Sentencia Contencioso-Administrativo 36/2024 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 207/2022 de 28 de febrero del 2024

PRIMERO. -Objeto del juicio; pretensiones y argumentos de las partes.

I/ Se impugna ante este órgano jurisdiccional la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución 181/2021, de 3 de agosto, de la directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por la que se aprobó la lista de aspirantes seleccionados por cuerpo, especialidad e idioma, del proceso selectivo aprobado por la Resolución nº 8/2019, de 26 de diciembre (ingreso, acceso y de adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria; ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra).

También se recurre la inadmisión expresa de dicha alzada (Orden Foral 148E/2022, de 12 de agosto, del Consejero de Educación del Gobierno de Navarra), y la desestimación de la reclamación formulada por la ahora recurrente el 13/9/2021.

Las resoluciones recurridas, respectivamente:

1.- dejan a la recurrente fuera de los seleccionados en la primera fase de dicho proceso selectivo (la recurrente es la primera en puntuación de los no aprobados; la especialidad en la que se presentó fue Biología y Geología en euskera),

2.- inadmiten su recurso de alzada contra dicha lista de aprobados de la primera fase, y

3.- desestiman su reclamación de revisión de puntuaciones a Severiano.

II/ Pretende la recurrente que dicte sentencia la Sala por la que , "con estimación íntegra del recurso, se declare:

1º.-La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos impugnados, o subsidiariamente su anulabilidad, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, dejándolos sin valor ni efecto alguno.

2º.-El reconocimiento de la situación jurídica individualizada de mi representada en los términos que se han detallado en el Fundamento de Derecho VI de esta demanda, y en su caso con las especificaciones señaladas en el Fundamento de Derecho VII.

3º.-La condena a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

4º.-La condena en costas a la demandada."

En el fundamento VI se solicitaba la declaración de no superación del ejercicio por parte de Severiano, con la atribución de la puntuación que la actora considera correcta, y la correlativa inclusión de la actora en la lista de aprobados de la primera fase (en el número 15, último), con su derecho a realizar las prácticas y ser nombrada funcionaria (especialidad de Biología y Geología en euskera) caso de superarlas; el fundamento VII precisaba que todo lo anterior procedía sin afectación del resto de aprobados.

La demanda relata primero una serie de antecedentes procesales, de los que destaca la puntuación lograda por la recurrente en la parte A (5'7006 puntos, folio 16 del expediente administrativo) y su ordenación, tras la baremación y ponderación correspondiente según las bases, en el puesto 16, la primera de los no aprobados de la primera fase (5'9232 puntos, folio 120 del expediente); por otro lado, destaca también la mención a la puntuación lograda por Severiano en la parte A (4'9064 puntos, folios 105 del expediente administrativo), que le llevó a superar la primera fase con el número 12 (6'2964 puntos, folio 77 del expediente administrativo).

Según la actora, la puntuación de este aspirante en la parte A de la primera prueba fue obtenida por error aritmético, porque la media de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los cuatro miembros del tribunal calificador arrojaba 4'8205 puntos, y no los 4'964 antes citados. De ahí deducía que el error terminaba teniendo consecuencias en la lista de aprobados, porque determinaba que dicho aspirante no debiera superar la primera fase del proceso selectivo, y que la actora, correlativamente, sí, ya que era la primera de los no aprobados y la puntuación correcta -según la actora- de Severiano llevaría a éste por debajo de la puntuación de la actora, y a la actora al número 15, el último de los aprobados.

Explica que con fecha 26/07/2021 se publicó también la lista comprensiva de la agregación de las puntuaciones de las fases de concurso y oposición de la citada Especialidad (a los folios 119 y 120 del expediente), con puntuaciones idénticas salvo una diezmilésima de la actora, sin relevancia (5'9321 puntos). No formuló recurso contra dicha lista de agregación.

Cuando se publicó la resolución recurrida 181/2021, de 3 de agosto, manifiesta la actora haber solicitado cita para examen del expediente (folios 85 y 86, día 11 de agosto), concedida para el 6 de septiembre, más allá del plazo legal de la alzada. Examinado su expediente, y tras "haber tenido conocimiento oficioso" de algún error de cómputo, solicitó nueva cita el 8 de septiembre, siendo concedida para el 10 del mismo mes (folios 87 y 88 del expediente), y permitiendo la comprobación del error aritmético arriba denunciado; después interpuso el mismo día la alzada y la reclamación citadas (13 de septiembre de 2021), con complemento del recurso de alzada (folios 51 a 75 del expediente) en el que interesaba reconocimiento de la situación jurídica de la recurrente.

