PRIMERO: Previa notificación de las correspondientes propuestas de resolución y trámite de audiencia, considerando que en fecha de 3 de octubre de 2019, la obligada tributaria había presentado fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016, con ingreso de la cuantía de 5.289,82 € resultante y un retraso e superior a doce meses, de 800 días (el término del plazo para la presentación de la autoliquidación finalizó el 25 de julio de 2017), la Oficina gestora practicó la liquidación de un recargo del 20% de la cantidad resultante de la autoliquidación, con la reducción del 25% condicionada al ingreso del importe del recargo reducido en el plazo de pago voluntario, y de los interés de demora correspondientes.
SEGUNDO: No conforme con dicho recargo, la contribuyente interpuso reclamación ante el TEARC. La resolución del TEARC impugnada estima en parte la reclamación, confirmando la exigencia del recargo, si bien en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/2021 de 9 de julio, de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, anula el recargo impugnado para que sea sustituido por otro en el que el recargo aplicado ascienda al 15% de acuerdo con la nueva redacción dada por dicha Ley al apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, General Tributaria, manteniendo el cálculo de los intereses de demora exigidos y la reducción del 25%.
Considera el TEARC que pese a que la reclamante no formula alegaciones, sí lo han hecho entidades y personas físicas vinculadas al grupo empresarial Premier Pigs SL en otras reclamaciones con análogos recargos, en las que se aduce la improcedencia del recargo al venir la declaración complementaria inducida por las actuaciones inspectoras al referido grupo empresarial.
La confirmación de la procedencia del recargo se fundamenta por el TEARC, en definitiva, al considerar lo siguiente:
"En este caso, no consta aportación de documentación por la recurrente con objeto de acreditar la tesis defendida, esto es, que la presentación de las autoliquidaciones extemporáneas no fue espontánea sino que vino inducida por una previa actuación de la Administración.
Así las cosas y sin entrar en más consideraciones, a la vista de la doctrina emanada de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2020 (nº de recurso 491/2019 ) debemos concluir que toda vez que no consta acreditado que las autoliquidaciones extemporáneas se presentaran tras la suscripción o la incoación por parte de la Inspección de la pertinente acta en la que se documentaran las actuaciones inspectoras que según pretende la reclamante pudieron ocasionar la regularización extemporánea, no cabe entender que se hayan realizado actuaciones administrativas conducentes a la regularización o aseguramiento de la liquidación de la deuda tributaria y por tanto considerar que ha existido requerimiento previo aún es su acepción amplia, por lo que procede en este supuesto confirmar la liquidación del recargo impugnado al resultar acreditado que la interesada presentó autoliquidación correspondiente al IS 2015 en fecha 7 de octubre de 2019, lo que supuso su presentación fuera de plazo por 1.169 días motivo por el cual, se le aplica el recargo del 20%. Por tanto resulta de aplicación el mencionado precepto".
TERCERO: En la demanda articulada en la presente litis, la parte recurrente alega los siguientes hechos:
En fecha 4 de julio de 2018 fueron iniciadas actuaciones inspectoras de comprobación e investigación en relación con el obligado tributario Grupo Premier Pigs, S.L. (GPP) por parte de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Catalunya de la AEAT respecto de los conceptos tributarios Impuesto sobre Sociedades y del IVA, ejercicios 2014 al 2016.
En el transcurso de dichas actuaciones de comprobación, en fecha 25 de enero de 2019 se solicitó mediante correo electrónico la justificación documental de los siguientes asientos anotados en el Diario número 21.393, 21.395, y 21.407.
Dicho requerimiento fue atendido por parte de GPP, recogido en la diligencia número 5, en la que consta:
Posteriormente, en fecha 18 de junio de 2019 se aportó por la sede electrónica diversa documentación complementaria, entre ellos los contratos de alquiler junto con todas las facturas expedidas en los ejercicios 2014 al 2016, así como las declaraciones del IS de los ejercicios 2014 al 2016 de las entidades GPP y de Ganadera Vicen Mas, S.L., vinculada a GPP.
