Sentencia Constitucional Nº 13/2019, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 2501/2016 de 31 de Enero de 2019

Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.Competencias sobre consumo, legislación procesal, derecho civil, ordenación crediticia y económica general: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen un procedimiento judicial para resolver las situaciones de sobreendeudamiento y regulan determinados efectos de la cancelación y cesión de créditos hipotecarios. Voto particular.Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que regulan: a) el procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento hipotecario; b) la extensión de la cancelación del pasivo del deudor hipotecario al fiador y c) el importe que debe pagar el deudor para liberarse del crédito hipotecario sobre vivienda, en el supuesto de cesión del crédito a título oneroso.Se estima parcialmente el recurso. En primer lugar, y en aplicación de la doctrina sentada en la STC 80/2018, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad del precepto autonómico que regula el procedimiento judicial para resolver situaciones de sobreendeudamiento hipotecario, por invasión de las competencias estatales en materia de legislación procesal. En segundo lugar, y en aplicación de doctrina sentada en la STC 54/2018, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos que establecen, por un lado, la extensión de la cancelación del pasivo del deudor hipotecario al fiador; y, por el otro, el importe que debe pagar el deudor para liberarse del crédito hipotecario sobre vivienda, en el supuesto de cesión del crédito a título oneroso. La sentencia concluye que, al modificar el régimen jurídico sustantivo en materia de créditos hipotecarios, los preceptos impugnados han desbordado el ámbito competencial autonómico.Se acepta el desistimiento del Abogado del Estado en relación con la impugnación de los preceptos que regulan, entre otras cuestiones: a) el procedimiento extrajudicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento; b) el alquiler social de viviendas que han dejado de ser de titularidad de personas en situación de vulnerabilidad y c) medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el número de viviendas asequibles en alquiler. La sentencia cuenta con un voto particular discrepante suscrito por dos magistrados.