Sentencia Contencioso-Administrativo 20/2024 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 24/2024 de 15 de febrero del 2024

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la Sentencia apelada en cuanto no contradigan los recogidos en esta Sentencia.

PRIMERO. - Resolución recurrida y alegaciones de las partes en apelación.

La Juez a quo desestima la demanda porque concurre la causa de expulsión tipificada en el art. 57.2 de la LOEx, La resolución impugnada motiva adecuadamente la medida de expulsión. El recurrente, como consta acreditado en el expediente administrativo, fue condenado, por sentencia firme 1/2019, de 14 de junio de 2019, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Pamplona, por la comisión de un delito de agresiones sexuales, en grado de tentativa, a las penas de 3 años de prisión y 3 años de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, así como al pago de la víctima de una indemnización de 3.000 euros. La resolución impugnada realiza una adecuada ponderación de los concretos factores personales que exige la Directiva, factores que no van referidos a circunstancias excepcionales de arraigo muy cualificado, sino más genéricamente a factores reveladores de arraigo en España y de desarraigo en el país de origen. Aun cuando no consta cuándo llegó efectivamente a España, se documenta que abandonó el país el 31 de mayo de 2.010 (tras la comisión de los hechos por los que fue condenado, que tuvieron lugar el 28 de marzo de dicho año), regresando en el año 2.018, fecha en la que solicitó la recuperación de su permiso de residencia, concediéndosele la misma mediante resolución de 24 de julio de 2.018, con anterioridad a contar con los antecedentes penales. Aun cuando ha aportado un certificado de alta en la TGSS, desde 3 de julio de 2.023, lo cierto es que, al tiempo de dictarse la resolución, se consultaron las bases de la TGSS, sin encontrarse de alta, constando únicamente varios días trabajados en los años 2.020 y 2.021, como consecuencia de su estancia en prisión. No se ha acreditado por el recurrente la percepción actual de ninguna prestación pública asistencial, desconociéndose sus medios de vida. No puede tener favorable acogida la vida familiar indicada, a efectos de constituir un arraigo merecedor de protección, por cuanto sus hijos, de 15 y 18 años, han vivido la mayor parte del tiempo con su madre, como ella misma admitió en sede judicial, máxime cuando entre los años 2.010-2018 el Sr. Pedro Antonio se marchó a su país de origen (lo que evidencia el mantenimiento de lazos con el mismo), sin que, por otro lado, haya logrado acreditar una efectiva y continuada contribución al sostenimiento de los mismos, por cuanto en el expediente administrativo constan aportados diversos justificantes de ingresos en cajero (en total unos 7, desde octubre de 2.021), de diversas cantidades, que no son sino representativos de una contribución intermitente a dicho sostenimiento. Por otro lado, se desconoce la fuente de sus ingresos, no se ha aportado una vida laboral actualizada, por lo que, a pesar de su esfuerzo por integrarse a la sociedad, el mismo, en el momento actual, sin embargo, no ha cristalizado en el necesario arraigo socio laboral que pudiera modificar el sentido de la resolución.

La parte apelante alega, en síntesis, los siguientes motivos de apelación:

1º.- En la sentencia recurrida no se da respuesta a una de las cuestiones planteadas en la demanda con respecto a la situación administrativa del Sr. Pedro Antonio: el demandante no ha recibido notificación alguna de que le haya sido revocada su tarjeta de residencia de larga duración ni ha recibido respuesta de la solicitada por circunstancias excepcionales. Estando en vigor una tarjeta de residencia, no puede serle incoado un expediente sancionador de expulsión.

2º.- Error en la valoración de la prueba a la hora de apreciar el arraigo familiar y social del Sr. Pedro Antonio, ya que tiene dos hijos que viven en Pamplona y con los cuales tiene una excelente relación, contribuye económicamente al sustento de los mismos, mediante el pago de una pensión de alimentos que en la actualidad es de 300 € mensuales más los gastos extraordinarios, y está en trámites de aprobar un convenio regulador que ya está presentado en el Juzgado de familia. Es parte fundamental en el acompañamiento del proceso de reasignación de sexo que está llevando a cabo su hijo Demetrio. En la actualidad está dado de alta en la Seguridad Social y trabajando y realizó todos los cursos y procesos de forma exitosa para lograr una satisfactoria inserción social, tras haber cumplido una única condena.