En virtud de la documentación aportada, fue determinado ante el órgano inspector que Ganadera Vicen Mas, S.L. en su declaración del IS del ejercicio 2015 no había declarado correctamente los ingresos por arrendamiento de sus granjas. La entidad GPP tenía suscrito con la recurrente un contrato de arrendamiento, a través del cual GPP pagaba a la obligada tributaria un importe de 120.000 euros anuales por dicho concepto y como consecuencia del procedimiento inspector seguido ante GPP, tras haber aportado el contrato de arrendamiento en cuestión y las autoliquidaciones de IS presentadas en los ejercicios 2015 y 2016, la Administración pudo comprobar como en el ejercicio 2015 únicamente se declaró como ingreso de arrendamiento el importe de 60.000 euros, es decir, se omitió la declaración de los 60.000 euros restantes, lo que tenía repercusión en el ejercicio 2016 en que se compensaron bases negativas procedentes de períodos anteriores. A raíz de ello, el órgano inspector determinó que la recurrente debía regularizar su situación tributaria procediendo a la presentación de declaraciones complementarias del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 206 y 2017, que recogieran todos los ingresos percibidos por los arrendamientos de las granjas, así como los ajustes derivados de incorporar tales ingresos. durante los ejercicios 2015 y 2016, aportando como elemento de prueba varios correos electrónicos intercambiados entre el representante de GPP y el actuario encargado de la tramitación del procedimiento inspector seguido cerca de GPP, que a su juicio así lo acreditan.
Alega que a la vista de las autoliquidaciones presentadas relativas al IS ejercicio 2015 y 2016, original y complementaria, se puede observar como la obligada tributaria procede a regularizar su situación tributaria declarando 60.000 euros como mayores ingresos por arrendamientos en el ejercicio y a eliminar la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores en la del 2016. Por ello, a los efectos del artículo 27 LGT, sostiene que se ha producido un requerimiento previo por parte de la Administración, puesto que la presentación de la autoliquidación complementarias deriva del procedimiento inspector seguido contra la entidad GPP, y por tanto no se puede entender cumplido el requisito de que "no haya mediado requerimiento previo por parte de la administración", en tanto la autoliquidación complementaria fue presentada a consecuencia del procedimiento inspector seguido ante GPP.
Aduce que en supuestos parecidos así lo ha entendido la Audiencia Nacional, por ejemplo, en su reciente Sentencia de 21 de diciembre de 2018, recurso núm. 807/2017 (JUR 2019\ 26453), que consideró que el recargo del artículo 27 de la LGT era improcedente en el caso de una empresa que presentó una autoliquidación complementaria de IVA del ejercicio 2011 a consecuencia del procedimiento inspector y de la regularización que hubo de dicho tributo en relación a otra empresa del mismo grupo fiscal y respecto de los ejercicios anteriores, basándose en la STS de 19 de noviembre de 2012, recurso núm. 2526/2011.
Invoca la doctrina contenida en la resolución del Tribunal Económico-Central (TEAC) de fecha 17 de septiembre de 2020, RG 00/04672/2017/00/00, que modifica la anterior doctrina del TEAC contenida en la resolución de 21 de septiembre de 2017, estableciendo que el concepto de "requerimiento previo" previsto en la LGT debe ser interpretado de forma amplia, de modo que no ha de entenderse restringido únicamente a aquel que se hace respecto del mismo tributo y período por el que se presenta la declaración extemporánea. Dicha resolución del TEAC -reiterada en su resolución de 24 de noviembre de 2020 (RG 00/01959/2019/00/00- ha establecido que puedan estar incluidas dentro tal concepto unas actuaciones de comprobación con el contribuyente (o al grupo de entidades al que pertenece) relativas a periodos anteriores, si la regularización posterior es consecuencia directa de la liquidación previa y -como ocurre en el presente caso- concurren las siguientes circunstancias:
"1º Que la Administración tributaria disponga de toda la información por mor de la previa comprobación (o en sentido negativo que la declaración extemporánea no aporta datos desconocidos por la Administración), y
2° Como consecuencia de lo anterior, que la Administración tributaria pudiera extender la regularización al segundo ejercicio sin practicar nuevas actuaciones, evitando la necesidad de presentar la autoliquidación extemporánea.
