Sentencia Contencioso-Administrativo 504/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 7203/2022 de 20 de marzo del 2024

PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación: El asunto litigioso relativo a la impugnación de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 30 de junio de 2022 .

El recurso de casación que enjuiciamos, interpuesto por la representación procesal de Adelina, Amelia, Victorio y Jose Antonio, al amparo de los artículos 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la redacción introducida por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, tiene por objeto la pretensión de que se revoque la sentencia dictada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de junio de 2022, que desestimó el recurso contencioso-administrativo planteado contra la resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que desestimó el recurso de alzada formulado frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes DIRECCION000 de 12 de noviembre de 2018, por la que se requiere para regularizar una superficie total de 71,61 hanegadas y a proceder al ingreso de la cuota de incorporación.

La sentencia impugnada fundamenta la decisión de desestimar el recurso contencioso-administrativo, en lo que concierne a la falta de competencia de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes DIRECCION000 para el establecimiento de la cuota de incorporación, con base en el argumento de que no se aprecia contradicción entre el apartado c) del articulo 14 de las Ordenanzas con los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cuyo artículo 220 establece un numerus apertus respecto de las atribuciones de la Junta de Gobierno, por lo que cabe incluir la facultad de fijar la cuota de incorporación exigible a los nuevos miembros de la Comunidad de Regantes cuando así lo dispusieren las Ordenanzas de la Comunidad, lo que ocurre en el presento caso, partiendo de que dicha cuota de incorporación no es un concepto asimilable ni incardinado dentro de las derramas, cuya imposición corresponde a la Asamblea General.

En relación con las mayorías requeridas de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General para adoptar válidamente el acuerdo de admisión, la sentencia razona que no es objeto del recurso el acto de admisión acordado en su día por la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes, sino el posterior acto por el que se fija y se requiere al pago de la cuota de incorporación. Por ello, no constituyendo el acto recurrido un acto de aplicación del artículo 14, inciso último, de las Ordenanzas, se concluye que no procede pronunciarse acerca de la validez del citado precepto.

Y, finalmente, respecto de la disconformidad de los recurrentes con la concreta cuantía en que se fija por la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes DIRECCION000 la cuota de incorporación, la sentencia considera acertada la fundamentación jurídica contenida en la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que estimó que no debía pronunciarse sobre este motivo de impugnación, pues se trata de una cuestión integrada dentro del ámbito privado de gestión de una Corporación de Derecho Público que no implica el ejercicio de funciones administrativas, y que se encuentra sometida, en consecuencia, al Derecho privado común, de donde se infiere que el efectivo cobro de a deuda contraída no puede ser conocida por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Se argumenta que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 82.1 de la Ley de Aguas, que dispone que las Comunidades de usuarios tienen el carácter de Corporaciones de Derecho Público, así como del articulo 84.5 del citado texto legal, que prevé que los acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, serán ejecutivos, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cabe distinguir aquellos supuestos en que se fijan cuotas entre los distintos usuarios o se reclaman pagos relacionados con el aprovechamiento del recurso hidríco, de aquellos supuestos - como la reclamación de las cuotas de incorporación-, que no guarden relación con dichas funciones.

El recurso de casación se sustenta en el argumento de que, partiendo del carácter de las Comunidades de Regantes, como Corporación de Derecho Público, que forman parte de la Administración Pública sectorial cuando actúan cumpliendo su finalidad pública de procurar el buen orden y organización del aprovechamiento del agua, así como de la naturaleza de las derramas que exigen las Comunidades de Regantes como ingresos de Derecho público no tributarios, el acto impugnado en el proceso de instancia, relativo a la exigencia de pago de la cuota de inscripción, es susceptible de ser revisado por la jurisdicción contenciosa-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 83.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, los artículos 212 y 216 del Real Decreto 849/1996, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en relación con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Se aduce que, en el caso de los derechos de incorporación, no se prevé nada, ni en la Ley de Aguas ni en el Reglamento, sobre los sujetos obligados al cumplimiento de la obligación de pago, porque se prevé que todos los terrenos, amparados por la concesión de aguas, han de pagar, sin hacer excepciones ni exoneraciones, por lo que para evitar abusos en los acuerdos que adopten las Comunidades de Regantes deberán decidirse en la vía administrativa tanto su dudosa legalidad como su fiscalización.

