Sentencia Contencioso-Administrativo 11/2023 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 4002/2022 de 13 de enero del 2023

PRIMERO: Sobre las alegaciones de la demanda.

La parte actora fundamenta su recurso contra la resolución que declaró la procedencia del reintegro total de la subvención percibida por "TÍO PITER, S.L." por importe de 20.726,25 € más los intereses de mora correspondientes en los siguientes motivos de impugnación para sostener su nulidad o subsidiariamente su anulabilidad.

1º. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018. La Administración considera, indebidamente, que se incumplirían por la beneficiaria los requisitos contemplados en los arts. 5.13 y 7 de la Orden de 19 de diciembre de 2018. No se puede compartir tal conclusión: no se ha incumplido ningún requisito de los establecidos por dichos preceptos, por cuanto las infracciones que se dicen cometidas por la interesada en el expediente sancionador núm. 116/2018/SCOR no se corresponden con infracciones graves de la PPC, del Reglamento (UE) 1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y del Reglamento (UE) 1224/2009 del Consejo.

Por la Administración se señala en las resoluciones recurridas que la beneficiaria vendría a incumplir las obligaciones que le corresponden al ser sancionada en el expediente sancionador núm. 116/2018/SCOR por la comisión de las infracciones graves tipificadas en los arts. 100.1.a), 100.2.c) y 100.3.g) de la Ley 3/2001 del 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. Ninguno de esos preceptos se remite a Reglamento Comunitario alguno. La Administración no justifica la conexión que efectúa entre las infracciones que enumera y los Reglamentos comunitarios señalados en los arts. 5 y 7 de la Orden de 19 de diciembre de 2018.

Los incumplimientos de la PPC y de los Reglamentos (UE) 1005/2008 y 1224/2009 del Consejo se refieren a infracciones más graves, de mayor entidad que las que aquí acontecen.

2º. Subsidiariamente a lo anterior, y una vez determinado el carácter subvencional de la ayuda concedida, impugna que las resoluciones recurridas entiendan inaplicable el principio de proporcionalidad al caso de autos y consideren que procede el reintegro total y no parcial de la ayuda concedida a la beneficiaria por importe de 20.726,25 € más los intereses de demora correspondientes.

Tras transcribir el art. 27 de la Orden, que se refiere al reintegro total o parcial de la subvención concedida, y a que el reembolso de la ayuda será proporcional a la gravedad de la infracción cometida, así como el art. 33 y 14.1 n) de la Ley gallega de subvenciones, concluye que "vista la remisión al artículo 33 de la Ley 9/2007 de Subvenciones de Galicia, el cual contempla expresamente la APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD a los posibles incumplimientos de condiciones impuestas por la Administración (que NO requisitos para ser beneficiario de la subvención) al remitirse a los criterios del artículo 14 del mismo cuerpo legal; no puede albergarse duda alguna respecto a la procedencia de la aplicación del principio de proporcionalidad al caso que nos ocupa.

Hay que tener en cuenta que la resolución sancionadora firme es posterior a la solicitud (de 30 de junio de 2019). Al momento de la solicitud se reunían los requisitos para ser beneficiaria de la subvención.

Tanto el Reglamento 1198/2006, como la Orden de 19 de diciembre de 2018, sí prevén la aplicación del principio de proporcionalidad, a diferencia de lo que señala la Administración en sus resoluciones.

El incumplimiento, de existir, resultaría ínfimo, aproximándose de manera significativa al cumplimiento total de la obligación por la administrada. Además, la beneficiaria acredita una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de sus compromisos, toda vez que sólo consta un expediente sancionador.

En virtud de lo expuesto, procede la aplicación del PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD al presente caso, y en consecuencia, debe acordarse el reintegro de la subvención de forma proporcional al grado de incumplimiento producido, atendiendo a los criterios expresados en la demanda:

Como la sanción impuesta lo fue por importe de 4.500 €, procedería el reembolso parcial por importe de 4.500 €, con sus intereses legales.