Por tanto, si la regularización es consecuencia directa de la practicada en un ejercicio anterior, el requerimiento previo puede entenderse que abarca al ejercicio posterior (por eso el Tribunal Supremo dice en la sentencia de 19 de noviembre de 2012 que la regularización previa era "conducente" a la regularización del ejercicio posterior); como la regularización en este segundo ejercicio es "necesaria" no puede recibir el calificativo de espontánea, ni que ello dé lugar al devengo del recargo, porque no concurre negligencia del interesado y es independiente de su voluntad"
Concluye que, por ello, la liquidación del recargo por presentación extemporánea era improcedente y, en su lugar, habiendo incurrido en la infracción tipificada en el artículo 191 LGT, la actuación correcta de la Administración debería ser la de haber sancionado dicha conducta, por lo que los recargos debían ser anulados en virtud del artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTO: Por su parte, la Abogada del Estado sostiene la conformidad a derecho de la resolución impugnada, en apretada síntesis, i) que la regularización practicada a GPP no tiene nada que ver con lo declarado o hecho por la actora y viceversa, y ii) que no es de aplicación al caso el criterio fijado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de noviembre de 2020, por cuanto en el presente caso el acta de conformidad es posterior a la presentación de la declaración complementaria y, además, concurren más diferencias con el caso conocido en dicha sentencia, pues en el presente caso la sociedad actora es un obligado tributario distinto de aquel frente al cual se siguen las actuaciones inspectoras; la regularización a GPP no tiene un impacto directo en las obligaciones de la actora, y la regularización a GPP no es de ejercicios anteriores a los concernientes a las autoliquidaciones extemporáneas de la actora.
QUINTO: Planteado el debate dialéctico en los términos expuestos, hemos de determinar aquí la conformidad a derecho de la resolución del TEARC que confirma la procedencia de una liquidación del recargo por presentación extemporánea previsto en el artículo 27 LGT, ordenando adaptar su cuantía a la vigente redacción de dicho precepto.
La obligación de satisfacer los recargos previstos en el artículo 27 LGT por declaración extemporánea sin requerimiento previo es una obligación accesoria a la obligación principal autoliquidada o declarada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria, como resulta del apartado 1 de dicho precepto: " Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria" y del precedente artículo 25 de la misma LGT: " Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley".
La controversia entre las partes versa sobre la concurrencia o no en el caso del presupuesto negativo para el surgimiento del recargo, como es que la presentación de autoliquidaciones o declaraciones se haya realizado " sin requerimiento previo de la Administración tributaria". El segundo párrafo del mismo apartado 1 del artículo 27 LGT, define el concepto de requerimiento previos a sus efectos, disponiendo que: " A los efectos de este artículo, se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria".
