Sentencia Contencioso-Administrativo 36/2025 , Rec. 235/2024 de 05 de diciembre del 2024

PRIMERO.- El objeto de este recurso de apelación lo conforma la pretensión revocatoria formalizada por don Carlos Daniel frente a la sentencia dictada el 26 de marzo de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Las Palmas, de la que hemos hecho detallada mención con anterioridad.

Esta resolución judicial, tal y como se vio en los antecedentes fácticos de la presente, desestimó la impugnación jurisdiccional deducida por el Sr. Carlos Daniel contra la "actuación" administrativa igualmente referida en el capítulo de antecedentes de hecho (en el segundo, para ser precisos) de esta sentencia.

SEGUNDO.- Pues bien, con el propósito "revocatorio" señalado, la dirección letrada de la parte apelante ha esbozado en esta alzada una argumentación asentada sobre la base de los motivos que, íntegramente, pasamos ya a transcribir:

«El actor, Técnico Especialista en Laboratorio -indica de entrada el Sr. Letrado del apelante-, interesado en concurrir a los procesos selectivos extraordinarios de estabilización del empleo temporal y los procesos selectivos ordinarios de acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas básicas vacantes de diversas categorías sanitarias y de gestión y servicios, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (BOC número 255 de 29 de diciembre de 2022), convocados mediante la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, de 23 de diciembre de 2022.

No obstante, verificó que sólo se ofertaba un número de plazas destinadas a la promoción interna en el procedimiento del proceso selectivo de concurso-oposición, pero no para el proceso selectivo de concurso de méritos (proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración), por lo que recurrió en reposición la citada Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, de 23 de diciembre de 2022, al considerar dicha omisión un vicio de nulidad, sin que la Administración haya resuelto nada al respecto.

La Sentencia que se recurre destaca en su Fundamento de Derecho Tercero como causa de la desestimación, tras hacer referencia a que la convocatoria que nos ocupa, se desarrolla en el marco de una norma, la ley 20/2021, cuyo objetivo es alcanzar una temporalidad estructural no superior al 8% del total de efectivos, tal y como se hace constar en su exposición de motivos que, "(...) si bien este juzgado entiende los argumentos de la parte adora, sin embargo comparte también la apreciación de que el legislador ha resuelto una situación excepcional, planteando un procedimiento excepcional y único, y que es esta excepcionalidad la que justifica el que no puedan aplicarse las normas de promoción interna, que sin embargo tienen una aplicación ineludible en el campo de los procesos ordinarios, como ha destacado la sentencia del TSJCA referida por la propia parte demandante".

El motivo por el que no se accede a las pretensiones del actor es que, como ya se ha avanzado, como nos encontramos ante un procedimiento excepcional para la reducción de la temporalidad en el empleo público, tal excepcionalidad justifica el que no puedan aplicarse las normas de promoción interna, que sin embargo tienen una aplicación ineludible en el campo de los procesos ordinarios.

Sin embargo, la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la que se enmarcan los procedimientos excepcionales, en ningún lugar prevé, para el proceso selectivo de concurso de méritos (proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración) que las normas de promoción interna, de obligado respeto conforme las normas invocadas en la demanda y en la Sentencia ( artículos 14, 16 y 18 EBEP; artículos 17, 29 y 34 de la Ley 55/2003; artículo 29 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria; y artículos 3, 4 y 21 del Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud) deban ser obviadas.

En tal sentido, la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Asturias número 1223/2023 de 19 de diciembre, destaca que:

"Aparte de la negociación colectiva, este proceso de estabilización se ha sometido a una coordinación entre las distintas Administraciones que se refleja, en particular, en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las Orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

En estas Orientaciones se interpreta en su apartado 3.2 que existe una prohibición de convocatorias restringidas y en este sentido explica:

Las plazas a cubrir en el proceso de estabilización deben ser ofertadas dando cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad derivado de los anteriores.

Por ello, en ningún caso cabe que se apruebe una oferta de empleo público o que se convoque un proceso que restrinja la participación en el mismo únicamente a aquellos que estuvieran o hubieran estado ocupando previamente esas plazas, ni a cualquier otro requisito que suponga una merma de la posibilidad de que otras personas puedan acceder en los mismos procedimientos que se convoquen, pues así lo previene el artículo 23 de la Constitución Española, y las normas básicas de la Función Pública.