Finalmente, narra que con ocasión del complemento de expediente, la Administración incluyó dos informes que mencionaban la existencia de un error informático: el primero, de 30 de noviembre de 2021 (del tribunal calificador 1), consta de dos versiones distintas y dos firmas distintas; el segundo, de 14 de febrero de 2022, del Sección de Procedimientos de Selección del Departamento de Educación.

A continuación, realiza un resumen de las bases de la oposición y de su caracterización como ley del proceso selectivo (aquí concurso-oposición), justificando con ellas el resultado que defiende; en especial, tiene relevancia la base 7ª, epígrafe 1.3, que regula la calificación final de la fase de oposición, y la base 8ª, epígrafe 1, que regula la superación de la fase por orden de puntuación igual o menor al número de plazas convocadas (fueron 15).

Formula los siguientes motivos para basar su demanda, sin olvidar los antedichos fundamentos VI y VII:

1.- Nulidad o anulabilidad de los actos recurridos: carácter temporáneo de la alzada y la reclamación, y ausencia de plazo para rectificación de error material.

2.- Nulidad o anulabilidad de los actos impugnados: legitimación de la actora para recurrir en alzada y para solicitar la revisión de puntuación del otro aspirante.

3.- Nulidad o anulabilidad de los actos: infracción del principio de rectificación en cualquier tiempo de los errores materiales, de hecho o aritméticos, con incidencia en el artículo 23.2 de la CE.

4.- Nulidad o anulabilidad de los actos: infracción de los principios de transparencia y de motivación ( arts. 13.d y 35.2 de la LPAC).

III/ Se opone la Comunidad Foral de Navarra.

Comienza su alegato con el repaso de los antecedentes procesales, destacando el contenido de la base 7ª, epígrafe 1.3, así como de la resolución recurrida de 3 de agosto de 2021, el recurso de alzada de 13 de septiembre y su complemento de 2 de noviembre del mismo año. Observa que en el complemento de expediente se puede ver que la media de las calificaciones otorgadas al aspirante Severiano es de 4'9064, por lo que la decisión es correcta.

Tras delimitar la cuestión debatida a la inadmisión del recurso de alzada y la corrección de esta resolución expresa, la demandada divide sus alegaciones en los siguientes motivos:

1.- Corrección de la inadmisión del recurso de alzada.

2.- Inexistencia de error en las puntuaciones del opositor Severiano.

3.- Ausencia de vulneración del principio de transparencia o del de motivación.

IV/ Las alegaciones de Severiano comienzan con la puesta de manifiesto de los antecedentes que juzga relevantes (composición de los Tribunales y calificación final; bases 6ª y 7ª.1.3; desarrollo del proceso selectivo y posibilidad de reclamación; ausencia de solicitud de suspensión del plazo de la alzada o de interposición con otrosí de complemento cuando se tuviera acceso al expediente; puntuaciones de Severiano y problemas de simplificación de la vista del expediente; Orden Foral recurrida, contencioso y demanda).

Tras ello, coincide con la demandada en la extemporaneidad de la alzada (subrayando la falta de solicitud suspensiva o de otrosí mencionados en el anterior párrafo). Y en cuanto al fondo, también comparte la existencia de un problema de visualización, atribuible al Tribunal de Coordinación, no al Calificador, como se desgranará en el fundamento correspondiente; niega la existencia de un error material, de hecho, o aritmético, y subraya que las notas han permanecido invariables.

SEGUNDO. - Normativa aplicable.

Establece el artículo 122.1 de la Ley 39/2015 lo siguiente:

"El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos."

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 109.2 de la misma ley,

"2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."

Según el artículo 13.d de la misma norma,

"Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

(...)

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico."

Finalmente, el contenido del artículo 35.2 de la citada ley es el que a continuación se transcribe:

"La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte".

TERCERO. - Jurisprudencia.

La STS 755/2020, de 11 de junio, aborda una inadmisión de la alzada en un proceso selectivo, desestimando el recurso con brevedad por la legalidad de la decisión.