Acerca de la interpretación que ha de darse a dicho precepto, tal y como alega la Abogada del Estado, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en su Sentencia 1579/2020, de 23 de noviembre de 2020, rec. 491/2019. En ella, el Alto Tribunal considera: "(...) no es bastante con que existan actuaciones de comprobación que sirvan de elemento inductor o motivador de la regularización espontánea para quedar liberado del recargo por falta de concurrencia del elemento normativo excluyente de esa prestación, el del requerimiento. Hace falta algo más. De este modo, se hace preciso avizorar en el horizonte, con un mínimo grado de certeza jurídica, que las actuaciones seguidas en relación con periodos o conceptos tributarios precedentes, conexos o condicionantes, tengan algún grado de avance procedimental que permitiera esperar la posibilidad real de regularizar, esto es, de modificar la base imponible, con el efecto de que, dada la conexión o nexo causal con ejercicios respecto de los que no se ha abierto expediente comprobador - todo ello, obvio es, para el caso de que la Administración no hubiera limitado o cercenado artificiosamente el ámbito temporal o material de la regularización, haciendo estéril su integridad-, quepa razonablemente albergar ese temor. Para ello, se ha fijado como acto formal desencadenante de la declaración extemporánea, el acta extendida, ya fuera de conformidad o disconformidad, porque incorpora una propuesta, al menos, de modificación de la autoliquidación y de liquidación correctora, acto motivado que, aun sin ser definitivo, ni por ende susceptible de impugnación autónoma, ya establece una voluntad administrativa, y cuantificada, que con alto grado de probabilidad, puede convertirse en liquidación y, con ello, en deuda tributaria". Y fija los siguientes criterios interpretativos: " el concepto de requerimiento previo ha de entenderse en sentido amplio. Es posible excluir el recargo por presentación extemporánea previsto en el artículo 27 LGT cuando, a pesar de no mediar requerimiento previo en sentido estricto, la presentación extemporánea de la autoliquidación puede haber sido inducida por el conocimiento de hechos relevantes reflejados en un Acta de conformidad relativa a un determinado ejercicio de un Impuesto, suscrita con anterioridad a la presentación de dichas autoliquidaciones correspondientes a determinados periodos de un ejercicio anterior de mismo impuesto. En esas condiciones se puede considerar que se han realizado actuaciones administrativas conducentes a la regularización o aseguramiento de la liquidación de la deuda tributaria. En cambio, no se excluye dicho recargo cuando las autoliquidaciones extemporáneas se presentaron antes de la suscripción del Acta de conformidad en la que se documentan las actuaciones inspectoras referidas a un ejercicio anterior".
En el mismo sentido, en Tribunal Supremo en su Sentencia 1621/2022, de 12 de diciembre de 2022, rec. 487/2020, compendia lo siguiente:
"Sobre este precepto y la interpretación que merece el concepto de requerimiento previo, se ha pronuncia esta Sala en la sentencia de la Sección Segunda de 19 de noviembre de 2012, pronunciada en el recurso de casación 2526/2011 (ECLI: TS:2012:7414), y en la sentencia de la misma Sección de 23 de mayo de 2016 (recurso de casación 1409/2014 - ECLI: ES:TS:2016:2211 ).
Con posterioridad, esta Sala ha admitido diversos recursos de casación en los que se planteaba una cuestión análoga, habiendo sido resuelto uno de ellos, el núm. 491/2019, mediante sentencia de fecha 23 de noviembre de 2020 ( ECLI:ES:TS:2020:4438 ), en la que se fija como doctrina la siguiente:
"[...] el concepto de requerimiento previo ha de entenderse en sentido amplio. Es posible excluir el recargo por presentación extemporánea previsto en el artículo 27 LGT cuando, a pesar de no mediar requerimiento previo en sentido estricto, la presentación extemporánea de la autoliquidación puede haber sido inducida por el conocimiento de hechos relevantes reflejados en un Acta de conformidad relativa a un determinado ejercicio de un Impuesto, suscrita con anterioridad a la presentación de dichas autoliquidaciones correspondientes a determinados periodos de un ejercicio anterior del mismo impuesto. En esas condiciones se puede considerar que se han realizado actuaciones administrativas conducentes a la regularización o aseguramiento de la liquidación de la deuda tributaria[...]".
Continúa la sentencia concluyendo lo siguiente:
"[...] [E]n cambio, no se excluye dicho recargo cuando las autoliquidaciones extemporáneas se presentaron antes de la suscripción del Acta de conformidad en la que se documentan las actuaciones inspectoras referidas a un ejercicio anterior [...]".
