Sentencia Constitucional Nº 7/2012, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 3547-1999 de 18 de Enero de 2012

La ley canaria de ordenación del territorio de 1999 tipifica, entre otras infracciones administrativas, la destrucción o alteración de la flora y la fauna silvestre, los vertidos y la utilización de productos químicos y sustancias biológicas que dañen los espacios naturales protegidos. Además crea una comisión de valoraciones de Canarias, competente para fijar el justiprecio expropiatorio, atribuyendo su presidencia a un magistrado de lo contencioso?administrativo.La Sentencia estima el recurso en su mayor parte. Declara inconstitucional la atribución de la presidencia de un órgano autonómico a un magistrado porque la regulación de las funciones desempeñadas por jueces y magistrados, así como de sus atribuciones extrajudiciales, corresponde al Estado en virtud de su competencia exclusiva en materia de administración de justicia. Asimismo la Sentencia declara inconstitucionales los preceptos que establecen las cuantías de las multas para aquellas infracciones ambientales que tanto la normativa estatal, como la autonómica, consideran muy graves. Al establecer unas sanciones pecuniarias sustancialmente inferiores a las previstas por la normativa básica ?ahora la Ley de patrimonio natural y biodiversidad de 2007?, estos preceptos rebajan el nivel de protección por aquélla dispensado, vulnerando la competencia estatal en materia de protección del medio ambiente. El Tribunal afirma que la modificación, en el año 2000, del precepto que atribuye a un magistrado la presidencia de la comisión de valoraciones de Canarias no determina la pérdida sobrevenida del objeto del recurso porque se trata de una controversia puramente competencial y persiste el interés en determinar la competencia controvertida.