Sentencia Contencioso-Administrativo 292/2024 , Rec. 211/2023 de 06 de junio del 2024

PRIMERO.- Quedó expuesto en los antecedentes fácticos que el objeto del presente proceso viene constituido por la pretensión anulatoria deducida por la entidad "La Luz Market, S.L." frente a la resolución de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias, mediante la que se desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta por la prenombrada sociedad el 29 de mayo de 2020 contra la liquidación que le giró la Autoridad Portuaria de Las Palmas por importe de 40.563,52 euros, a título de tasa de actividad, periodo impositivo 2011.

SEGUNDO.- Como punto de partida, es conveniente destacar especialmente algo que, por otro lado, ya hemos citado más arriba, concretamente, al transcribir el planteamiento de la actora, a saber, que sobre el mismo tributo, igual periodo impositivo y, desde luego, respecto al mismo sujeto pasivo se pronunció esta Sala en su Sentencia de 10 de diciembre de 2019, cuyo capítulo de fundamentos jurídicos pasamos a reproducir:

"PRIMERO.- Para la adecuada solución de la presente litis conviene tener en cuenta que el artículo 102 de la Ley General Tributaria señala lo siguiente: "1. Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos previstos en la sección 3ª del capítulo II del título III de esta ley 2. Las liquidaciones se notificarán con expresión de: a) La identificación del obligado tributario. b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho. d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición. e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. f) Su carácter de provisional o definitiva 3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes .4. Reglamentariamente podrán establecerse los supuestos en los que no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su representante."

SEGUNDO.- Por lo que hace al caso de autos, la resolución ahora recurrida acuerda "estimar la impugnación presentada y anular la liquidación girada con incumplimiento de las obligadas previsiones de producción y formalización" habida cuenta de que como se señala en la resolución recurrida -"Examinado el conjunto documental remitido por la actuante, la normativa aplicable y las alegaciones presentadas por el reclamante con especial señalamiento de la irregularidad de los giros remitidos, procede considerar el hecho de la consignación de las liquidaciones" en unas hojas documentales en las que resulta la existencia de apartados con denominación que no se adecua exactamente al caso (así se advierte en el supuesto presente con la identificación del código de "remesa" en el documento notificado, o incluso una referencia a "Nº escala" -si bien en este caso se encuentra vacío-); así corno la inclusión de otros elementos ajenos a la liquidación, como es la inclusión adicional de referencia al impuesto indirecto autonómico (produciendo confusión entre el quantum que corresponde al tributo por liquidación tributaria que es una acto tributario, y la cantidad facturada por liquidación, ajuste de cuenta que, independientemente del uso final que se le pueda dar, es una actuación instrumental de carácter contable)... También en fallos anteriores se recogía la posición reiterada del Tribunal Económico Administrativo Central indicando cómo: las liquidaciones tributarias deben expresar en particular, la motivación de las mismas, con expresión de los hechos y elementos esenciales así como de los fundamentos de derecho. Su finalidad es proteger el derecho de los ciudadanos, haciéndoles saber de forma clara, sencilla, precisa e inteligible, sin necesidad de conocimientos específicos, los hechos y elementos adicionales que motivan la liquidación cuyo pago se exige. El TEAC aclara (así resolución de 9 junio 2009) que la actuación administrativa debe contener de forma clara, sencilla, precisa e inteligible, sin necesidad de conocimientos específicos, los hechos y elementos adicionales que motivan la liquidación, debiendo delimitarse suficientemente los fundamentos de derecho contenidos en el acto no han sido suficientemente delimitados y ello sin que dicha motivación se pueda suplir con la documentación que pueda obrar en el expediente administrativo. Y es el propio Tribunal Constitucional quien señala que la motivación debe realizarse con la amplitud necesaria para el debido conocimiento de los interesados y su posterior defensa de derechos (la negrita es nuestra; también la que figura un poco más abajo). En el caso presente, los giros liquidatorios siguen figurando en unos documentos de pretendido uso múltiple y en una plasmación del acto que, como también se decía en fallos anteriores: "aunque pueda venir realizada con justificación probablemente basada en motivos de carácter práctico y para responder a la posibilidad de ser utilizadas indistintamente para diferentes tipos de percepción, no desvirtúa la naturaleza administrativa del acto de que se trata y la necesidad de que se ajuste a los parámetros que lo definen como tal". No basta, pues, con poner más datos, y ni siquiera con ponerlos todos... si no se ponen adecuadamente y donde deben estar.