Del mismo modo, el apartado 3.6 de las Orientaciones se refiere al posible ofrecimiento previo de las plazas en concurso o promoción interna donde se señala: "En cualquier caso la plaza ocupada de forma interina o temporal debe ser ofertada para su cobertura de forma definitiva. Se recuerda que lo que se estabiliza son las plazas y su cobertura, no las personas".

Parece por tanto no dejar duda esta Sentencia de que, en aplicación de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las Orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, los procedimientos de promoción interna previos deben ser respetados.

La Sentencia recurrida erraría por ello en la correcta aplicación del Derecho y de sus principios generales, pues la imperatividad de las normas relativas a los procedimientos de promoción interna no prevé salvedad alguna.

Así el artículo 29.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud prevé: "2. La provisión de plazas del personal estatutario se realizará por los sistemas de selección de personal, de promoción interna y de movilidad, así como por reingreso al servicio activo en los supuestos y mediante el procedimiento que en cada servicio de salud se establezcan".

Por su parte, su artículo 34 bajo la rúbrica de "Promoción interna.", obliga a que: "1)Los servicios de salud facilitarán la promoción interna del personal estatutario fijo a través de las convocatorias previstas en esta ley, y en las normas correspondientes del servicio de salud".

El artículo 21.1 del Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (BOC n° 92, de 14.7.99), indica que: "El número de plazas que se reserven a dicho sistema se determinará en la convocatoria, que podrá efectuarse de forma conjunta o independientemente a las pruebas selectivas de acceso libre. Las plazas que no se provean por el sistema de promoción interna se acumularán a las convocadas por el sistema general de acceso libre, salvo en los casos de convocatorias independientes de promoción interna".

Así mismo el artículo 29 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, impone que:

"Con la finalidad de facilitar la promoción interna, horizontal o vertical, de los funcionarios que pertenezcan a los cuerpos/escalas/especialidades o agrupaciones profesionales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias para el acceso a otro cuerpo/escala/especialidad o agrupación profesional del mismo o superior, según el caso, grupo o subgrupo de clasificación profesional, se reservará un mínimo del 25% de las plazas que figuren en la oferta de empleo público".

Estando prevista y siendo obligatoria la promoción interna como ha apreciado ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante la Sentencia 104/2022, de 1 de abril de 2022, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección segunda de Santa Cruz de Tenerife, en el procedimiento ordinario 40/2021, y reconoce la propia Sentencia apelada aunque circunscribiéndola sólo a los procedimientos ordinarios ("aplicación ineludible en el campo de los procesos ordinarios"), se ha de recordar que "donde la ley no distingue tampoco debemos hacerlo nosotros", por lo que si la Ley no establece limitaciones a la promoción interna para los procedimientos selectivos de concurso de méritos de estas convocatorias extraordinarias, no se deben crear esas limitaciones a la hora de aplicarla.

Así lo ha señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia número 162/2024 de 01 de febrero, Sala Tercera, Sección Cuarta (Ecli: ES:TS:2024:354) que da la razón a quien denunciaba que una convocatoria extraordinaria de la Ley 20/2021 no había previsto el cupo de discapacidad, no sólo por ser una medida positiva, sino porque la norma, como en este caso, no dejaba lugar a dudas su imperatividad (aunque se tratara de un procedimiento excepcional y extraordinario), en los siguientes términos:

"En cuanto al otro argumento del Abogado del Estado, no es evidente e innegable que en un concurso, al deberse valorar solo los méritos ya adquiridos por los aspirantes, no tenga sentido la medida de acción positiva aquí examinada. Siempre cabe razonablemente pensar que al aspirante en situación de discapacidad le ha costado más que a otros lograr determinados méritos. Pero más allá de esta consideración está el incontrovertible tenor literal del art. 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando -entre otras cosas- ordena que "en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad".

La norma no deja espacio a la duda, de manera que -finaliza así el Sr. Letrado de don Carlos Daniel- donde la ley no distingue tampoco debemos hacerlo nosotros.».

