Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 191/2022 de 17 de abril del 2024

PRIMERO.- Se impugna una resolución presunta del Ministerio de Justicia denegatoria de la solicitud presentada en su día por la hoy parte actora en orden a la concesión de la nacionalidad española, terminando la demanda con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

TERCERO.- En el caso que ahora contemplamos el recurrente es natural de Colombia, nace el NUM000-1973, está casado, y reside legalmente en España desde el 24-5-2001.

El interesado presentó al parecer su solicitud origen de la litis en julio de 2018.

La demanda rectora del proceso expone las circunstancias del caso, alega que concurren en el recurrente todos los requisitos necesarios a los fines pretendidos, cita la normativa que considera de interés, y termina suplicando la concesión de la nacionalidad española, a cuya pretensión se ha opuesto el abogado del Estado en los términos que son de ver en su escrito de contestación a la demanda.

El abogado del Estado ha cuestionado la concurrencia en el interesado de los requisitos relativos a la residencia continuada, la integración social y la buena conducta cívica.

El requisito de la integración social aparece acreditado suficientemente con el certificado de la prueba CCSE del Instituto Cervantes aportado en trámite de demanda.

Sin embargo, los requisitos relativos a la residencia continuada y a la buena conducta cívica no están acreditados de modo bastante. En la vía administrativa se requirió al interesado para que presentara determinados documentos en orden a la reconstrucción del expediente administrativo, siendo uno de los referidos documentos objeto de requerimiento el pasaporte completo en vigor, sin que el mismo aparezca en el expediente remitido a la Sala ni se haya aportado tampoco en sede judicial, por lo que en ausencia del meritado documento sea de concluir que no ha quedado probada en las actuaciones la continuidad de la residencia legal del interesado. A lo anterior se añade que tampoco obra en el expediente ni en el proceso judicial el correspondiente certificado del Registro Central de Penados, por lo que hemos de concluir que igualmente el requisito de la buena conducta cívica ha quedado sin probar suficientemente. Y esta falta de prueba ha de perjudicar a la parte demandante en virtud de las reglas de la carga probatoria, por lo que procede la desestimación del actual recurso.

CUARTO.- Al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora, que la Sala en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso establece por todos los conceptos en la cantidad máxima de 1.500 € ( artículo 139.1 y 4 de la LJ).