Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 231/2020 de 05 de marzo del 2024

PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de fecha 26 de junio de 2015, notificada el 26 de diciembre de 2019.

Antecedentes

1.- La Orden lTC/1044/2007, de 12 de abril, aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el período 2007-2012 Mediante resolución del instituto de 28 de julio de 2010, se concedió a Tomás una subvención a fondo perdido como apoyo financiero a la realización del proyecto empresarial referenciado, por importe máximo de hasta 225.900,00 euros, sobre una inversión subvencionable de 376.500,00 euros y un compromiso de creación de 3 puestos de trabajo. Los plazos establecidos son el 30 de junio de 2011 para la realización de la inversión subvencionable aprobada que deberá mantenerse al menos hasta el 30 de junio de 2016, e igualmente el 30 de junio de 2011 para la creación del empleo comprometido, que deberá mantenerse al menos hasta el 30 de junio de 2014.

2.- El beneficiario, mediante escrito presentado en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) el 22 de abril de 2014, solicitó una nueva ampliación por dos años del plazo mínimo establecido para el mantenimiento del empleo, debido al accidente laboral sufrido por el promotor en marzo de 2012, lo que le ha impedido desempeñar sus funciones como empresario hasta marzo de 2014.

3.- El lnstituto solicitó informe sobre la solicitud a la citada Agencia, que lo emitió con fecha 20 de enero de 2015. En él se indicaba que la empresa había sido visitada en distintas ocasiones, y en concreto el día 16 de abril de 20L4 se realizó fotografía de sus instalaciones en Villanueva del Rey, verificando que siempre estaban cerradas y sin ningún tipo de prueba aparente de actividad. Por ello informo desfavorablemente la solicitud del beneficiario.

4.- El Comité de Evaluación de proyectos, en su reunión de 6 de febrero de 2015, a la vista del contenido del Informe de la citada Agencia, informó desfavorablemente la solicitud. Por otra parte, considerando la situación, debía iniciarse el procedimiento para la declaración de revocación y obligación de reintegro de las cantidades ya cobradas por la empresa, incrementadas en los intereses legales correspondientes.

5.- El lnstituto notificó al interesado el Acuerdo de inicio de Expediente de Revocación total y obligación de reintegro de la ayuda concedida, de fecha 13 de febrero de 2015, que se realizó sobre la base de las siguientes consideraciones:

- La empresa no está manteniendo en sus instalaciones de Villanueva del Rey, ubicación aprobada en la Resolución de concesión para el desarrollo del proyecto subvencionado, ni las inversiones aprobadas, ni la actividad objeto de la ayuda ni los puestos de trabajo comprometidos, según se desprende del citado informe emitido por la Agencia IDEA.

- Dado que con fecha 24 de enero de 2012 el lnstituto ya liquidó al beneficiario la totalidad de la ayuda concedida mediante el pago de 225.900,00 euros, Tomás, en el supuesto de que se declarase finalmente la revocación total de la ayuda, debería proceder al reintegro de dicha cantidad incrementada en los intereses legales correspondientes.

6.- Con la notificación de dicho Acuerdo, mediante su publicación en el BOE del 31 de marzo de 20L5, se concedía un plazo de quince días hábiles para que el interesado pudiera comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas, aportar documentos y realizar las alegaciones que tuviera por convenientes.

En dicho plazo establecido, no se ha presentado alegación alguna.

7.- En consecuencia, este Instituto notificó al beneficiario, mediante su publicación en el BOE del 30 de mayo de 2075, la Propuesta de Resolución Provisional para la revocación total y reintegro de la ayuda concedida, de fecha 22 de abril de 2015, sobre la base de los incumplimientos ya expresados en el citado Acuerdo de Inicio de expediente, de fecha 13 de febrero de 2015, esto es, los referidos a los requisitos de mantenimiento de la inversión, y actividad subvencionadas, así como del empleo.

8.- Con la notificación de dicha Propuesta de Resolución Provisional, se concedía un plazo improrrogable de quince días hábiles para que el beneficiario pudiera realizar las alegaciones que tuviera por convenientes. No se presentaron alegaciones. Se dictó la presente Resolución definitiva que resuelve:

"Primero. - Declarar la revocación total de la ayuda concedida a Tomás, como consecuencia del incumplimiento del requisito de mantenimiento de la inversión y de la actividad subvencionadas, así como del empleo comprometido según se desprende del informe emitido por la Agencia de lnnovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con fecha 15 de enero de 2015.