3º.- Infracción de los arts. 55 y siguientes de la Ley Orgánica 4/2000. Si se estimara que el expediente de expulsión ha sido incoado de forma correcta, estos artículos instituyen la multa como sanción tipo, 501 a 10.000 € para las sanciones graves como es la que nos ocupa.

La Sra. Abogada del Estado se opone al recurso alegando la desestimación de las alegaciones primera y tercera del recurso de apelación por plantear cuestiones ajenas al tipo de expulsión acordada en la vía administrativa y confirmada en vía judicial, ya que la expulsión objeto de este proceso se acordó, no como sanción por la comisión de alguna de las infracciones administrativas de los arts. 53 o 54 de la LOEX, sino por aplicación del supuesto del art. 57.2 de la LOEX. La decisión de expulsión en este caso no responde a la necesidad de sancionar la estancia irregular del interesado (supuesto en que sí tendría relevancia la autorización de residencia como enervación del supuesto infractor) sino a la consecuencia que la Ley anuda a la previa comisión de un delito grave y su condena penal firme, lo cual permite decretar la expulsión aun cuando el interesado se encuentre en situación administrativa regular, supuesto en que quedará extinguida la autorización para permanecer en España ( art. 57.4 de la L.O. 4/2000). Y ello sin perjuicio de que, en caso de residentes de larga duración, tengan que valorarse las circunstancias personales del interesado para ponderar la procedencia o no de la expulsión. Del mismo modo resulta improcedente la alegación referida a la imposición de multa.

Se ha aplicado correctamente en este caso la causa de expulsión contemplada en el art. 57.2 de la L.O. 4/2000, atendidas las circunstancias concurrentes en el apelante. La Sentencia sí ha efectuado una adecuada valoración de las circunstancias concurrentes, ponderando la conducta penal del interesado y su transcendencia con las circunstancias personales y familiares en él concurrentes.

SEGUNDO. - Sobre la resolución de expulsión y la tarjeta de residencia concedida al recurrente.

La parte Apelante alega como primer motivo de recurso que la sentencia recurrida no se da respuesta a la cuestión referida a la tarjeta de residencia del apelante y aduce que estando en vigor una tarjeta de residencia, no puede serle incoado un expediente sancionador de expulsión.

Para dar respuesta a este motivo de recurso, hay que comenzar señalando que el art. 57. 2 de la Ley Orgánica de Extranjería establece que "Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados".

Respecto de la interpretación de dicho precepto, la STS de 27 de mayo de 2021 ( ROJ: STS 2245/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2245 ) Sentencia: 753/2021 Recurso: 5237/2019, reitera la doctrina que estableció al efecto en la STS 893/2018, de 31 de mayo (RC 1321/2017) y reiterada en numerosas sentencias (entre ellas, las SSTS números 1.653/2018, de 22 de noviembre, y 401/2021, de 22 de marzo), en el sentido de que: " ha de estarse no a la pena en concreto impuesta al condenado, sino a la pena en abstracto atribuida al delito en el Código Penal, ya que el artículo 57.2 de la LOEX no dispone la expulsión del extranjero que hubiese sido condenado a pena privativa de libertad superior a un año, sino del extranjero que cometa un delito doloso sancionado en España con esa pena. Por ello, dijimos entonces, no vienen al caso principios propios del ámbito sancionador como los de individualización y proporcionalidad de las penas ( artículo 131 de la Ley 30/1992 ), pues la individualización de la pena ya se ha producido en el ámbito penal.

En consecuencia, concluíamos señalando que la expulsión es una medida ad hoc impuesta por la legislación de extranjería en atención a la gravedad "en abstracto" del delito cometido por las especiales razones de ese régimen jurídico, ajenas a consideraciones propias de otros ámbitos normativos.

Igualmente, conviene tener muy presente la matización que hicimos en aquella sentencia y, también, en otras posteriores, en el sentido de precisar que la sanción de privación de libertad, prevista en el Código Penal para el delito concernido, ha de ser superior a un año en todo su ámbito o espectro sancionador; esto es, que estarían excluidos de la aplicación del artículo 57.2 LOEX aquellos delitos en los que, con independencia del máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, fuera de un año o menos".

