Sentencia Contencioso-Administrativo 11/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 543/2022 de 11 de enero del 2024

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se formula contra la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, aprobada mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 26 de abril de 2022.

Concretamente, la recurrente solicita el dictado de una sentencia por la que se declare la nulidad de los siguientes preceptos de la citada Ordenanza 6/2022:

- Artículo 3.12. " Definiciones

12. Entidad colaboradora urbanística: entidad privada de carácter técnico, con personalidad jurídica propia, acreditada y autorizada para el desempeño de funciones de verificación, inspección y control de actuaciones urbanísticas y que actúa bajo su propia responsabilidad.

Las referencias que la ordenanza realice a las entidades colaboradoras se entenderán realizadas a las entidades colaboradoras urbanísticas".

- Artículo 4.1. " Intervención de entidades colaboradoras.

1. La función de verificación, inspección y control podrá ser desempeñada por entidades colaboradoras acreditadas y habilitadas en los términos establecidos en la normativa autonómica y municipal de aplicación".

- Artículo 22. " Presentación de solicitudes y documentos.

Las solicitudes de licencia, las declaraciones responsables y los demás documentos previstos en esta ordenanza, se presentarán en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Madrid en los términos previstos en la ordenanza en materia de atención a la ciudadanía y administración electrónica".

- Artículo 29.7. " Comprobación de la declaración responsable.

7. Con carácter voluntario los particulares podrán acudir a una entidad colaboradora urbanística de su elección, a efectos de que sea ésta la que realice la visita de comprobación de lo ejecutado y emita la correspondiente acta, de acuerdo con lo previsto en el apartado 8 a), b) y c), que será remitida al Ayuntamiento, a efectos de que desarrolle las actuaciones que procedan conforme a los siguientes apartados".

- Artículo 32, apartados 1, 2 y 3. " Comprobación por la entidad colaboradora.

1. Una vez comunicada la finalización de la actuación a la entidad colaboradora, se efectuará la inspección en los términos del artículo 29, salvo en lo previsto en su apartado 6. La entidad colaboradora remitirá copia del acta de inspección a la Administración municipal y al titular de la actuación, en un plazo máximo de diez días desde la realización de la inspección.

2. La entidad colaboradora realizará el requerimiento de subsanación de deficiencias no esenciales, así como la posterior inspección.

3. Si el resultado de la inspección fuera desfavorable, se emitirá un informe de disconformidad y el Ayuntamiento adoptará la resolución de pérdida de efectos de la declaración responsable con las consecuencias previstas en el artículo 30".

- Artículo 54.2. " Comprobación de la actuación sujeta a licencia o declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento.

2. En el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento o desde la solicitud de licencia de funcionamiento, los servicios técnicos municipales o las entidades colaboradoras realizarán visita de comprobación en la que elaborarán un acta de conformidad o disconformidad de la actuación con la licencia urbanística o la declaración responsable, considerando las variaciones que se hayan producido durante la ejecución de la actuación que no requieran la modificación de la licencia. En el caso de que la comprobación de la primera ocupación y funcionamiento se lleve a cabo por una entidad colaboradora, esta comunicará a los servicios técnicos municipales el día y hora previstos para la inspección final, para su conocimiento y, en su caso, control de la actuación".

- Artículo 62. " Planes de inspección urbanística municipal.

1. A efectos de desarrollar y cumplir con lo establecido con la legislación del suelo en materia de inspección urbanística, el Ayuntamiento podrá aprobar Planes de Inspección Urbanística Municipal (en adelante, PIUM), cuya duración podrá ser anual o plurianual, para organizar su actividad inspectora en materia de ejecución de obras, implantación y desarrollo de actividades, incluyendo la adaptación de la actividad e instalaciones a las normas que en cada momento resulten de aplicación.

2. Los PIUM podrán establecer la posibilidad de que el control de actividades lo realicen las entidades colaboradoras, cuando lo soliciten voluntariamente y por cuenta propia los titulares de las actividades o de las obras".

- Artículo 63. " Certificación del control de actividades por entidades colaboradoras.

1. Cuando el interesado acuda a una entidad colaboradora para el cumplimiento de un deber de control de actividades establecido por un PIUM, la entidad colaboradora emitirá un informe de control, que será enviado al Ayuntamiento en un plazo máximo de 10 días desde la fecha en que se realice la inspección.

2. En los supuestos en los que la entidad colaboradora apreciara la existencia de incumplimientos de la normativa que resulte de aplicación, lo hará constar en su informe, junto con las indicaciones que haga al titular de la actividad para la subsanación de estos, indicaciones que se harán sin perjuicio de la incoación de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad que correspondan conforme al capítulo siguiente.

3. Si los incumplimientos de la normativa detectados en la actuación de control fuesen susceptibles de provocar un grave riesgo a las personas o a los bienes, la entidad colaboradora comunicará este hecho al Ayuntamiento de manera inmediata".

- Disposición Adicional Quinta. " Colaboración de las entidades colaboradoras con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podrá acudir a la colaboración con las entidades colaboradoras para la realización de tareas de comprobación, verificación e inspección en los procedimientos administrativos relativos a los medios de intervención urbanística municipal, a través las fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico".

SEGUNDO.- Con anterioridad a examinar las alegaciones formuladas por las partes personadas resulta pertinente poner de relieve que por sentencia firme de esta Sala y Sección de 11 de julio de 2022, dictada en los autos de procedimiento ordinario nº 545/2022, se declaró la nulidad, entre otros, del artículo 22 de la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, por lo que forzoso resulta apreciar una pérdida sobrevenida parcial del presente proceso en relación con la pretensión de nulidad deducida por los aquí recurrentes contra el citado precepto.

En efecto, como se pone de relieve en la STS de 2 de noviembre de 2023, rec. 4910/2022, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de declarar en reiteradas ocasiones que, en los recursos directos contra disposiciones reglamentarias, la declaración de nulidad de dicha norma comporta la pérdida sobrevenida de los procesos aún pendientes en los que existiera, como única pretensión, esa declaración de nulidad y no se hubiesen accionado pretensiones jurídicas individualizadas vinculadas a esa nulidad.