SEGUNDO.- Sobre el marco normativo aplicable y acerca de la doctrina jurisprudencial que resulta relevante en el enjuiciamiento de este recurso de casación.

Antes de abordar, concretamente, el examen de las infracciones del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que aduce la parte recurrente, procede dejar constancia de las normas jurídicas que resultan aplicables, así como recordar la doctrina jurisprudencial que consideramos resulta relevante para resolver la presente controversia casacional.

A) El Derecho Estatal.

El artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone:

"1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación

2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración local.

d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

3. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:

a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General."

El artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su apartado c), dispone:

"El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas "

El artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, bajo el epígrafe "Naturaleza y régimen jurídico de las comunidades de usuarios", dispone:

"1. Las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en sus reglamentos y en sus estatutos y ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los estatutos y ordenanzas de las comunidades de usuarios incluirán la finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes del dominio público hidráulico, regularán la participación y representación obligatoria, en relación con sus respectivos intereses, de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y de los participantes en el uso del agua ; y obligarán a que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa proporción los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que correspondan. Los estatutos y ordenanzas de las comunidades, en cuanto acordados por su junta general, establecerán las previsiones correspondientes a las infracciones y sanciones que puedan ser impuestas por el jurado de acuerdo con la costumbre y el procedimiento propios de los mismos, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los afectados.

3. Las comunidades generales y las juntas centrales de usuarios se compondrán de representantes de los usuarios interesados. Sus ordenanzas y reglamentos deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.

4. Las comunidades de usuarios que carezcan de ordenanzas vendrán obligadas a presentarlas para su aprobación en el plazo que reglamentariamente se establezca. En caso de incumplimiento, el Organismo de cuenca podrá establecer las que considere procedentes previo dictamen del Consejo de Estado."

El artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, bajo el epígrafe "Facultades de las comunidades de usuarios", dispone:

"1. Las comunidades de usuarios podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo.

2. Las comunidades de usuarios serán beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines.

3. Las comunidades de usuarios vendrán obligadas a realizar las obras e instalaciones que la Administración les ordene, a fin de evitar el mal uso del agua o el deterioro del dominio público hidráulico, pudiendo el Organismo de cuenca competente suspender la utilización del agua hasta que aquéllas se realicen.

4. Las deudas a la comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los tribunales o jurados de riego "

El artículo 84 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, bajo el epígrafe "Órganos de las comunidades de usuarios", dispone:

"1. Toda comunidad de usuarios tendrá una junta general o asamblea, una junta de gobierno y uno o varios jurados.

2. La Junta general, constituida por todos los usuarios de la comunidad, es el órgano soberano de la misma, correspondiéndole todas las facultades no atribuidas específicamente a algún otro órgano.

3. La junta de gobierno, elegida por la junta general, es la encargada de la ejecución de las ordenanzas y de los acuerdos propios y de los adoptados por la junta general.

4. Serán atribuciones de la junta de gobierno:

a) Vigilar y gestionar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus derechos.

b) Dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las aguas, respetando los derechos adquiridos y las costumbres locales.

c) Someter a la aprobación de la junta la modificación de las ordenanzas o cualquier otra propuesta que estime oportuno.

d) Ejecutar en el ámbito de sus competencias las funciones que le sean atribuidas por las leyes o que puedan asumir en virtud de los convenios que suscriban con el Organismo de cuenca.

5. Los acuerdos de la junta general y de la junta de gobierno, en el ámbito de sus competencias, serán ejecutivos, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de su posible impugnación en alzada ante el Organismo de la cuenca.

6. Al jurado corresponde conocer las cuestiones de hecho que se susciten entre los usuarios de la comunidad en el ámbito de las ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que puedan derivarse de la infracción.

Los procedimientos serán públicos y verbales en la forma que determine la costumbre y el reglamento. Sus fallos serán ejecutivos."