Subsidiariamente, se efectuará una operación aritmética consistente en partir de que para el plazo total de 1.825 días (5 años) corresponde el total de 20.726,25 € y a partir de ahí se aplicarán los días que se considere que faltan para cumplir la obligación desde la notificación del acuerdo de inicio el 9 de marzo de 2021. Por lo tanto, el importe de la devolución sería de 14.329,99 €, con su correspondiente interés legal.

SEGUNDO: Sobre la contestación a la demanda.

La Letrada de la Xunta de Galicia se opone al recurso, alegando que la resolución impugnada acordó declarar la procedencia del reintegro total de la subvención percibida por TIO PITER con base en el incumplimiento por el beneficiario de lo dispuesto en los artículos 5.13 y 7.i de la Orden reguladora de las ayudas, como consecuencia de la imposición de una sanción al demandante con multa de 4500 euros en el expediente sancionador 116/2018 SCOR mediante resolución de 23 de mayo de 2019, que resultó firme el 30 de junio de 2019, por lo tanto tras solicitar la ayuda en el presente expediente, por la comisión de las infracciones establecidas en los arts. 100.2.c). 100.1. a) e 100.3 g) de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado.

En el ejercicio de las actuaciones de comprobación resulta relevante el informe de sanciones emitido por la Subdirección General de Asuntos Jurídicos y Gobernanza Pesquera Internacional de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde consta que el beneficiario de la ayuda cometió con posterioridad a la solicitud de ayuda y dentro del periodo de ejecución de la operación infracción grave del Reglamento UE nº 1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), en función de la sanción impuesta en el expediente arriba mencionado.

Por tanto, se incumple el art. 10.2 del Reglamento UE nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como una de las obligaciones y condiciones establecidas expresamente en la resolución de concesión de la ayuda. Aunque la sanción sea anterior al pago, pero posterior a la solicitud de ayuda, no es menos cierto que el expediente sancionador finalizado por resolución firme de 30 de junio de 2019 da lugar a causa de reintegro en virtud del mencionado precepto, ya que la comisión de la infracción grave del art. 100.1 a) de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado supone el incumplimiento del art. 42.1 a) del Reglamento UE 1005/2008, del Consejo.

En cuanto al principio de proporcionalidad, no cabe un reintegro parcial de una ayuda a la que no podría optar, estamos ante el incumplimiento total de una condición u obligación.

TERCERO: Sobre la causa de reintegro.

La Orden reguladora de la subvención concedida a la demandante establece la regulación de los requisitos para poder ser beneficiario de la subvención (art. 5) y de las obligaciones generales de las personas beneficiarias (art. 7), estableciendo -en lo que interesa a este procedimiento-, lo siguiente -:

"Artigo 5. Persoas beneficiarias e requisitos xerais.

Poderán ser persoas beneficiarias persoas físicas, xurídicas ou pluralidade de persoas físicas, agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica ou comunidades de bens que cumpran os seguintes requisitos:

[...]

13. Non ter cometido infracción grave:

- Da PPC definida como tal en actos lexislativos do Parlamento Europeo e do Consello.

- Do Regulamento (UE) nº 1005/2008 do Consello, polo que se establece un sistema contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada, e do Regulamento (UE) nº 1224/2009 do Consello, polo que se establece un réxime comunitario de control, durante os 12 meses anteriores á data da presentación de solicitudes. Se o operador ten nove puntos de infracción polas infraccións graves segundo o Regulamento (UE) nº 404/2011, cada punto de infracción acumulado que se engada aos nove puntos de infracción polas infraccións graves segundo o Regulamento (UE) nº 404/2011 suporá un mes adicional de inadmisibilidade da axuda por punto acumulado [...]

Artigo 7. Obrigas xerais das persoas beneficiarias.