Tal y como consta en el expediente administrativo, y se recoge en la sentencia recurrida, el apelante fue condenado por sentencia firme 1/2019, de 14 de junio de 2019, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, por la comisión de un delito de agresión sexual, en grado de tentativa ( art. 178 y 179 del Código Penal), a las penas de 3 años de prisión y 3 años de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, así como al pago de la víctima de una indemnización de 3.000 euros. La pena en abstracto en este caso es superior a un año y, siendo esto así, concurre la causa expulsión prevista en art. 57.2. de la Ley Orgánica de Extranjería.

La circunstancia de que el recurrente cuente con la autorización de residencia de larga duración obtenida una vez regresó a nuestro país y antes de que recayera la sentencia condenatoria antes referida no impide la expulsión del apelante por la aplicación del artículo 57.2 de la Ley Orgánica de extranjería, como pretende la parte apelante.

En este punto, el Tribunal Supremo ha establecido, entre otras, en la STS de 7 de septiembre de 2022 ( ROJ: STS 3254/2022 - ECLI:ES:TS:2022:3254) Sentencia: 1118/2022, Recurso: 1738/2020, que la expulsión por esta causa no es automática y que deben valorarse las circunstancias personales y familiares antes de adoptar la decisión de expulsión de un residente de larga duración, a que se refiere el art. 12 de la Directiva 2003/109/CE, incorporadas al derecho interno en el art. 57.5.b) de la LOEX, señalando que : "sobre el alcance de dicha valoración, se ha fijado jurisprudencia por esta Sala en sentencia de 4 de marzo de 2020 (rec. 5364/2018 ), reiterada en otras posteriores como STS 1125/2020, de 27 de julio ( ECLI:ES:TS:2020:2676 , RC 3522/2019), STS 1254/2020, de 5 de octubre ( ECLI:ES:TS:2020:3318 , RC 4890/2019), STS 1259/2020, de 5 de octubre ( ECLI:ES:TS:2020:3080 , RC 3130/2019), STS 1260/2020, de 6 de octubre ( ECLI: ES:TS:2020:3190 , RC 5071/2019), STS 1453/2020, de 5 de noviembre ( ECLI:ES:TS:2020:3778 , RC 5342/2019), STS 1454/2020, de 5 de noviembre ( ECLI:ES:TS:2020:3706 , RC 5375/2019), STS 1614/2020, de 12 de noviembre ( ECLI:ES:TS:2020:3707 , RC 5237/2019), STS 1583/2020, de 23 de noviembre ( ECLI:ES:TS:2020:3943 , RC 5267/2019), STS 1668/2020, de 3 de diciembre, ( ECLI:ES:TS:2020:4055 , RC 7556/2019), y STS 1774/2020, de 17 de diciembre ( ECLI:ES:TS:2020:4492 , RC 7442/2019), en los siguientes términos: "los Estados de la UE pueden adoptar la decisión de expulsar del territorio a un extranjero no perteneciente a la UE, provisto de permiso de residencia de larga duración, de conformidad con lo establecido en el apartado 2º del artículo 57 de la LOEX, pero, siempre y cuando éste "represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública" de ese país ---que es el concepto exigido por la Directiva---, para cuya constatación se requiere y exige ---por la Directiva y por la LOEX--- un alto nivel de motivación por parte de la Administración, sin que resulte posible identificar o asimilar, de forma directa o automática, la condena penal impuesta, con la concurrencia de una causa de expulsión, ya que, se insiste, la citada condena, no supone, ni implica, necesariamente, que el condenado "represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública". A ello, debemos añadir ---para completar nuestra decisión--- que el expresado alto nivel de motivación ---el plus de motivación--- debe llevarse a cabo por la Administración ---y controlarse por los órganos jurisdiccionales--- de conformidad con las circunstancias previstas en el apartado 3º del artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE , así como en el 57.5.b) de la LOEX."

Respecto a las circunstancias que deben ser ponderadas, el Tribunal Supremo destaca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y señala que: "el Tribunal de Justicia ya subrayó en su sentencia de 8 de diciembre de 2011, Ziebell (C-371/08 , EU:C:2011:809 ), apartados 82 y 83, que tal medida no puede adoptarse de un modo automático a raíz de una condena penal, sino que requiere una valoración caso por caso que debe recaer, en particular, sobre los aspectos mencionados en el apartado 3 de dicho artículo.

28 Por consiguiente, no puede adoptarse una decisión de expulsión contra un nacional de un tercer Estado, residente de larga duración, por la mera razón de que haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año.