TERCERO.- Del otro lado, la representación procesal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias defiende, como es natural, la solución adoptada en primera instancia, a cuyas razones se remite, desaprobando, por ende, el criterio sostenido por la parte apelante.

CUARTO.- Como es sabido, el deber de exhaustividad de las resoluciones judiciales tiene su fundamento legal en el art. 218.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando dispone que las sentencias «harán las declaraciones que aquéllas (las pretensiones de las partes) exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate». Mientras que su dimensión constitucional se encuentra en el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) , porque, es también de general conocimiento, que el TC considera que es contenido esencial de este derecho el pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones formuladas, salvo supuestos de inadmisibilidad.

Desde otro punto de vista, ya hemos apuntado que el deber de congruencia se vulnera en una diversidad de supuestos. Por ejemplo, si se toman en consideración hechos constitutivos no alegados por el actor. También, si se resuelve sobre la pretensión procesal en atención a hechos impeditivos o extintivos no alegados por ninguna de las partes (por cualquiera de ellas, no necesariamente por la demandada), salvo que excepcionalmente el tribunal deba tomarlos en cuenta de oficio, aunque no resulten de alegaciones de las partes (p. ej., nulidad de pactos contrarios a normas de ius cogens). Igualmente si se resuelve en atención a hechos excluyentes que el demandado (precisamente él) no hubiera hecho valer.

Así pues, la congruencia, en su acepción de "deber de exhaustividad", impone que se examinen y resuelvan todas las alegaciones y peticiones que influyen en el sentido de la sentencia. Un pronunciamiento de estimación o de desestimación de la pretensión o, como es el caso, de una recurso de apelación, es exhaustivo siempre que revele, aunque sea implícitamente, la razón de la solución adoptada.

QUINTO.- A propósito de esta cuestión se ha pronunciado, perfilándola, el Tribunal Supremo en, por ejemplo, la reciente Sentencia núm. 837/2021, de 11 de junio, dictada por la Sección 2ª de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, en cuyo FJ 2º puede leerse:

"En relación con la falta de motivación como vicio propio de la sentencia en tanto que acto procesal de resolución, este Tribunal Supremo ha declarado de forma constante y reiterada, en armonía con la Sentencia del Tribunal Constitucional ( STC) 6/2002 de 14 de enero, que "...la obligación de motivar las Sentencias no es sólo una obligación impuesta a los órganos judiciales por el art. 120.3 CE, sino también, y principalmente, un derecho de los intervinientes en el proceso que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el art. 24.1 CE, que únicamente se satisface si la resolución judicial, de modo explícito o implícito (la negrita es nuestra, esta y las sucesivas), que contiene los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y, eventualmente, los órganos encargados de revisar sus decisiones puedan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Es por lo tanto -y sobre todo- una garantía esencial para el justiciable mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad. En conclusión, una Sentencia que no dé respuesta a las cuestiones planteadas en el proceso, o de cuyo contenido no puedan extraerse cuáles son las razones próximas o remotas que justifican aquélla, es una decisión judicial que no sólo viola la Ley, sino que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva".

Ahora bien, también hemos declarado que la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita o pormenorizada de todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines de este derecho fundamental, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta jurídicamente fundada que traslade las razones por las que se rechaza o no se entra sobre determinadas pretensiones o motivos hechos valer en la demanda.

El motivo aducido -continúa diciendo nuestro Alto Tribunal- no puede prosperar porque la sentencia impugnada sí expresa de modo suficiente en su fundamento jurídico cuarto -en la forma en que se ha expuesto- las razones por las que alcanza la conclusión que declara, razones que, por ende, se han dado a conocer a las partes destinatarias de la sentencia, por lo que no puede sostenerse que no haya dado una respuesta fundada de la razón que le llevó a rechazar la causa de nulidad invocada.

Cuestión distinta es -y, desde luego, ajena a la idea de quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en que se basa el motivo que se examina- que se discrepe del contenido de tales explicaciones o razones que la sentencia proporciona, pues tal actitud de disensión nos debe situar en el contexto del motivo casacional a través del cual canalizar las infracciones sobre el fondo...".

