Sentencia Contencioso-Administrativo 37/2023 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 4322/2022 de 27 de enero del 2023

SE ACEPTAN en su totalidad los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida en apelación, en todo lo que no contradigan los que se pasan a exponer.

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación. Alegaciones de la parte apelante.

El Concello de Vigo, como parte apelante, fundamenta su recurso de apelación en estos motivos:

1º. Este recurso forma parte de un conjunto de procedimientos que se relacionan entre sí, relativos a edificios en la DIRECCION000 (Vigo) de los que este fue el primer resuelto con carácter no definitivo, y el único en el que una persona (jurídica) no propietaria demanda defendiendo intereses ajenos a los propios. La actora consintió la firmeza de los actos municipales con respecto a los inmuebles sitos en los números NUM001 y NUM002 de la DIRECCION000 (de los que es propietaria), pero cuestiona la inclusión de los números NUM003 y NUM000, ya cuestionados y defendidos por quien dispone del mayor interés legítimo admisible en derecho, sus propietarias. En la contestación a la demanda presentada por Dña. Belen, titular del inmueble nº NUM000 de la DIRECCION000, se opone a que la mercantil demandante actúe en su nombre y representación e impugna la legitimación de la demandante.

En cuanto a la mención al interés legitimador en el escrito de conclusiones de la demandante, por referencia a la afectación derivada de la inclusión en el área prioritaria de dos edificios ajenos en relación a la expropiación, se ignora cuál sería esa afectación a los derechos expropiatorios de la actora por parte de estos dos edificios nº NUM003 y NUM000, ya que este no es el objeto del pleito y los derechos expropiatorios de cada propietario no varían en nada porque sean cuatro o seis los expropiados.

La mención a que la Administración demandada reconoció la legitimación de la empresa en sede administrativa tampoco tiene mayor contenido real: la mercantil Pontealquiler S.L. presentó una alegación en la exposición pública, la sentencia prescinde de esa concreta alegación y de lo contestado por el Concello.

En cuanto a la cita por la sentencia de la acción pública para exigir la observancia de la legislación urbanística y la defensa del patrimonio cultural, nada tiene que ver lo alegado y pretendido por la actora con la defensa de lo previsto en el Plan Especial del Casco Vello ni del BIC del conjunto histórico de Vigo, ni de ninguna norma urbanística o de patrimonio cultural. En ningún lugar del objeto social estatutario de Pontealquiler figuran tan nobles finalidades y nada tiene que ver la actuación de la demandante con las mismas.

Solicita la inadmisión del recurso por no concurrir en la recurrente en la instancia la condición de afectada por el acto impugnado.

2º. En cuanto al fondo, cuando la sentencia valora que los edificios NUM003 y NUM000 no figuraban en ninguna ARP, es obvio que es así: de lo contrario, no sería preciso adoptar el acto de modificación recurrido; y en cuanto a que el PEPRI establecía una ordenación individualizada, también lo hacía con los edificios números NUM001 y NUM002, de titularidad de la actora.

En cuanto a la afirmación por la sentencia de que el PEPRI no prevea plazos de rehabilitación de los edificios NUM003 y NUM000, solo tiene sentido porque para los edificios nº NUM001 y NUM002 sí se establecen plazos, que fueron incumplidos por la propiedad.

En cuanto a la afirmación de que no se declaró la utilidad pública ni la necesidad de ocupación, ello debe ponerse en relación con el art. 84 LSG. Respecto a la aplicación del mecanismo expropiatorio, precisamente para eso se opera la modificación aprobada, con el amparo de lo dispuesto en los arts. 4.3, 24 y concordantes de la Ley 1/2019 de Galicia.

En contra de lo que aprecia la sentencia, el PEPRI sí incluye las justificaciones para agregar los inmuebles números NUM003 y NUM000 a la ARP NUM001, porque en las respectivas fichas de ordenación pormenorizada de los edificios números NUM003 y NUM000 de la Plaza se indica textualmente "actuación uniforme na fronte da DIRECCION000", -lo que corroboró la prueba pericial, a la que la sentencia no hace mención- y estos dos edificios forman parte de dicha Plaza y del frente de la misma, no se trata meramente de edificios del "entorno".

