Sentencia Contencioso-Administrativo 56/2025 , Rec. 311/2024 de 31 de marzo del 2025

PRIMERO.-Se alega en la demanda que con fecha 23 de junio de 2021 se publicaron en el DOGA las Bases para la movilidad interna voluntaria del personal estatutario fijo, de las categorías de personal sanitario grado/diplomado, sanitario de formación profesional y de gestión y servicios en el Complejo Universitario de Pontevedra. Que en el Anexo II para la valoración de los méritos se estableció: "a) Por cada mes completo de servizos prestados con praza en propiedade na mesma categoría á que se opta, en institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde ou por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/SUiza:1 punto.

b) Por cada mes completo de servizos prestados con carácter temporal en prazas da mesma categoría á que se opta en institucións sanitarias do Sistema Nacional de Saúde ou por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/SUiza;0,5 puntos." Al efecto de poder acreditar los méritos, el demandante aportó la documentación de su experiencia profesional tanto en España como en Portugal. Mediante Resolución de 14 de septiembre de 2021 donde se publica la relación provisional de profesionales admitidos y sus puntuaciones provisionales, se otorga al actor una puntuación de 254. Sin embargo, posteriormente, en la Resolución Definitiva de Profesionales Admitidos y su puntuación Definitiva de fecha 18 de enero de 2022, se le rebajan 36,50 puntos quedando la puntuación en 217,50.

Tal rebaja en la puntuación se debe a que se han dejado de valorar meses de experiencia, por los servicios prestados en Portugal, como plaza en propiedad, los cuales habían sido valorados como 1 punto por cada mes, quedando reducidos a una valoración de 0,5 puntos por cada mes. Alegando falta de motivación en la resolución, así como errónea valoración de la experiencia del demandante.

Por la Administración se alega en primer lugar respecto a la falta de motivación de la resolución, señala que, de conformidad con la base octava apartado quinto de la convocatoria, la estimación de las reclamaciones se entiende implícita con la publicación de la lista definitiva. Por tanto, es evidente que no existe ningún tipo de indefensión por ser perfectamente consciente del actor de cuál fue la causa que motivó la modificación de dicha puntuación. La modificación radica en que, sobre la base de una serie de servicios prestados por el recurrente en Portugal, se habían valorado inicialmente como con plaza en propiedad y, posteriormente son modificados, y se valoran se valoran como prestados con carácter temporal. El periodo controvertido es el que se produce entre el 28.09.2002 y 05.05.2008 prestando servicios en Portugal se encuentra vinculado por un " contrato individual de traballo sen termo". Considera que del citado contrato no se deriva que se trate de una plaza en propiedad, sino de un contrato indefinido, sin duración determinada, ya que no se ha superado por parte de la actora proceso selectivo alguno.

SEGUNDO.-En primer lugar, respecto a la falta de motivación, el artículo 35 de la Ley 39/15, vigente en la fecha de la incoación del expediente, dispone:

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.

h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte."

Señala la STS de 10 de marzo de 2003: "La motivación no significa, sin embargo, un razonamiento exhaustivo y detallado, pero tampoco una fórmula convencional y meramente ritual, sino la especificación de la causa, esto es, la adecuación del acto al fin previsto; por ello, para cumplir este requisito formal, se precisa la fijación de los hechos determinantes, su subsunción en la norma y una especificación sucinta de las razones por las que de ésta se deduce y resulta adecuada la resolución adoptada".

La STS de 25-5-1998 señala : «Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y constante jurisprudencia de esta Sala la que considera idónea, para el cumplimiento de los fines de la motivación del acto administrativo -dar a conocer al destinatario las auténticas razones de la decisión que se adopta y permitir frente a ella la adecuada defensa-, la remisión explícita o implícita a los informes y documentación obrante en el expediente».

La Sentencia del TSJ de Galicia, de 12 de enero de 2012 señala: "1º. "Ciertamente la motivación puede contenerse (...) en el propio acto, o bien puede realizarse por referencia a informes o dictámenes, ex artículo 89.5 de la Ley 30/1992 , cuando se incorporen al texto de la misma. / Ahora bien, esta exigencia de la incorporación de los informes, contenida en el mentado artículo 89.5 "in fine", ha sido matizada por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo --Sentencias de 21 de noviembre de 2005 , 12 de julio de 2004 , 7 de julio de 2003 , 16 de abril de 2001 , 14 de marzo de 2000 y 31 de julio de 1990 -- en el sentido de considerar que si tales informes constan en el expediente administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al mismo, la motivación mediante esta técnica "in aliunde" se satisface las exigencias de la motivación, pues permite el conocimiento por el receptor del acto de la justificación de lo decidido por la Administración" - sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sección 5ª, de 21 de octubre de 2011 dictada en el recurso 137/2008"

No puede, por tanto, en este caso apreciarse la falta de motivación de la resolución recurrida, nos encontramos ante una baremación provisional, estableciendo en la base octava apartado quinto, la manera de proceder después de la presentación de las reclamaciones. A mayor abundamiento, la parte era plenamente conocedora del motivo por el que se produce la reducción de su puntuación, al presentar recurso de alzada en fecha 18.02.2022. Así pues, la demandante era conocedora del fundamento de la resolución recurrida y pudo formular alegaciones y proponer prueba frente a la misma.

TERCERO.-Resta por analizar, lo concerniente a la baremación respecto a los servicios prestados por la actora en Portugal, con un contrato de carácter indefinido sin termino. En este caso, esta juzgadora no puede más que compartir el criterio adoptado en la sentencia 139/2023 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Vigo donde se establece :" Pues bien, vamos a desestimar la demanda, concordamos con las razones expuestas por la demandada en la resolución impugnada, desestimatoria del recurso de reposición. Entiendo que la controversia que se plantea afecta directamente a la raíz de la problemática que en los últimos años se ha planteado en torno a la equiparación de funcionarios de carrera, personal fijo, por un lado, y funcionarios interinos y personal temporal, por otro.

No es que estemos de acuerdo, que no estamos en semejante posición, es que comprendemos, aceptamos y acatamos la doctrina establecida en la referida STS, Contencioso sección 4 del 21 de julio de 2022 (Sentencia: 1081/2022 -Recurso: 744/2021 ), pero entiendo que dicha doctrina es plenamente compatible con los razonamientos expuestos por la demandada, los que avalan la actuación impugnada. Porque esa equiparación entre ambas clases de empleados públicos que sin duda existe y que, en caso de ser violentada, sería contraria a la Directiva europea, se refiere, se proyecta sobre las condiciones del trabajo. Nada más.

En este litigio no estamos hablando de condiciones de trabajo, sino de valoración de méritos, y nos parece llano que cuando se ha distinguido entre servicios prestados en virtud de un vínculo fijo, y de un vínculo temporal, se estaba comprendiendo la anterior distinción, esto es, el personal estatutario fijo o de carrera, y el estatutario temporal. Pero al incluir el baremo del anexo II, el término "vínculo", se ha querido poner el acento, no solo en los servicios prestados, sino en el mecanismo al abrigo del que se han prestado.

Y nos parece que tan claro es que son idénticos los servicios prestados por personal de la misma categoría, ya fijos, ya temporales, como que no es lo mismo, no son situaciones homogéneas y por tanto, no equiparables, las del personal que los presta por haber superado un proceso sujeto a los principios de concurrencia competitiva, mérito, capacidad, igualdad y publicidad, y la de aquel otro que los desarrolla en virtud de cualquier otra fórmula, mecanismo o instrumento, por ejemplo, un contrato de trabajo sin término o indefinido, como es el caso de la recurrente.

A la actora se le ha respondido en la vía administrativa en términos similares a los que se exponen, por lo que, de ser el caso, podía haber enervado la argumentación de la demandada expuesta en la resolución desestimatoria del recurso de reposición, probando adecuadamente que su vínculo con la sanidad pública portuguesa entre los años 1998 y 2006, ha sido fijo no solo porque estuviese unida a ella en virtud de un contrato con esa denominación, sino porque hubiese participado y superado un proceso selectivo público a raíz del cual hubiese adquirido un vínculo de fijeza homologable o equiparable al que nuestro país se reputa vínculo fijo o de carrera, con las singularidades que indiscutiblemente comporta, que trascienden a la regulación de las condiciones del trabajo. Desestimamos la demanda."

En el presente procedimiento, no se puede entender que la actora haya superado proceso alguno, ni ha aportado prueba alguna que avale que la misma durante el tiempo de trabajo en Portugal, ostentase una plaza en propiedad. Es por ello que la baremación otorgada de 0,5 puntos por cada mes completo de servicios prestados con carácter temporal, es correcta en relación al contrato de trabajo sin termino de la actora, en Portugal, desde el 28.09.2002 al 05.05.2008.

Por todo ello, procede la desestimación de la demanda interpuesta.

CUARTO.-Respecto a las costas, no procede su imposición teniendo en cuenta la existencia de dudas jurídicas que han dado lugar a sentencias contradictorias sobre esta materia.

Fallo