En efecto, si resulta patente que no podría considerarse como adecuada la liquidación que apareciera insertada en la contratapa de un manual sobre el propio tributo liquidado (por mucha información y explicaciones que pudiera contener el "libro-liquidación") se ha de concluir también en que resulta impropio insertarlas en una factura o en cualquier otro documento con diferente naturaleza y función (en el presente caso, como la propia autoridad actuante recoge en la documentación remitida, en una factura-liquidación). Por mucho que se le pueda parecer, no basta. Por definición, cuando al hablar de una cosa se hace la referencia de que se parece a otra, no sólo se está indicando el hecho de su parecido, sino también el de que siendo parecida es diferente de aquella, que no es aquella cosa sino que precisamente es otra diferente. Una factura es un documento de la vida corriente civil o mercantil y para ser considerada como tal, por poca formalidad que se pueda exigir, algo se exige y se precisa su adecuación a los requisitos propios de la constancia y recuperabilidad a efectos de prueba de la negociación civil o mercantil. Una liquidación tributaria es un acto tributario y por ello -conforme a su naturaleza y función- exige en consonancia las formalidades tributarias (así, las conocidas del art. 102 antes expuestas) previstas en función de la necesidad básica de seguridad jurídica y que claramente se ve comprometida [tan comprometida de facto que en el caso presente no sólo el reclamante, sino incluso la propia autoridad emisora de los giros en cuestión se confunden, en sus actuaciones ante este Tribunal, en el quantum de la liquidación tributaria de la tasa de que se trata]".

TERCERO.- En cualquier caso, el análisis de la presente cuestión litigiosa exige abordar la materia de la notificación de los actos administrativos en materia tributaria a cuyo fin conviene precisar que la necesidad de notificación de los actos administrativos es una consecuencia o proyección de los principios de eficacia de la Administración ( art. 103.1 C.E.) y garantía del administrado ( art. 24.1 y 106.1 de la C.E.) ; ya que para que se pueda cumplir lo ordenado en un acto administrativo es preciso que el interesado tenga conocimiento de aquel, al tiempo que así pueda reaccionar frente al mismo ( S.T.S. de 6 de noviembre de 1989). En otro orden de cosas y, sobre la importancia de la motivación y los defectos observados en dicha materia, debe recodarse al respeto la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, pudiendo citarse a título de ejemplo la STC 145/90, de 1 de octubre, en cuyo Fundamento Jurídico 3º se dice: "Más, para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional no basta con una simple vulneración meramente formal, sino que es necesario que aquel efecto material, de indefensión se produzca; este Tribunal ha señalado, así que no existe indefensión de relevancia constitucional cuando «no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa", ni "si ha existido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos" ( STC 98/87, fundamento jurídico 3º) y "sin que coincida necesariamente una indefensión relevante constitucionalmente con un concepto, de la misma meramente jurídico-procesal" ( STC 98/87 -fundamento jurídico 3º-), de suerte que "no puede equipararse con cualquier infracción o vulneración de normas procesales, sino únicamente cuando el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial o cuando la vulneración de normas procesales lleva consigo la privación del derecho de defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado" (STC 155 88,).

CUARTO.- En el caso de autos, advertidos en la resolución recurrida los defectos esenciales en las notificaciones de las liquidaciones que, no por repetidos, dejan de ser de una entidad muy relevante, no cabe sino desestimar el presente recurso, dando por reproducidos en el resto los acertados fundamentos de la resolución recurrida.".

TERCERO.- La Sala anticipa que, tal y como sostiene la dirección letrada de la entidad "LA LUZ MARKET, S.L.", el derecho de la Administración a determinar la liquidación originariamente recurrida había prescrito cuando aquella fue aprobada.

