Sentencia Constitucional Nº 163/2012, Tribunal Constitucional, Pleno, de 20 de Septiembre de 2012

Reiterando la doctrina sobre administración de la Administración de Justicia de la STC 56/1990, de 29 de marzo, contenida en la STC 253/2005, de 11 de octubre, y en la STC 31/2010, de 28 de junio, se desestima el recurso planteado. Las competencias del Estado, partiendo de que la Constitución dispone que la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará el estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia, se refieren a aspectos centrales de dicho estatuto jurídico como la regulación sobre adquisición y pérdida de la condición de funcionario, las condiciones de promoción en la carrera administrativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y su régimen disciplinario, así como la creación e integración, en su caso, de cuerpos y escalas funcionariales. La citada Ley Orgánica ha optado por un modelo consistente en la consideración de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia como cuerpos nacionales, lo que comporta la necesidad de un régimen común en todo el territorio nacional. Esa es la razón que justifica la reserva a unas instancias comunes de aquellas materias que puedan afectar en forma decisiva a elementos de ese personal al servicio de la Administración de Justicia. Por lo tanto, las cláusulas subrogatorias, en favor de las Comunidades Autónomas, quedan limitadas a aquellas atribuciones encomendadas al ejecutivo estatal que no resulten imprescindibles para el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos funcionariales.De la misma forma, las oficinas judiciales y los institutos de medicina legal deben tener una estructura básica homogénea en todo el territorio nacional, correspondiendo al Estado fijar las condiciones de su funcionamiento. Asimismo, la dependencia del Cuerpo de Secretarios Judiciales del Ministerio de Justicia se justifica por el carácter nacional de ese cuerpo y por las funciones que los pertenecientes al mismo desarrollan. Por último, el Tribunal concluye que las normas reguladoras de los archivos judiciales se vinculan con la propia actividad jurisdiccional y por tanto, no se insertan en la regulación de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia.