Sentencia Contencioso-Administrativo 603/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Décima, Rec. 218/2024 de 17 de septiembre del 2024

PRIMERO. -Don Benedicto, nacional de Bulgaria, ha interpuesto el presente recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha de 30 de noviembre de 2023 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 33 de los de Madrid, en los autos de Procedimiento Abreviado tramitados con el número 350/2023 de su registro, que desestimó el recurso contencioso administrativo deducido contra la resolución dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid en fecha de 25 de abril de 2023, mediante la que, en aplicación del artículo 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, se decretó su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España por un periodo de 5 años, con concesión del plazo de un mes para abandonar el territorio nacional, habiéndose valorado que:

"Según denuncia formulada por la BPEF GOE II el 13/03/2023, el interesado ha sido condenado por sentencia de fecha 02/06/2018, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Córdoba, ejecutoria 248/2018 , por un delito de robo con fuerza en las cosas, a la pena privativa de libertad de 8 meses.

Se comprueba que al citado extranjero le constan antecedentes policiales por delitos de hurto, robo con fuerza en las cosas, allanamiento de morada, usurpación, daños, delito contra el patrimonio y reclamación judicial nacional".

En sus fundamentos jurídicos se razonaba:

"PRIMERO: La conducta personal del interesado constituye en todo caso una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad, según establece el art. 15.5.d) del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , atentatoria contra la tranquilidad pública y contra el mantenimiento del normal ejercicio de los derechos fundamentales de la convivencia social que indudablemente se ha visto alterada, especialmente por la reincidencia en la comisión de este tipo de actos.

El carácter reincidente de la conducta delictiva pone de manifiesto, que la comisión continuada de actos contra las personas y sus cosas constituye el modus vivendi del interesado el cual, como se señala más adelante, carece de otro medio de vida conocido. Por ello y a los solos efectos de acreditar la existencia de una conducta atentatoria contra el orden público, es lícito presumir, aunque sea imposible técnicamente elaborar estadísticas al respecto, que los delitos y faltas que le pueden ser probados a efectos penales no son los únicos de esta naturaleza que ha realizado el interesado durante su estancia en España.

De otra parte hay que advertir que, aunque las conductas probadas no estén sancionadas siempre y en todo caso con penas graves, su continuidad constituye una amenaza suficientemente grave contra el orden público, que debe resultar bastante para fundamentar la expulsión, en tanto en cuanto es generadora no sólo de perjuicios para las personas y los bienes de los afectados con cada acción sino también para la tranquilidad y el orden público que se ve seriamente afectado por la alarma social que se crea con conductas repetitivas de este tipo.

SEGUNDO: De las actuaciones llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería sobre la situación de arraigo del interesado en España se constata que el mismo carece de domicilio conocido, no está dado de alta en la Seguridad Social, constituyendo su modus vivendi, la práctica de las actividades delictivas a que se ha hecho referencia y los recursos económicos que las misma le generan.

TERCERO: Por la Abogacía del Estado en esta Delegación del Gobierno se ha emitido informe ratificando la propuesta de expulsión formulada.

CUARTO: De conformidad con el artículo 18.1 del Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, la Delegada del Gobierno es el Órgano competente para dictar la resolución final en el presente procedimiento.

QUINTO: En el artículo 15.1 del referido Real Decreto se establece que, cuando así lo impongan razones de orden público, se seguridad pública o de salud pública, se podrá adoptar entre otras medidas la de expulsión o devolución del territorio español. Siendo de destacar a estos efectos que el propio Tribunal de Justicia de las CCEE en Sentencias de 27/10/2007 y de 19/01/1999 y el Tribunal Supremo de España en Sentencias de 19/02/2000 y de 14/03/2000 (R.J. 2000/2449 y 2001/7403 ), ratifican la doctrina sobre la viabilidad de la expulsión de ciudadanos nacionales de un país de la Unión Europea en el caso de que los antecedentes policiales o penales patenticen un comportamiento personal que constituya una amenaza real actual y grave para el interés fundamental de la sociedad y en definitiva para el orden público".

La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo con base en lo actuado en el expediente administrativo y en los autos, la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 02/04/2004, que regula el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, los artículos 1, 3, 9, 10 y 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 febrero, sobre Entrada, Libre Circulación y Residencia en España de Ciudadanos de los Estados Miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y la sentencia del Tribunal Supremo 747/2019. Concretó la "ratio decidendi" en su fundamento jurídico tercero, "in fine", razonando:

<< En el expediente administrativo se incluye un Informe elaborado por la Abogacía del Estado, al que se remite la resolución sancionadora, que concluye la peligrosidad actual que supone el recurrente, siendo su última detención en el año 2022.

A esta circunstancia opone el demandante su arraigo social, arraigo no demostrado en autos ni en el expediente administrativo, en el que ni siquiera consta la existencia de un domicilio conocido. Según la STS 747/2019 "El hecho de que el demandante tenga arraigo en España y lleve tiempo residiendo, no puede prevalecer, porque "Los derechos de residencia y trabajo de extranjeros no constituyen una categoría absoluta que impida su expulsión, ya que tales derechos no son ilimitados y absolutos y se encuentran sometidos a los límites impuestos por otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos como la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito. A mayor abundamiento, la expulsión no supone ningún sacrificio ilegítimo ni desproporcionado al principio de protección a la familia, toda vez que sus delitos cometidos lo son en el ámbito familiar (violencia doméstica y de género. Lesiones y maltrato familiar. violencia doméstica y de género. Lesiones y maltrato familiar y de violencia en el ámbito familiar. Injurias o vejaciones)."

De todo lo anterior se concluye que el arraigo implica la integración en la sociedad, que no es suficiente para ello la mera permanencia, sino que requiere la aceptación de sus valores y principios, además de las relaciones económicas, sociales y culturales, circunstancias que no han sido demostradas en este caso y por el contrario, si ha quedado acreditado que el recurrente no cuenta con medios de vida, no tiene domicilio y ha sido detenido en varias ocasiones y cuenta con antecedentes penales y policiales.

En definitiva, no resulta posible concluir que la Administración, en la Resolución impugnada, haya errado materialmente en el juicio que ordena el artículo 15.1.b) del RD 240/2007 , y la jurisprudencia que lo interpreta. Procede, por tanto, desestimar el presente recurso contencioso-administrativo>>.

Frente a la decisión judicial se alza en esta instancia don Benedicto, solicitando la revocación de la sentencia impugnada "acordando la continuación de la tramitación del recurso planteado para la defensa de Benedicto" (sic).

Considerando que la expulsión se ha ordenado por la infracción tipificada en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica de Extranjería, alega que:

"Don Benedicto, fue detenido por encontrarse sin la documentación necesaria para permanecer en territorio nacional.

Por entender la Policía Nacional que estos hechos podrían constituir una infracción grave prevista en el artículo 53 a) de la vigente Ley de extranjería, dictando resolución de expulsión del territorio nacional por un periodo de cinco años, y también la obligación de abandonar el territorio español en un plazo de 15 días.

SEGUNDA.- Que no es del todo ajustado a la realidad el que mi defendido carezca de documentación que la habilite para estar en el territorio nacional, ya que manifestó a la policía, tener pasaporte en vigor.

Que Benedicto, es de nacionalidad búlgara, por tanto, es ciudadano de la Unión Europea. Entró al territorio nacional por los puestos fronterizos habilitados para ello, y se encuentra en España, desde hace ocho años, su pasaporte está en vigor, y está empadronado en la ciudad de Madrid.

Que Benedicto, trabaja como personal training en un gimnasio, por lo que obtiene unos 1.000 € al mes, cantidad con la cual costea todas sus necesidades económicas.

TERCERO.- Que Benedicto, tiene pasaporte en vigor, y está empadronado, y ha intentado regularizar su situación en España en el año 2018, mediante un expediente de arraigo social, si bien, le fue denegado por motivos ajenos a él, por lo que no procede que le sea impuesta por la Delegación del Gobierno de Madrid una sanción de expulsión, por encontrarse indocumentado en el territorio nacional.

Que Benedicto se encuentra sin la documentación necesaria para permanecer en territorio nacional, pero no ha realizando ninguna actividad delictiva, o antisocial, y no tiene antecedentes penales.

Concurre en mi defendido indicios suficientes de que acredita un arraigo social de 8 años viviendo en territorio nacional.

Que la vigente Ley de Extranjería establece dos posibles sanciones de distinta naturaleza. Por un lado la sanción de multa, y por otro la de expulsión del territorio nacional. Pero en ningún caso establece dicho texto legal, que se le puedan aplicar ambas sanciones, multa y obligación de abandonar el país, por lo que no estamos de acuerdo con dicha resolución, que recurrimos mediante el presente recurso de apelación".

La Abogacía del Estado ha impugnado el recurso de apelación y solicitado la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO. -Con carácter previo a resolver las cuestiones que suscita el presente recurso de apelación, conviene poner de relieve que el recurso carece de contenido impugnatorio porque no se ha basado en motivos individualizados dirigidos a demostrar la improcedencia del fallo mediante una efectiva crítica de la sentencia impugnada, ya que ha incurrido en el error de considerar que la expulsión se ha ordenado por la infracción de estancia irregular en España tipificada en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica de Extranjería.

Así las cosas, el recurrente ha incurrido en un vacío de fundamentación efectiva frente a la respuesta judicial, de manera que los fundamentos jurídicos la sentencia, por no combatidos, no han quedado desvirtuados.

A salvo lo anterior, señalaremos que la expulsión del territorio español le fue impuesta a don Benedicto al amparo del artículo 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/38/CE, de 29 abril, sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Recuérdese que el artículo 27 de la antedicha Directiva, relativo a los principios generales sobre las limitaciones del derecho de entrada y del derecho de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, previene:

"1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Estas razones no podrán alegarse con fines económicos.

2. Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas.

La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general..."

Pues bien, el artículo 1 del Real Decreto 240/2007 contempla, como limitaciones de los derechos de entrada, libre circulación y residencia en España de los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de su familiares incluidos en el ámbito de aplicación de dicha norma, la posibilidad de adoptar medidas consistentes en impedir la entrada u ordenar la expulsión o devolución del territorio español, por razones de orden público, seguridad y salud pública.

Y en lo que ahora interesa, el artículo 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, relativo a las medidas por razones de orden público, seguridad y salud pública, dispone:

"1. Cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes en relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o con los miembros de su familia:

c) Ordenar la expulsión o devolución del territorio español.

Únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o a miembros de su familia, con independencia de su nacionalidad, que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en España, si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Asimismo, antes de adoptarse una decisión en ese sentido, se tendrán en cuenta la duración de la residencia e integración social y cultural del interesado en España, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, y la importancia de los vínculos con su país de origen.

...

5. La adopción de una de las medidas previstas en los apartados anteriores 1 a 4 se atendrá a los siguientes criterios:

a) Habrá de ser adoptada con arreglo a la legislación reguladora del orden público y la seguridad pública y a las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia.

b) Podrá ser revocada de oficio o a instancia de parte cuando dejen de subsistir las razones que motivaron su adopción.

c) No podrá ser adoptada con fines económicos.

d) Cuando se adopte por razones de orden público o de seguridad pública, deberán estar fundadas exclusivamente en la conducta personal de quien sea objeto de aquéllas, que, en todo caso, deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, y que será valorada, por el órgano competente para resolver, en base a los informes de las Autoridades policiales, fiscales o judiciales que obren en el expediente. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas.

6. No podrá adoptarse una decisión de expulsión o repatriación respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, salvo si existen motivos imperiosos de seguridad pública, en los siguientes casos:

a) Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores, o:

b) Si fuera menor de edad, salvo si la repatriación es conforme al interés superior del menor, no teniendo dicha repatriación, en ningún caso, carácter sancionador".

Puesto que la decisión administrativa impugnada en la instancia acordó la expulsión de don Benedicto por las razones de orden público/seguridad pública a que se refiere el artículo 15 de Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, interesa recordar ahora, además de lo dispuesto en el ya citado artículo 27 de la Directiva 2004/38/CE, de 29 abril, que en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el 10 de julio de 2008, en el asunto C-33/2007, se declaraba que, si bien los Estados miembros gozan de libertad para definir las exigencias de orden público y de seguridad pública con arreglo a sus necesidades nacionales, que pueden variar de un Estado miembro a otro y de una época a otra, en el contexto comunitario y, en particular como justificación de una excepción al principio fundamental de la libre circulación de las personas, tales exigencias deben interpretarse en sentido estricto, de manera que su alcance no puede ser determinado unilateralmente por cada Estado miembro sin control de las instituciones de la Comunidad Europea, siendo de subrayar que la jurisprudencia europea ha aclarado que el concepto de orden público requiere, en todo caso, aparte de la perturbación del orden social que constituye cualquier infracción de la ley, que exista un comportamiento personal que suponga una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.

A los solos efectos de su relación con el concepto de seguridad y de orden público, se ha de destacar que en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de mayo de 2012 se aborda la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, desde la perspectiva de la expulsión de un ciudadano de la Unión, que había sido condenado por tráfico de drogas, por razones o motivos imperiosos de seguridad pública, y se declaró que toda medida de expulsión está subordinada a que la conducta personal del interesado constituya una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad o del Estado miembro de acogida, apreciación que supone, como regla general, la tendencia del individuo interesado a proseguir esa conducta en el futuro; después de referirse a las infracciones penales mencionadas en el artículo 83 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, como era el caso, señala que cabe incluirlas en el concepto de "motivos imperiosos de seguridad pública" que pueden justificar una medida de expulsión en virtud del artículo 28.3.a) de la Directiva, siempre que la forma de comisión de tales infracciones presente características especialmente graves, extremo éste que incumbe verificar al tribunal nacional basándose en un examen individualizado del asunto del que conoce; y que antes de tomar una decisión de expulsión, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en ese Estado y la importancia de los vínculos con su país de origen.

En lo que atañe al concepto de razones de orden público y de seguridad pública en la jurisprudencia nacional, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1998, aceptando los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, abordó el concepto de orden público y de seguridad pública de la normativa europea y nacional -en un asunto en que se había denegado permiso de residencia y trabajo a un ciudadano alemán con numerosos antecedentes policiales y diligencias judiciales en curso pero que no había sido condenado en sentencia penal-, considerando que el recurrente había mantenido a lo largo de los diez últimos años una trayectoria de comportamiento contraria al orden público pues, con independencia de no haber sido condenado, se había justificado una realidad de comportamiento al margen de las normas conformadoras del orden público, por lo que se concluyó que, de conformidad con la jurisprudencia europea, sus actividades podían calificarse como contrarias al orden público al ser una "amenaza real y suficientemente grave".

La precitada doctrina se mantiene en la reciente sentencia de 11 de febrero de 2019, recurso de casación 5211/2017 -relativo a la expulsión, por la infracción prevista en el artículo 53.1.a) de la ley Orgánica de Extranjería, de un familiar de residente comunitario que aún estaba litigando por la obtención de la tarjeta de familiar comunitario- en la que se concluyó que en ese caso resultaba de aplicación lo dispuesto en los artículos 15.1 y 28.1 de la directiva 2004/38/CE, en vez de la Ley Orgánica 4/2000, añadiendo:

"Pero es de advertir que tal contestación no conduce a la estimación del recurso, en cuanto la condena que del recurrente consta por falsificación de documentos, así como las múltiples detenciones de que ha sido objeto, junto a la ausencia de actividad laboral, y la más que dudosa convivencia familiar, revelan no solo que la conducta personal del recurrente constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad, tal como exige el artículo 27.2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38/CE , sino también la no concurrencia en él de alguna de las circunstancias que deben tenerse en cuenta, a tenor del artículo 28.1 de la citada Directiva, como trámite previo a la decisión de expulsión por razones de orden público o seguridad ciudadana, y es que salvo la acreditación de haber nacido en Nigeria el NUM000 de 1968 y de su matrimonio con doña Justa , nada consta de interés en las actuaciones".

Finalmente, en orden a la valoración de la concurrencia de la actualidad del peligro real y grave que representa el delito cometido, y a su relación con el principio de proporcionalidad, interesa hacer referencia ahora a la Sentencia del TJUE de 8 de diciembre de 2011, asunto C-371/2008, en cuyos considerandos 84 y 85 se declaraba:

"84 Por lo que se refiere al momento que debe tomarse en consideración para determinar el carácter actual de la amenaza concreta para el orden o la seguridad públicos, conviene también recordar que los órganos jurisdiccionales deben tener en cuenta, en el momento de analizar la legalidad de una medida de expulsión adoptada contra un ciudadano turco, los hechos posteriores a la última resolución de las autoridades competentes que puedan implicar la desaparición o la considerable disminución de la amenaza que constituiría, para el interés fundamental en cuestión, la conducta de la persona de que se trate (véase, en particular, la sentencia de 11 de noviembre de 2004, Cetinkaya, C-467/02 , Rec. p. I-10895, apartado 47).

85 Tal como señaló el Abogado General en los puntos 62 a 65 de sus conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente deberá sopesar, a la luz de la situación actual del Sr. Jose Francisco, por una parte, la necesidad de la restricción del derecho de residencia de éste que se pretende decidir para proteger el objetivo legítimo perseguido por el Estado miembro de acogida y, por otra parte, si concurren efectivamente factores de integración que permitan al interesado reinsertarse en la sociedad del Estado miembro de acogida. A tal efecto, corresponderá a tal órgano jurisdiccional apreciar, más concretamente, si la conducta del nacional turco representa actualmente una amenaza suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, habida cuenta del conjunto de las circunstancias concretas que concurren en la situación de éste y entre las que figuran no sólo los elementos presentados en la vista ante el Tribunal de Justicia (véase el apartado 39 supra), sino también los vínculos particularmente estrechos que el extranjero en cuestión ha creado con la sociedad de la República Federal de Alemania, en cuyo territorio ha nacido, ha vivido regularmente durante un período ininterrumpido de más de 35 años, ha contraído matrimonio con una nacional de ese Estado miembro, y actualmente mantiene una relación profesional".

TERCERO. -Así las cosas, lo relevante en este caso es determinar si, en el momento en que se inició y se resolvió el expediente de expulsión, las conductas recogidas en la resolución de 25 de abril de 2023 como fundamento de la decisión administrativa, podían reputarse como constitutivas de un peligro grave, real y actual para la seguridad y para el orden público protegido por nuestras leyes:

Consta documentalmente en las actuaciones que, cuando se inició el expediente de expulsión, el 13 de marzo de 2023, don Benedicto se encontraba en el Centro Penitenciario Madrid-VI-Aranjuez cumpliendo una condena de 8 meses de prisión, impuesta en sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, como autor de un delito consumado de robo con fuerza, cometido en 2018.

Le constaban cuatro detenciones policiales, desde el año 2017, por su presunta participación en delitos de allanamiento de morada y contra el patrimonio en las que había utilizado varios alias, siendo la última detención del mes de septiembre de 2022; y había sido judicialmente reclamado en 7 ocasiones, lo que permite presumir la existencia de actuaciones penales en curso, cuando menos, por el Juzgado de Instrucción número 28 y por el Juzgado de lo Penal número 9, ambos de Madrid, y que el reclamado no se había sometido a la acción de la justicia.

Los precitados antecedentes penales y policiales evidencian que no se está en presencia de una conducta delictiva aislada ni ocasional y ponen de relieve que el apelante no se ha mantenido a disposición judicial, a la que se ha sustraído en numerosas ocasiones.

De otra parte, no existe ningún otro elemento de prueba que pueda dar noticia de la conducta penitenciaria de don Benedicto.

Y no existen otras pruebas directas ni indiciarias que permitan vislumbrar un propósito firme y definitivo del recurrente de respetar en el futuro la seguridad y el orden públicos protegidos por nuestras leyes, ni, por tanto, aventurar un pronóstico favorable de integración social, lo que nos lleva a concluir que su conducta personal, de todo punto incompatible con el respeto a las leyes y a la paz social, es constitutiva de una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a intereses fundamentales de la sociedad.

En otro orden de cosas, el apelante no ha acreditado ninguna clase de arraigo en nuestro país: no se tiene noticia de que estuviera en España antes de 2017, en que se produjo su primera detención; no está inscrito en el Registro de residentes comunitarios, ni lo ha intentado; se ignora su domicilio, no consta empadronado, no ha justificado que haya trabajado nunca, ni si tiene otros medios de vida o familiares en nuestro país.

A salvo lo anterior, incluso concurriendo, lo que no es el caso, las eventuales circunstancias de arraigo no excluirían automática ni necesariamente la expulsión, porque esa conclusión no se deriva del artículo 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, ni de la Directiva 2004/38/CE, de 29 abril, siendo posible acordar la expulsión con base en una conducta reiterada en el tiempo y expresiva de una clara vulneración de las normas de convivencia mínimamente exigibles cuando el interés público en su protección deben prevalecer sobre los intereses familiares y sociales de la persona expulsada, como ha sido en caso.

En conclusión, al no haber desaparecido el desvalor de la conducta penalmente reprochada a don Benedicto, ni el riesgo que representa para la seguridad y el orden público, consideramos que la expulsión acordada en la resolución de 25 de abril de 2023 resulta proporcional a la amenaza real, actual y suficientemente grave que la presencia del apelante en nuestro país representa para dichos bienes jurídicos, que en este caso no pueden garantizarse con medidas menos restrictivas, lo que determina la desestimación del presente recurso de apelación al no haberse desvirtuado en esta instancia los fundamentos de la sentencia impugnada.

CUARTO. -Conforme a lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, debe el apelante hacerse cargo del pago de las costas procesales, hasta el límite máximo de 500 euros en total y por todos los conceptos.

Por todo lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Fallo