Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 2221/2020 de 13 de marzo del 2024

PRIMERO.- Se impugna una resolución del Ministerio de Justicia de 22-2-2018, que desestimó el recurso de reposición formulado en su día por la hoy parte actora contra una anterior resolución de 25-8-2015 que le había denegado la solicitud de concesión de la nacionalidad, terminando la demanda con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

TERCERO.- En el caso que ahora contemplamos la recurrente es natural de Marruecos, nace el NUM000-1977, está casada y tiene dos hijos, reside legalmente en España desde el 2-6-2004, y figura inscrita en el padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de Gerona.

La interesada presentó su solicitud origen de la litis el 17-6-2013, y respecto de la misma emitieron sendos informes desfavorables el Ministerio Fiscal y el Juez Encargado del Registro Civil.

La resolución originaria motivó su pronunciamiento denegatorio en no haber justificado la interesada suficiente grado de integración en la sociedad española y en la caducidad del certificado de antecedentes penales del país de origen. La resolución de reposición deja sin efecto este último motivo y basa exclusivamente su pronunciamiento desestimatorio en la falta de justificación del requisito de integración social.

La demanda rectora del proceso expone las circunstancias del caso, alega que la resolución impugnada le ha causado una situación de indefensión al no razonar las causas de la falta de integración social ni acompañar copia del informe del Juez ni copia de la entrevista ante el Encargado del Registro, por lo que la resolución sería nula de pleno derecho, aduce que concurren los requisitos necesarios a los fines pretendidos, y, por otra parte, alega en torno a la caducidad del certificado de antecedentes penales, terminado con la súplica que es de ver en autos, a cuya pretensión se ha opuesto el Abogado del Estado en los términos que son de ver en su escrito de contestación a la demanda.

Visto cuanto antecede, es de entender que la motivación de la decisión recurrida se ciñe tras la resolución de reposición a la ausencia en la recurrente del requisito de integración social. Es de tener en cuenta la fecha de la solicitud de nacionalidad para determinar la normativa aplicable al caso, siendo de recordar que según venía diciendo entonces la Sala la integración social no deriva exclusivamente del nivel de conocimiento del idioma, sino de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo familiar, todo lo cual ha de justificar el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente.

En el caso que ahora nos ocupa puede afirmarse el arraigo familiar de la demandante, cuyo arraigo familiar, sin embargo, no llena por sí mismo el requisito legal del suficiente grado de integración en la sociedad española. Consta en el expediente el acta del examen de integración y los informes negativos del Ministerio Fiscal y del Juez Encargado, coincidiendo la Sala con la valoración desfavorable de dichos informes pues de la lectura del acta que refleja el resultado de la entrevista se advierte el desconocimiento por la interesada de aspectos básicos de la realidad política, social y cultural de España así como un insuficiente conocimiento de la lengua española, lo que denota su falta de integración.

En definitiva, por mor de cuanto antecede se impone la desestimación del presente recurso.

CUARTO.- Al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora, que la Sala en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso establece por todos los conceptos en la cantidad máxima de 1.500 € ( artículo 139.1 y 4 de la LJ).