TERERO.- La parte recurrente fundamenta su pretensión de nulidad en los términos que, de forma sucinta, a continuación exponemos.

Los recurrentes comienzan su exposición poniendo de relieve que la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, atribuye a lo largo de su articulado -concretamente, en los preceptos impugnados- a las denominadas entidades colaboradoras urbanísticas funciones inspectoras, contraviniendo con ello el marco legal establecido, por tratarse una potestad pública que exclusivamente puede ejercer quien formalmente tenga reconocida la condición de agente de la autoridad, tal y como exige el artículo 190 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid, añade, ha tratado de impulsar un modelo de colaboración pública-privada, ampliando el ámbito de actuación y funciones de las ECU, procurando sortear los inconvenientes del modelo anulado mediante la Sentencia del TSJ de Madrid de 17 de febrero de 2011 (rec. 566/2009), que anuló la Ordenanza Municipal por la que se establecía el Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2009.

Dicho esfuerzo ha sido baldío pues al atribuir la Ordenanza ahora impugnada funciones inspectoras a las entidades colaboradoras urbanísticas expresamente, contraviene el marco legal establecido.

Ciertamente, el artículo 159 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid habilita la participación de entidades colaboradoras urbanísticas, permitiendo bajo los siguientes puntos determinantes cardinales.

El primero es la habilitación legal a los Ayuntamientos a regular ese procedimiento de control o comprobación posterior, lo que justamente se ha efectuado mediante la Ordenanza Municipal aquí cuestionada.

El segundo elemento principal es relativo al ámbito procedimental en que esa colaboración se produce, pues la Ley lo limita a los procedimientos de declaraciones responsables, lo que se refuerza porque estas entidades no son consideradas en los artículos 152- 154 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, relativos a los procedimientos de licencia urbanística. Este pilar es incumplido por los artículos 49, 50 y 54 de la Ordenanza.

El tercer aspecto determinante en que se produce dicha colaboración se refiere al esquema o fórmula jurídica bajo la que se produce. La Ley habla, así, de "sus entidades colaboradoras".

Da la impresión, por ello, que la colaboración es concebida por la Ley a partir de una relación jurídica entre el Ayuntamiento y dichas entidades colaboradoras, que no es genérica y propia de la ordenación reglamentaria sino concreta, pues debería manifestarse a través de algún negocio jurídico, tal y como lo barrunta la propia Ordenanza Municipal en su Disposición Adicional Quinta: " El Ayuntamiento podrá acudir a la colaboración con las entidades colaboradoras para la realización de tareas de comprobación, verificación e inspección en los procedimientos administrativos relativos a los medios de intervención urbanística municipal, a través las fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico".

Dicha fórmula jurídica depende sustancialmente del cometido que se atribuya a las ECU, del contenido de las funciones que van a desarrollar. En este sentido, el cuarto y último elemento que la Ley contempla respecto a la colaboración de dichas entidades es su contenido, en la medida que lo limita a las funciones de comprobación posterior de la declaración responsable, pero entre las que no se contempla la inspección tras la finalización de las actuaciones.

De este modo, la Ordenanza Municipal contempla en tres instantes distintos la participación de las ECU: i) cuando se presenta la declaración responsable ante el Ayuntamiento o ella misma (artículos 29 y 31.1 y 2); ii) tras la finalización de la actuación declarada (artículos 29.7 y 32), y iii) cuando en su caso se requiera declaración responsable de primera ocupación (artículo 54).

Tanto en el segundo como en el tercer instante la actuación de las ECU tiene netos caracteres inspectores, puesto que además no exigen posterior acto de conformidad o disconformidad municipal, tal y como sucede en el procedimiento de licencias (artículo 49-50 de la Ordenanza).

El artículo 32.1 atribuye ese carácter inspector a la actuación de la ECU, a cuyos servicios puede recurrir voluntariamente el ciudadano según el artículo 29.7 (por tanto, con igual carácter). Mientras que el artículo 32.3 considera que las actas de disconformidad de las declaraciones responsables emitidas por una ECU conllevan su declaración de ineficacia. Igualmente es lo que sucede con las declaraciones responsables de primera ocupación, por cuanto que el artículo 54.2 considera la comprobación por las ECU una inspección final. A estos preceptos se suman, además, la atribución de funciones inspectoras en los artículos 62 y 63 de la Ordenanza Municipal.

Esa atribución, empero, no está permitida por el marco legal establecido en el artículo 190.1 y 2 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Además se trata de un límite que tampoco permite la normativa reguladora autonómica de este tipo de Entidades. Así, el artículo 2.2 de la Orden 639/2014, de 10 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regulan las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanístico, señala con claridad que:

" Las entidades privadas colaboradoras en ningún caso tendrán carácter de autoridad, ni su actuación podrá impedir la función de verificación, control e inspección propia de los servicios técnicos municipales".

Al atribuir la Ordenanza Municipal impugnada a las ECU funciones inspectoras, sin posterior acto de control municipal, les ha conferido el ejercicio de una potestas administrativa, que supone su titularidad y práctica por una entidad de Derecho Público en el marco de las competencias legalmente atribuidas, sujetas al Derecho Administrativo y, además, la condición de agentes de la autoridad, con lo que ello supone respeto a las facultades que poseen según la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y, en especial, respecto a la presunción de veracidad de sus actuaciones conforme al artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por este motivo, el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público indica claramente:

" En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca".

En esta línea, cita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 14 de diciembre de 2015.

Este límite ha sido claramente soslayado por la Ordenanza impugnada al atribuir funciones inspectoras a las ECU en el procedimiento de declaraciones responsables urbanísticas. Una atribución que no es meramente estética pues se manifiesta funcionalmente a través de la equiparación de sus actuaciones con las que se llevan a cabo los servicios de inspección municipal en la comprobación posterior a la finalización de las obras y en el procedimiento de declaración responsable de funcionamiento.