Ciertamente que se incluyan 1, 2, 3, 4, 5 o 6 de las construcciones en una ARP es una decisión de oportunidad urbanística, ni es obligado ni contrario a derecho. Que en la aprobación del PEPRI se incluyeran 4 y se excluyan 2 no significa que no pueda (12 años después) modificarse tal decisión para que se cumpla efectivamente lo establecido en el planeamiento aplicable.

SEGUNDO: Sobre la oposición a la apelación.

La representación procesal de PONTEALQUILER S.L. se opone al recurso de apelación, alegando que:

1º.- El Concello apelante afirma que este procedimiento PO 318/2020 (JCA nº 1 de Vigo) es el único en el que la parte demandante impugna actos administrativos que no afectan directamente a los inmuebles de su propiedad, que son los situados en la DIRECCION000 núms. NUM001 y NUM002. Lo cual no es cierto, porque en el procedimiento PO 30/2021 (JCA nº 1 de Vigo) las demandantes propietarias del núm. NUM005 también impugnan expresamente el acuerdo de 22 de septiembre de 2020 por el que se amplió el área prioritaria a los edificios núms. NUM003 y NUM000.

El apelante también afirma que en el presente procedimiento PO 318/2020 consta la intervención como codemandada de la propietaria del edificio nº NUM000. Lo cual tampoco es cierto, porque dicha propietaria (Dª Belen) se apartó expresamente como parte codemandada, pues tal posición procesal era incompatible con el recurso contencioso-administrativo PO 166/2021 (JCA nº 1 de Vigo) que ha interpuesto contra el mismo acuerdo municipal, en el que defiende lo mismo que esta parte en la presente acción.

2º. La apelada defiende su legitimación, alegando que la repercusión de esta ampliación del área de actuación prioritaria a los edificios números NUM003 y NUM000, afecta a los derechos indemnizatorios en la expropiación de los otros inmuebles comprendidos en la misma, lo cual ha sido expresamente puesto de manifiesto por la arquitecta jefa del área de planeamiento y gestión de la Xerencia Municipal de urbanismo, en el informe de 20 de enero de 2021. La valoración referida al suelo - es decir, la edificabilidad lucrativa correspondiente a cada parcela de los cuatro solares iniciales- deberá ser sumada y distribuida entre las seis parcelas que ahora configuran el ámbito, según su participación en el conjunto delimitado por el ámbito de actuación prioritaria. Sobre todo, cuando la ampliación se aprobó sin todavía contar con la ordenación conjunta para la cual se expropia, que actualmente está en fase de concurso de ideas.

El trámite de exposición pública se cumplimentó mediante la publicación del acuerdo impugnado en el Boletín Oficial de la Provincia; pero el trámite de notificación personal e individualizada sólo se practicó con los propietarios de los edificios núms. NUM004, NUM001, NUM002, NUM005, NUM003 y NUM000 por estar directamente afectados.

Como en las alegaciones que esta parte presentó el 26 de noviembre de 2019 manifestó su oposición a la delimitación del área prioritaria y expropiación porque tiene la intención de edificar sus solares conforme a lo expuesto en el PEPRI, el Concello apelante le niega legitimación para alegar cualquier otro motivo de impugnación. Interpretación totalmente contraria al artículo 56.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El Concello apelante también niega a esta parte legitimación para ejercitar la acción pública porque considera que lo alegado y pretendido por esta parte no tienen nada que ver con el Plan Especial do Casco Vello, ni con el Bien de Interés Cultural del conjunto histórico de Vigo. Ello no se corresponde con la realidad.

Negar la legitimación porque en el objeto social estatutario no figura la finalidad de velar por el cumplimiento de la legislación urbanística y la defensa del patrimonio cultural es una restricción que carece del más mínimo amparo legal.

