Sentencia Constitucional Nº 7/2010, Tribunal Constitucional, Sala Primera, Rec Recurso de inconstitucionalidad 1846-2002 de 27 de Abril de 2010

El precepto impugnado establece un nuevo tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos documentados, en su modalidad de documentos notariales, incrementándolo, con carácter general, del 0,5 al 1 por 100. Los Diputados recurrentes cuestionan la norma por vulnerar los principios de capacidad económica y de reserva de ley en la creación o modificación de tributos establecidos por el art. 31 CE, en relación con lo dispuesto en el art. 134.7 CE, que prohíbe que la ley de presupuestos cree tributos o los modifique si no existe una ley tributaria sustantiva que así lo prevea.La Sentencia rechaza las pretendidas vulneraciones por considerar que, por imperativo del art. 31.3 CE, la creación de tributos y la regulación de sus elementos esenciales ha de realizarse por ley, siendo la ley de presupuestos ley en sentido tanto material como formal. En relación con el art. 134.7 CE, la Sentencia observa que no es aplicable a las leyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas. Si se atiende al bloque de constitucionalidad y, en particular, al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la ley de presupuestos de la Generalitat se encuentra expresamente habilitada para modificar los tipos de gravamen. Por otro lado, la Sentencia estima que el precepto impugnado no atenta contra el principio de progresividad del sistema tributario por establecer un tipo de gravamen proporcional y por tener una repercusión escasa en el sistema tributario global. Se descarta, finalmente, que el precepto impugnado vulnere el art. 47.1 CE porque los recurrentes no han cumplido con la carga de fundamentar de manera suficiente cuáles son los motivos que ponen en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder al disfrute de una vivienda digna y adecuada en la Comunidad Valenciana.Aplica la doctrina sobre las reglas y principios constitucionales específicamente dirigidos a las Comunidades Autónomas (SSTC 116/1994, 174/1998 y 180/2000), sobre los límites materiales de las leyes de presupuestos (SSTC 130/1999, 3/2003 y 202/2003) y sobre el principio de progresividad (STC 27/1981, de 20 de julio).