La Ordenanza impugnada ha encomendado directamente la función respecto de las ECU, en cuanto potestad administrativa que conlleva la condición de agente de la autoridad. Una posibilidad que no puede ser solventada bajo la previsión de la Disposición Adicional Sexta, y que en realidad únicamente admitiría una fórmula concesional de servicios difícilmente compatible con la coexistencia de un dilatado número de entidades colaboradoras que actúan sujetas a las reglas de mercado y sujetas por tanto a condiciones de igualdad jurídica en sus funciones de colaboración administrativa con el Ayuntamiento de Madrid.

Por todo ello, considera que los preceptos impugnados claramente vulneran el marco legal establecido, incurriendo en la prohibición señalada en el artículo 128 de la Ley 39/2015 y, por ello, en causa de nulidad radical ex artículo 47.2 de la misma norma.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Madrid se opone a la pretensión de los recurrentes, solicitando el dictado de una sentencia desestimatoria.

A tal efecto, tras realizar una serie de consideraciones en relación con las entidades colaboradoras urbanísticas, pone de relieve que, en la actualidad, es la Ley la que reconoce la posibilidad de que las entidades de colaboración urbanísticas asuman la realización de tareas de inspección. Concretamente, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña refiere expresamente en su Disposición adicional segunda la posibilidad de que las entidades colaboradoras puedan colaborar en tareas de inspección. En el mismo sentido, pueden citarse la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la actividad comercial de la Comunidad de Madrid, así como la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Por último, la Orden 639/2014, de 10 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regulan las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanístico que, al definir en su artículo 2.1 dichas entidades urbanísticas, admite su intervención en el ejercicio de las funciones de verificación y control urbanístico sin por ello sustituir ni desplazar a los funcionarios públicos en el ejercicio de éstas que siempre y en todo caso podrán intervenir como agentes de la autoridad.

Por todo ello, las entidades privadas colaboradoras gozan de un status singular tal y como ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de noviembre de 2.000. Es innegable que la colaboración prestada no convierte a estas entidades en Administraciones Públicas, y tampoco supone el traspaso de la titularidad de estas a entidades privadas. La tarea que se encomienda a las entidades privadas es colaborar con la Administración en el ejercicio de una función pública, de tal forma que su labor consiste en el ejercicio de la función de colaboración. La Administración mantiene la titularidad de la función pública, por lo que no puede desentenderse del ejercicio que haga la entidad colaboradora de la función.

En materia urbanística, el punto angular de esta colaboración se encuentra en la posibilidad de que estas entidades emitan informes, dictámenes o actas a través de los cuales se verifica y comprueba el cumplimiento de la normativa urbanística, de tal forma, que a estos se les reconoce eficacia administrativa en los posteriores procedimientos de control urbanístico, licencia o declaración responsable, tramitados por el Ayuntamiento. En este sentido resulta clara la Disposición Adicional Segunda 3 de la ya citada Ley 8/2009.

En este sentido, resulta transcendental las previsiones contenidas en el artículo 4.3, 4.4 y 4.5, en relación con los términos en los que se debe desarrollarla colaboración público-privada.

A modo de conclusión señala que la cobertura normativa del sistema de colaboración público-privada en el ejercicio de funciones de inspección urbanística no afecta a su configuración por ley, ex artículo 190 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, como potestad pública de ejercicio inexcusable ni a las condiciones legales bajo las cuales los inspectores las desarrollan, en cuanto agentes de la autoridad.

QUINTO.- Con relación al concreto objeto del recurso contencioso-administrativo que nos ocupa, a efectos de enmarcar jurídicamente la cuestión controvertida, estimamos conveniente traer a colación la doctrina contenida en la STS de 29 de junio de 2020, rec. 113/2019, relacionada con el contenido del control jurisdiccional en el supuesto de impugnación de una disposición general. Así, dicha STS, en su FD 2º señala:

"(...) no puede perderse de vista que tratándose de la impugnación de una disposición normativa, el control jurisdiccional alcanza a la observancia del procedimiento de elaboración legalmente establecido, con respeto al principio de jerarquía normativa y de inderogabilidad singular de los reglamentos, así como la publicidad necesaria para su efectividad ( art. 9.3 CE ), según establece el art. 52 de la Ley 30/92 , y el art. 131 de la actual Ley 39/2025 , y que son las delimitaciones sustantivas y formales de la potestad reglamentaria las que determinan el ámbito del control judicial de su ejercicio, atribuido por el art. 106 de la Constitución , en relación con el art. 1 de la Ley 29/98, a la Jurisdicción Contencioso Administrativa , lo que se plasma en el juicio de legalidad de la disposición general en atención a las referidas previsiones de la Constitución y el resto del ordenamiento, que incluye los principios generales del Derecho (interdicción de la arbitrariedad, proporcionalidad,...), y que conforman las referidas exigencias sustantivas y formales a las que ha de sujetarse, cumplidas las cuales, queda a salvo y ha de respetarse la determinación del contenido y sentido de la norma, que corresponde al titular de la potestad reglamentaria que se ejercita y que no puede sustituirse por las valoraciones subjetivas de la parte o del propio Tribunal que controla la legalidad de la actuación, como resulta expresamente del artículo 71.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , que aun en el supuesto de anulación de un precepto de una disposición general no permite determinar la forma en que ha de quedar redactado el mismo.".

