Sentencia Constitucional Nº 120/2021, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 3368/2020 de 31 de Mayo de 2021

Promovido por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico en relación con las sentencias dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido.Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (resolución jurídicamente fundada) y a un proceso con todas las garantías: inexistencia del privilegio de inmunidad absoluta de jurisdicción.La organización internacional ahora recurrente en amparo fue demandada en vía judicial por despido, extinción de contrato y violación de derechos fundamentales. El juzgado de lo social actuante apreció su falta de competencia jurisdiccional, apreciación luego revocada en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, en sentencia confirmada en casación por el Tribunal Supremo, anuló la resolución controvertida y ordenó la retroacción de actuaciones para que el juzgado resolviera el fondo de las pretensiones deducidas por la actora.Se desestima el recurso de amparo. La sentencia niega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva tanto en la vertiente del derecho a una resolución motivada como en la del derecho a un proceso con todas las garantías. Primero porque la interpretación de lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos por España constituye una cuestión de estricta legalidad que corresponde resolver a los tribunales ordinarios. En este caso, la existencia de inmunidad jurisdiccional se rechaza a partir de una interpretación conjunta, entre otras normas, del Convenio de sede de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, sus estatutos y reglamento de personal, o la Ley Orgánica 16/2015, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales. Además, los términos en los que se trabó la controversia judicial no son reconducibles a los denominados actos iuri imperii, a los que se ciñe la referida inmunidad jurisdiccional, sino a la esfera de los actos de gestión, en la que no cabe una limitación improcedente del libre acceso a la jurisdicción de los trabajadores.