La cuestión, acusadamente simple, la explica con claridad cegadora la representación procesal de la actora en su escrito de conclusiones (cuya tesis podríamos reforzar perfectamente añadiendo las consecuencias derivadas de los pasajes destacados en "negrita" de la sentencia de este Tribunal antes reproducida, en cuanto, si bien se mira, se evocan en ellos defectos sustantivos y no meramente formales en la primera liquidación relativa a 2011, anulada por la resolución del TEAR confirmada por esa sentencia), en el que, entre otras cosas, puede leerse:

"Como primer motivo de impugnación esta parte ha venido defendiendo la prescripción del derecho de la Autoridad Portuaria de Las Palmas [en adelante, A.P.L.P.] a practicar la regularización impugnada en origen, en concepto de tasa de actividad -antigua tasa de aprovechamiento especial del dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios- por la prestación, por parte de mi principal, del servicio portuario básico de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, correspondiente al ejercicio 2011, toda vez que, a fecha en que aquella se practicó, el 10 de febrero de 2020, había transcurrido con creces el plazo de 4 años con el que esa Administración estatal contaba para ello.

Y es que, como de forma razonada y justificada expuso esta parte en su escrito de demanda, concretamente en su fundamento de derecho primero (al que expresamente nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias), el derecho de la A.P.L.P. a practicar la liquidación impugnada en origen, relativa al ejercicio 2011, prescribió el 1 de enero de 2015, cuatro años después de que se produjera su devengo el 1 de enero de 2011.

La fecha en que ha de entenderse prescrito dicho derecho no ha sido discutida por la Administración demandada, quien, en su escrito de contestación a la demanda, se ha limitado a decir que el plazo de prescripción se vio interrumpido "por el supuesto previsto en el artículo 68, apartados 1 y 2, letra b), esto es, "la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase". Planteamiento al que esta parte se opone en la medida en que, como seguidamente veremos, ninguna de las actuaciones citadas por la demandada en su escrito de contestación tiene el pretendido efecto interruptivo.

Como decíamos, en su escrito de contestación a la demanda, la Administración demanda enumera una serie de actuaciones que, según su parecer, habrían interrumpido el aludido plazo de prescripción, cuando lo cierto es que, dentro de dicho plazo ,no se produjo ningún acto con virtualidad interruptiva y los que eventualmente podrían haberla tenido ocurrieron cuando aquel habría transcurrido con creces.

Y así, a juicio de esa Administración, la prescripción quedó interrumpida por "el supuesto previsto en el artículo 68, apartados 1 y 2, letra b), esto es, "la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase", identificando como actos interruptivos los siguientes:

"1°. Emisión de las liquidaciones núm. NUM007, NUM006 y NUM005 en el año 2013.

2°. Requerimiento de información efectuado por esta Autoridad Portuaria a la entidad en fecha 30 de diciembre de 2015 (R.S. 2015/7571), relativo a la cifra de negocio del ejercicio 2011.

3º. Comunicación de la cifra de negocio desarrollado en el puerto al amparo la licencia durante el ejercicio 2011, de fecha 7 de julio de 2016 (R.E. 2016/4627).

4°. Emisión de la liquidación núm. NUM004 el 7 de febrero de 2017, aplicando el límite inferior de la tasa: 1% de la cifra de negocio

5°. Interposición de reclamación económico-administrativa contra dicha liquidación NUM004 y fallo del TEAR de 31 de enero de 2018 (procedimiento n° NUM008), acordando la anulación del acto impugnado.

6° Interposición de recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Canarias, que fue desestimado mediante sentencia de 10 de diciembre de 2019 (PO. 165/2018).

7° Emisión de la liquidación NUM002 el 10 de febrero de 2020, en sustitución de la liquidación anulada núm. NUM004".

Ahora bien, a excepción de los puntos 5 y 6, ninguna de las actuaciones ahí enumeradas se corresponde con la "interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase".

Respecto de la 5 y la 6, como esta parte puntualizó en su escrito de demanda, la liquidación n° NUM004 frente a la que se formularon ambas impugnaciones, así como la propia liquidación, incluida en el apartado 4 de la relación que acabamos de transcribir, se practicó cuando ya había prescrito el derecho de la A.P.L.P. a hacerlo: el 1/1/2015 [...].