Por otra parte, estimamos conveniente resaltar que, siguiendo la doctrina contenida en la STS de 24 de julio de 2023, rec. 162/2021, en las impugnaciones de las disposiciones reglamentarias en vía contencioso-administrativa, las potestades que se confieren a los Tribunales son más limitadas que la establecida para la impugnación de los actos administrativos. En efecto, una de las peculiaridades más relevantes en los procesos cuyo objeto es una disposición general, es que las pretensiones, cuando, como aquí sucede, se trata de una impugnación directa ( artículo 25 de la Ley procesal), quedan limitadas, en principio y como regla general, a la de anulación, es decir, no es admisible la pretensión de reconocimiento de una situación jurídica individualizada que autoriza el artículo 31 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , y así ha de concluirse del mandato que nos impone el artículo 71-2º de la mencionada Ley procesal cuando dispone que " Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados".

SEXTO.- Pues bien, delimitados los preceptos de la Ordenanza 6/2022 impugnados, expuesta sucintamente la postura de las partes y delimitado el contenido del debido control jurisdiccional en el supuesto de impugnación de una disposición general, procede que nos adentremos, sin más trámite, en la cuestión de fondo controvertida, para lo que estimamos conveniente realizar una serie de consideraciones en relación con el fenómeno de la colaboración público-privada en el ejercicio de funciones administrativas,

La colaboración público-privada no se trata de un fenómeno nuevo. Desde antaño viene siendo habitual que las Administraciones públicas recurran a particulares para que colaboren en la gestión de servicios y actividades de carácter público. El sistema general de contratación administrativa, y la clásica concesión administrativa en particular, es un sistema asentado de colaboración privada en la gestión de servicios públicos.

Junto a la expresada colaboración se advierte otro tipo de colaboración privada, ya no en la gestión de los servicios públicos, sino en la realización de concretas actividades administrativas. Un ejemplo de ello lo encontramos en las Entidades colaboradoras en la gestión urbanística o en las Entidades bancarias en sus tareas de colaboración en la gestión tributaria y en la recaudación de impuestos.

El ámbito de actuación de estas entidades colaboradoras se venía desempeñando, por lo general, en el ámbito de la gestión y de la ejecución de decisiones emanadas de las Administraciones públicas. En ocasiones, el ámbito de actuación va más allá de lo meramente material, dándose la posibilidad de que la entidad colaboradora pueda realizar concretas propuestas de decisiones a la Administración.

Junto a esta modalidad colaborativa la realidad de nuestros días nos ofrece otra, que se desenvuelve en el núcleo de la toma de decisión, de indudable contenido jurídico, mediante el ejercicio de funciones de control, inspección y certificación del cumplimiento de la legalidad vigente.

Esta evolución, pasando de una colaboración en las tareas de mera gestión y ejecución de decisiones emanadas de las instancias públicas a una, hoy ya, colaboración en la toma de decisiones, se plasmará inicialmente en el ámbito de las seguridad y calidad de la industria y en el de la protección del medio ambiente, y que de forma paulatina se ha ido extendiendo a otros ámbitos o sectores como el de la Inspección Técnica de Vehículos, el de inspección técnica de embarcaciones de recreo, el de inspección y control de buques, el de la inspección aeronáutica o en el otorgamiento y supervisión de títulos urbanísticos habilitantes municipales.

En este nuevo enfoque, se evidencia el abandono por las Administraciones públicas de ciertas funciones que tradicionalmente tenía encomendadas, quedando así la tarea de éstas reconducida, sobre todo, a la autorización y control de los organismos privados, sean laboratorios, entidades auditoras, de inspección o control u organismos de verificación de cualquier clase, que tendrán la función de supervisar la correcta aplicación en cada sector del sistema.

Nos encontramos ante un nuevo fenómeno, impulsado desde el Derecho europeo, que supone un traslado de funciones públicas desde las Administraciones públicas hacía entidades u organismos con personalidad jurídico-privada. Que se trata del traslado de un ejercicio de una función pública y no de un servicio público ha venido a ser avalado por el Tribunal Supremo, pudiendo citarse al efecto la Sentencia de 13 de octubre de 1997 (rec. 5751/1993).

En dicha Sentencia se viene a calificar a la Inspección Técnica de Vehículos como función pública, negando que se esté ante un servicio público de la actividad de control técnico por razones de seguridad, así como de un eventual carácter de actividad privada.

Igualmente podemos traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2000 (rec. 6862/1993), en la que de forma expresa califica a las entidades y organismos privados de colaboradores en el ejercicio de funciones públicas, de control de la seguridad industrial en el caso examinado.

Podemos decir, consecuentemente, que el Alto Tribunal se inclina por la naturaleza de función pública de la actividad que se traslada o se encomienda realizar a los particulares, que vienen así a colaborar o a desempeñar un papel relevante en el ejercicio de funciones genuinamente público-administrativas, adquiriendo así un estatus administrativo singular.

Lo que se encomienda a las entidades privadas es colaborar con la Administración en el ejercicio de una función pública. Esta encomienda de colaboración es susceptible de graduación. La norma sectorial puede establecer grados diferentes de colaboración de la entidad privada en el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, conviene poner énfasis en que lo que se atribuye a la entidad colaboradora es el ejercicio de la función pública, con la concreta amplitud reflejada en la correspondiente norma sectorial, pero en ningún caso se atribuye ni se traslada a la entidad privada la titularidad de la función pública. Ésta estará siempre en manos de la Administración pública competente.

Y, de igual modo, conviene resaltar que las funciones administrativas, aunque sean ejercitadas por sujetos privados, están sometidas a las normas del derecho administrativo y a la decisión del juez administrativo.

SÉPTIMO.- Centrándonos ahora en el fenómeno de la colaboración de entidades privadas en los medios de intervención urbanística municipal en el ámbito normativo de la Comunidad de Madrid, para la debida resolución de la cuestión aquí controvertida, en los términos reflejados en el FF. DD. 3º y 4º de la presente, de obligada mención resulta ser la Disposición Adicional segunda de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña; que se refiere a la " Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico" y que viene a constituir el primer intento de cobertura legal del sistema de colaboración público-privado en el ámbito de intervención urbanística municipal.

Dicha Disposición Adicional segunda establece:

" DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico

1. Las entidades privadas que cumplan los requisitos establecidos en esta disposición y estén debidamente habilitadas pueden colaborar en la realización de las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico.