3º. En cuanto al fondo, el hecho que los edificios núms. NUM003 y NUM000 de la DIRECCION000 no figuran incorporados en ninguna área de rehabilitación prioritaria (ni siquiera en la nº NUM001 del PEPRI, en la que sí están los edificios núms. NUM001, NUM002, NUM005 y NUM003), aunque al Concello le parece intrascendente, en realidad tiene consecuencias jurídicas y urbanísticas esenciales, porque explica el motivo por el cual no impuso a los propietarios de los núms. NUM003 y NUM000 ningún deber de rehabilitación en un plazo determinado. Ambos solares ya están edificados y el PEPRI permite que queden como están, por lo que no existe ninguna justificación para incluirlos y aplicarles ningún programa de edificación forzosa.

4º. La sentencia también anula el acuerdo impugnado porque la orden de expropiación de los edificios número. NUM003 y NUM000 carece de cualquier declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación. El Concello apelante pretende que tal declaración está cubierta con el artículo 84 de la LSG y los artículos 4.3, 24 y concordantes de la Ley 1/2019 Ley 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia. Preceptos que para nada implican una supuesta declaración de utilidad pública ni necesidad de ocupación. El artículo 84 de la LSG se limita a declarar inmediatamente ejecutivos los instrumentos de planeamiento tras su entrada en vigor, pero el PEPRI -por muy ejecutable que sea- no impone a los edificios núms. NUM003 y NUM000 ninguna obligación de rehabilitación o edificación, ni los destina a ningún uso o servicio público. Y los artículos 4.3 y 24 de la Ley 1/2019 se limitan a regular las consecuencias del incumplimiento de los deberes de conservación, mejora y rehabilitación edificatoria, que los propietarios de los edificios núms. NUM003 y NUM000 no han incumplido.

El Concello de Vigo considera que la mera situación de los inmuebles en un ámbito declarado Bien de Interés Cultural (Casco Vello) conlleva la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación. Sin embargo, procede distinguir entre utilidad pública e interés social, y además apreciar si existe necesidad de ocupación.

La declaración de interés social y necesidad de ocupación requieren una concreta explicación de los usos incompatibles con la protección de la que goza el BIC, imprescindible para legitimar la intervención expropiatoria. Condición que no concurre en los edificios núms. NUM003 y NUM000 de la DIRECCION000.

5º. La Sentencia impugnada declara que el Programa de Edificación Forzosa municipal no puede servir de cobertura para la inclusión de los edificios núms. NUM003 y NUM000 en el ámbito de áreas prioritarias, porque no están sujetos a expedientes de ruina, ni consta que se haya despachado frente a sus titulares una orden de ejecución respecto de los deberes de conservación o seguridad pública, y menos aún que tal conminación haya sido incumplida.

El recurso de apelación del Concello no impugna este motivo, ni siquiera lo menciona, porque es un dato objetivo e irrefutable.

Los inmuebles nº NUM003 y NUM000 no son solares sin edificar, sino al contrario: cuentan con unas edificaciones consolidadas; que no están en situación de ruina, sino que se encuentran en buen estado de conservación (acreditado por la propia Inspección Urbanística). Tampoco son edificaciones total o parcialmente derribadas, sino que son construcciones con todo su volumen aprovechable. Tampoco son edificaciones abandonadas, sino que están en uso y permanentemente ocupadas por sus propietarios y arrendatarios.

Tampoco son edificaciones inadecuadas porque: a) tienen consumida una edificabilidad superior al 50% de la permitida en la ordenanza correspondiente; b) todo su volumen o superficie construida está destinada a uso residencial o comercial prescrito en sus respectivas fichas de ordenación del PEPRI, y c) su altura no es manifiestamente desproporcionada con la legalmente autorizada en la zona ni desmerece por su condición, clase o estado a las demás existentes en el ámbito.

6º. La mención por el PEPRI a una actuación unitaria en el frente de la DIRECCION000 es tan solo una recomendación, no una orden imperativa ni obligación, y no justifica ni puede dar pie a una expropiación. Para ello sería necesario modificar las determinaciones del PEPRI.