SEXTO.- La razón de ser de los anteriores pasajes está en que en el presente recurso de apelación la Sala -o, al menos, este ponente- no podría ofrecer una explicación más completa de por qué debe desestimarse el recurso de apelación que la plasmada en la Sentencia recurrida, cuyos argumentos -impregnados en igual medida de rigor y solidez jurídicos que de prudencia-, hacemos explícitamente nuestros.

Y es que, además de por los fundamentos consignados en la Sentencia del TSJ del País Vasco referida en la resolución apelada, la conclusión alcanzada en primera instancia no podía ser sino la que fue, en cuanto la Sra. Magistrada, al margen de dicha relevante Sentencia, decíamos, hace una correctísima aplicación del contundente Informe que, específicamente emitido para este litigio, elaboró la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, parcialmente transcrito en la sentencia apelada y de cuyo contenido más o menos íntegro pasamos a dar cuenta:

«Por parte de la Asesoría Jurídica Departamental se solicita, en virtud de colaboración debida y a los efectos de una buena defensa en juicio, informe sobre las cuestiones expuestas en la demanda planteada por D. Carlos Daniel, en el procedimiento abreviado n° 167/2023, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

HECHOS

Primero: Se informa con carácter previo, que la convocatoria objeto de demanda, en aras a la agilización de la cobertura de vacantes, procede a acumular las plazas básicas de las categorías ofertadas en los siguientes Decretos, (que están actualmente en vigor):

Decreto 188/2018 de 26 de diciembre -OEP ordinaria y OEP adicional para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario- (BOC n° 252, de 31.12.2018).

Decreto 354/2019, de 19 de diciembre -OEP ordinaria- (BOC n° 252, de 31.12.2019).

Decreto 133/2020, de 23 de diciembre - OEP ordinaria- (BOC n° 267, de 28.12.2020).

Decreto 140/2021, de 23 de diciembre, de OEP ordinaria para 2021 y OEP adicional para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario (BOC n° 265, de 27.12.2021).

Decreto 145/2022, de 26 de mayo -OEP ordinaria para 2022 y OEP adicional para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario y laboral- (BOC n° 105, de 31.12.2022).

Segundo: Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2022, se convocaron los procesos selectivos extraordinarios de estabilización del empleo temporal y los procesos selectivos ordinarios de acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas básicas vacantes de diversas categorías sanitarias y de gestión y servicios, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. (BOC núm. 255, de 29 de diciembre de 2022).

En relación con anterior, debemos informar:

PRIMERO.- El recurrente, personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Especialista en Laboratorio, impugnan la Resolución de 23 de diciembre de 2022, por la que se convocaron los procesos selectivos extraordinarios de estabilización del empleo temporal y los procesos selectivos ordinarios de acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas básicas vacantes de diversas categorías sanitarias y de gestión y servicios, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. Resolución que convoca dos procesos:

- Estabilización

- Ordinario

Perfectamente se podría haber publicado una convocatoria separada para uno, pero con el objetivo de dar mayor agilidad, se decidió realizar una única convocatoria para ambos, lo que no impide que cada uno de ellos tenga su propio marco normativo y por tanto se rija por sus propias normas, sin perjuicio de lo acordado en el ámbito de la negociación colectiva, como hemos querido dejar claro en el apartado anterior.

A efectos meramente aclaratorios, la Ley 20/21 contempla un tercer proceso de estabilización de empleo público, que se suma a los contemplados en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Es importante en este punto, tener en cuenta la finalidad de la Ley, como se reconoce en la propia exposición de motivos:

"Las medidas contenidas en la Ley pretenden garantizar que las Administraciones Públicas inicien una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de la temporalidad en el empleo público, a fin de situar la tasa de cobertura temporal por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales, y, en esa medida, pueda predicarse de cada una de ellas la conexión de sentido requerida por la jurisprudencia constitucional.

Hacia el pasado, la reforma activa en el artículo 2 un último proceso de estabilización de plazas de carácter estructural que se suma a los ya iniciados en 2017 y 2018, y (...). En todo caso, estos procesos deberán desarrollarse con arreglo a los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad (...)".