2. Las entidades privadas colaboradoras son entidades de carácter técnico, con personalidad jurídica propia, que disponen de los medios materiales, personales y financieros necesarios para el desempeño adecuado de las actuaciones de verificación, inspección y control, que actúan bajo su responsabilidad, debiendo constituir las garantías patrimoniales que se determinen en cada caso.

Las entidades privadas colaboradoras actúan con imparcialidad, confidencialidad e independencia. El personal a su servicio debe respetar las disposiciones que se adopten en materia de incompatibilidades.

3. En su actuación, las entidades privadas colaboradoras podrán emitir certificaciones, actas, informes y dictámenes, que podrán ser asumidos por la Administración Pública tramitadora del expediente y ser incorporados al mismo con el valor y la eficacia que reglamentariamente se determinen.

4. La homologación y el registro de estas entidades corresponderá a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, que dictará las normas reglamentarias necesarias para ello, así como para la aplicación, en su caso, de la presente disposición.".

Dicha regulación, que podemos calificar de mínima, fue posteriormente completada por el artículo 15 de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que modificó la Disposición Adicional segunda de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, introduciendo dos nuevos párrafos en la referida Disposición Adicional, el quinto y el sexto, con la finalidad de establecer unos criterios mínimos de antijuridicidad en relación con la actividad de las entidades colaboradoras urbanística y sus correspondientes clases de sanciones, que pueden posteriormente ser desarrolladas por medio de ordenanzas municipales.

El desarrollo reglamentario vendrá de la mano de la Orden 639/2014, 10 abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regulan las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanístico (B.O.C.M. 14 abril), que se centra, principalmente, en la regulación de la habilitación de las entidades privadas colaboradoras.

La citada Orden, al igual que la Ley que desarrolla, no aborda concreción alguna respecto de la actuación material de las entidades privadas colaboradoras, como tampoco aborda el límite infranqueable para que dichas entidades no sobrepasen el núcleo de la función pública cuya titularidad ostenta la Administración local.

No obstante, si interesa aquí resaltar su artículo 2 que, bajo la rúbrica " Concepto de entidad privada colaboradora y régimen jurídico", dispone:

" 1. Se consideran entidades privadas colaboradoras a aquellas entidades que estén debidamente habilitadas para colaborar en la realización de las actuaciones de verificación y control del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico municipal.

2. Las entidades privadas colaboradoras en ningún caso tendrán carácter de autoridad, ni su actuación podrá impedir la función de verificación, control e inspección propia de los servicios técnicos municipales.

3. Cada Ayuntamiento desarrollará mediante ordenanzas el procedimiento a seguir por las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio de sus funciones".

Por su parte, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberación del comercio y de determinados servicios, en su Disposición Adicional segunda, dispone:

" Para el desempeño de la actividad de comprobación de los requisitos y circunstancias referidos en la declaración responsable o comunicación previa reguladas en el artículo 4 de esta Ley , las corporaciones locales competentes podrán recurrir a la colaboración privada de entidades de valoración, comprobación y control, legalmente acreditadas, a través de las cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte de la actividad de comprobación. Dichas entidades actuarán en régimen de concurrencia. En cualquier caso, los interesados, a efectos de la valoración de los requisitos manifestados en sus declaraciones responsables, o en sus comunicaciones previas, podrán libremente hacer uso o no de los servicios de dichas entidades, sin que de ello pueda derivarse tratamiento diferenciado alguno por parte de la administración competente, destinataria de la comunicación".

Más recientemente, la Ley 1/2020 de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística, establece una nueva regulación para el capítulo III del título IV de la Ley 9/2001, de 17 de julio (artículos 151- 163), dedicado a la intervención municipal en actos de uso del suelo, construcción y edificación; y a la intervención de otras Administraciones Públicas en actos de uso del suelo, construcción y edificación, respectivamente .

Interesa aquí resaltar la nueva redacción dada al artículo 159 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que queda redactado en los siguientes términos:

" Artículo 159. Procedimiento de control posterior de las declaraciones responsables urbanísticas.

1. Las declaraciones responsables serán objeto necesariamente de control posterior por el ayuntamiento o sus entidades colaboradoras a las que se refiere las disposiciones adicionales primera y segunda de esta Ley.

2. De conformidad con lo anterior, los ayuntamientos regularan mediante ordenanza el procedimiento de comprobación posterior de los elementos y circunstancias puestas de manifiesto por el interesado a través de la declaración responsable.

No obstante, y en defecto de procedimiento establecido al efecto, el procedimiento de control posterior de las declaraciones responsables se regirá por los apartados siguientes.

3. En el control posterior, se comprobará, en primer lugar, la veracidad de los datos y de los documentos aportados, así como el cumplimiento de los requisitos formales exigidos.

De apreciarse deficiencias, se procederá a requerir su subsanación durante un plazo de diez días, con indicación expresa de que, si no lo hiciera, la declaración responsable devendrá ineficaz y se prohibirá el ejercicio de las actuaciones objeto de esta. La no subsanación de deficiencias determinará la imposibilidad de llevar a cabo las actuaciones declaradas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

4. Se comprobará la conformidad con la normativa aplicable en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración responsable, o en su caso, desde la presentación de la subsanación de las deficiencias formales.

En el caso de apreciarse incumplimientos o deficiencias esenciales, que no sean susceptibles de subsanación, en particular la incompatibilidad de uso o la existencia de afecciones a la seguridad o al medio ambiente que generen un grave riesgo, se ordenará, previa audiencia al interesado, la paralización de las actuaciones declaradas, sin perjuicio de las responsabilidades indicadas en el apartado anterior.

Esta resolución obligará al interesado a restituir el orden jurídico infringido, y podrá determinar la imposibilidad de presentar una nueva declaración responsable con el mismo objeto durante un periodo máximo de un año.