Posteriormente, en la STS de 15 de febrero de 2022 (rec. cas. 6310/2019 ) hemos reiterado esta doctrina jurisprudencial, precisando que "[...] no es bastante con que existan actuaciones de comprobación que sirvan de elemento inductor o motivador de la regularización espontánea para quedar liberado del recargo por falta de concurrencia del elemento normativo excluyente de esa prestación, el del requerimiento. Hace falta algo más. De este modo, se hace preciso avizorar en el horizonte, con un mínimo grado de certeza jurídica, que las actuaciones seguidas en relación con periodos o conceptos tributarios precedentes, conexos o condicionantes, tengan algún grado de avance procedimental que permitiera esperar la posibilidad real de regularizar, esto es, de modificar la base imponible, con el efecto de que, dada la conexión o nexo causal con ejercicios respecto de los que no se ha abierto expediente comprobador -todo ello, obvio es, para el caso de que la Administración no hubiera limitado o cercenado artificiosamente el ámbito temporal o material de la regularización, haciendo estéril su integridad-, quepa razonablemente albergar ese temor. Para ello, se ha fijado como acto formal desencadenante de la declaración extemporánea, el acta extendida, ya fuera de conformidad o disconformidad, porque incorpora una propuesta, al menos, de modificación de la autoliquidación y de liquidación correctora, acto motivado que, aun sin ser definitivo, ni por ende susceptible de impugnación autónoma, ya establece una voluntad administrativa, y cuantificada, que con alto grado de probabilidad, puede convertirse en liquidación y, con ello, en deuda tributaria.
[...]".
En definitiva, la aplicación de nuestra doctrina jurisprudencial sobre el concepto de requerimiento previo a los efectos del artículo 27.1 LGT requiere atender a las circunstancias singulares, para determinar si existe la conexión o nexo causal de actuaciones anteriores que se pretenden calificar como requerimiento previo".
Y por citar una de las últimas del Alto Tribunal, la Sentencia 1287/2023, de 18 de octubre de 2023, rec. 747/2022, declara: " Se reitera la doctrina jurisprudencial contenida en el fundamento tercero de la STS de 23 de noviembre de 2020, recaída en el recurso núm. 491/2019, reiterada y precisada en la sentencia de 15 de febrero de 2022 (rec. cas. 6310/2019 )".
SEXTO: En la misma fecha se ha deliberado el recurso núm. 1779/2021, interpuesto por la misma recurrente contra análoga resolución del TEARC, en que se ha planteado idéntica cuestión a la aquí controvertida respecto del recargo por presentación extemporánea de las autoliquidaciones (modelo 303) del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de los períodos trimestrales del tercer trimestre de 2015 al cuarto trimestre de 2016 y se ha producido el mismo debate dialéctico entre las partes y acervo probatorio. En la sentencia dictada en dicho recurso, que desestima las pretensiones de la demanda, hemos considerado lo siguiente:
"Aplicada la anterior doctrina al presente caso, el recurso no puede prosperar.
En el presente caso, la parte recurrente sostiene que las actuaciones inspectoras seguidas cerca de GPP constituyen en requerimiento previo a los efectos del artículo 27 LGT respecto de las autoliquidaciones complementarias extemporáneas presentadas que originan la presente controversia en las que se declaró un IVA devengado no declarado inicialmente.
Pues bien, en primer lugar, ya bastaría para alcanzar la anterior conclusión el hecho de que las autoliquidaciones extemporáneas se presentaron antes de la suscripción del Acta de conformidad en la que se documentan esas actuaciones inspectoras, pero es que además y en segundo lugar, no se advierte ninguna conexión directa entre la regularización practicada a GPP y la presentación de las autoliquidaciones temporales.