Así mismo en la Resolución de la Secretaría de Estado, en su apartado 1.1. Finalidad de los procesos, determina:

"Los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, tienen por objetivo alcanzar una temporalidad estructural no superior al 8% del total de efectivos.

Hemos hecho especial énfasis en cuál es la finalidad porque se trata de reducir al 8% la tasa temporalidad en un limitado periodo de tiempo:

"Para evitar dilaciones en estos nuevos procesos, se exigirá que las ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024".

Todo esto explica que de manera excepcional se haya priorizado la estabilización sobre la movilidad. De hecho, en la propia Resolución de la secretaria se determina:

"3.6. Posible ofrecimiento previo de las plazas en concurso o promoción interna.

La normativa básica no obliga a ofertar previamente a los concursos de traslados las plazas que se oferten a nuevo ingreso, por lo que en este caso tampoco es obligatorio. No obstante, puede existir normativa sectorial o convencional que así lo disponga o que se considere oportuno su realización.

Dado que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre establece que pueden convocarse en el proceso de estabilización determinado número de plazas pero no obliga a que la estabilización tenga lugar en dichas plazas concretas, no existen obstáculos para ofertar en concurso de traslados a quienes ya sean funcionarios o funcionarías de carrera o personal laboral fijo, previamente a la adjudicación de las vacantes de la convocatoria de estabilización, las plazas ocupadas de forma temporal, o las que se creen a fin de desarrollar este proceso y ofertar en el proceso de estabilización las resultas generadas en dicho proceso. Todo ello siempre que se puedan llevarse a cabo dentro de los límites temporales a que se refiere el apartado 3.1.

En cualquier caso, la plaza ocupada de forma interina o temporal debe ser ofertada para su cobertura de forma definitiva. Se recuerda que lo que se estabiliza son las plazas y su cobertura, no las personas".

En el ámbito de la estabilización, no existe norma básica ni sectorial que obligue a convocar las plazas en promoción interna o concurso de traslado (la negrita es nuestra, y con su empleo se pretende destacar la inaplicabilidad al caso de la STS de 1 de febrero de 2024, citada en el recurso de apelación, circunscrita a las cuotas reservadas a personas con discapacidad). Tanto el concurso de traslado como la promoción interna no son obligatorios, aunque sean compatibles con la estabilización. Esta es la razón principal por la que no se contemplado un tumo de promoción interna en los procesos de estabilización, ni se ha articulado un concurso de traslado previo. Concurso de traslado que no se ha llevado a cabo ni en esta administración ni en ninguna otra del territorio nacional: atendiendo a que no es obligatorio y la exigencia de tener que llevar a cabo tanto el concurso de traslado como el proceso selectivo en un limitado periodo de tiempo: "(...) siempre que se puedan llevar a cabo dentro de los límites temporales a que se refiere el apartado 3.1".

A mayor abundamiento, hay que citar la reciente sentencia del 26 de mayo de 2023, del Tribunal Superior Justicia de País Vasco que desestima un recurso con idéntico objeto. Los demandantes en este caso, funcionarios de carrera, interponen el recurso, por falta de concurso de traslado previo a la estabilización, contra la Orden de 18 de noviembre de 2022, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se convocan procesos especiales de consolidación de empleo y procesos excepcionales de consolidación de empleo en Cuerpos y Escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos (BOPV n° 224, de 23 de noviembre de 2022).

Concretamente, alegaban la vulneración de sus derechos fundamentales ( art. 14 y 23.2 de la CE) al no convocarse un concurso de traslados previo a los procesos de consolidación.

El Tribunal confirma que no se vulneran los derechos fundamentales alegados y en el Fundamento de derecho Segundo letra C) apartado (V), Resolución de la controversia, argumenta lo siguiente:

"(...) De la exposición realizada en torno al texto literal y espíritu de la Orden recurrida, la Orden de 18 de mayo de 2022 que fijó las bases generales de los procedimientos especiales y excepcionales de consolidación de empleo y las Leyes relativas a la adopción de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se advierte lo siguiente:

1º) Los procesos especiales y excepcionales de consolidación de empleo tienen por objeto reducir la temporalidad en el empleo público, lo que constituye un objetivo de interés general, demandado por el TJUE y la Comisión Europea y que vendría a poner fin a una situación generalizada que podría constituir abuso en la contratación temporal en el sector público.