5. La comprobación de la conformidad de la actuación con la normativa aplicable en los términos antes indicados resultará en la emisión por el ayuntamiento del correspondiente acto de conformidad cuando ello fuera necesario a los efectos previstos en la legislación que resulte de aplicación. En particular, a los efectos previstos en el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

6. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, asimismo, se podrá ejercer, en cualquier momento, sobre las actuaciones declaradas, las facultades inspectoras previstas en esta Ley".

Y, por último, debemos mencionar la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, de fecha posterior a la Ordenanza aquí impugnada, que en lo que aquí interesa:

(i) Da nueva redacción al ya citado capítulo III del título IV de la Ley 9/2001, de 17 de julio (artículos 151- 163);

(ii) Adiciona el Capítulo IV del Título IV de la citada Ley 9/2001, titulado " Régimen de la colaboración público-privada" (artículos 164 a 167 duodecies), a la vez que renumera los actuales Capítulos IV y V del Título IV que pasan a ser, respectivamente, Capítulos V y VI; y

(iii) Da nueva redacción a la disposición derogatoria única de la citada Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en la que se dispone en el apartado 1.e) la derogación de " La disposición adicional segunda de la Ley 8/2009 de 21 de diciembre, Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña ".

OCTAVO.- Como ya hemos indicado en el F.D. 3º de la presente, la parte recurrente sustenta su pretensión anulatoria de los preceptos impugnados en la consideración, en síntesis, de que la Ordenanza 6/2022 atribuye auténticas funciones públicas de inspección a las entidades colaboradoras urbanísticas de forma contraria al régimen legal contemplado en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, concretamente, en su artículo 190, al tratarse de una potestad pública que exclusivamente puede ejercer quien formalmente tenga reconocida la condición de agente de la autoridad, tal y como exige el citado artículo 190.

Ciertamente, el artículo 3.12 de la Ordenanza 6/2022, al definir la entidad colaboradora urbanística como " entidad privada de carácter técnico, con personalidad jurídica propia, acreditada y autorizada para el desempeño de funciones de verificación, inspección y control de actuaciones urbanísticas y que actúa bajo su propia responsabilidad", viene a reconocer expresamente la posibilidad de que dichas entidades asuman la realización de tareas urbanísticas. Otro tanto ocurre con el artículo 4.1 de la Ordenanza que, bajo el epígrafe " Intervención de entidades colaboradoras", dispone que " La función de verificación, inspección y control podrá ser desempeñada por entidades colaboradoras acreditadas y habilitadas en los términos establecidos en la normativa autonómica y municipal de aplicación".

Dichas previsiones, por sí mismas, al contrario de lo sostenido por la parte recurrente, no contravienen el marco legal autonómico por la evidente y sencilla razón de que la Disposición Adicional segunda de la Ley 8/2009, vigente a la fecha de aprobación de la Ordenanza 6/2002, admite y contempla la posibilidad de que determinadas entidades privadas, que cumplan los requisitos establecidos en dicha disposición y estén debidamente habilitadas, puedan " colaborar en la realización de las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico", mediante la emisión de "certificaciones, actas, informes y dictámenes, que podrán ser asumidos por la Administración Pública tramitadora del expediente y ser incorporados al mismo con el valor y la eficacia que reglamentariamente se determinen".

Previsiones que han tenido su desarrollo reglamentario, a nivel autonómico, en la Orden 639/2014, 10 abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ya citada, por la que se regulan las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanístico, que se centra, principalmente, como ya hemos indicado en el fundamento jurídico precedente, en la regulación de la habilitación de las entidades privadas colaboradoras, y en la que se dispone que " en ningún caso", dichas entidades, "tendrán carácter de autoridad, ni su actuación podrá impedir la función de verificación, control e inspección propia de los servicios técnicos municipales"; encomendando a los Ayuntamientos el desarrollo, mediante la aprobación de Ordenanzas, " el procedimiento a seguir por las entidades privadas colaboradoras en el ejercicio de sus funciones".

Por tanto, desde la expresada perspectiva, nada hay que objetar a los artículos 3.12 y 4.1 de la Ordenanza 6/2022, en cuanto contemplan la posibilidad de que las denominadas entidades colaboradoras urbanísticas puedan llevar a cabo " funciones de verificación, inspección y control de actuaciones urbanísticas".

Adviértase, por otra parte, que ni dichos preceptos, ni ningún otro de los aquí impugnados, atribuyen a dichas entidades colaboradoras, ni la titularidad de la función pública de inspección, ni la condición de agentes de la autoridad, tal como erróneamente parecen entender los recurrentes, ni por supuesto impiden el ejercicio de las funciones de verificación, control e inspección que el marco legal autonómico pueda atribuir a los servicios técnicos municipales, como con posterioridad observaremos al examinar las funciones de control y verificación encomendadas a las entidades colaboradoras urbanísticas en relación con las declaraciones responsables en los artículos 29.7, 32.1, 2 y 3 y 54.2 de la Ordenanza 6/2022, también aquí impugnados.

La circunstancia de que en la definición de entidad colaboradora urbanística ofrecida en el artículo 3.12 de la Ordenanza se haya omitido el término " colaboración" no puede interpretarse, tal como parece sostener la parte actora en su escrito de conclusiones, como una atribución a dichas entidades de la titularidad de la función inspectora (en realidad, la parte actora parece identificar la mera atribución del ejercicio de la función inspectora a las entidades colaboradoras urbanísticas, lo que cuenta con la necesaria habitación legal, tal como henos visto, con la atribución y reconocimiento a éstas de la titularidad de dicha función, que de ser así, chocaría abiertamente con el marco legal), sino como mera exigencia elemental derivada de la regla de la definición lógica de que en la definición no puede incluirse el término que se pretende definir, que en el caso que nos ocupa, son las "entidades colaboradoras urbanísticas".

