Sentencia Constitucional Nº 120/2011, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 2564-1998 de 06 de Julio de 2011

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  • Orden: Constitucional
  • Fecha: 06 de Julio de 2011
  • Tribunal: Tribunal Constitucional
  • Núm. Sentencia: 120/2011
  • Núm. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 2564-1998
Resumen:
La ley de fundaciones de la Comunidad de Madrid incluye en su ámbito de aplicación a las fundaciones constituidas por la Administración General del Estado. Además, habilita a dicha comunidad para requerir de los órganos estatales documentación e información y establece la presunción de que las fundaciones constituidas por las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid desarrollan principalmente sus actividades en el territorio de esta, quedando así sometidas a la ley autonómica. Es inconstitucional la inclusión de las fundaciones constituidas por personas jurídicas del sector público estatal en el ámbito de aplicación de la ley madrileña. La creación de fundaciones por las personas jurídico-públicas no constituye el ejercicio del derecho de fundación proclamado en la Constitución. No resulta aceptable el sometimiento de la actuación de la Administración del Estado a un sistema de control administrativo de legalidad por parte, exclusivamente, de una Comunidad Autónoma.

No es inconstitucional que la Comunidad Autónoma requiera documentación e información al Estado, pues no existe extralimitación competencial. El precepto recurrido establece un mecanismo de colaboración entre ambas Administraciones públicas a fin de que la Comunidad de Madrid pueda verificar o conocer el ámbito territorial de actividad de las fundaciones domiciliadas en esa Comunidad Autónoma.

Es inconstitucional la presunción iuris et de iure conforme a la que todas las fundaciones de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid quedan sujetas a la competencia de esta Comunidad Autónoma por la ubicación territorial de la persona jurídico-pública creadora, ya que ello implica una extralimitación competencial del legislador autonómico. De este modo, no se respeta el criterio territorial de distribución de competencias en materia de fundaciones, vulnerando así el orden constitucional y estatutario.


Fundaciones
Protectorado
Recurso de inconstitucionalidad
Constitucionalidad
Entes públicos
Fundación del sector público
Persona jurídica
Voluntad
Competencia de las Comunidades Autónomas
Beneficios fiscales
Estatutos de autonomía
Inscripción registral
Declaración de impacto ambiental
Mandato
Registro de Fundaciones
Conexión objetiva
Defraudaciones
Conflicto de competencia positivo
Persona física
Interés publico
Potestades administrativas
Actividad administrativa
Organización administrativa
Sociedad cooperativa
Autonomía de la voluntad
Administración de bienes
Sociedades mercantiles
Equidad
Cuentas anuales
Adquisición de la personalidad jurídica
Acto de disposición
Dotación fundacional
Capacidad de obrar
Patronato
Voluntad unilateral
Inversor
Capacidad jurídica
Fin de la fundación
Principios constitucionales
Tutela administrativa

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