As persoas beneficiarias destas axudas están obrigadas a:

i) Durante os cinco anos seguintes ao pagamento final á persoa beneficiaria, esta non poderá ter cometido unha infracción grave da PPC nin do Regulamento (UE) 1005/2008 do Consello, polo que se establece un sistema contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada, e do Regulamento (UE) 1224/2009 do Consello, polo que se establece un réxime comunitario de control, non ter sido declarada culpable de cometer fraude, nin estar incluída na lista comunitaria dos buques INDNR (pesca ilegal non declarada e non regulamentada) ou de buques que enarboren o pavillón de países considerados terceros países non cooperantes ao abeiro do Regulamento (CE) 1005/2008 do Consello, do 29 de setembro de 2008".

De conformidad con esta normativa reguladora de la subvención, el mismo hecho -la comisión de infracción grave, con arreglo al art. 42 del Reglamento 1005/2008, del Consejo- determina dos tipos de efectos jurídicos:

1º.- Causa de inadmisibilidad de una solicitud de ayudas, presentada con posterioridad a la comisión de las infracciones, en un periodo de 12 meses, en los términos del art. 5.8 de la Orden de la Consellería do Mar de 5 de diciembre de 2019 y el art. 10 del Reglamento 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el cual establece:

1. Las solicitudes presentadas por los operadores no podrán optar a la ayuda del FEMP durante un período de tiempo determinado, establecido de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, si la autoridad competente del Estado miembro hubiere comprobado que los operadores de que se trate:

a) han cometido una infracción grave con arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo , o al artículo 90, apartado 1 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 (...)

2º.- Causa de pérdida del derecho al cobro de una subvención previamente otorgada, por aplicación del art. 10.2 del Reglamento 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que establece:

El beneficiario deberá seguir cumpliendo las condiciones contempladas en el apartado 1, letras a) a d), después de presentar la solicitud y durante todo el período de ejecución de la operación y durante un período de cinco años después de la realización del pago final a dicho beneficiario.

En aplicación de esta normativa europea, que constituye el reglamento base con arreglo al cual se otorgó la subvención, la Orden de la Consellería do Mar de 5 de diciembre de 2019, de convocatoria de la subvención otorgada a la aquí demandante respecto de la que se ha acordado el reintegro -por el acto recurrido- establecía el requisito negativo de no haber cometido infracción grave del art. 42 del Reglamento:

-no solo para poder tener la condición de beneficiario de la subvención (art. 5.8), a valorar en un momento previo a su otorgamiento,

-sino para conservar el derecho al cobro de la subvención, una vez otorgada, al disponer en su art. 7 i) que las personas beneficiarias de estas ayudas están obligadas, durante los cinco años siguientes al pago final de la subvención, a no cometer ninguna infracción grave de la PPC ni del Reglamento UE 1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, entre otras normativas.

La propia resolución de concesión de la subvención (folio 327) establecía dentro del elenco de condiciones y obligaciones por parte del beneficiario a las que quedaba supeditada la ayuda económica, la siguiente:

"Segundo o establecido no Art. 10 do Regulamento UE 508/2014, durante os cinco anos seguintes ao pagamento final ao beneficiario, que será a data contable do último pagamento, este non poderá:

a) Ter cometido una infracción grave segundo o artigo 42 do Regulamento (UE) nº 1005/2008, do Consello (1) ou ao artigo 90, apartado 1 do Regulamento (UE) nº 1224/2009.

Es evidente que una infracción cometida antes del pago pero con posterioridad a la solicitud de subvención determina el mismo efecto jurídico, en cuanto a la privación del derecho al cobro de la subvención, o en su caso el reintegro de lo ya percibido, que una infracción cometida después del pago pero antes del transcurso de cinco años desde el mismo, ya que se trata de un requisito que afecta a la misma posibilidad de ser beneficiario, que según el momento en que se aprecie determina o la inadmisibilidad de la solicitud (antes de resolver el expediente) o la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida o el reintegro de la ayuda ya pagada.