29 Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 12 de la Directiva 2003/109 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, tal como es interpretada por una parte de los órganos jurisdiccionales de éste, no contempla la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un nacional de un tercer Estado residente de larga duración respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma".

A dicha sentencia se remite la más reciente del mismo TJUE 11 de junio de 2020, asunto C-448-19 .

4º. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos igualmente ha realizado un pronunciamiento al respecto en la STEDH de 18 de diciembre de 2018 (Asuntos acumulados Saber y Boughassal c. España, 76550/13 y 45938/14) ...

40. Para valorar si una orden de expulsión y/o de prohibición de reentrada en el territorio es necesaria en una sociedad democrática y proporcionada a la finalidad legítima perseguida en virtud del artículo 8§ 2 del Convenio, el TEDH ha enumerado, en su jurisprudencia, los criterios que deben utilizarse (Üner, citada anteriormente, §§ 54 a 60, y Maslov, citada anteriormente, §§68 a 76). Estos criterios son los siguientes (Üner, citada anteriormente, §§ 57 y 58):

- la naturaleza y gravedad de la infracción cometida por el demandante;

- la duración de la estancia de la persona en el país del cual va a ser expulsada;

- el período de tiempo transcurrido desde la infracción, y el comportamiento del demandante durante ese período;

- la nacionalidad de las distintas personas afectadas;

- la situación familiar del demandante y, en su caso, la duración de su matrimonio en particular, así como otros factores que demuestren la efectividad de la vida familiar en el seno de la pareja;

- si el cónyuge tenía conocimiento del delito en el momento en que se creó la relación familiar;

- si los hijos son fruto del matrimonio y, en caso afirmativo, su edad;

- la gravedad de las dificultades con las que el cónyuge pueda toparse en el país al que el demandante vaya a ser deportado;

- el interés y el bienestar de los hijos, en particular la gravedad de las dificultades con las que se puedan topar los hijos del demandante en el país al que se va a expulsar al interesado; y

- la solidez de los vínculos sociales, culturales y familiares con el país anfitrión y el país de destino."

En la resolución de expulsión (f. 85 a 89 del e/a) se hace referencia expresa al art. 12 de la Directiva y a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la ponderación de las circunstancias del extranjero y así, tiene en consideración que el apelante es titular de una autorización de residencia de larga duración desde el 24/07/2018 y pondera la circunstancias concurrentes, como son la condena por el delito de agresión sexual, la reclamación judicial en vigor y varias reclamaciones ya cesadas y diversas detenciones, que no consta de alta en la base de datos de la Seguridad Social y, por tanto, no se encuentra trabajando, que no figura que ha realizado ningún trabajo remunerado en nuestro país desde el año 2011 y tan solo en los años 2020 y 2021 le figuran días trabajados como consecuencia de su estancia en prisión. En cuanto a los lazos que le unen a su país de origen se le presupone que son mayores a los que le unen a España, ya que abandonó el país el día 31/05/2010 y no regresó hasta el año 2018, cuando solicitó la recuperación de su permiso de residencia. Además, el delito que ha cometido ha sido cometido contra un familiar cercano suyo con lo que no se puede concluir que tenga ningún tipo de arraigo familiar con sus parientes que residan en este país. La Administración concluye que el denunciado supone una amenaza real y suficientemente grave para el orden público y la seguridad pública por la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado, que son delitos claramente atentatorios contra la integridad física la libertad e indemnidad sexual y para el orden público como es el delito de agresión sexual en grado de tentativa a una menor, que contaba con 16 años cuando sucedieron los hechos, como atentado contra la sociedad navarra que le dio acogida y que justifica la expulsión del señor Pedro Antonio del territorio nacional.

En definitiva, en la resolución recurrida se acuerda la expulsión del apelante no solo por la concurrencia de la causa legal establecida en el art. 57.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, sino que se ha motivado expresamente las circunstancias concurrentes de conformidad con el art. 12 de la Directiva y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo de forma correcta por lo que debe desestimarse este motivo de recurso.

TERCERO. Sobre el error en la valoración de la prueba.

Seguidamente, la parte apelante sostiene que la Juez de instancia incurre en error en la valoración de la prueba a la hora de apreciar el arraigo familiar y social del Sr. Pedro Antonio.