2°) Tales procesos han sido regulados por Ley, predefiniéndose los aspectos generales del acceso a la función pública y previéndose determinadas disposiciones para garantizar tanto la igualdad en dicho acceso como respecto de quienes ya ostentan la cualidad de funcionarios de las Administraciones Públicas.

3°) Tales procesos se convocan en el marco de una situación excepcional y objetiva, y por una sola vez, refiriéndose a plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas temporalmente durante varios años, que no se han cubierto en procesos selectivos o procesos de provisión de puestos anteriores.

4º) La normativa reguladora prevé la posibilidad de convocar concursos de traslados previos a la culminación de los procesos selectivos, de modo que las plazas a ofertar en éstos sean las vacantes o desiertas en aquéllos.

5º) La Ley, y después la Administración en la Orden de 18 de mayo de 2022 y en la Orden ahora recurrida, explicitan las razones por las que se adopta la decisión de convocar los procesos especiales y excepcionales de consolidación de empleo y de incluir en ellos las plazas correspondientes, refiriéndose, en definitiva, al interés público consistente en reducir la temporalidad en el empleo público y eliminando cualquier sospecha de arbitrariedad. No se da, en fin, el oscurantismo que subyacía en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2007 (recurso de casación n° 9485/2004) que citan los recurrentes, por lo que los casos no pueden considerarse equivalentes.".

Como consecuencia de estas razones, concluye:

"En consecuencia, debe concluirse que no queda acreditada la vulneración de los arts. 23.2 y 14 de la CE, pues aquél opera con menor rigor e intensidad por tratarse del desarrollo y promoción en la carrera administrativa y no del acceso a la función pública y, además, se manifiesta de forma modulada dado la situación excepcional y objetiva ante la que nos encontramos (necesidad urgente de reducir la temporalidad en el empleo público, apreciada por norma de rango legal), lo que justifica el dictado de la Orden recurrida (...)".

SEGUNDO.- Situados en el marco del proceso ordinario que no estabilización, el porcentaje del 20% de reserva para la promoción interna (aplicable sólo a los procesos ordinarios y que ha de respetarse en el conjunto de la Oferta de Empleo Público), se ha respetado en la convocatoria impugnada, pues de un total de 488 plazas ofertadas en proceso ordinario se destinan 98 a promoción interna.

[...]

TERCERO. - Ante la exigencia de concurso de traslado previo en el marco del proceso ordinario que no de estabilización, nuestra normativa sectorial, es decir, el Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, en su art. 4.2 dispone al respecto:

"Artículo 4- Oferta de Empleo de Personal Estatutario.

1. El Gobierno aprobará la oferta de empleo de personal estatutario adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, conjunta o separadamente al resto de la oferta de empleo de la Comunidad Autónoma.

2. La oferta de empleo de personal estatutario contendrá el número de plazas básicas que deban ser objeto de provisión, tanto por el procedimiento de concurso de traslados como por proceso selectivo, entre las que se incluirán las reservadas a promoción interna".

Así mismo, el mencionado Decreto también determina:

"Artículo 25. Plazas a proveer. 1. Se proveerán por concurso de traslado las plazas básicas de cada categoría que la convocatoria determine.

3. Las plazas desempeñadas con carácter provisional, como consecuencia de reingreso provisional al servicio activo, se incluirán en la primera convocatoria de concurso de traslado de la correspondiente categoría que se realice tras la concesión de dicho reingreso.

4. Asimismo, se incluirán necesariamente, todas las plazas cubiertas temporalmente en Comisión de Servicios, salvo aquéllas con reserva legal a favor de sus titulares.".

Teniendo presente la normativa anterior se informa que en este organismo autónomo se cuenta con plazas básicas vacantes de personal estatutario en diversas categorías de todos los grupos profesionales (sanitarias y de gestión y servicios), en los niveles de Atención Primaria y Atención Especializada, adscritas a las Gerencias de Atención Primaria, Gerencias de Servicios Sanitarios y Direcciones Gerencias de Hospitales del Servicio Canario de la Salud, que han sido ofertadas en Decretos de Oferta de Empleo Público Ordinarias y de Estabilización del empleo temporal anteriores a la ley 20/21 y posteriores a la entrada en vigor de la citada ley, (que están actualmente en vigor):

Decreto 188/2018 de 26 de diciembre -OEP ordinaria y OEP adicional para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario- (BOC núm. 252 de 31 de diciembre de 2018).

