Sentencia Constitucional Nº 271/1997, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 1.298/1997. de 15 de Julio de 1997

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  • Orden: Constitucional
  • Fecha: 15 de Julio de 1997
  • Tribunal: Tribunal Constitucional
  • Núm. Sentencia: 271/1997
  • Núm. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 1.298/1997.

AUTO

I. Antecedentes

1.El Abogado del Estado presentó en este Tribunal el 26 de marzo de 1997 escrito por el que interponía, en nombre del Presidente del Gobierno, recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 4 y 9 del art. 17 de la Ley del Parlamento Vasco 10/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 1997, y por razón de la omisión en la misma de la cuantía de las retribuciones.

Se hizo expresa invocación del art. 161.2 C.E., a efectos de la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

2.El recurso interpuesto fue admitido a trámite mediante providencia de la Sección Tercera de 8 de abril de 1997, dándose traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento Vascos para que pudiesen personarse en el proceso y formular alegaciones dentro de los plazos y prórrogas concedidos.

Comparecieron y formularon escritos de alegaciones las representaciones del Gobierno y Parlamento Vascos.

3.Por providencia de 23 de junio de 1997, dictada por la Sección Tercera, se acordó oír a las partes personadas para que expusieran lo que estimasen oportuno acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión acordada de los preceptos recurridos.

4.El Abogado del Estado, mediante escrito recibido el 30 de junio siguiente, pide el mantenimiento de la suspensión, con apoyo en las siguientes alegaciones:

El objeto del presente recurso de inconstitucionalidad fue hacer efectiva una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes del gasto público, como es el relativo a las retribuciones funcionariales y de altos cargos, y establecida a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta medida se amparó en el título competencial contenido en los arts. 149.1.13 y 156.1 C.E.

En caso de levantarse la suspensión de la entrada en vigor de las normas recurridas, resultaría que ese objetivo no podría cumplirse y, como consecuencia de ello, la competencia señalada quedaría de hecho anulada. En este caso no cabría la posibilidad de reparar los efectos producidos por la entrada en vigor de la norma autonómica, puesto que durante el tiempo de su vigencia el aumento del gasto público impediría directamente el objetivo de política económica general establecido por el Gobierno en su Ley de Presupuestos Generales del Estado. De modo que la posible devolución de retribuciones excesivas por

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