NOVENO.- En relación con los artículos 29.7, 32.1, 2 y 3 y 54 de la Ordenanza 6/2022, la parte recurrente aduce que la intervención de las entidades colaboradoras urbanísticas prevista en los indicados preceptos tiene caracteres inspectores, puesto que además no exigen un acto de conformidad o disconformidad municipal, tal como sucede en el procedimiento de licencias urbanísticas. Añade que el artículo 32.1 atribuye ese carácter inspector a la actuación de la entidad urbanística colaboradora, a cuyos servicios puede recurrir voluntariamente el ciudadano según el artículo 29.7, mientras que el artículo 32.3 considera que las actas de disconformidad de las declaraciones responsables emitidas por la entidad colaboradora urbanística conllevan su declaración de ineficacia. Igualmente es lo que sucede, añade, con las declaraciones responsables de primera ocupación, por cuanto el artículo 54.2 considera la comprobación de la entidad colaboradora urbanística una inspección final.

Pues bien, en primer lugar, ya hemos indicado que, a la fecha de la aprobación de la Ordenanza 6/2022, la eventual atribución de funciones inspectoras a las denominadas entidades colaboradoras urbanísticas contaba con el respaldo legal autonómico ofrecido por la ya citada Disposición Adicional segunda de la Ley 8/2009.

Además de ello, el artículo 159.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en redacción vigente a la fecha de aprobación de la Ordenanza impugnada, contemplaba, de forma expresa, la eventual intervención de las entidades colaboradoras urbanísticas, al igual que el Ayuntamiento, en el necesario control posterior de las declaraciones posteriores.

Consecuentemente, nada hay que objetar a los preceptos impugnados, en cuanto que contemplan, con carácter voluntario, la eventual intervención de las entidades colaboradoras urbanísticas en el posterior control de las declaraciones responsables.

La parte actora pone el acento en que la Ordenanza no contempla un acto de conformidad o disconformidad del Ayuntamiento, con posterioridad a la actuación de la entidad colaboradora urbanística, de donde deriva el carácter o naturaleza inspectora de la intervención de la entidad colaboradora.

Ahora bien, de la literalidad del artículo 159.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no se infiere la necesidad, en todo caso, del dictado de un acto municipal posterior a la intervención de la entidad colaborador, en el que se muestre la conformidad de la administración municipal con la eventual actuación de control y comprobación llevada a cabo por la entidad colaboradora (con la única salvedad contemplada en el párrafo quinto del citado artículo 159, " cuando ello fuera necesario a los efectos previstos en la legislación que resulte de aplicación"). Más aún, de la literalidad del indicado precepto, se desprende que la intervención de las entidades colaboradoras en las labores de control y comprobación aparece contemplada en pie de igualdad con la eventual intervención del Ayuntamiento en dichas labores (" Las declaraciones responsables serán objeto necesariamente de control posterior por el ayuntamiento o sus entidades colaboradoras ..."), y así se desprende de la concreta regulación contenida en los párrafos tercero y cuarto, en los que no se hace distingo alguno según quién hubiese llevado a cabo las correspondientes labores de control y comprobación

Será, en todo caso, la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de comprobación posterior, prevista en el párrafo segundo del citado artículo 159, la encargada de determinar si se precisa o no algún acto posterior por parte del Ayuntamiento, así como su alcance y extensión.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 29.7 impugnado de la Ordenanza prevé, expresamente, la remisión al Ayuntamiento del acta resultante de la visita de comprobación, " a efectos de que desarrolle las actuaciones que procedan conforme a los siguientes apartados". Igualmente, el artículo 32.1 impugnado, para el supuesto en el que la inspección fuera desfavorable, prevé la intervención posterior del Ayuntamiento con la finalidad de adoptar " la resolución de pérdida de efectos de la declaración responsable con las consecuencias previstas en el artículo 30". Y, finalmente, el propio artículo 54.3 de la Ordenanza contempla la presentación ante del Ayuntamiento del acta de conformidad de la declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento emitida por una entidad colaboradora, " para que dicte resolución favorable".

Desde luego, nada hay en los artículos 29.7, 32.1.2 y 3 y 54.2 impugnados que impidan o imposibiliten el ejercicio de las facultades inspectoras contempladas en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, tal como dispone su artículo 159, párrafo sexto.

Llegados a este punto estimamos oportuno hacer notar que aunque los citados preceptos, concretamente el artículo 32, utiliza las voces "comprobación" (por ejemplo, en el propio título del precepto) e "inspección", dichas voces no deben asimilarse conceptualmente al tener distinto alcance y naturaleza. La facultad de comprobación, al igual que en las licencias, ha de tenerse por una forma evolucionada de intervención de la actuación de los ciudadanos, que si en la licencia opera "a priori" en la actuación comunicada o declaración responsable lo hace "a posteriori". La intervención de "comprobación" no alza una prohibición legal de ejercicio de un derecho, sino que comprueba que el efectivo ejercicio del derecho (por ejemplo, realización de una actividad empresarial, profesional o de servicio) se acomoda al ordenamiento jurídico aplicable a efectos de consentirla, o, de no ajustarse, paralizarla, exigir adaptaciones o, incluso, restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad.

De ahí que el artículo 69.4 de la Ley 39/2015 se ocupe de precisar que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la comunicación previa, determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, añadiendo que la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

La funcionalidad de la inspección, por el contrario, no es una intervención de la actividad de un particular a efectos de consentirla, sino la de vigilancia de esa actividad cuando ya se ejerce, y que culmina, en su caso, con actos de restauración de la legalidad y/o sancionadores. Esto es, a través de las facultades de inspección la Administración procede a constatar si el ejercicio de la concreta actividad se corresponde o no con la descripción realizada en la comunicación previa o declaración responsable, procediendo en caso contrario a la imposición de la correspondiente sanción o incluso a revocar el oportuno título habilitante que a través de la comunicación o declaración responsable se entienda otorgado.

En consecuencia, los procedimientos a seguir en caso de comprobación o de inspección son diferentes porque las funciones de comprobación e inspección son distintas, compatibles e independientes.