C, Subgrupo C1 Sanitario y de una categoría de otras agrupaciones profesionales, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud y se resolvió el 21 de noviembre de 2022 (Resolución de 3 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba la relación definitiva y adjudicación de plazas del Concurso de Traslados Voluntario para la provisión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría de Técnica/o Especialista en Laboratorio).

QUINTO.- Si la cuestión que realmente se pretende plantear por el recurrente, no es la impugnación de la convocatoria del proceso de estabilización sino la constitucionalidad de la Ley 20/21, esta no es la vía.

Recientemente se ha publicado la Resolución de 13/12/2022 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, en la que, dando respuesta a una solicitud de información, afirma que "no se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2021, de 28 de diciembre", la ley estatal de reducción urgente de la temporalidad pública que incluye el sistema excepcional de concurso de méritos para los procesos de estabilización derivados de la ley de ciertas plazas de larga temporalidad.

Así mismo, el Tribunal Supremo ya afirmó lo mismo 3 meses antes en su Auto sobre la suspensión cautelar de la OPE del Estado de estabilización por la citada Ley 20/2021 en cuanto a las plazas de funcionarios de Administración local con habilitación nacional, solicitada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.

CONCLUSIONES:

1. En el ámbito de la estabilización, no existe norma básica ni sectorial que obligue a convocar las plazas en concurso de traslado. Tanto el concurso de traslado como la promoción interna no son obligatorios, aunque sean compatibles con la estabilización (apartado 3.6 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021).

2. Hay que tener en cuenta los razonamientos que llevan a la desestimación del recurso interpuesto contra un proceso de consolidación basado en la nueva Ley 20/21: Sentencia del 26 de mayo de 2023, del Tribunal Superior Justicia de País Vasco que desestima el recurso interpuesto por los recurrentes, funcionarios de carrera contra la Orden de 18 de noviembre de 2022, al concluir que no queda acreditada la vulneración de los arts. 23.2 y 14 de la CE, pues aquél opera con menor rigor e intensidad por tratarse del desarrollo y promoción en la carrera administrativa y no del acceso a la función pública y, además, se manifiesta de forma modulada dado la situación excepcional y objetiva ante la que nos encontramos (necesidad urgente de reducir la temporalidad en el empleo público, apreciada por norma de rango legal), lo que justifica el dictado de la Orden recurrida (...)".

3. Situados en el marco del proceso ordinario, el porcentaje del 20% de reserva para la promoción interna aplicable sólo a los procesos ordinarios y que ha de respetarse en el conjunto de la Oferta de Empleo Público, se ha respetado en la convocatoria impugnada, pues de un total de 488 plazas ofertadas en proceso ordinario se destinan 98 a promoción interna.

4. Situados nuevamente en el marco del proceso ordinario, todas las plazas comprometidas en las ofertas de empleo público vigentes en el marco del Servicio Canario de la Salud, se ubican en la actualidad, tal y como refiere el Decreto 123/1999, en procesos selectivos y en concursos de traslados.

En concreto para Técnicos Especialista en Laboratorio, se convocó el 9 de octubre de 2019 (BOC núm. 194 8/10/2019) y se resolvió el 21 de noviembre de 2022 (BOC núm. 229 21/11/2022).

5. Si la cuestión litigiosa que verdaderamente se quiere plantear por el recurrente, es el cuestionamiento del proceso de estabilización en sí, es decir, si lo dispuesto en la ley 20/21 es o no inconstitucional, la vía no es la impugnación de las bases de la convocatoria.».

SÉPTIMO.- Al no prosperar el recurso interpuesto, las costas procesales causadas deben imponerse al recurrente, según lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de esta Jurisdicción, si bien, conforme al apartado tercero del mismo precepto, procede limitar su cuantía, por los conceptos de representación y defensa de la Administración comparecida como recurrida, a la cifra de cien euros.

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,