Sentencia Civil 439/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5858/2020 de 29 de marzo del 2023

PRIMERO.- Allanamiento de la recurrida

1.- Hemos declarado en la sentencia 13/2023, de 16 de enero, con cita de otras anteriores (sentencias 74/2017, de 8 de febrero, 475/2017, de 20 de julio, 294/2018, de 23 de mayo, de pleno, y 397/2018, de 26 de junio), que el allanamiento de la parte recurrida-demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2.- El art. 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por este. Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, sin que sea lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.

3.- Las objeciones del demandante al allanamiento de la recurrida no pueden ser estimadas, por las siguientes razones:

i) Cuando la demandada recurrida se allana a la demanda estando pendiente el recurso de casación del demandante ante esta sala, ese allanamiento lo es también al recurso, pues en el recurso de casación, el demandante no puede obtener más de lo solicitado en la demanda. Además, en su escrito de allanamiento, la recurrida solicita, expresamente, que se estimen los recursos extraordinarios formulados por el recurrente, lo que supone un allanamiento claro a tales recursos.

ii) La estimación de la pretensión principal de una demanda determina que no proceda entrar a resolver las pretensiones formuladas con carácter subsidiario y que la estimación de la demanda deba considerarse plena (de ahí, por ejemplo, que proceda la condena en costas a la parte demandada conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Por tal razón, el allanamiento que la demandada-recurrida ha realizado a la pretensión formulada con carácter principal en la demanda que ha dado origen a este litigio ha de considerarse un allanamiento pleno pues tiene como efecto que haya de estimarse la pretensión principal formulada en la demanda, la de nulidad del contrato de tarjeta por ser usurario y declaración de que "la obligación del demandante se ceñirá a restituir solo la suma recibida, de la que deberán deducirse las cantidades satisfechas en concepto de intereses remuneratorios, intereses de demora y comisiones", pues esta era la pretensión principal formulada en la demanda. Lo que implica que la estimación de la demanda es plena.

iii) La estimación de esa pretensión principal implica, como se ha dicho, la expresa declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito, por usurario, por lo que la objeción que sobre este particular hace el demandante es infundada.

iv) Respecto del interés general que, según alega el recurrente, se vería contrariado por el allanamiento de la demandada y debía impedir que se atendiese a tal allanamiento, no puede estimarse este argumento. En primer lugar, porque aunque no se aceptara el allanamiento de la recurrida, el primer motivo del recurso de casación que habría que abordar sería el relativo a la pretensión formulada en la demanda con carácter principal, la declaración de nulidad del contrato por su carácter usurario. Como este motivo debería haber sido estimado conforme a la doctrina sentada en la sentencia del pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo 258/2023, de 15 de febrero, el recurso de casación habría sido estimado sin que procediera resolver el resto de los motivos, referidos a las peticiones subsidiarias de la demanda sobre las que el recurrente alega que versa el interés general en la fijación de jurisprudencia alegado para oponerse al allanamiento.

v) Además de lo anterior, la función nomofiláctica de la casación, interpretación objetiva y uniforme de la ley ( ius constitutionis), solo puede realizarse mediante la defensa de los derechos subjetivos de los litigantes ( ius litigatoris). En nuestro ordenamiento jurídico, un tribunal de casación no puede proteger el ius constituionis si no hay un derecho subjetivo de los litigantes que tutelar. Tratándose de derechos disponibles, cuando el demandante desiste de su pretensión o cuando el demandado acepta la pretensión que le ha sido formulada allanándose a la misma (y otro tanto procede decir del desistimiento del recurrente o el allanamiento del recurrido), no puede pretenderse que el tribunal de casación se pronuncie sobre el fondo del asunto una vez que no queda derecho subjetivo que proteger.

4.- Tampoco puede entenderse que el allanamiento haya supuesto en este caso mala fe procesal por parte de la recurrida, teniendo en cuenta el criterio objetivo que debe emplearse para enjuiciar sobre la existencia o inexistencia de buena fe. Como expone la recurrida en su escrito de allanamiento, pocos días antes de presentar el escrito se publicó una sentencia del pleno de esta sala (la 258/2023, de 15 de febrero) en la que se fijaba una doctrina respecto del carácter usurario de las tarjetas de crédito de la modalidad revolving que dejaba sin base su oposición a la pretensión principal de la demanda y, consecuentemente, del recurso de casación, que era que se declarara el carácter usurario del contrato. Tal circunstancia conlleva la inexistencia de mala fe objetiva en la conducta de la recurrida, al consignar, en primer lugar, determinadas cantidades y alegar que el recurso carecía de objeto de forma sobrevenida y, posteriormente, ante la oposición del demandante, al formular el allanamiento que ahora el recurrente cuestiona.

5.- En consecuencia, al no apreciarse en el allanamiento fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, debe estimarse el recurso de casación, estimarse el recurso de apelación del demandante, revocar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y, en su lugar, estimar plenamente la pretensión principal de la demanda que supone la plena estimación de la misma.

SEGUNDO.- Costas y depósitos

1.- No procede hacer expresa imposición de las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, ni del recurso de apelación que resultan estimados, y procede condenar a la demandada al pago de las costas de primera instancia al resultar plenamente estimada la demanda, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.- Procédase a la devolución de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fallo