Sentencia Constitucional Nº 120/2012, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 1291-1999 de 04 de Junio de 2012

Se enjuicia la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social que atribuye al Estado la competencia para autorizar operaciones de crédito a largo plazo de los entes locales que se concierten con entidades financieras residentes fuera de España o en moneda distinta de la nacional. También corresponde al Estado, según la norma recurrida, autorizar los denominados ?escenarios de consolidación presupuestaria? que contengan distintas operaciones de crédito, a formalizar con el exterior, o instrumentadas mediante emisiones de deuda o cualquier otra forma de apelación al crédito público.Se desestima el recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal afirma que las previsiones legales objeto de impugnación poseen naturaleza formal y materialmente básica y por lo tanto, deben ser consideradas conformes con el orden constitucional de competencias. Desde una perspectiva formal, las operaciones objeto de impugnación se encontraban ya reservadas al Estado por el art. 54 de la Ley de Haciendas Locales, desde su redacción inicial. Desde una perspectiva material, la sentencia señala que el entendimiento extensivo de la competencia básica del Estado en materia de ordenación del crédito, hasta el punto de incluir actos de pura ejecución, pone de manifiesto, la conexión, en el ámbito local, de los títulos competenciales del Estado sobre ordenación del crédito y sobre coordinación de planificación general de la actividad económica, con el más genérico de hacienda general. En consecuencia, resulta legítimo que el Estado pueda optar por establecer de manera general la autorización de la Administración General del Estado para las operaciones realizadas con entidades financieras residentes en España en moneda nacional o equivalente. Lo anterior se justifica en los efectos que dichas operaciones puedan tener sobre la solvencia de la entidad local o en aquellos supuestos en los que éstas puedan revestir un carácter generalizado por razones de coyuntura financiera, trascendiendo del ámbito local y afectando al conjunto de la política credicticia o al equilibrio económico general. El Tribunal aprecia el carácter materialmente básico de la disposición que se limita a atribuir al Ministerio de Hacienda la autorización de los escenarios de consolidación presupuestaria.