De lo expuesto se desprende la procedencia de la toma en consideración del informe que documenta un hecho, consistente en la sanción al aquí demandante en virtud del expediente sancionador 116/2018 SCOR mediante resolución de 23 de mayo de 2019, que resultó firme el 30 de junio de 2019, es decir, antes del plazo de cinco años desde el pago, establecido por la normativa como plazo durante el cual debía observarse esta condición o requisito negativo, referido a no haber sido sancionado por determinadas infracciones.

Este hecho -la sanción el expediente sancionador núm. 116/2018/SCOR por la comisión de las infracciones graves tipificadas en los arts. 100.1.a), 100.2.c) y 100.3.g) de la Ley 3/2001 del 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado- determina la concurrencia de causa de reintegro de la subvención, para el caso de que alguna de las infracciones por las que fue sancionada la mercantil aquí demandante antes del transcurso del plazo de cinco años desde el pago final tuviese su correspondencia con alguna infracción grave del Reglamento (UE) 1005/2008, que es lo apreciado por la resolución que acuerda el reintegro de la ayuda ya pagada.

El hecho de que haya sido anterior al pago final de la ayuda no enerva la consecuencia jurídica del reintegro, en aplicación del art. 10.2 del Reglamento 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece:

El beneficiario deberá seguir cumpliendo las condiciones contempladas en el apartado 1, letras a) a d), después de presentar la solicitud y durante todo el período de ejecución de la operación y durante un período de cinco años después de la realización del pago final a dicho beneficiario.

Se trata de un incumplimiento de una condición establecida en la resolución de concesión de la subvención que representa un incumplimiento de la normativa europea que sirve de marco al procedimiento de otorgamiento de la ayuda, cuya relevancia como causa de reintegro es indudable, en atención al art. 10.2 del Reglamento UE 508/2014 (UE), en relación con el art. 27 de la Orden de la ayuda, que establece como causa de reintegro el incumplimiento de las condiciones y obligaciones que se establezcan en la resolución de concesión.

La cuestión nuclear para resolver el primer motivo de impugnación se refiere a la correspondencia de las infracciones por las que fue sancionada la recurrente -infracciones graves tipificadas en los arts. 100.1.a), 100.2.c) y 100.3.g) de la Ley 3/2001 del 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado- con el art. 42 del Reglamento (UE) 1005/2008, ya que la recurrente niega haber sido sancionada por infracción tipificada en ese artículo del Reglamento UE.

La resolución recurrida ofrece una respuesta motivada y ajustada a derecho a este motivo de impugnación, explicando las razones por las cuales, aunque dos de las infracciones no se corresponden con ese art. 42 del Reglamento 1005/2008, sí hay esa equivalencia en lo que se refiere a la infracción tipificada en el art. 100.1 a) de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado, de conformidad con la constatación en el criterios señalados en el informe de sanciones de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos y Gobernanza Pesquera Internacional de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme a los criterios señalados en el INFORME SOBRE EL SISTEMA DE ADMISIBILIDADES DE SOLICITUDES DE AYUDAS- COMISIÓN DE INFRACCIONES GRAVES ( Art. 3 del Reglamento 2015/288 en relación con el Art. 10.1.a del Reglamento 508/2014) EN EL AMBITO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA .

El Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 y (CE) nº 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) nº 1093/94 y ( CE) nº 1447/1999, establece en su art. 42 :

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «infracción grave»:

a) las actividades que se consideran constitutivas de pesca INDNR a tenor de los criterios fijados en el artículo 3; (...)

Conforme al art. 3 del Reglamento 1005/2008:

1. Se supondrá que un buque pesquero está involucrado en pesca INDNR cuando se demuestre que, infringiendo las medidas de conservación y ordenación aplicables en la zona donde haya llevado a cabo esas actividades:

a) ha pescado sin contar con una licencia, autorización o permiso válido expedido por el Estado de abanderamiento o el Estado ribereño pertinente (...).

Resulta clara la equivalencia de esta infracción con el art. 101. A) de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado, por el que fue sancionada la aquí recurrente, en cuanto tipifica como infracción grave:

1. En lo relativo al ejercicio de la actividad:

a ) El ejercicio o realización de actividades de pesca sin disponer de licencia o de las correspondientes autorizaciones.

Se trata literalmente de la misma infracción tipificada en el art. 42.1 a) del Reglamento 1005/2008 (UE), y además esa equivalencia ha sido declarada en el informe ministerial sobre el sistema de admisibilidades de ayudas en el ámbito del FEMP.

En consecuencia, no hay causa de nulidad de pleno derecho, ya que al menos una de las infracciones por la que ha sido sancionada la recurrente se corresponde con una de las infracciones graves tipificadas por el art. 42 del Reglamento (UE) 1005/2008. Basta la literalidad de ambos preceptos como justificación de la equivalencia, pero además la resolución recurrida se remite a los informes de la Secretaría General de Pesca del Ministerio competente que justifican la comisión de esa infracción del Reglamento UE por parte de la recurrente, en función de la sanción por el tipo equivalente incorporado a la Ley de Pesca Marítima del Estado.

En un supuesto similar, resuelto en la sentencia de esta Sala de fecha 15/02/2021, nº 87/2021, en el procedimiento ordinario 4184/2019 , en el que también se valoraba a los efectos de un procedimiento de subvención (en aquel caso, a los efectos de excluir a la interesada de la condición de beneficiaria, inadmitiendo la solicitud de subvención) se confirmó la procedencia de tener en cuenta, por aplicación del art. 10 del Reglamento 508/2014 , el hecho de haber incurrido en la infracción grave consistente "el ejercicio de actividades comerciales directamente relacionadas con la pesca INDNR, incluidos el comercio o la importación de productos pesqueros", lo que se consideró procedente por la sanción impuesta por otra infracción de la Ley de Pesca de Galicia, la tipificada en el art. 137.F.12, rechazando alegatos similares, en relación con la vulneración del principio de tipicidad, la aplicación analógica y extensiva del tipo o la vulneración del principio de proporcionalidad. Se decía al respecto en aquella sentencia de esta Sala:

"SEXTO .- De la infracción del principio de tipicidad, de la aplicación analógica de las normas sancionadoras y de la desproporción de las consecuencias aplicadas .

En la demanda se hace un planteamiento del recurso excesivamente centrado en la sanción previa por la comercialización a través de la lonja de la cofradía de almeja japónica de tamaño antirreglamentario. Lo que, por una parte, pervierte un poco el objeto del recurso y, por otra, corre el riesgo de parecer desenterrar pretensiones que no cabe evocar cuando se está impugnando una exclusión de un proceso de concurrencia aunque lo fuera por la sanción previa porque ésta, conviene recordarlo, no solo no se impugnó sino que fue objeto de pago con una reducción del 30% -como dejamos apuntado en el fundamento jurídico tercero- lo que supone que con arreglo al Art. 158 de la Ley 11/2008 de Pesca la Cofradía mostrara su conformidad con los hechos y con el importe de la sanción, por lo que no puede ahora, con ocasión de una consecuencia ulterior de la sanción y que, sin duda, no se tuvo en cuenta en el previo expediente sancionador, alegue la vulneración del principio de tipicidad, la aplicación analógica y extensiva del tipo o la vulneración del principio de proporcionalidad. Todas estas son cuestiones que cabe tratar con ocasión de un procedimiento sancionador pero no cuando se discute la exclusión de una actividad de fomento, aunque ésta resolución resulte determinada por la previa sanción.