El artículo 95.1 de la LSG y el artículo 221.1 del RLSG establecen que la ejecución del planeamiento requiere, en todo caso, la aprobación definitiva del planeamiento que contenga la ordenación detallada. Pero el Concello ha infringido estos preceptos porque, primero, ha ampliado la delimitación de un área prioritaria a efectos de expropiación, y posteriormente ha tramitado un concurso de proyectos para determinar la finalidad de aquella ampliación y expropiación.

7º. Además, en su recurso de apelación, conclusiones y contestación a la demanda el Concello apelante no ha negado, ni discutido, ni se ha opuesto a los restantes motivos de impugnación esgrimidos por esta parte en la demanda, pudiendo el tribunal « considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales".

Se refiere el apelado a:

-el artículo 27.b) de la Ley 1/2019, de 22 abril , de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia, en relación con su aseveración de que el acuerdo del Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de 22 de septiembre de 2020, y el anterior de 10 de marzo de 2020, no incorporan ninguna valoración de los terrenos, edificaciones y derechos afectados en la DIRECCION000 nums. NUM004, NUM001, NUM002, NUM005, NUM003 y NUM000;

- el artículo 27.d) de la Ley 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia también establece que la declaración de incumplimiento « Advertirá expresamente si habilita o no para que el ayuntamiento inste la declaración del inmueble en estado de abandono prevista en el capítulo III del título IV»,. Sin embargo, el acuerdo del Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de 22 de septiembre de 2020, ni el anterior de 10 de marzo de 2020, no advierten expresamente si habilitan o no para que el Concello inste la declaración de los inmuebles en estado de abandono.

TERCERO: Sobre la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

Los alegatos en los que la parte apelante funda su pretensión de que sea revocada la sentencia para declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo cuestionan la legitimación activa de la demandante, por no ser la propietaria de los inmuebles que se pasan a incluir en el área de actuación prioritaria en virtud del acto recurrido. Sin embargo, las tres razones ofrecidas por la sentencia para justificar la legitimación de la recurrente no han sido desvirtuadas.

Así, en primer lugar, hay que tener en cuenta que se invocó por la demandante que al ser propietaria de inmuebles (los números NUM001 y NUM002 de la DIRECCION000) en el área prioritaria en la que se pasan a incluir dos inmuebles más, esa ampliación del ámbito de esa área supondrá una afectación de sus derechos en el expediente expropiatorio. No cabe prejuzgar en este procedimiento cuál será el real alcance de esa afectación, pero lo cierto es que la tramitación de dicho expediente expropiatorio, de mantenerse el acuerdo recurrido, tendría un alcance material más amplio, comprendiendo los dos inmuebles que se pasan a incluir en esa área. La demandante argumenta que " la valoración referida al suelo - es decir, la edificabilidad lucrativa correspondiente a cada parcela de los cuatro solares iniciales- deberá ser sumada y distribuida entre las seis parcelas que ahora configuran el ámbito, según su participación en el conjunto delimitado por el ámbito de actuación prioritaria. Sobre todo, cuando la ampliación se aprobó sin todavía contar con la ordenación conjunta para la cual se expropia, que actualmente está en fase de concurso de ideas."

Sin que nos corresponda en este momento anticipar ningún cálculo sobre la eventualidad suscitada por la recurrente, lo cierto es que el expediente expropiatorio que afecta a los inmuebles de la recurrente tendría como consecuencia del acto recurrido un ámbito material más amplio, y además la inclusión en el área prioritaria de dos edificios más se fundamenta en la recomendación contenida en el PEPRI de una actuación conjunta en una serie de inmuebles, entre los que se incluyen los de la actora, y el ámbito de esa actuación conjunta pasa a incrementarse por el acto recurrido, incluyendo otros inmuebles, por lo que a priori no se puede descartar una afectación a la esfera de intereses de la recurrente, aunque el acto recurrido se refiera en puridad a la inclusión en el área prioritaria de inmuebles pertenecientes a terceros, y ello porque no es discutido que la recurrente es propietaria de inmuebles ya incluidos anteriormente en dicha área prioritaria.