Sobre la revisión de la valoración de la prueba realizada por el Juez sentenciador, la STS de 17 de octubre de 2017, ROJ: STS 3656/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3656, Rec. Cas. 3063/2016, insiste en que la valoración de la prueba debe llevarse a cabo por los jueces sentenciadores, llamados legal y constitucionalmente a desarrollar la tarea de valorar la prueba practicada bajo los principios de inmediación, oralidad, concentración y contradicción efectiva de las partes. Por ello, su criterio ha de ser respetado, salvo errores o valoración ilógica, irrazonada o arbitraria de la prueba.

En este caso, no existe error alguno en la valoración de la prueba, habiendo apreciado correctamente la Juez a quo la prueba practicada en el procedimiento. En la sentencia se valoran las circunstancias familiares expuestas por la parte actora en su demanda y destaca que sus hijos, nacidos en los años 2005 y 2008, de 15 y 18 años, han vivido la mayor parte del tiempo con su madre, como ella misma admitió en sede judicial, máxime cuando entre los años 2010- 2018 el Sr. Pedro Antonio se marchó a su país de origen (lo que evidencia el mantenimiento de lazos con el mismo), sin que, por otro lado, haya logrado acreditar una efectiva y continuada contribución al sostenimiento de los mismos, por cuanto en el expediente administrativo constan aportados diversos justificantes de ingresos en cajero (en total unos 7, desde octubre de 2021), de diversas cantidades, que no son sino representativos de una contribución intermitente a dicho sostenimiento. Por otro lado, se desconoce la fuente de sus ingresos, no se ha aportado una vida laboral actualizada, por lo que, a pesar de su esfuerzo por integrarse a la sociedad, el mismo, en el momento actual, sin embargo, no ha cristalizado en el necesario arraigo socio laboral que pudiera modificar el sentido de la resolución.

En efecto, en juicio prestó declaración Dª Marí Luz expareja y con quien viven los hijos, quien manifestó que tiene interés en que gane el pleito, tiene dos hijos. El padre tiene buena relación con los hijos, que ya son grandes. Le ayuda en la media de sus posibilidades, con unos 300 € al mes y acompañan los dos a su hijo menor al proceso de definición sexual. Cree que recibe alguna ayuda. No trabaja y tiene una pareja actualmente no sabe de donde es la ayuda. Por lo general la ayuda todos los meses, en prisión también le ayudaba, poca cosa del trabajo de la casa. El pago lo hace por banco. En prisión era 100 o algo menos.

Aportó la nómina de julio de 2023 y alta en S.S. el 3 de julio de 2023 en la empresa DIRECCION000, pero no hay ninguna nómina posterior, siendo el juicio en octubre. Hay aportación de cantidades muy pocos meses desde su salida de prisión.

Así, es correcta la conclusión alcanzada por la Juez de instancia, puesto que el apelante estuvo fuera de España del año 201 a 2018, en su país de origen, y cuando volvió a España ha estado, la mayor parte del tiempo, en prisión; por lo que no se evidencia arraigo en nuestro país. Tampoco se aprecia que su expulsión del país determine la salida de sus hijos, toda vez que desde siempre han estado bajo la custodia de la madre, que es quien los ha educado y mantenido económicamente; cuando el apelante salió de España, los hijos tenían 2 y 5 años, y cuando regresó a España en el año 2018 cumplió condena de prisión por el delito de agresión sexual referido. No acredita un sostenimiento económico regular para subvenir sus necesidades, ni cuando eran pequeños, ni ahora que son mayores y el acompañamiento de su hijo menor en su proceso de definición sexual también lo realiza la madre.

Por ello, también debe ser desestimado este motivo de recurso.

CUARTO. -Sobre la alegada infracción de los arts. 55 y siguientes de la Ley Orgánica 4/2000 .

Finalmente, la defensa del apelante sostiene que, para el caso de que se estimara que el expediente de expulsión ha sido incoado de forma correcta, estos artículos instituyen la multa como sanción tipo, 501 a 10.000 € para las sanciones graves como es la que nos ocupa.

Este motivo de recurso tampoco puede tener favorable acogida porque la expulsión objeto de este proceso se acordó, no como sanción por la comisión de alguna de las infracciones administrativas de los arts. 53 o 54 de la LOEX, sino por aplicación del supuesto del art. 57.2 de la LOEX.

