntesis, que "(e)n los acuerdos transaccionales, la parte actora -a quien ya se había explicado la operativa del contrato litigioso- manifestaba que nada más tenía que reclamar a Caja Rural de Navarra sobre la cláusula suelo pactada en el préstamo hipotecario. La interposición posterior de la demanda rectora conculca abiertamente el principio de la buena fe consagrado en el art. 7 del Código Civil y la doctrina sobre los actos propios recogida en las sentencias que a continuación que son objeto de cita"; y al efecto cita, entre otras, las sentencias de esta Sala 81/2005, de 16 de febrero, 370/2006, de 6 de abril y 284/2006, de 17 de marzo.

3. El motivo segundo del recurso incurre en causa de inadmisión, que en este momento se transforma en causa de desestimación, por falta de acreditación de la existencia de interés casacional, habida cuenta que la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de la Sala sobre la materia litigiosa, recogida en las sentencias 208/2021, de 19 de abril y 643 y 644/2021, de 28 de septiembre. La primera de ellas razona en su fundamento jurídico séptimo:

"1.- La recurrente vincula la doctrina de los actos propios con la emisión del consentimiento del consumidor en un negocio jurídico, el acuerdo privado de 10 de septiembre de 2015. Tal concepción es errónea. En nuestra sentencia 540/2020, de 19 de octubre, con cita de las anteriores sentencias 43/2003, de 19 de junio, y 81/2005, de 16 de febrero, declaramos que la regla jurídica según la cual no puede venirse contra los actos propios, negando todo efecto jurídico a la conducta contraria, no es una derivación de la doctrina del negocio jurídico, sino que tiene sustantividad propia, asentada en el principio de la buena fe.

"2.- Sentado lo anterior, no es correcto afirmar que el predisponente de una cláusula de renuncia de acciones que ha sido declarada abusiva, por no haberse informado al consumidor adherente de las consecuencias jurídicas y económicas de tal cláusula, considere una exigencia derivada de la buena fe que el consumidor quede vinculado por tal cláusula abusiva, por el hecho de haber prestado su consentimiento mediante la adhesión al contrato predispuesto. La abusividad de la cláusula de renuncia viene determinada justamente porque la falta de información sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha renuncia, causa, en contra de la buena fe, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato".

TERCERO.- Motivo primero del recurso de casación. Remisión a la jurisprudencia sobre la novación de la cláusula suelo y renuncia de acciones

1. Las causas de inadmisibilidad del recurso de casación, alegadas en el escrito de oposición, respecto del motivo primero del recurso, no pueden ser acogidas favorablemente. La parte recurrente identifica de forma suficiente las normas legales que considera infringidas y la jurisprudencia que estima vulnerada, presentando la materia un indudable interés jurisprudencial ya apreciado en el trámite de admisión en consonancia con lo decidido a propósito de otros recursos con un objeto y fundamentación sustancialmente similares, sin concurrencia de doctrina consolidada al tiempo de la admisión en el sentido pretendido.

2. El motivo primero del recurso de casación defiende la validez de los dos contratos privados de novación, suscritos entre las partes el 3 de junio de 2015 y el 1 de marzo de 2016. En el desarrollo de este motivo se alega, en síntesis, que ambas novaciones privadas son transacciones jurídicamente válidas, por cuanto cumplen los requisitos sobre transparencia establecidos por la jurisprudencia de esta Sala; vinculan a ambas partes e impiden a la parte demandante obtener un pronunciamiento judicial sobre la nulidad o validez de la cláusula suelo, por cuanto habría quedado ya resuelta cualquier controversia relacionada con la misma con la firma del referido documento que ostenta para las partes autoridad de cosa juzgada..

3. Las cuestiones planteadas en el motivo primero del recurso de casación, único motivo que ha sido admitido, han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, y en concreto para los asuntos provenientes de las Audiencias Provinciales de Badajoz y Cáceres, en las que, en su mayoría, ha sido recurrente la entidad Ibercaja, a partir de las sentencias 325/2021, de 17 de mayo, 335, 336, 338, 339 y 340/2021, todas ellas de 18 de mayo, y más de cien sentencias dictadas en fechas posteriores. A la doctrina jurisprudencial establecida en dichas sentencias nos remitimos.