Por otra parte, y como segundo argumento, no se desvirtúa por el Concello apelante que la Administración municipal ha considerado a la entidad mercantil recurrente en la instancia como interesada en la tramitación conducente al acto recurrido, como afectada directamente por dicho acto, al haberle cursado una notificación individual en esa condición. Ese reconocimiento de la legitimación en vía administrativa por parte de la Administración priva a ésta de la posibilidad de cuestionar ahora este extremo.

Finalmente la acción pública en materia urbanística y de protección del patrimonio cultural también prestaría cobertura a la legitimación de la recurrente, vista la normativa cuya infracción fundamentó la demanda: el PEPRI Casco Vello, los artículos 95 136 y 137.2 de la Ley 2/2016 del Suelo de GALICIA SG, el artículo 337.3 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia y los artículos 24 y 27 de la Ley 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia, y los artículos 7 y 8 de la Ordenanza Municipal de Registro de Solares de Vigo.

Ya en su escrito de conclusiones la parte actora ponía de manifiesto que la propia Administración demandada invoca que el área de actuación prioritaria comprendida por los edificios núms. NUM004, NUM001, NUM002, NUM005, NUM003 y NUM000 de la DIRECCION000 se encuentra, a su vez, dentro del conjunto histórico de Vigo declarado Bien de Interés Cultural por el Decreto 136/2006, así como dentro del Plan Especial de Protección del Casco Vello (PEPRI). Y en relación con ello invocaba que " Siendo esto cierto, también lo es que el artículo 5.3 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo , del patrimonio cultural de Galicia establece que: « Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, en el cumplimiento de lo previsto en esta ley, está legitimada para actuar ante la Administración pública de la Comunidad Autónoma en defensa del patrimonio cultural de Galicia".

Por otra parte, al pretenderse la exigencia de aplicación del planeamiento especial, no se puede negar el encuadre de la acción ejercitada efectuado por la sentencia de instancia, que no solo cita el art. 5.3 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, sino que recuerda que es pública la acción para exigir jurisdiccionalmente la observancia de la legislación urbanística y de los instrumentos de ordenación territorial ( arts. 5.f y 62 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana).

En atención a lo expuesto, no se aprecian razones para negar la legitimación de la actora para la interposición de su recurso, sin perjuicio de la legitimación de los propietarios de los inmuebles que se pasan a incluir en el área prioritaria para efectuar también esa impugnación. En cuanto al hecho alegado de que esos propietarios contestaron a la demanda, en realidad hay que tener en cuenta que al ponerse de manifiesto su interés contrapuesto al del Concello y su voluntad de recurrir tal acuerdo, los mismos se apartaron del procedimiento.

CUARTO: Sobre el fondo del asunto.

El acuerdo impugnado implica la inclusión de dos inmuebles, el nº NUM003 y NUM000 de la DIRECCION000, en el área prioritaria conformada por los edificios sitos en dicha plaza en los números NUM004, NUM001, NUM002 y NUM005.

En contra de lo que alega el apelante, debemos concordar con la sentencia de instancia en la apreciación de que el PEPRI no incluye justificaciones suficientes para la inclusión de estos inmuebles en dicha área. La mera alusión a una recomendación de actuación conjunta en el frente de la Plaza, en las fichas de los edificios NUM003 y NUM000, no puede prestar amparo a la modificación, por el acto recurrido, de la ARP-7, cuando esta aparece en el PEPRI con una concreta delimitación, que no incluye a esos edificios, los cuales cuentan con unas fichas de ordenación con un régimen individualizado y separado del área de rehabilitación prioritaria.

Si el propio PEPRI excluye a estos edificios números NUM003 y NUM000 del área de rehabilitación prioritaria, y establece en sus fichas una ordenación autónoma, difícilmente puede bastar la mera invocación del PEPRI para acordar la modificación del área conformada por los edificios que propio PEPRI decidió incluir en la misma, al objeto de ampliarla con otros edificios que el PEPRI decidió no incluir en tal área.