El artículo 121 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, bajo el epígrafe "Jurisdicción competente", dispone:

"Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones públicas en materia de aguas, sujetos al Derecho Administrativo "

El artículo 212 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, dispone:

"1. Las deudas a la Comunidad de Usuarios por gastos de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la Comunidad de Usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño.

El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los Tribunales o Jurados de riego (art. 83.4 del TR de la LA).

2. En las concesiones de aprovechamientos colectivos para riegos, todos los terrenos comprendidos en el plano general aprobado quedaran sujetos al pago de las obligaciones aunque los propietarios rehusen el agua.

3. Los gastos de construcción de presas, sistemas de captación y conducción, así como los de explotación y conservación, serán sufragados por los beneficiarias en la proporción que determinen los Estatutos u Ordenanzas.

4. Ningún miembro de la Comunidad podrá separarse de ella sin renunciar al aprovechamiento de las aguas y cumplir las obligaciones que con la misma hubieran contraído."

B) La doctrina del Tribunal Supremo.

En la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2005, resolviendo el recurso de casación en interés de Ley 103/2002, en relación con el carácter de las Comunidades de Regantes de Corporaciones de Derecho Público, dijimos:

"Efectivamente, según establece el artículo 74.1 de la citada Ley de Aguas las Comunidades de Usuarios tienen el carácter de Corporaciones de Derecho Público, adscritas a los Organismos de Cuenca, pero tal consideración es mera consecuencia de su origen, que está en la ley, a diferencia de lo que acontece con las asociaciones y las sociedades en general, que nacen por un acuerdo de sus miembros. Tal consideración, sin embargo, se presenta como insuficiente para acudir legítimamente a este recurso, que por otro lado no está concebido en defensa de los intereses de los usuarios, que son claramente intereses privados.

Por ello, la mencionadas Comunidades de Usuarios están legitimadas para interponer el recurso de casación en interés de la Ley cuando lo que intentan rebatir es el correcto ejercicio de aquellas funciones públicas que les han sido atribuidas por el ordenamiento o delegadas expresamente por la Administración, para el buen orden del aprovechamiento del agua, lo cual no ocurre cuando lo que se discute afecta al cobro de las deudas de la Comunidad por gastos de conservación, limpieza y mejora, contempladas en el nº 4 del artículo 75 de la Ley de Aguas, a pesar de que las mismas graven la finca o industria en cuyo favor se realizaron, y, de que la Comunidad de Usuarios pueda exigir su importe por la vía administrativa de apremio. Con independencia de la naturaleza de tales facultades, lo cierto es que con el ejercicio de las mismas lo que se protege es el patrimonio de la Comunidad de Usuarios, pero no el interés general del aprovechamiento del aguas para lo que fueron constituidas; esto es, la actuación del la Comunidad dirigida al cobro de las deudas de los usuarios, no afectan sino al ámbito estrictamente privado de administración de la Comunidad, sin implicar ejercicio de funciones administrativas conferidas por la Ley o delegadas por la Administración pública."

TERCERO.- Sobre las infracciones del ordenamiento jurídico en que se fundamenta el recurso de casación, referidas a la vulneración del artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ,en relación con los artículos 82 y 83.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y el artículo 212.1 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril , por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

La cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse, tal como se expone en el Auto de la Sección Primera de esta Sala de 16 de febrero de 2023, consiste en interpretar el artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, a fin de determinar si cabe impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto de fijación de cuotas de incorporación a una Comunidad de Regantes.

Delimitada, en estos estrictos términos, la controversia casacional, esta Sala considera que resulta acertado el razonamiento contenido en la sentencia impugnada, relativo a la falta de competencia jurisdiccional del orden contencioso-administrativo para conocer de la impugnación de los Acuerdos adoptados por las Comunidades de Regantes, por los que se reclama el pago de la cuota de incorporación a los nuevos miembros, por entender que se trata de la reclamación de deudas que no están vinculadas al buen orden del aprovechamiento del agua, y que se incardinan, más bien, dentro del ámbito privado de la gestión patrimonial de la Comunidad de Regantes, sometido al Derecho común.