La parte recurrente alega que las autoliquidaciones complementarias obedecen a que en las actuaciones inspectoras cerca de GPP se determinó la falta de declaración en plazo de las cuotas de IVA devengadas por el arrendamiento de una granja a GPP y que aquellas se presentaron siguiendo las instrucciones del órgano inspector. Amén de que inicialmente la recurrente afirmaba que en dicho procedimiento inspector, en virtud de la documentación aportada, se determinó que no procedía la deducibilidad de determinadas cuotas soportadas en relación con el concepto tributario Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los períodos 3T y 4T del ejercicio 2015 y 1T- 4T del ejercicio 2016 en sede de la aquí recurrente, para ahora afirmar que lo que se determinó es que no había declarado correctamente los ingresos por arrendamiento en las correspondientes autoliquidaciones del IS ejercicios 2015 y 2016, así como en las autoliquidaciones de IVA período 3T y 4T del ejercicio 2015 y 1T- 4T del ejercicio 2016 presentadas, a la vista de la diligencia núm. 5 y del acta de conformidad aportadas junto a la demanda, no se desprende ello en absoluto. En particular, no resulta de la expresada diligencia núm. 5 (si acaso, lo contrario), pues en esa diligencia, al solicitar el actuario justificación del asiento contable 21.395, el representante de la obligada tributaria manifestó que se trataba de una provisión que se correspondía con el alquiler de la granja a la sociedad aquí recurrente y que la arrendadora declaraba los ingresos del arrendamiento en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y aportó documentación justificativa sobre la determinación del precio del alquiler, mientras que por el actuario se hizo constar que no constaban ni los contratos de arrendamiento formalizados, ni las facturas, ni los justificantes de pago. Tampoco se advierte que la declaración extemporánea de unas cuotas de IVA devengadas tenga que ver con la propuesta de regularización contenida en el acta de conformidad que se aporta junto a la demanda de incremento de la base imponible de GPP relativa a los asientos contables 24043, 24.076 que se basa en que no se ha aportado soporte documental que ampare el origen de las deudas y justifique las manifestaciones de la obligada tributaria, y no se indica en la demanda cuales son los documentos que se aportaron a la Inspección de los que se desprendería que la aquí recurrente no habría declarado el IVA devengado por el arrendamiento a GPP, siendo evidente que no es bastante la que genéricamente se manifiesta: contratos de alquiler, facturas y declaraciones de ambas sociedades. Por último, la recurrente aporta como prueba de sus manifestaciones unos supuestos correos electrónicos entre el representante de GPP y el actuario encargado de la tramitación del procedimiento inspector seguido cerca de GPP, que a juicio de este Tribunal no hacen prueba suficiente de lo pretendido. En primer lugar, esos documentos no fueron aportados ni en el trámite de audiencia ante la Oficina gestora, ni ante el TEARC, sino que aparecen por primera vez en el presente recurso, aportación tardía que obliga a valorarlos con mayor cautela. En segundo lugar, se trata de unos escritos sin firma electrónica, ni código alguno de verificación. Ningún medio de prueba se ha interesado para acreditar su autenticidad, ni se ha interesado que se aportara el expediente administrativo completo de las actuaciones inspectoras seguidas cerca de GPP en el que deberían figurar, ni el interrogatorio del actuario, cuya participación en los mismos se manifiesta, para adverar su autenticidad y contenido, por lo que no puede otorgarse credibilidad a tales documentos.
Item más, las actuaciones inspectoras no se siguieron con la sociedad recurrente, sino con otra obligada tributaria, GPP, por lo que aún el hipotético supuesto de ser cierta la correspondencia aportada, lo que no ha quedado acreditado, ésta se habría mantenido entre el actuario de las actuaciones inspectoras seguidas cerca de GPP y el representante fiscal de GPP, que no consta ostentara representación alguna de la mercantil aquí recurrente, sin que por tanto conste que la sociedad recurrente tuviera ningún conocimiento formal de las actuaciones llevadas a cabo cerca de GPP, pues aunque pueda existir vinculación entre ambas sociedades, son personas jurídicas distintas.