Piénsese en los relevantes efectos derivados de esa inclusión de tales edificios en el ARP-7, al legitimar la incoación de expedientes expropiatorios sobre los mismos. Ese efecto, derivado de la inclusión en un área de rehabilitación prioritaria, conceptuada por el PEPRI como áreas muy degradadas del Casco Vello en las que urge acometer procesos de rehabilitación o de nueva edificación para su revitalización, se justifica por el hecho de que es el propio PEPRI el que establece la delimitación de siete áreas de rehabilitación prioritaria, disponiendo los efectos jurídicos de esa delimitación:

-establecimiento de un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor del PEPRI para el cumplimiento del deber de rehabilitar o edificar,

-establecimiento de un plazo de 6 meses, desde la entrada en vigor del PEPRI, para que los propietarios de los inmuebles incluidos en esas áreas soliciten la preceptiva licencia urbanística aportando el correspondiente proyecto técnico ajustado a las condiciones del PEPRI. Transcurrido dicho plazo sin que se solicite esa licencia urbanística, la Administración podrá expropiar los inmuebles a fin de asumir la rehabilitación o edificación.

En este caso es evidente que, ante la falta de inclusión de los inmuebles números NUM003 y NUM000 en el ARP-7 definida por el PEPRI, los propietarios de los mismos no se vieron sujetos al plazo de 6 meses desde su entrada en vigor para solicitar licencia. Como afirma la sentencia apelada, no se preveía respecto a tales inmuebles la sujeción a unos plazos en que tuviesen que presentarse proyectos de rehabilitación ni licencias, presumiblemente porque ya se encontraban completamente terminados y en uso, tanto residencial como comercial. En consecuencia, no se puede legitimar el efecto derivado del acto recurrido, porque ni ha habido declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos, ni en puridad sujeción previa a un determinado deber de solicitud de licencia en un determinado plazo anteriormente establecido.

Por ello, debemos convenir con la sentencia apelada que " Las mejoras en el entorno para atender a su armonización pueden ser loables e incluso convenientes, pero para su consecución será preciso comenzar por introducir modificaciones puntuales en el Plan Especial y, a partir de su aprobación, materializarlo. Ya en el apartado de observaciones se contenía, realmente, una recomendación de esas características, pero tendrán que plasmarse en el instrumento urbanístico adecuado".

Conviene puntualizar además que la regulación de los Programas de Edificación Forzosa tampoco presta amparo al acto recurrido. A este respecto no se desvirtúa por el apelante que los inmuebles que se pasan a incluir en el área prioritaria ni están sujetos a expedientes de ruina, ni consta que se haya despachado frente a sus titulares una orden de ejecución respecto de los deberes de conservación o seguridad pública y menos aún que tal conminación haya sido incumplida. Tampoco se acredita -ni se alega- que se trata de edificaciones derruidas, abandonadas o definidas como inadecuadas respecto de ciertos parámetros urbanísticos.

En atención a lo expuesto, la inclusión de los inmuebles nº NUM003 y NUM000 en un área de actuación prioritaria previamente definida por el PEPRI -con una delimitación que los dejaba fuera del mismo-, con los efectos expropiatorios asociados a esa inclusión, sin haber antes modificado el PEPRI y sin que se hubieran establecido plazos para que los propietarios hubiesen solicitado las oportunas licencias, y sin que por tanto haya ni incumplimiento de deberes urbanísticos por parte de esos propietarios, ni definición de la causa expropiandi y de la necesidad de ocupación en el planeamiento -que no se modificó- ni en ningún otro instrumento o acuerdo, supone una actuación contraria al PEPRI y carente de amparo normativo, sin que ninguno de los preceptos invocados por la parte apelante justifique dicho acuerdo:

-El artículo 84 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia se refiere a la ejecutividad del planeamiento, pero en este caso el planeamiento no se modificó y no incluye a los inmuebles NUM003 y NUM000 en el área de rehabilitación prioritaria, por lo que de dicha ejecutividad no se desprende ninguna cobertura a un acuerdo que lo que hace precisamente es modificar la delimitación del área definida previamente por el PEPRI.

-Los artículos 4.3, 24 y concordantes de la Ley 1/2019 de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia, determinan que el incumplimiento de los deberes de conservación, mejora, rehabilitación edificatoria o regeneración y renovación urbanas habilitará a la Administración municipal, para la ejecución subsidiaria de las obras o labores pertinentes, así como para la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas o expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, sin perjuicio de otras medidas que se contengan en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, pero como se ha expuesto no hay en este caso incumplimiento acreditado de tales deberes de conservación, mejora, rehabilitación edificatoria o regeneración y renovación urbanas, y no hay acto previo que declare ese incumplimiento; y en cuanto al art. 24 de dicha ley, es cierto que menciona la expropiación forzosa como mecanismo ante el incumplimiento de las obligaciones de propietarios de realizar las obras de edificación, conservación y rehabilitación en los plazos y condiciones previstas en las leyes, especialmente en aquellas que contemplan los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en los instrumentos de planeamiento y, en su caso, en los instrumentos de gestión y órdenes de ejecución que los recojan, pero en este caso la falta de declaración de tal incumplimiento impide legitimar el efecto derivado del acto recurrido, como se encarga de precisar el art. 24.3 de la Ley 1/2019, que establece que tanto para la expropiación forzosa como para le venta forzosa será requisito previo la declaración por el ayuntamiento, de oficio o a solicitud de la persona interesada, del incumplimiento de que se trate por resolución expresa que así lo acredite, requisito que no se cumple en este caso.

En el recurso de apelación se hace referencia a la sentencia de esta Sala dictada en el recurso de apelación 4093/2021 , pero en aquel caso, a diferencia del presente, se consideró conforme a derecho la actuación municipal de inclusión en el Programa de Edificación Forzosa de una parcela "vista la situación prolongada de ruina en el tiempo (que no es controvertida)", ponderando además en aquel caso que "es indudable el excesivo tiempo en que la parcela edificada no se ha mantenido en las debidas condiciones de seguridad y ornato, así como la necesidad de diversas órdenes municipales de ejecución para la adopción de medidas urgentes de seguridad, incluso la imposición de una multa coercitiva, lo que dista de un comportamiento de la recurrente que pueda calificarse de diligente", sumado al hecho de que el "colapso final del edificio, (...) es la mejor evidencia de la corrección de la apreciación por la sentencia de la falta de diligencia de la actora, al menos en cuanto a la conservación material del edificio en las condiciones mínimas de seguridad".

Además, en el caso resuelto por aquella sentencia, la resolución administrativa recurrida ni acordaba la inclusión en el Registro de Solares ni tampoco declaraba ningún incumplimiento del deber de emprender la edificación ni tampoco acordaba ninguna orden de ejecución ni su ejecución forzosa, limitándose a hacer uso de la posibilidad prevista en la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza reguladora del Registro de Solares y terrenos sin edificar, aprobada definitivamente el 30 de mayo de 2018, en cuanto a la aprobación de programas de edificación forzosa, cuya única virtualidad es delimitar áreas prioritarias a efectos de edificación, en las cuales, si se incumplen los deberes de edificar, se podrá acudir al procedimiento expropiatorio, aclarando la sentencia los efectos del acto recurrido en estos términos:

" El punto 5 del Anexo de la resolución recurrida se refiere al procedimiento administrativo que se deberá seguir -después de la resolución de aprobación del Programa- en relación con las parcelas que se incluyen en el Programa de Edificación Forzosa como área de actuación prioritaria para, una vez transcurridos los plazos que establece el referido programa "para solicitar licenza de edificación sen que as persoas propietarias dos mesmos a tiveran solicitado, ou ben finalizado o prazo establecido na licenza para finalizar as obras autorizadas", poder proceder a la inclusión en el Registro de Solares, con las consecuencias asociadas a esa inclusión (que no se decretan por el acto recurrido, que es un mero paso previo, de delimitación de áreas prioritarias en la que, previa la tramitación correspondiente, se podrá proceder a esa inclusión). Y por ello dice con claridad ese Punto 5:

5. PROCEDEMENTO A SEGUIR UNHA VEZ TRANSCORRIDOS OS PRAZOS ESTABLECIDOS PARA EDIFICAR.

Transcorridos os prazos que establece o presente programa para solicitar licenza de edificación sen que as persoas propietarias dos mesmos a tiveran solicitado, ou ben finalizado o prazo establecido na licenza para finalizar as obras autorizadas, esta administración procederá consonte ao seguinte procedemento administrativo:

1º.- Inicio do procedemento de declaración de incumprimento do deber de edificar, con audiencia ás persoas titulares do correspondente inmoble.

2º.- Resolución das alegacións presentadas e resolución definitiva da declaración de incumprimento do deber de edificar.

3º.- Declarado o incumprimento do deber de edificar iniciarase o procedemento de inclusión da parcela no Rexistro de Soares, con audiencia a cantos interesados houbera.

4º.- Resolución sobre a procedencia de inclusión do inmoble no Rexistro Municipal de Soares, previa resolución das alegacións e das probas correspondentes, e previo informe técnico e xurídico municipal. Comunicación ao Rexistro da Propiedade unha vez sexa firme esta resolución.

5º.- Inicio do expediente de valoración do inmoble con audiencia.

6º.- Determinación do procedemento de edificación forzosa: venda forzosa ou expropiación. Os procedementos de venda forzosa e expropiación tramitaranse consonte á lexislación vixente de aplicación a cada procedemento.

En aquel caso, la aprobación del Programa de Edificación tenía como consecuencia que, una vez transcurridos los plazos que establecía el programa para solicitar licencia de edificación " sen que as persoas propietarias dos mesmos a tiveran solicitado, ou ben finalizado o prazo establecido na licenza para finalizar as obras autorizadas" , la Administración iniciaría el procedimiento de declaración de incumplimiento del deber de edificar, y una vez resuelto este procedimiento, con esa declaración, iniciaría el procedimiento de inclusión de la parcela en el Registro de Dolares, y solo una vez resuelto ese procedimiento se iniciaría el expediente de valoración y la determinación del procedimiento de edificación forzosa: venta forzosa o expropiación.

En cambio, en el presente caso los efectos jurídicos del acto recurrido son distintos, acordándose modificar un área de rehabilitación prioritaria definida en el PEPRI, para incluir dos inmuebles más, pero sin que los propietarios de los mismos hubieran estado sujetos antes a ningún plazo para edificar o rehabilitar o solicitar licencia urbanística, a diferencia de los propietarios de los inmuebles incluidos en esa área de rehabilitación prioritaria definida por el PEPRI. Y obviando la diferente situación jurídica de unos y otros, y que por tanto los propietarios de los inmuebles nº NUM003 y NUM000 no estuvieron sujetos a un deber de edificación o rehabilitación en un determinado plazo desde la entrada en vigor del PEPRI, se pasa a ampliar el ámbito de esa ARP y legitimar directamente el efecto expropiatorio, encomendando al Área de Desenvolvemento urbanístico la incoación y tramitación del expediente expropiatorio, cuando en ningún plazo anteriormente establecido estuvieron sujetos al cumplimiento de ningún deber urbanístico cuyo incumplimiento pudiera justificar la incoación de expediente expropiatorio.

En consecuencia, se trata de supuestos de hecho distintos y de actos con consecuencias jurídicas diferenciadas, por lo que no son extrapolables las conclusiones de aquella sentencia de esta Sala dictada en el recurso de apelación 4093/2021, ya que el efecto expropiatorio que se deriva del acto impugnado hubiera requerido la tramitación de un procedimiento conducente a la modificación formal del PEPRI.

En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, confirmando la sentencia apelada.

QUINTO: Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA en los recursos de apelación las costas se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que se aprecie, razonándolo debidamente, la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

La desestimación del recurso de apelación determina la imposición de las costas procesales a la parte apelante, con el límite máximo total de 1.000 euros.