Y la STS 710/2023, de 25 de mayo, conecta la posibilidad de examen del expediente con la indefensión eventualmente causada:

"...tiene razón la recurrente al afirmar que se le debió permitir el acceso a los exámenes y actas individualizadas para poder formular su recurso de alzada con todas las garantías. Así lo hemos declarado en reiteradas ocasiones en jurisprudencia consolidada en materia de oposiciones y concursos, que la recurrente invoca.

En todo caso, para acarrear la nulidad de la resolución del recurso de alzada la actora tendría que haber acreditado que dicho desconocimiento le hubiera causado una efectiva y real indefensión, por impedirle defender sus derechos e intereses eficazmente ante el órgano administrativo, lo que no ha sido así, puesto que de una u otra manera la recurrente ha tenido conocimiento de los extremos necesarios para su defensa, tal como se infiere de su recurso de alzada, en el que hace concretas referencias al contenido de los dictámenes de otros aspirantes, estableciendo la correspondiente comparación con el suyo."

Por otro lado, en la STSJ de Navarra nº 246/2022, de 21 de septiembre, se hace referencia a la posición del Tribunal Supremo sobre el error material, en los siguientes términos:

"...Pues bien, tal y como ha señalado una abundantísima jurisprudencia, entre otras STS de 29 de marzo de 2012, RC 2416 / 2009 y 24 de junio de 2015 (rec. 2256/2014 ) en las que se cita una copiosa jurisprudencia ( STS de 18 de junio de 2001, recurso de casación 2947/1993 , con cita de las sentencias de 18 de mayo de 1967 , 15 de octubre de 1984 , 31 de octubre de 1984 , 16 de noviembre de 1984 , 30 de mayo de 1985 , 18 de septiembre de 1985 , 31 de enero de 1989 , 13 de marzo de 1989 , 29 de marzo de 1989 , 9 de octubre de 1989 , 26 de octubre de 1989 , 20 de diciembre de 1989 , 27 de febrero de 1990 , 23 de diciembre de 1991, recurso núm. 1307/1989 , 16 de noviembre de 1998, recurso de apelación número 8516/1992), para que su viabilidad sea posible, esa rectificación de errores requiere lo siguiente:

"[...] es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:

1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;

2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;

3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables;

4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;

5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica);

6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobres bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión ."

El procedimiento de rectificación, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 (EDL 1992/17271) (actualmente art. 109.2 Ley 39/2015 (EDL 2015/166690 ), no puede proyectarse más allá de los objetivos fijados por la naturaleza de esa institución, pues, de lo contrario, el sistema de seguridad jurídica queda en entredicho, ya que permitiría rectificar en cualquier momento resoluciones administrativas firmes. Por ello, dicha previsión debe aplicarse con lo que la jurisprudencia califica de "hondo criterio restrictivo" no solo cuando la rectificación se realiza de oficio por parte de la Administración, para introducir cambios en sus resoluciones sin acudir al procedimiento de revisión de oficio o declaración de lesividad, sino también cuando dichos cambios se instan por los particulares pretendiendo rectificar resoluciones administrativas fuera de los cauces y de los plazos marcados para entablar los recursos administrativos y/o judiciales correspondientes.

Así pues, y en conclusión, la utilización de esta vía para rectificar resoluciones administrativas firmes ha de ser excepcional y tan solo cabe invocarla cuando se trata de rectificar equivocaciones patentes, claras y elementales, y que tales equivocaciones han de ser apreciables sin necesidad de acudir a interpretaciones jurídicas y han de poder serlo también teniendo en cuenta exclusivamente los datos que figuran en el expediente administrativo correspondiente.

En sentido análogo se pronuncia la SSTS 1356/2018, de 24 de julio de 2018 ( RC 2665/2016 ), remitiéndose a la sentencia del mismo Tribunal de 15 de febrero de 2016 , que a su vez recoge la Sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil , la cual expuso que "no puede, pues, calificarse como error material de un acto administrativo, cuando la rectificación del mismo, implique un juicio valorativo, o cuando represente claramente una alteración del sentido del acto, de tal modo que si la rectificación implica en realidad, un sentido y alcance contrario o diferente del acto originario, modificando su contenido en la descripción y valoración de datos, la rectificación se convierte en realidad en revocación de oficio que requiere el procedimiento especifico de los arts. 109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo , sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero ) y 25 de mayo de 1990 , 16 de noviembre de 1998 ) y 9 de diciembre de 1999 ".

