PRIMERO.- Se impugna la resolución del Ministerio de Justicia de 17-6-2020, que denegó la concesión de la nacionalidad española a la hoy parte actora por no haber justificado el requisito relativo a la residencia legal, terminando la demanda con la súplica que es de ver en autos.
SEGUNDO.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.
TERCERO.- La demandante es natural de Argelia, nace el NUM000-1968, está casada, figura inscrita en el padrón municipal de habitantes del Concello de Sada, y ha residido legalmente en España desde el 11-1-2005 hasta el 21-10-2011 y con TFRC desde el 8-10-2015 (con validez hasta el 7-10-2020).
La interesada presentó su solicitud de concesión de la nacionalidad española el 1-10-2015.
La demanda rectora del proceso expone las circunstancias del caso, aduce las razones que tiene por conveniente, cita la normativa y la jurisprudencia que considera de interés, y termina con la súplica que es de ver en autos.
El abogado del Estado se ha opuesto a la pretensión de la parte actora en los términos que son de ver en autos.
CUARTO.- La resolución impugnada denegó la concesión de la nacionalidad española sobre la base del incumplimiento por la interesada del requisito de residencia legal de diez años. El escrito de demanda acepta que la interesada necesitaba una residencia legal de diez años para obtener la nacionalidad española, si bien entiende que la misma cumplía dicho requisito.
Basta repasar los periodos de residencia legal en España de la recurrente que vimos más arriba para advertir inmediatamente que la misma no cumplía el requisito de residencia legal en la fecha de su solicitud de nacionalidad española. La interesada solicitó la nacionalidad española el 1-10-2015, siendo así que hasta entonces dicha parte había residido legalmente en España desde el 11-1-2005 hasta el 21-10-2011, periodo éste que no cubre el requisito de los diez años de residencia legal, lo que resulta tan obvio que no requiere de mayores comentarios.
Por mor de cuanto antecede se impone la desestimación del recurso al carecer la demanda de términos hábiles para su acogimiento.
QUINTO.- Al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora, que la Sala en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso establece por todos los conceptos en la cantidad máxima de 1.500 € ( artículo 139.1 y 4 de la LJ).
1) Desestimar el recurso.
2) Confirmar la resolución a que se contrae la litis.
3) Imponer a la parte actora las costas del proceso en los términos del fundamento jurídico quinto de la presente resolución.
Esta sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