El supuesto de autos es bien distinto del conocido en la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de diciembre de 2018, en que la entidad que presentó la declaración extemporánea formaba parte de un Grupo de Entidades de IVA 194/2008 , objeto de inspección, y la autoliquidación complementaria modelo 322 "IVA Grupo de entidades modelo individual", por el periodo 12 del ejercicio 2011, presentada modificaba las compensaciones inicialmente declaradas en ese período que posteriormente la Inspección acordó compensar a favor del Grupo de Entidades del IVA en los ejercicios 2008, 2009 y 2010, por aquella fue consecuencia la regularización tributaria efectuada por la Inspección, habida cuenta de la conexión directa entre los importes a compensar, inseparables en cuanto que la compensación de un saldo en los ejercicios 2008, 2009 y 2010 afectaba inevitablemente a la compensación que la recurrente había efectuado en el ejercicio 2011 de esa misma cantidad.
En nuestro caso, ni la recurrente forma parte de ningún grupo fiscal, ni se había dictado ninguna acta por la Inspección, ni la autoliquidación extemporánea de un IVA no declarado es consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo con un tercero.
En definitiva, no pudiéndose considerar la existencia de un requerimiento previo con conocimiento formal del obligado tributario en el sentido del artículo 27 LGT , tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Supremo, son procedentes los recargos controvertidos, con exclusión de las sanciones.
Es consciente este Tribunal que en el recurso de esta Sala núm. 1223/2021 (proc. ord. 546/2021 de esta Sección 1), interpuesto por otra sociedad vinculada a GPP, en que se conocía de un supuesto que guarda cierta analogía con el presente, se dictó la sentencia núm. 3104/2022, de 15 de septiembre , que estimó el recurso, con cita de igual doctrina, considerando que "la Administración tributaria y el TEARC no han tenido en cuenta la doctrina jurisprudencial antes dicha, por lo que sus resoluciones son disconformes a Derecho y han de conducir necesariamente a su anulación por contravenir el ordenamiento jurídico, vía art 48.2 Ley 39/2015 ó su equivalente, art 63 Ley 30/92 aplicable "rationae temporis". En efecto, no se dan las notas características del art 27.1 LGT . Y asimismo, la autoliquidación complementaria efectuada por la aquí actora fue producto del requerimiento en sentido lato que ha de entenderse con el inicio de actuaciones inspectoras regularizadoras contra GPP SL.
Por otro lado, yerra la demandada cuando señala que hubo un acta de conformidad de 6-2-2020, pues ésta no viene referida a nuestra mercantil aquí recurrente, sino con respecto a la sociedad matriz o cabecera, GPP, SL, por lo que hemos de estar al concreto procedimiento dirigido única y exclusivamente a la sociedad aquí demandante, y las conexiones o consecuencias que el inicio de actuaciones inspectoras a GPP SL, tuvieron para la aquí actora".
Ahora bien, en dicha sentencia consideramos acreditado que en fecha 18.6.19 se aportó diversa documentación procedimiento inspector seguido cerca de GPP en cuya virtud se determinó ante el órgano inspector que el importe de 201.313,98 euros deducido como gasto de personal por la recurrente en el IS 2014 no era deducible, por corresponder a gastos incurridos en la puesta en funcionamiento de la entidad, que durante ese ejercicio no se encontraba operativa y debía considerarse mayor inmovilizado material en curso, que se podría ir amortizando en los ejercicios posteriores según la normativa aplicable, a diferencia del presente caso, en que no queda acreditado que de la documentación aportada al coetáneo procedimiento inspector resultara la falta de declaración del IVA devengado. En cualquier caso, lo razonado justifica apartarnos del pronunciamiento efectuado en dicho recurso".
Dada la analogía existente entre ambos supuestos, las anteriores alegaciones, con las obvias adaptaciones, son plenamente trasladables al presente caso, por lo que conforme a los principios de seguridad jurídica y unidad de doctrina, el recurso deberá ser igualmente desestimado.
SEPTIMO: Según lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, las costas procesales se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, circunstancia que aquí se produce, en atención a lo anteriormente resuelto por este mismo Tribunal en un caso que guarda parecido.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