CUARTO. - Inadmisión del recurso de alzada; extemporaneidad y falta de legitimación; posiciones de las partes y juicio de la Sala.

I/ La actora formula dos motivos separados que serán abordados conjuntamente. En el relativo a la extemporaneidad, la actora reitera los actos señalados como antecedentes en el fundamento primero de esta sentencia, y se pregunta por la razón de la inadmisión en este procedimiento y la desestimación -entrando al fondo, por tanto- en el procedimiento que dio pie al PO 272/2022 de esta Sala, también derivado de un proceso selectivo, aunque distinto al que ahora nos ocupa.

Entiende que se debe a una anormalidad en la actuación administrativa, subraya la imposibilidad de acceso y consulta al expediente como causa de la procedencia de la admisión de su alzada (es decir, como óbice al art. 116.d de la LPAC), y se remite a la STSJ de Navarra de 6 de marzo de 2019, recaída en el recurso nº 174/2018 de la cual destaca la siguiente oración: "Lo cierto también es que, la vista del expediente debió hacerse antes del recurso de alzada, y no habiéndolo hecho así, ello no le puede parar perjuicio a la aspirante".

Por lo que se refiere a la falta de legitimación, la demandante recuerda la aplicabilidad de la Ley 39/2015 según la base 1ª de la convocatoria ( arts. 4, 112, 116 y 121 de dicha ley), y también el contenido de la 7ª, 8ª y 15ª, de las que se deduce sin dificultad que la demandante es "interesada" a los efectos de un posible recurso administrativo.

Trae a colación la posición sentada al respecto por el Tribunal Supremo (por todas, la STS 19 de junio de 2013, recaída en el recurso 860/2012), y con reflejo en la STSJ de Navarra 1 de diciembre de 2020 (recurso 299/2020), entre otras sentencias, sobre el concepto amplio de legitimación e interés, beneficio y perjuicio.

II/ La parte demandada distingue entre la falta de legitimación -para lo que se remite a la resolución de inadmisión- y el carácter extemporáneo de la alzada.

Sobre esta segunda cuestión, recuerda las alegaciones de la actora, y las rechaza con alusión al artículo 122 de la Ley 39/2015 y el plazo mensual de la alzada, de caducidad, no susceptible de ampliación ( STSJ de Madrid de 17 de junio de 2008), y por ello no afectado por la solicitud de acceso al expediente; solución distinta afectaría a la seguridad jurídica, especialmente en procesos selectivos.

En lo tocante a la comparación con el procedimiento ordinario 272/2022 seguido ante esta Sala, niega la identidad de términos, porque en ese caso la alzada fue presentada dentro de plazo, interesando en el otrosí el acceso a la documentación correspondiente, y se solicitaron posteriormente complementos del recurso.

Niega que nos hallemos en el ámbito de aplicación del artículo 109.2 de la LPAC, porque no hay error aritmético, y si lo hubiera, no sería manifiesto. Llama la atención sobre el contenido de las actas (documento 1 del complemento; "puntuaciones"), de las que se deduce la participación de los 5 miembros del tribunal en todo el proceso selectivo. Y añade que de cualquier forma, tampoco habría podido emplearse el cauce del error para modificar el contenido del acto vistas las consecuencias eliminatorias para el otro aspirante.

Finalmente, también rechaza la alegación sobre la sentencia de esta Sala de 6 de marzo de 2019, recaída en el recurso 174/2018, porque abordaba una cuestión distinta (puesta de manifiesto del expediente antes de la alzada, en relación con la modificación posterior de pretensiones).

En cuanto a la codemandada, nos remitimos al FJ 1º IV, donde se expresan sus alegaciones, sustancialmente coincidentes con la demandada.

III/ En lo tocante a la extemporaneidad del recurso de alzada, debe partirse de la ausencia de controversia, en esta cuestión como en casi todas del recurso -si no en todas, como se verá- sobre los datos fácticos que operan como base para la decisión.

Así, la actora no discute el carácter extemporáneo de su recurso: confiesa que el recurso fue presentado fuera de plazo (la resolución recurrida es de 3 de agosto de 2021, y el recurso fue presentado el 13 de septiembre del mismo año), pero lo entiende justificado por la imposibilidad de acceso previo al expediente, solicitada antes del vencimiento del plazo mensual (el 11 de agosto).