Del contenido de la resolución recaída en el procedimiento sancionador, aportada a las actuaciones, resulta claramente los siguientes extremos:

1º) la Cofradía fue sancionada con arreglo al apartado 12 de la letra F del Art. 137 que tipifica como infracción:

Art. 137

F) En materia de ordenación del sector:

12. La tenencia, consignación, almacenamiento, transporte, exposición y primera venta, en cualesquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso antirreglamentario.

2º) Que siendo la horquilla de las sanciones para las infracciones graves desde 301 a 60.000 &€ se le impuso una sanción de 585,76 &€ , atendiendo como criterio de graduación al precio en lonja del producto ilegalmente comercializado.

3º) Que en la propia resolución se le redujo la sanción a la cantidad de 410,03 &€ en atención a la conformidad mostrada por la Cofradía, en aplicación del Art. 158 que se transcribe en la resolución.

Pues bien, pese al tratamiento excesivamente tributario de los aspectos sancionadores que se realiza en la demanda, la cuestión que subyace en tales invocaciones es que la Cofradía cuestiona que concurra en la causa de exclusión aplicada, por entender que con arreglo a las técnicas de reenvío a los dos reglamentos comunitarios -la remisión al Reglamento 508/2014 y por éste al Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008 , por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada- al mantener que su actuación con ocasión del hecho puntual que motivo la sanción no se puede equiparar a las que se tratan de evitar con este último reglamento.

Pues bien, en este extremo hemos de coincidir con el criterio sentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el informe de junio de 2018 -aportado por la Letrada de la Xunta con su escrito de contestación- en la que señala:

El Art. 42.1 letra b) del mismo Reglamento -se está refiriendo al Reglamento 1005/2008 - considera como infracción grave "el ejercicio de actividades comerciales directamente relacionadas con la pesca INDNR, incluidos el comercio o la importación de productos pesqueros". Si una lonja vende pescado de talla inferior a la reglamentaria, esta vendiendo productos procedentes de pesca INDNR (de la cual se obtienen unos ingresos, por lo tanto, un beneficio). Por consiguiente, esto ha de considerarse una infracción grave.

(...)

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que los productos van a ser objeto de primera venta a través de las lonjas dependientes de las Cofradías ( Art. 98 de la Ley de Pesca de Galicia ), pese a lo complicado que resulta interpretar la normativa por el juego de reenvíos reglamentos comunitarios, hemos de concluir que la causa de exclusión ha sido correctamente aplicada por la resolución recurrida, ya que la sanción, con arreglo al Art. 10 del Reglamento, determina la exclusión durante un período mínimo de un año desde la fecha del pago voluntario que determinó la terminación del procedimiento sancionador, por lo que se impone la desestimación de estos motivos de impugnación."

Aunque en aquella sentencia se valoraba la equivalencia de otro tipo infractor de la Ley de Pesca de Galicia, con el art. 42 del Reglamento (CE) 1005/200, por lo que las circunstancias no son idénticas, sí resulta de interés destacar que en la misma ya se avalaba la procedencia de tener en cuenta el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los efectos de establecer la equivalencia entre el tipo infractor de la ley gallega y la definición de infracción grave del Reglamento comunitario, además de rechazar los alegatos sobre la vulneración de la tipicidad o de la proscripción de la analogía en materia sancionadora, por razones que son extrapolables al presente caso, al referirse tales alegatos a medidas de naturaleza sancionadora que no se corresponden con la naturaleza de los actos recurridos, ni en aquel procedimiento ni en el presente. Tanto en aquel caso como en el presente se constató la existencia de una sanción derivada de un expediente sancionador impuesta por un tipo infractor que se debe considerar equivalente al establecido en el Reglamento (UE) 1005/2008.

CUARTO: Sobre el principio de proporcionalidad.