Segundo. - Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de 263.869,77 euros, en concepto de principal e intereses de la ayuda a reintegrar estimados a la fecha de la presente resolución. La estimación de los intereses se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones , que establece que el interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento salvo que se establezca otro diferente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se indica que a la fecha de la presente Resolución los intereses suponen una cuantía de 37.969,77 euros. (...)"

SEGUNDO : La Orden ITC/1044/2007, de 12 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el período 2007-2012, establece en su apartado Vigésimo sexto:

"Justificación. (...)

3. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención, o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro, si procede, en las condiciones previstas en el artículo 37 de dicha Ley General de Subvenciones ."

En el Vigésimo noveno, criterios de graduación del incumplimiento de condiciones, determina:

"1. En los supuestos de incumplimiento parcial o total de las condiciones establecidas en las resoluciones de concesión se procederá a iniciar el procedimiento para la reducción o revocación de la ayuda en función de la relevancia del incumplimiento.

2. Se producirá la revocación total de la ayuda en aquellos casos en los que la realización final del proyecto, en las fechas máximas establecidas, no supere los requisitos mínimos establecidos en esta orden para la obtención inicial de la ayuda concedida. Asimismo, se producirá igualmente en aquellos supuestos en que se constate el incumplimiento del requisito del grado de realización de la inversión. (...)"

El artículo 37 de la Ley 38/2003, establece:

"1. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos: (...)

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención. (...)

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención."

Argumenta el recurrente:

1.- Nulidad de la resolución de 26 de junio de 2015 del Instituto para la Restructuración de la Minería Del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (hoy Ministerio para la Transición Ecológica) de revocación de subvención concedida notificada el 26 de diciembre de 2019, y nulidad del expediente que trae causa por indefensión.

Relata el actor que recibió en abril de 2016, Providencia de apremio de la Agencia Tributaria del Estado, en relación al Expediente de origen de la deuda la revocación de subvención, por la que se le reclamaba el importe total de 316.643,72 euros (263.869,77 euros de principal más 52.773,95 euros de recargos).

El recurrente interpuso Reclamación económico administrativa contra dicha Providencia de apremio, siendo estimado dicho recurso por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía mediante resolución de fecha 28 de junio de 2019, resolución que anulaba la citada providencia de apremio.

En vista de ello, se procedió a la notificación de la Resolución hoy impugnada, el 26 de diciembre de 2019.

Considera el recurrente que las notificaciones no se practicaron en el domicilio que señaló a efectos de notificaciones, incurriendo la Resolución en causa de nulidad ( artículo 47.1 de la Ley 39/2015).

Como argumenta la demandada, la notificación de inicio de expediente que nos ocupa, se notifica en el domicilio señalado en la solicitud (documento 23 del expediente) de la subvención (documento 11 del expediente), Polígono Industrial El Antolín c/ B nave 114200, Peñarroya Pueblonuevo, (C0RDOBA). Así mismo, todas las notificaciones se realizan en dicha dirección (documentos 12, 10 y 9 del expediente).

Esta notificación se realiza conforme a los dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, en su redacción aplicable:

"2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes."

No podemos aceptar la alegada indefensión, pues la notificación se realizó en legal forma.

2.- Vulneración del procedimiento legalmente establecido.

a.- El Acuerdo de inicio, debe ser notificado dicho acuerdo de inicio al interesado, garantizando el derecho al trámite de audiencia ( artículo 62.2f de la Ley 39/2015 y artículos 42 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de Subvenciones y artículo 94 del Real Decreto 887/2006 que aprueba Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de Subvenciones).

Este acuerdo y su notificación constan en el expediente administrativo al documento 11.

En dicho Acuerdo, en su apartado cuarto de la parte resolutiva, se concede el plazo de 15 días para alegaciones ( artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006 que aprueba Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de Subvenciones).

b.- Propuesta de Resolución. Consta propuesta de Resolución con notificación al interesado en el folio 12 del expediente administrativo ( artículo 89 de la Ley 39/2015 de procedimiento Administrativo, y artículos 42 Ley 38/2003 de 17 de noviembre de Subvenciones y 100 del del Real Decreto 887/2006 que aprueba Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de Subvenciones).

Por lo tanto, se han cumplido los trámites previstos legalmente.

En cuanto a la notificación de la Resolución impugnada, esta se realiza en legal forma el 26 de diciembre de 2019.

De lo expuesto resulta la desestimación del recurso.

TERCERO : Procede imponer las costas a la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución: