Sentencia Contencioso-Administrativo , Rec. 1064/2022 de 22 de diciembre del 2025

Primero.-Se impugna en este recurso contencioso-administrativo la Resolución de 25 de enero de 2022 del Ministerio del Interior, por la que se denegó el derecho de asilo así como la protección subsidiaria a Don Juan María, ciudadano nacional de Venezuela.

La Resolución anterior afirma que se puede concluir que el solicitante por tanto no ha sido perseguido en su país, que no ha sufrido una persecución personal por motivo de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, género u orientación sexual, ni se desprende de su declaración la existencia de un fundado temor a sufrirla.

Añade en cuanto a la documentación que obra en el expediente, que no puede considerarse prueba o indicio de persecución, ya que acreditarían sus circunstancias personales - su nacionalidad - que en sí mismas no determinan necesariamente la existencia de persecución ni justifican un temor fundado a sufrirla.

Segundo.-El Sr. Juan María, formalizó su petición de protección internacional en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en fecha 9 de septiembre de 2020, tras su llegada a España el día 12 de octubre de 2019.

En la formalización de su petición de protección internacional el solicitante realizó las siguientes alegaciones:

Manifiesta como motivos para solicitar protección internacional, la situación de crisis política (dictadura del Gobierno actual por parte de Jorge), sanitaria (desabastecimiento en farmacias y hospitales sin medios y sin profesionales médicos), social y económica (sin luz, agua, y sin poder tener acceso a alimentos de primera necesidad por el alto precio que puso el Gobierno actual entre otras medidas).

Refiere que en Venezuela no podía mantener una vida digna, por lo que decidió emigrar a Perú, donde la situación para los venezolanos es muy complicada ya que es difícil encontrar trabajo y se sufre mucha xenofobia.

Afirma que tras varios intentos de encontrar trabajo estable y no conseguirlo y teniendo que mantener a sus dos hijas provenientes de dos parejas distintas, entró en depresión, pero posteriormente conoció a una persona que le ayudo a salir del país para buscar una vida mejor.

Decidió venir a España por ser un país hermoso y por tener mayores oportunidades.

El solicitante adjunta un escrito de ampliación de alegaciones, en el que refiere

lo siguiente:

Ser de nacionalidad venezolana y tener dos hijas, en su país trabajó como vigilante de seguridad y como florista, pero la situación económica, falta de oportunidades y la inseguridad existente en el país le hicieron ir en busca de una vida mejor.

El 5 de junio de 2018 llegó a Perú y permaneció en ese país hasta el 11 de octubre de 2019, le fue difícil conseguir un trabajo estable por la economía precaria del país y por la xenofobia existente hacia los venezolanos. Le fue mal, no tenía una economía estable y a veces con lo que ganaba solo le daba para pagar la habitación donde dormía, por lo que cayó en depresión, pero en octubre de 2019 conoció a una mujer que le ayudó y le pago el pasaje a España.

En la demanda añade que dada la crisis política, social y económica emigró a Perú, donde el problema de la creciente xenofobia, tras la migración masiva, y la especial vulnerabilidad de la población venezolana, que implica la frágil situación de sus derechos económicos, sociales y culturales, el desconocimiento de los mecanismos de protección de sus derechos o el permanente temor a la expulsión, implica que estén expuestos a actos discriminatorios que pueden alcanzar niveles de violencia o diferentes formas de explotación.

Que desde 2014 ACNUR reitera su llamamiento a los Estados para que protejan los derechos de los venezolanos, particularmente el derecho a solicitar asilo y el acceso a procedimientos de asilo justos y efectivos. El acceso efectivo a la protección requiere la adopción de medidas para facilitar la documentación, el acceso a servicios básicos y a oportunidades de medios de vida. Al mismo tiempo, aquellos venezolanos que no desean solicitar asilo o cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas deberían recibir ayuda para regularizar su situación a través de vías alternativas. No se deben llevar a cabo retornos no voluntarios a Venezuela.