4. Los referidos acuerdos privados de 3 de junio de 2015 y de 1 de marzo de 2016, al igual que los examinados en los casos resueltos en las sentencias anteriores, contienen unas estipulaciones relevantes en lo que afecta al recurso que han sido predispuestas, por tanto, no negociadas. En concreto, mediante la estipulación segunda del acuerdo de 3 de junio de 2015 y mediante la estipulación primera del acuerdo de 1 de marzo de 2016, se rebajó primero y se eliminó después, respectivamente, la limitación a la variabilidad del interés o cláusula suelo. Estas estipulaciones, que inciden en la regulación de la cláusula suelo potencialmente nula, son válidas pues cumplen las exigencias de transparencia de las cláusulas predispuestas.

Las circunstancias concurrentes en ambas novaciones, muy semejantes a las de los supuestos de los anteriores recursos, se refieren a una novación acaecida después de la sentencia del Pleno de esta Sala n.º 241/2013, de 9 de mayo, que generó un conocimiento generalizado de la eventual nulidad de estas cláusulas suelo si no cumplían con el control de transparencia; con una redacción clara e inteligible para un consumidor medio; de fácil comprensión por cualquier consumidor de las consecuencias jurídicas y económicas que supone la reducción de la cláusula suelo y su posterior supresión definitiva; circunstancias que son suficientes para que pueda superarse el control de transparencia, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de esta novación.

5. En cuanto a las cláusulas de renuncia al ejercicio de acciones, contenidas en la estipulación tercera del acuerdo de 3 de junio de 2015 y en la estipulación segunda del acuerdo de 1 de marzo de 2016, son nulas conforme a la jurisprudencia de aplicación. El hecho de que se ciñan a las reclamaciones que tengan por objeto la cláusula suelo que se suprime no excluye que haya de examinarse su transparencia y, en su caso, abusividad, a la luz de los parámetros fijados por la reseñada sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020. Y en el caso objeto de este recurso, las cláusulas de renuncia de acciones adolecen de falta de transparencia porque no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de tales renuncias, que resultaban precisos para considerar que las mismas fueron fruto de un consentimiento libre e informado. Y como hemos declarado reiteradamente (por todas, sentencia 63/2021, de 9 de febrero): "(l)a consecuencia derivada de la falta de transparencia de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, al no haber podido conocer el consumidor sus consecuencias jurídicas y económicas, consecuencias que no se advierten beneficiosas para el consumidor, es su consideración como abusiva, lo que lleva, por tanto, a que declaremos su nulidad de pleno derecho ( arts. 83 TRLGDCU, 8.2 LCGC y 6.1 de la Directiva 93/13)".

6. En consecuencia, apreciamos la validez de la estipulación segunda del acuerdo de 3 de junio de 2015 y de la estipulación primera del acuerdo de 1 de marzo de 2016; y declaramos la nulidad de la estipulación tercera del acuerdo de 3 de junio de 2015 y de la estipulación segunda del acuerdo de 1 de marzo de 2016, sobre renuncia de acciones por la parte prestataria, que se tendrán por no puestas; por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la cláusula suelo inicial hasta la fecha de entrada en vigor del primero de los acuerdos novatorios citados.

7. Procede, por lo expuesto, la estimación parcial del recurso de casación de la parte demandada y del recurso de apelación de la parte demandante.

TERCERO.- Costas procesales y depósitos

1. No procede realizar mención especial sobre las costas procesales de los recursos de casación y de apelación; y procede mantener la imposición de las costas procesales de primera instancia a la parte demandada, de acuerdo con el criterio fijado por la STJUE de 16 de julio de 2020.

2. Procede la devolución de los depósitos constituidos para interponer los recursos de casación y de apelación.