Dicho ello, en otro orden de ideas, la parte recurrente parece sostener que el artículo 159 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid contempla la colaboración de las entidades de colaboradoras urbanísticas a partir de una relación jurídica entre el Ayuntamiento y dichas entidades colaboradoras, que no es genérica y propia de la ordenación reglamentaria sino concreta, que debería manifestarse a través de algún negocio jurídico.

Ahora bien, ni el citado artículo 159 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid exige que la colaboración de las entidades urbanísticas se lleve a cabo en el marco de una concreta y determinada relación jurídica con el Ayuntamiento, como tampoco se exige dicha concreta relación jurídica en las Disposiciones Adicionales primera (" Homologación de entidades de inspección técnica") y segunda (" Actuaciones urbanísticas que amparen actividades de comercio minorista y de determinados servicios de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid "), a las que el citado precepto se remite en su párrafo primero. Como tampoco dicha exigencia aparece contemplada en la Disposición Adicional segunda de la ya citada Ley autonómica 8/2009, de 21 de diciembre, ni por supuesto en el desarrollo reglamentario contemplado en la también citada Orden 639/2014, 10 abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Y, desde luego, no es dicha línea de exigencia de una concreta y determinada relación jurídica entre el Ayuntamiento y la entidad colaboradora urbanística, pretendida por los recurrentes, la seguida, con posterioridad a la aprobación de la Ordenanza aquí impugnada, por el legislador autonómico en la reforma llevada a cabo en la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid que, en lo que aquí interesa, como ya hemos indicado, adiciona el Capítulo IV del Título IV de la citada Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, titulado " Régimen de la colaboración público-privada" (artículos 164 a 167 duodecies). Concretamente, el artículo 167 quater dispone, en su párrafo primero, que " Para actuar en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la entidad privada colaboradora urbanística deberá obtener la autorización de la Comunidad de Madrid"; resolución autorizadora que, según el párrafo cuarto del citado precepto, se " inscribirá de oficio en el Registro de Entidades Privadas de Colaboración Urbanística de la Comunidad de Madrid".

Por tanto, de cuanto antecede, no cabe observar en los artículos 29.7, 32.1, 2 y 3 y 54 de la Ordenanza 6/2022 reproche alguno de ilegalidad.

DÉCIMO.- Finalmente, los recurrentes postulan la nulidad de los artículos 62 y 63, así como de la Disposición Adicional Quinta, de la Ordenanza 6/2022.

Pues bien, en atención a cuanto queda dicho, esto es, que la eventual atribución de funciones inspectoras a las denominadas entidades colaboradoras urbanísticas contaba con el respaldo legal autonómico ofrecido por la ya citada Disposición Adicional segunda de la Ley 8/2009, ninguna objeción cabe advertir en el artículo 62 de la Ordenanza, en cuanto que contempla, en su párrafo segundo, la posibilidad de que los Planes de inspección urbanística municipal (PIUM) puedan establecer " la posibilidad de que el control de actividades lo realicen las entidades colaboradoras, cuando lo soliciten voluntariamente y por cuenta propia los titulares de las actividades o de las obras". Adviértase, por otra parte, que la eventual intervención de dichas entidades colaboradores queda sujeta a que, de forma voluntaria, así lo decida el titular de la actividad o de la obra sujeta a inspección.

Y, en esta línea, tampoco cabe advertir objeción de ilegalidad alguna en las previsiones contenidas en el artículo 63 de la Ordenanza 66/2022. Precepto que se limita a disponer que la entidad colabora que intervenga en el control de actividades establecido por el PIUM " emitirá un informe de control, que será enviado al Ayuntamiento en un plazo máximo de 10 días desde la fecha en que se realice la inspección" (párrafo primero), que en el supuesto de que la entidad colaboradora aprecie " la existencia de incumplimientos de la normativa que resulte de aplicación, lo hará constar en su informe, junto a las indicaciones que haga al titular de la actividad para la subsanación de estos" (párrafo segundo), y que en el supuesto de que " los incumplimientos de la normativa detectados en la actuación de control fueran susceptibles de provocar un grave riesgo a las personas o los bienes, la entidad colaboradora comunicará este hecho al Ayuntamiento de manera inmediata" (párrafo tercero).

Será la Administración municipal, como señala el párrafo segundo, la encargada de incoar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad que correspondan con arreglo a los artículos 65 y siguientes de la propia Ordenanza.

Por tanto, los preceptos impugnados, tal como se desprende de su concreta regulación, no atribuyen a las entidades colaboradoras urbanísticas, cuando intervengan en el control de actividades establecido en un PIUM, y así lo posibilite este, la titularidad de la función pública de inspección, ni la condición de agentes de la autoridad, ni por supuesto impiden el ejercicio de las funciones de verificación, control e inspección que el marco legal autonómico pueda atribuir a los servicios técnicos municipales.

Por último, tampoco cabe observar ilegalidad alguna en la Disposición Adicional Quinta, de la Ordenanza 6/2022, que se limita a posibilitar que los Ayuntamientos puedan " acudir a la comprobación, verificación e inspección en los procedimientos administrativos relativos a los medios de intervención urbanística municipal, través las fórmulas establecidas en el ordenamiento jurídico". Dicho precepto, no atribuye a las entidades colaboradoras, cuando intervengan a requerimiento del Ayuntamiento, la titularidad de la función pública de inspección, ni la condición de agentes de la autoridad, ni por supuesto impide el ejercicio de las funciones de verificación, control e inspección que el marco legal autonómico pueda atribuir a los servicios técnicos municipales.

Por tanto, de cuanto antecede se desprende la procedencia de desestimar las pretensiones anulatorias dirigidas contra los artículos 3.12, 4.1, 29.7, 32. 1, 2 y 3, 54.2, 62, 63 y Disposición Adicional Quinta de la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas.

UNDÉCIMO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, no se hace expresa imposición de las costas causadas.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.