Tercero.-La Constitución dispone que "La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, establece en el art.2 "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967."

Tales requisitos son a tenor de lo dispuesto en los artículos 1 de la Convención y I.2 del Protocolo): "Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".

Por otra parte el artículo 3 de la propia Ley 12/2009 dispone que: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9."

El artículo 6 de la norma pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión por tanto de cualesquiera otros de relevancia menor.

El artículo 7 de la Ley perfila, a su vez, los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado. Por fin, en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley describen quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de protección.

Cuarto.-La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016 ha señalado: "Asimismo, cabe consignar, que el reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas previstas en el artículo 1 A. 2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, conforme a la remisión normativa efectuada en el artículo 3.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, por lo que debe probarse la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos ( artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, procede la concesión del derecho de asilo si aparecen indicios suficientes sobre la existencia de temores fundados de persecución política".

La jurisprudencia constante viene señalando que las situaciones de conflicto interno generalizado en el país de origen del solicitante no dan lugar, por si solas, y a falta de mayores datos sobre la situación personal del solicitante, a la concesión de la condición de refugiado. De esta doctrina se hace eco, a título de ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2011, en la que se lee "[...] este Tribunal Supremo ha dicho reiteradamente, con unas u otras palabras, que las situaciones de conflicto generalizado en el país de origen del solicitante no dan lugar a la concesión de la condición de refugiado si no van acompañadas del temor fundado a sufrir persecución personal por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas; y que aunque para la concesión del derecho de asilo no es necesaria, ciertamente, una prueba plena de que el solicitante haya sufrido en su país de origen persecución por alguno de aquellos motivos, sí es necesario, al menos, que existan indicios suficientes de ello, pues de otro modo todo ciudadano de un país en que se produzcan graves trastornos sociales, con muerte de personas civiles y ausencia de protección de los derechos básicos del hombre, tendría automáticamente derecho a la concesión del asilo, lo que no es, desde luego, la finalidad de la institución."

En numerosas sentencias de esta Sala y resoluciones administrativas relacionadas con solicitudes de protección internacional formuladas por ciudadanos venezolanos se han tenido en cuenta, como es el caso, informes del Departamento de estado de USA, de Human Rights Watch, Amnistía Internacional Freedom in the World etc, y del conjunto de la información contrastada sobre dicho país resulta que es universalmente conocida la situación de inseguridad en Venezuela. De esta situación se hacen eco diario los medios de comunicación, sin embargo, como venimos diciendo reiteradamente, el mero hecho de ser nacional y residir en Venezuela no es suficiente para apreciar una situación de necesidad de protección internacional, cuando no se justifica mínimamente haber sufrido persecución, personalizada e individualizada, por alguno de los concretos motivos contemplados en la Convención de Ginebra.

Los hechos narrados ponen de relieve los problemas sociales que se viven en Venezuela, que son actuales, pero ello, debemos enmarcarlo en una problemática diferente a la del ámbito de la protección internacional. Ningún hecho se ha alegado en el relato formulado, que tenga entidad de persecución concreta e individualizada hacia el solicitante, con intervención de las Autoridades, que pueda ser considerado, por su intensidad o gravedad constitutivos de persecución según lo establecido en el art. 6 de la Ley 12/2009.

Quinto.-En cuanto a la protección subsidiaria, el art. 4 de la Ley 12/2009 establece que "El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Los "daños graves" están definidos en el art. 10 de la citada norma: "Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley:

a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material;

b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante;

c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

El caso analizado no tiene encaje en ninguna de estas situaciones, sin que se haya acreditado que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado.

Por lo expuesto se desestima este motivo y con él, el recurso contencioso-administrativo en su integridad.

Sexto.-En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, las costas de este proceso, que no podrán exceder de 1.000 euros, habrán de ser satisfechas por la parte demandante.

Vistos los preceptos legales citados, y los demás de concordante y general aplicación.