En relación con la aplicación de este precepto, la STS de 4 de septiembre de 2023 ( ROJ: STS 3611/2023 - ECLI:ES:TS:2023:3611 ) Sentencia: 1106/2023 Recurso: 7709/2019 reitera la doctrina contenida en la STS 30/2022, de 18 de enero, Rec. cas 5259/2020 ( ECLI:ES:TS:2022:120), en la que fija como jurisprudencia que : "el art. 57.2 LOEx debe interpretarse en el sentido de que no tipifica una nueva y concreta infracción administrativa no prevista en los arts. 52, 53 y 54 de la LOEX,... impone la necesidad, en todo caso, de motivación, individualización, ponderación de todas las circunstancias personales y familiares concurrentes, y la aplicación del principio de proporcionalidad entre la finalidad perseguida por la medida y los principios y derechos fundamentales a los que afecta."

Para justificar la referida respuesta a la cuestión casacional se argumenta en la mencionada sentencia lo siguiente:

" En una primera aproximación a la regulación contenida en la LOEx, observamos que, aunque el precepto que analizamos está contenido dentro del Título III "De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador", ello, no obstante, el legislador, al enumerar el catálogo de infracciones en materia de extranjería ¬leves, art. 52, graves, art. 53 y muy graves, art. 54¬, no incluye en ninguno de sus apartados como infracción administrativa la que aquí se analiza. Asimismo, la ley, tras efectuar en tales preceptos la descripción tipificadora de las infracciones, así como de las sanciones que les corresponden en función de su gravedad (art. 55), dedica su art. 56 a la prescripción de las mismas referida a dicho catálogo al fijar los plazos de prescripción en función de la respectiva gravedad de las infracciones y sanciones expresada en los artículos anteriores. Por tanto, debe constatarse que el legislador no ha incluido la conducta descrita en el art. 57.2, en el catálogo que ha realizado de infracciones administrativas en materia de extranjería que es al que van expresamente referidos los plazos de prescripción que se contemplan en el art. 56.

"La circunstancia de que el art. 57.2 esté inserto en el título dedicado a "las infracciones administrativas en materia de extranjería y su régimen sancionador" no atribuye la condición de infracción administrativa a cualesquiera conductas que en el mismo se regulen, y así, la que da lugar a la denegación de entrada a la que se refiere el art. 60 o a la devolución prevista en el art. 58.3 que no responden a una finalidad punitiva, sino a la mera carencia de requisitos para entrar en España, en el primer caso, y a restablecer la legalidad conculcada, en el segundo ( STC 17/2013 , FJ 12).

"Por otra parte, la voluntad del legislador de excluir la conducta prevista en el art. 57.2 del catálogo de infracciones parece deducirse también de la regulación en párrafos distintos del art. 57 de la medida de expulsión que cabe imponer en ambos casos, como sanción respecto de algunas de las infracciones contenidas en el catálogo de infracciones de los artículos precedentes (apartado 1 del art. 57), y como "causa de expulsión" en el apartado 2 del precepto.

"Y desde la perspectiva del derecho comunitario, la configuración del supuesto contemplado en el art. 57.2 como infracción administrativa no viene tampoco impuesta por la normativa de la Unión, y así, el art. 3 de la Directiva 2001/40 , sobre reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países ¬que contempla la expulsión basada en una amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad nacionales que puede adoptarse en caso de " condena del nacional de un tercer país por el Estado miembro autor a causa de una infracción sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un año"¬ no exige tal calificación, ni tampoco cabe deducir tal exigencia de la Directiva 2003/109 , relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, que autoriza a los Estados miembros a denegar dicho estatuto por motivos de orden público o de seguridad pública, tomando en consideración "la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública" (art. 6 y considerando 8)".

En consecuencia, si concurren las circunstancias previstas en el art. 57.2 procede la expulsión, en su caso, una vez ponderadas las circunstancias del extranjero y si no concurren no procede la expulsión, pero, en ningún caso, procede imponer la sanción de multa como si se tratara de una infracción de estancia irregular tipificada en el art. 53.1. a de la Ley Orgánica de Extranjería.

Por todo lo expuesto y, en conclusión, debe desestimarse el recurso de apelación y confirmarse íntegramente la sentencia recurrida.

QUINTO. - Costas Procesales.

Conforme a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede imponer a la parte apelante las costas causadas en esta apelación, al haberse producido la desestimación de la misma.

En nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del Pueblo Español nos confiere la Constitución, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha adoptado el siguiente