La resolución recurrida no vulnera el principio de proporcionalidad, porque la aquí recurrente fue sancionada por hechos calificados de infracción grave en la Ley de Pesca Marítima del Estado, que se corresponden con hechos calificados de "infracción grave" en el art. 42.1 a del Reglamento CE 1005/2008. La pérdida del derecho al cobro de la ayuda no depende de que la cuantía de la sanción por una infracción grave del art. 42 Reglamento CE 1005/2008 sea mayor o menor, ni puede el órgano que resuelve el expediente de pérdida del derecho al cobro de la ayuda efectuar una valoración autónoma de la gravedad del comportamiento por el que ha sido sancionada la recurrente. Esa gravedad la determina el tipo infractor por el que fue sancionada, y la calificación jurídica del mismo es indubitado que fue el de infracción grave, y que los comportamientos que recoge se corresponden con la infracción grave del art. 42.1 a) del Reglamento CE 1005/2008.

El hecho de que el importe de la subvención de la que se pierde el derecho al cobro sea superior al del importe de la sanción impuesta y pagada por el expediente sancionador anterior que se toma como hecho determinante de la causa de pérdida del derecho al cobro no determina que la resolución recurrida sea contraria al principio de proporcionalidad, ya que se trata de un efecto jurídico tasado, en el que el órgano que resuelve el expediente de pérdida del derecho al cobro no tiene margen de maniobra para atenuar o modular la consecuencia jurídica derivada de la constatación reglada de un hecho que determina, por aplicación de la propia resolución de otorgamiento de la subvención, de las bases incorporadas a la Orden reguladora de la misma y del Reglamento europeo que determina su régimen jurídico, la exclusión de la condición de beneficiario, y consecuentemente, según el momento en el que se aprecie en relación a la tramitación del expediente de subvención, o la inadmisibilidad de la solicitud o la pérdida total del derecho al cobro de la misma, si hubiera sido previamente otorgado, o en su caso su reintegro, si ya se hubiese pagado. Esta es la única consecuencia tasada que se debe aplicar en todo caso si se constata la concurrencia de esa causa dentro del marco temporal que establece el art. 10.2 del Reglamento 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 y la propia resolución de otorgamiento de la ayuda, que establece el marco obligacional que debe cumplir el beneficiario y las consecuencias de su incumplimiento, marco al que se atiene la resolución recurrida, supuesto en el que la única consecuencia jurídica posible, sin posibilidad de atenuación, es la exclusión de la condición de beneficiario, y en este caso, el reintegro total de la ayuda.

Debe advertirse que no se trata de un incumplimiento parcial o ínfimo, sino un incumplimiento total de una de las condiciones a las que se supeditaba tanto la condición de beneficiario de la solicitud como el mantenimiento del derecho al cobro de la ayuda concedida, condición negativa -no haber incurrido en determinadas infracciones- que había de cumplirse no solo en el momento de la solicitud (para ser beneficiario), sino con posterioridad, durante la tramitación del expediente, y en todo caso hasta la finalización del plazo de cinco años desde el pago, y es evidente que la demandante incumplió esa condición, al haber sido sancionada con mucha anterioridad a la terminación del plazo durante el cual tenía que haber evitado incurrir en alguna de las infracciones tipificadas en el art. 42 del Reglamento UE 1005/2008. La comisión de esa infracción no es un incumplimiento parcial, sino que representa un incumplimiento total de una condición que determinaba, en caso de incumplirse, la imposibilidad de acceder a la condición de beneficiario (si ese incumplimiento era previo a la solicitud) y la pérdida del derecho al cobro (si ese incumplimiento era posterior a la solicitud y se verificaba antes del plazo de cinco años desde el cobro), no siendo posible una modulación en cuanto al derecho al cobro, ya que es una condición que afecta a la propia posibilidad de adquirir o mantener la condición de beneficiario de la ayuda, de ahí que la única consecuencia jurídica asociada a dicho incumplimiento sea el reintegro total.

En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso.

QUINTO: Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LRJCA, en la redacción dada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre de agilización procesal, procede imponer las costas procesales a la parte demandante, con el límite máximo de 1.500 euros, por todos los conceptos.