Sentencia Constitucional Nº 136/2012, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 2810-2009 de 19 de Junio de 2012

Se enjuician los artículos de la Ley valenciana 16/2008 que sujetan a la tasa por prestación de asistencia sanitaria a las mutualidades administrativas MUFACE, MUGEJU e ISFAS cuyos afiliados opten por recibir dicha prestación de los servicios públicos de salud de la Comunidad Autónoma de Valencia, tasa que luego es susceptible de ser repercutida a los afiliados.Se declara la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. El Tribunal se pronuncia sobre el encuadramiento competencial partiendo de la doctrina sentada en la STC 98/2004 y señala que el ámbito material más estrechamente relacionado con la controversia constitucional es la sanidad, descartando su encuadre en el régimen económico de la Seguridad Social. Así, el Tribunal concluye que existe una invasión de la competencia estatal en materia de sanidad recogida en el art. 149.1.16 CE. Del examen del hecho imponible de la tasa en cuestión se desprende que ésta recae directamente sobre prestaciones sanitarias que, según el legislador estatal, deberían estar cubiertas de forma completa y exclusiva por financiación pública para sus beneficiarios, entre los que deben incluirse los mutualistas de MUFACE, MUGEJU e ISFAS que opten por la asistencia sanitaria pública. Además, se afirma que los asegurados de dichas mutualidades administrativas, que no son ajenos al sistema de salud público, no pueden ser calificados como ?terceros obligados al pago?, figura referida únicamente a aquellos casos en que los servicios públicos reclaman el coste de la asistencia sanitaria prestada directamente a personas no cubiertas por el sistema nacional de salud.Se trata de un caso de inconstitucionalidad mediata, ya que la infracción del orden constitucional de distribución de competencias deriva de la contradicción de los preceptos impugnados con la norma estatal básica, esto es, la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Según el Tribunal, pertenecen al núcleo de lo básico la decisión acerca de quiénes deben ser beneficiarios de las prestaciones sanitarias y cuáles son dichas prestaciones, la definición de la modalidad de financiación aplicable a las diferentes prestaciones sanitarias y en qué supuestos procede el pago de aportaciones por sus destinatarios, pues tratándose de tasas, tiene una incidencia central en la forma de prestación del propio servicio, que debe ser regulado de manera uniforme para garantizar el mínimo común de prestaciones sanitarias cubierto por financiación pública en todo el territorio nacional. En consecuencia, las Comunidades Autónomas podrán mejorar el mínimo estatal formado por las carteras comunes, pero no establecer tasas en supuestos no previstos por la norma estatal, sin que la finalidad de allegar recursos públicos pueda servir de justificación.