Y en cuanto a las liquidaciones giradas en 2013 y efectivamente abonadas por mi representada, las mismas tampoco tienen la pretendida virtualidad interrruptiva al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en el artículo 68.1 de la L.G.T. No se trata de una "acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda", sino que se trata de una liquidación en si misma, la cual es emitida por la A.P.L.P. sobre la base de datos reales [adviértase que en el concepto de todas ellas se hace constar expresamente que el criterio aplicado para su determinación son "toneladas de carga manipulada" en el ejercicio 2011, según datos facilitados por mi mandante], que ya pone fin al procedimiento liquidatario y no "encaminada a" o "conducente a" una eventual liquidación, que es lo que prevé el art. 68.1 antes reseñado.

A juicio de esta representación, en la medida en que las liquidaciones practicadas en 2013 se giraron sobre la base de datos reales, las mismas no pueden calificarse de liquidaciones provisionales, como se hace constar en cada una de ellas (a excepción de la primera, de fecha 12 de abril de 2013, la cual fue complementada con las emitidas con posterioridad, concretamente, los días 22 de mayo y 9 de julio de 2013), o, como se indica en la propia liquidación impugnada en origen (documento n° 4 del expediente remitido por la A.P.L.P.), de liquidaciones "emitidas por anticipado", puesto que, como decimos y explicaremos con más detalle en el motivo siguiente, la tasa de actividad se liquida partiendo de datos reales sobre carga manipulada, comunicados por mi mandante atendiendo a lo previsto en la autorización administrativa o título habilitante. Y si bien, esa A.P.L.P. podía haberla girado de forma anticipada, tal y como prevé el artículo 11.6 de la Ley 48/2003, pues disponía de los datos de ejercicios anteriores, lo hizo en 2013, insistimos, sobre la base de datos reales comunicados por mi mandante.

Finalmente, en lo que respecta a la fecha en que ha de entenderse prescrito el derecho de la A.P.L.P. a liquidar la tasa correspondiente al ejercicio 2011, nos remitimos a los razonamientos expuestos sobre dicha cuestión en nuestro escrito de demanda (muy particularmente, lo relativo a cuándo se produce el devengo en el caso de tributos que, como ocurre en el presente caso, tienen un periodo de liquidación anual, al ser dicho elemento o acontecimiento el que establece el dies a quo del plazo de prescripción).

Citamos aquí, no obstante, por su valor ilustrativo, la sentencia del TSJ de Canarias (Las Palmas) de 31 de marzo de 20171 (y también la de 30 de junio de 2017, El Derecho: EDJ 2017/339169), que declara que: "La delimitación de estos dos elementos de la obligación tributaria, devengo y exigibilidad, nos lleva a realizar la siguiente precisión: que en un supuesto concreto no se haya producido la exigencia de la obligación tributaria no comporta necesariamente que la obligación no haya nacido, es decir, que no se haya devengado", aludiendo esta misma sentencia al carácter ex lege de esta obligación tributaria y aclarando que "la dejación por parte de la Administración de las actuaciones que por mandato legal le incumben para hacer exigibles las obligaciones tributarias devengadas no confiere al obligado tributario más derecho que el de oponerse al pago de las obligaciones tributarias nacidas pero prescritas".

En este contexto, y teniendo en cuenta las previsiones de carácter general que en materia de prescripción de las obligaciones tributarias se contienen en la Ley General Tributaria, podemos afirmar -concluye así este apartado del escrito de conclusiones de la demandante- que el derecho de la A.P.L.P. para determinar la deuda tributaria en concepto de tasa de actividad correspondiente al ejercicio 2011 prescribió el 1 de enero de 2015, por el transcurso del plazo legal de prescripción de cuatro años a computar a partir del día de devengo del tributo.".

CUARTO.- Las costas serán abonadas por la Administración demandada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA, si bien, procede limitar su cuantía, por los conceptos de representación y defensa de la actora, a la suma de 1.000 euros.

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,