Acudiendo al texto del artículo 122 de la LPAC, arriba transcrito (en relación con el 116.d), no hallamos soporte para tal interpretación. Es cierto que lo deseable sería disponer de todo el material documental correspondiente con carácter previo a la interposición de la alzada. En esa dirección, la jurisprudencia del TS, arriba mostrada. Pero la falta de disposición de dicho material, pese a que pueda llegar a tener después incidencia en el posible efecto generador de indefensión, no puede operar previamente como causa de interrupción o suspensión de los plazos legales de la alzada, que son obligatorios para la Administración y para los interesados ( artículo 29 de la Ley 39/2015). Máxime cuando no alega la actora haber recurrido la fecha concedida, solicitado suspensión del plazo o solicitado fecha distinta, dentro de plazo, para la vista del expediente (páginas 7 y 8 de la demanda).

Nótese que la ahora recurrente no tuvo reparo en interponer, ya el 2 de noviembre de 2021, complemento del recurso de alzada de 20 páginas (el escrito originario de 13 de septiembre tenía 2). Sin entrar en la corrección y admisibilidad de tal proceder, se apunta para ilustrar, paralelamente, acerca de la posibilidad de interponer el recurso de alzada de modo temporáneo, y de realizar después alegaciones complementarias si es que la vista posterior del expediente lo justifica, sin que puedan -aquí y entonces sí- perjudicar a la recurrente las mutaciones de posición que se deriven de dicho examen documental.

Es en tal sentido, y no en el pretendido, en el que razona la sentencia de esta Sala que la actora esgrime (de 6 de marzo de 2019; recurso 174/2018). La interpretación propugnada por la actora, por último y como denuncia la demandada, es insostenible desde la perspectiva de la seguridad jurídica ( art. 9.3 de la Constitución), especialmente en procesos selectivos.

A lo expuesto se añade la falta de desarrollo de una posible indefensión sufrida. No hay más referencias en la demanda que la siguiente oración en la página 24: "lo anterior permite descartar ninguna extemporaneidad en la interposición de la alzada, por elementales razones de evitar cualquier atisbo de indefensión también en el proceso administrativo." No hay argumentación o explicación de la concreta indefensión que pudiera haberse derivado de la falta de acceso al expediente dentro del plazo de la alzada; debe recordarse que la actora no vincula el conocimiento del supuesto error con este acceso a su expediente, sino con un "conocimiento oficioso" (véase supra, FJ 1º, II/) de dicho error.

Es después del acceso a su expediente, y tras haber tenido el conocimiento oficioso del error, cuando solicita, el 8 de septiembre de 2021, nueva cita (concedida para el día 10; página 8 de la demanda), con el plazo de la alzada ya vencido, de modo que la ligadura entre el derecho al acceso al expediente y el plazo de la alzada no concurre como obstáculo para la noticia del supuesto error, ni tampoco la posible indefensión derivada de la teórica incompatibilidad de los anteriores.

Constatada entonces la corrección de la decisión de inadmisión de la alzada por su interposición extemporánea, carece de sentido -ya que no mutaría el sentido de la decisión administrativa de inadmisión- el examen de la otra cuestión esgrimida en la resolución de inadmisión, que es la falta de legitimación de la recurrente.

En cualquier caso, sí puede decirse que en principio, y sin haberse suscitado discusión relativa a su posible falta de legitimación sobrevenida -derivada de su falta de impugnación anterior de la lista agregada en la que no superaba el mínimo exigido para aprobar la primera fase-, la legitimación le asistía como interesada por haber participado en el proceso selectivo; más aun habiendo participado con el resultado no controvertido, como primera en la puntuación de los no aprobados de la primera fase.

QUINTO. - Error material o aritmético: posiciones de las partes y juicio de la Sala.

I/ En dicho motivo reitera la actora que lo acaecido es un error aritmético, por lo que procedía su rectificación en base al artículo 109.2 de la LPAC, y niega la existencia de un error informático.

Invoca la posición del TS constante en las leyes de 1958, 1992 y 2015, con cita abundante de sentencias sobre el requisito del carácter manifiesto u ostensible del error, o sobre la pertinencia, entre otras, de la corrección, vía rectificación, del error aritmético señalado en el sentido más favorable a la mayor efectividad del art. 23.2 CE, siendo por ello rechazable cualquier interpretación de la vía de la rectificación que conduzca o pueda conducir a un resultado incompatible con el derecho constitucional reconocido en el citado precepto constitucional ( STS 18/02/2009, recurso 8926/2004), con lesión en este caso de dicho precepto.

El rechazo de la existencia de error informático viene fundamentado, para la actora, en diez argumentos, pero dos de ellos son repetición del cuarto, y otro del noveno:

1º la imposibilidad de dejar en blanco la casilla de una plantilla digital por parte de un miembro del tribunal;

2º la circunstancia de que se hallen en blanco las columnas del miembro E (folio 30 del expediente administrativo), mientras que los informes de 30/11/2021 se refieran a error informático respecto del miembro A;

3º la razonabilidad de la posibilidad de afectación, caso de existir error informático, a todos los opositores calificados por el miembro correspondiente, y no sólo a la actora;

4º la ausencia de toda prueba que acredite dicho error informático (ni su existencia ni reacción alguna en tal sentido por la demandada);

5º la falta de aportación por el tribunal, con los informes de 30 de noviembre, de las actas de las notas del aspirante Severiano;

6º la discordancia de las fechas de los dos informes de 30/11/2021, con respecto a la mencionada en el informe de 14/2/2022 (9/12/21), y la diferencia de firmas, 7º y la ocultación prolongada a la actora del pretendido error informático, mientras que dicho error sí se habría puesto de manifiesto al otro aspirante, según demuestra la Orden Foral de inadmisión y el informe jurídico en que se basa.

II/ Reitera aquí la demandada las observaciones del anterior fundamento acerca de la inexistencia del error y la puntuación por 5 miembros, y manifiesta lo siguiente:

"Y, en efecto, no tiene sentido alguno que, como sostiene la recurrente, el Sr. Severiano haya sido evaluado únicamente por cuatro miembros mientras el resto de los opositores han sido calificados por los cinco miembros del Tribunal. Esta actuación, de haber concurrido, sí hubiera sido totalmente irregular y conllevaría las oportunas consecuencias invalidantes."

Insiste en que del complemento de expediente se desprende que dicho opositor obtuvo las siguientes notas en el primer ejercicio de la primera prueba: 5,2500 (miembro A), 3,4000 (miembro B), 5,5820 (miembro C), 5,3000 (miembro D) y 5,0000 (miembro E); dichas notas se hallan rubricadas. La media aritmética de tales notas es de 4,9064, y consta en el acta de corrección de exámenes, en el acta de apertura y número de asignación de plica, en el acta de aprobación de la puntuación provisional de la parte A de la primera prueba, y también en las de puntuación definitiva (folios 70 a 73, 78 a 81, 90 a 95 y 110 a 112 de la carpeta de puntuaciones del complemento).

Indica que la plica adjudicada fue la 9 (documento 1 de la contestación), y que se introdujeron las puntuaciones en el sistema informático el 7 de julio de 2021, no siendo modificadas posteriormente, incluida la de la plica 9 y la puntuación otorgada por el miembro A -Larumbe San Martín-, de 5'25 (documento 2); también se apoya en el fichero "plica 9", en la subcarpeta denominada OPE-21-Miembro_A, de la subcarpeta Rúbricas de la carpeta Puntuaciones, del complemento del expediente.

Rechaza también la existencia de error informático, según se comprueba con el informe del Director del Servicio de Sistemas de Información de Educación, emitido con fecha 19 de diciembre de 2022, que se aporta como documento 3 de la contestación, conforme al cual las cinco puntuaciones citadas fueron introducidas en el sistema informático el 7 de julio de 2021, a las 10:17:48 horas, sin haber sido modificadas posteriormente.

Menciona también el informe de la directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente, del Departamento de Educación, de 20 de diciembre de 2022 (documento 4 de la contestación), en el que precisa que el error fue cometido por el tribunal coordinador, no por el tribunal calificador, al llevarse a cabo las exhibiciones de expediente, trasladando en algunos casos las notas de solamente 4 miembros en lugar de los 5: "con el objetivo de conseguir simplificar la vista, se adjuntan a cada uno de los ejercicios las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal de manera agregada. En este proceso, en algunos casos, se cometió un error al trasladar sólo las puntuaciones otorgadas por cuatro miembros del Tribunal."

