Sentencia Constitucional Nº 194/2011, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Conflicto positivo de competencia 6416-2000 de 13 de Diciembre de 2011

El precepto impugnado atribuye al director provincial del Instituto Nacional de Empleo la ejecución de las medidas administrativas que deban adoptarse en aplicación de lo regulado en el Real Decreto 27/2000, siempre y cuando la empresa en relación con la cual se adopten esas medidas cuente con centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma.Se declara que la competencia corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Aunque el Estado posea competencias normativas plenas en materia laboral y cuente con la facultad para fijar los puntos de conexión y por lo tanto, modular los potenciales efectos extraterritoriales de las competencias ejecutivas autonómicas, ello tiene como objetivo el ejercicio ordinario de la actividad de gestión de las Comunidades Autónomas. Sólo, excepcionalmente, cuando la actividad pública no admite fraccionamiento, lo extraterritorial traslada la competencia. El Tribunal señala que no pueden considerarse situaciones excepcionales, como causa justificativa de la asunción de funciones ejecutivas del Estado, la cuestión relativa a la disponibilidad de información y tampoco la posible existencia de intereses contrapuestos por parte de las Comunidades Autónomas que se aducen en este caso.Aplicando la doctrina sobre el ius superveniens, el conflicto se resuelve tomando en consideración el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.