En efecto, siguiendo la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 25 de enero de 2005 (RC 103/2002), cabe partir como premisa, para resolver el presente recurso de casación, a los efectos de aplicación del artículo 2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la naturaleza bifronte de las Comunidades de Regantes como Corporaciones de Derecho Público, en los términos del artículo 82 del Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en cuanto atienden a fines de interés público y ejercen funciones públicas encaminadas a asegurar la buena administración y distribución de los recursos hídricos, así como a la protección integral del dominio publico hidráulico, bajo la tutela del Organismo de cuenca, y como entidades de base asociativa privada, constituidas para la defensa de los propios intereses particulares de sus miembros.

En estos términos, procede distinguir -tal como sostiene, con solidez y rigor jurídico, el Tribunal de instancia- entre aquellos actos que se dictan en el ejercicio de funciones públicas atribuidas o delegadas por la Ley a las Comunidades de usuarios, cuyo conocimiento fiscalizador corresponde al Organismo de cuenca, y, ulteriormente, a la jurisdicción contencioso-administrativa, debido a su caracterización de actos administrativos sujetos al Derecho Administrativo, de aquellos actos sometidos al Derecho privado, cuyo enjuiciamiento, referido a si incurren en abuso de Derecho, corresponde a la jurisdicción civil.

Por ello, no compartimos la tesis argumental que, desarrolla la defensa letrada de la parte recurrente, que propugna que esta Sala del Tribunal Supremo declare que las cuestiones económicas que se susciten entre los comuneros que pretenden su integración en la Comunidad de Regantes, y la propia Comunidad de Regantes, deben ser conocidas y resueltas cuando sean impugnadas tanto por el Organismo de cuenca como por los Tribunales de lo Contencioso- Administrativo, en cuanto afectan al buen orden del aprovechamiento de las aguas publicas, ya que otro pronunciamiento supondría vedar su derecho a obtener tutela de los Tribunales de Justicia.

Entendemos que esta argumentación no resulta convincente, pues se sustenta en una interpretación extensiva de la competencia jurisdiccional de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, que se circunscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, a enjuiciar los actos de aquellas Corporaciones de Derecho Púbico -como la Comunidad de Usuarios regulada en el artículo 82 de la Ley de Aguas, que ejercen funciones tendentes a la consecución de objetivos de interés público, y para cuyo debido cumplimiento la Ley les confiere potestades y facultades de carácter administrativo, pero que no se extiende a conocer del enjuiciamiento de aquellos actos de las Corporaciones de Derecho Púbico que desarrollen funciones en el ámbito estrictamente privado, (como son, ad exemplum, las relativas a la administración de sus bienes, patrimonio, relación con sus empleados), dada su configuración como entidades sectoriales de base asociativa, que no se identifican subjetivamente en este caso, con la noción de Administración Pública, ya que se significan como Corporaciones propter rem, tal como se sostiene en la sentencia de esta Sala de 22 de junio de 2000, encontrándose su actividad regulada por el Derecho privado, y cuyo control revisor corresponde a la jurisdicción civil.

CUARTO.- Sobre la formación de la jurisprudencia, acerca de la interpretación del artículo 2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , en relación con lo dispuesto en los artículos 82 y 83 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y en el artículo 212.1 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril , por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

El artículo 2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con lo dispuesto en los artículos 82 y 83 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y en el artículo 212.1 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, debe interpretarse en el sentido de que los Acuerdos que adopten las Comunidades de Regantes exclusivamente para exigir el ingreso de las cuotas de incorporación a los nuevos miembros, no son susceptibles de ser revisados ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, cuando puedan calificarse de actos separables sometidos al Derecho privado, por afectar a la gestión de su patrimonio, siendo la jurisdicción competente para su enjuiciamiento y control la jurisdicción civil.

En consecuencia con lo razonado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal Adelina, Amelia, Victorio y Jose Antonio contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de junio de 2022, dictada en el recurso contencioso- administrativo núm. 27/2020.

QUINTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Sala acuerda que no procede hacer imposición expresa de las costas procesales causadas en el recurso de casación.