Rebate la existencia de irregularidades en la emisión de informes, aclarando que se emitieron dos por corresponderse con las dos instancias presentadas por la recurrente (la alzada y la revisión), como demuestran los números de instancia y registro. Firmados el 30 de noviembre de 2021 por la presidente del tribunal, sí es cierto que se cometió el error de adjudicarles -por la Sección de Procedimientos de Selección- el 9 de diciembre, fecha de reunión del tribunal calificador.

En cuanto a la codemandada, de nuevo nos remitimos al FJ 1º IV, donde se expresan sus alegaciones, sustancialmente coincidentes con la demandada.

III/ A juicio de la Sala, la solicitud de error material o aritmético no puede prosperar. En primer lugar, conforme a la jurisprudencia reiterada sobre el particular, basta una lectura somera del suplico de la demanda (recuérdese que la actora pretende la eliminación del proceso selectivo de un opositor aprobado, amén que la aprobación por su parte) para concluir que la rectificación solicitada excede, por sus consecuencias, de las admitidas para tal instrumento.

El acto no solamente se vería alterado en demasía, sino que tendría consecuencias innegablemente perjudiciales para otro opositor. Cuando el artículo 109.2 de la LPAC enuncia la posibilidad de rectificar en cualquier tiempo esta clase de errores, se debe leer conjuntamente con el apartado primero de dicho artículo, y en relación con el artículo 106. Es decir: teniendo en cuenta que existe la posibilidad de revocar actos desfavorables o de gravamen, y que también existe -si son favorables- la declaración de lesividad para los anulables, y la revisión de oficio para los nulos.

El acto cuya destrucción se pretende aprueba la primera fase del procedimiento selectivo para el otro opositor. Evidentemente, es un acto favorable para él, por mucho que sea también desfavorable para la actora: se puede calificar de acto mixto en ese sentido. Y como tal, la vía de la revocación sería improcedente; a fortiori, la vía de la rectificación de error material o aritmético, todavía más improcedente, pues no puede servir, conforme a la jurisprudencia expuesta, para estos menesteres, alterando así el acto, su contenido dispositivo o resolutor, y además con consecuencias enormemente lesivas para un administrado.

En segundo lugar, y aunque lo anterior ya bastaría para la desestimación del motivo, debe añadirse que de las alegaciones de la actora sobre lo acontecido, en la medida en que pueden ser objeto de recto entendimiento -que es poca-, tampoco concurre la mera existencia de un error material o aritmético.

En efecto: sin perjuicio de subrayar que de la lectura de la demanda y conclusiones no se termina de comprender con claridad cuál es exactamente la denuncia sobre lo acaecido en su vertiente fáctica, en cualquier caso sí puede extraerse la conclusión de que los hechos presentados desbordan también aquí la figura del error.

Pues negada la existencia de error informático por la actora -no obstante su reconocimiento en el complemento de la alzada; documento 4 del recurso, página 5, epígrafe 9º- y por mucho que insista en la concurrencia de un error aritmético, las actuaciones de la Administración -se ignora, en la construcción de la actora, si todas coetáneas o posteriores al proceso selectivo-, en sumo contraste con lo reprochado, implicarían un intento de maquillar el pretendido error aritmético, a través de numerosas falsedades que la actora tampoco denuncia expresamente como tales, y que han dejado un rastro documental justificativo de la existencia de 5 valoraciones que la actora tampoco termina de negar.

Pudiera pensarse que la actora objeta el carácter posterior de la modificación respecto de su vista del expediente, pero este extremo tampoco es así, pues en sus conclusiones, la actora alega que las notas fueron introducidas en el sistema informático no el 7 de julio de 2021, sino el 25 de junio de 2021 -sin que neguemos su base documental para ello-. Recuérdese que su alzada y revisión fueron presentadas en septiembre de 2021.

En fin, lo indiscutible, como es de ver, es que no se propugna una clara tesis sobre lo verdaderamente acontecido según la actora sobre la actuación administrativa; que de lo expuesto, parece que no se discute la introducción de las 5 notas bien el 25 de junio bien el 7 de julio -en ambos casos antes de la vista del expediente-, y que en tales condiciones, se haría precisa una labor de análisis y comparación del material probatorio; de nuevo se supera con creces el concepto y el cauce del error material o aritmético.

Porque habría de dilucidarse si como recogía el correo electrónico de 31 de agosto de 2021 (documento 4 del recurso, página 68; la actora, como hemos visto, acogía esta versión de los hechos en su complemento de alzada), existieron problemas técnicos en la aplicación de la vista del expediente y eso fue lo que motivó la omisión de la quinta nota, a pesar de que la valoración del quinto miembro del tribunal calificador existió desde un principio, o si dicha valoración nunca existió, se ponderaron las cuatro notas y dicha ponderación arrojó un resultado aritmético que se reveló después (pero antes de la alzada de la actora) erróneo, intentando entonces la Administración, desde fecha no determinada, adecuar los documentos del proceso selectivo del modo necesario, en su vertiente numérica y material, al resultado inicialmente erróneo. Esta segunda idea es, en realidad y como se adivinará, la que parece deducirse -necesariamente- de la demanda, pero insístase que no de modo explícito ni claro.

Indudablemente, entonces, la vía de la rectificación era improcedente por partida doble, y por ello no puede prosperar.

SEXTO. - Transparencia, motivación e igualdad en el acceso a la función pública.

I/ Termina la demanda subrayando que ni en el expediente ni en la alzada se puso de manifiesto la causa del error, lo cual, sumado a la tardía puesta de manifiesto del expediente, dificultó la impugnación administrativa, que recibió el silencio como respuesta y después la resolución expresa de inadmisión.

II/ La Administración entiende que no hubo ocultación alguna, limitándose el error al momento de exhibición del expediente: la recurrente podía haber accedido al expediente y comprobar la documentación, incluidas las alegaciones a la alzada por parte del aspirante Sr. Severiano, una vez interpuesto el recurso de alzada, pero no lo hizo la recurrente. Así, ni hubo falta de motivación en la inadmisión (que no ha de entrar al fondo), ni vulneración de la igualdad en el acceso a la función pública, ni de los principios de mérito y capacidad, que sí serían quebrantados si se aprobare a la recurrente, que obtuvo puntuación inferior a la del aspirante Severiano.

III/ Ha de puntualizarse que la queja de la actora en este punto no es respecto de la decisión de inadmisión, ni tampoco de la desestimación tácita de la reclamación o solicitud de revisión por error.

Según se comprueba con la lectura del motivo (páginas 45 a 47 de la demanda), lo que la actora reprocha a la Administración es no haber expresado ni en todo el expediente del proceso selectivo, ni en el de la alzada ni en el de la reclamación por error, las causas concretas de dicho error.

Pero no puede olvidarse que se ha concluido la corrección de la decisión de inadmisión de la alzada, así como la improcedencia de la vía de rectificación de error.

Y en consecuencia, el motivo queda afectado por las conclusiones anteriores: en la estructura expuesta, no se asienta ya en ningún instrumento ni se dirige contra ningún acto administrativo concreto o actuación recurrible o recurrida.

De todas maneras, no resulta inútil apuntar que dada la constancia documental de autos (por ejemplo, documento 3 de la contestación), tampoco podría convenirse aquí con la actora -que insiste en negar el error informático pese a las consideraciones antes expuestas sobre su propia aceptación del mismo en el complemento de la alzada-. Es comprensible la génesis de dudas sobre los acontecimientos; debe decirse que tampoco son infrecuentes en los procesos selectivos muchas de las anomalías observadas por la actora en éste.

Pero no se observan indicios suficientes de las vulneraciones denunciadas, carentes no solamente de desarrollo suficiente, sino de sustancia o base contrastable, cuando no directamente contradichas por los elementos documentales.

Ni el silencio administrativo, ni la falta de explicación (en opinión de la actora; de nuevo, véase el correo de 31 de agosto de 2021, en el propio complemento de alzada adjuntado por la actora) de la causa del error pueden lograr el fin pretendido, cuando además tampoco consta petición puntual de información al respecto, más allá de la alzada y la revisión interpuestas, que no requerían información, sino directamente interesaban unos efectos acordes a su interpretación de lo acontecido.

Por todo ello, procede la desestimación de la demanda.

SÉPTIMO. - Costas.

Por lo que respecta a las costas, el artículo 139.1. de la LJCA 1998 establece que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o derecho.

En cuanto los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad".

Entonces, conforme a lo dispuesto en el artículo 139, procede su imposición a la parte demandante.

En atención a los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho expuestos, en nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del Pueblo Español nos confiere la Constitución, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha adoptado el siguiente