Sentencia Contencioso-Administrativo 132/2025 , Rec. 84/2025 de 09 de octubre del 2025

Primero.-El demandante, funcionario del cuerpo de profesores de química y con destino el IES de Curtis interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Consellería de educación por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra previa resolución del Jefe Territorial de A Coruña, por la que se le imponía una sanción por expediente disciplinaria y por falta leve de 7 días de suspensión de empleo y sueldo. La sanción por la infracción se impuso tras la tramitación de un procedimiento sumario del artículo 192 7º de la LEP de Galicia y 96 5º de la LPAC.

Se alega como fundamento del recurso la vulneración de normas del procedimiento que garanticen el derecho de defensa ocasionando indefensión. Se niegan los hechos que se le imputan y en todo caso, la calificación de la infracción y la sanción impuesta no guardan proporción alguna con los hechos realmente ocurridos. Se invoca la caducidad del procedimiento administrativo y la prescripción de la infracción.

La administración se opone a la estimación del recurso. Niega que concurra la caducidad el procedimiento disciplinario tramitado al establecerse un plazo de un año de duración en la LEP de Galicia. No concurriría la vulneración del procedimiento legalmente establecido ni indefensión, cumpliéndose con el trámite de audiencia. Concurría prueba suficiente para considerar acreditados los hechos y no consta prueba en contrario y en cuanto a la falta de proporcionalidad de la infracción, entiende que se impuso la sanción dentro de los márgenes establecidos en la LEP de Galicia en el artículo 190 que establece una sanción de suspensión de funciones o de empleo y sueldo por período inferior a quince días.

Segundo.-Caducidad del procedimiento administrativo

El procedimiento incoado y seguido contra el recurrente se tramitó por la vía del procedimiento sumario al que se remite el artículo 192 7º de la Ley de Empleo Público de Galicia.

El procedimiento disciplinario se regula en el capítulo IV

"Artículo 192. Principios generales.

1. No puede imponerse sanción disciplinaria alguna sin la tramitación del procedimiento previamente establecido.

2. El procedimiento disciplinario se determinará reglamentariamente, atendiendo a los principios de eficacia, celeridad, economía procesal, incoación e impulso de oficio y contradicción, y con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa.

3. En el procedimiento disciplinario quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, debiendo encomendarse estas a órganos distintos.

4. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, podrán realizarse actuaciones previas al objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

5. La duración máxima del procedimiento disciplinario será de un año. Vencido este plazo sin que se notificase la resolución que pusiera fin al procedimiento, se declarará de oficio la caducidad del mismo y se ordenará el archivo de las actuaciones.Los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción de las faltas disciplinarias.

En los supuestos en los que el procedimiento se paralizara por causa imputable a la persona interesada, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

La caducidad del procedimiento no impide la incoación de un nuevo procedimiento por los mismos hechos, siempre que no se hubiera producido la prescripción de la falta.

6. Si durante la sustanciación de un procedimiento disciplinario la persona contra la cual se dirige perdiera la condición de empleado público, se declarará de oficio la finalización del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones.

No obstante lo anterior, si se tratara de personal funcionario interino o laboral temporal que perdiese esa condición por finalización del nombramiento o del contrato, podrá continuarse la tramitación del procedimiento. Si en el momento de dictarse resolución la persona interesada ostentara de nuevo la condición de empleado público, se aplicará, en su caso, la sanción disciplinaria que corresponda. En caso contrario, la ejecución de la sanción quedará en suspenso hasta que, en su caso, la persona interesada ostente de nuevo la condición de empleado público, momento en el cual se procederá a aplicar la correspondiente sanción siempre que esta no hubiera prescrito.

7. Para la imposición de faltas leves se establecerá un procedimiento sumario que garantizará en todo caso la audiencia de la persona interesada."

En el apartado 5º se estable que la duración máxima del procedimiento disciplinario será de 1 año. No parece limitar o establecer un plazo específico para el procedimiento sumario al que se refiere el apartado 7º del artículo 197 de la LEP de Galicia. En dicha norma, sin embargo, no se regulan los trámites para seguir el procedimiento sumario/smplificado, sino que se recoge que para la imposición de falta leves "se establecerá un procedimiento sumario" que garantizará en todo caso, la audiencia de la persona interesada.

En la resolución recurrida se remite al RD 94/1991 de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Régimen disciplinario de los funcionarios de la CA de Galicia en cuyo artículo 11 2º se establece que, para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la instrucción previa del expediente que se regula en dicha norma, salvo el trámite de audiencia al interesado que deberá evacuarse en todo caso. En dicho reglamento se establece un plazo máximo de seis meses en el artículo 28 3º para la tramitación del procedimiento disciplinario también general, pero no fija plazo para el sumario/simplificado por faltas leves

El Artículo 25 de la LPAC regula las consecuencias derivadas de la falta de dictado y notificación de resolución en los procedimientos iniciados de oficio por la administración y para el caso de procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. El artículo 21 2º establece que el plazo máximo en el que ha de fijarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y para el caso de que las normas reguladoras no fijen plazo máximo, este será de tres meses. En cuanto a los efectos, el artículo 95 de la LPAC dispone que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Por su parte el artículo 96 de la LPAC establece en su apartado 6 que salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resuelto en treinta días,a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Teniendo en cuenta que la LEP de Galicia no regula como tal el procedimiento simplificado para la imposición de sanciones sino que se remite al procedimiento que se establezca y que la norma reglamentaria tampoco prevé plazo específico de duración del procedimiento sumario, resulta de aplicación el plazo de 30 días del artículo 96 de la LPAC para la terminación del procedimiento. Esta interpretación resulta acorde con el tipo de procedimiento que se establece para un tipo de infracciones, por faltas leves, en la LEP de Galicia, cuyo procedimiento no puede tener la misma duración que el ordinario, cuando se establece únicamente en el mismo la audiencia al interesado, sin nombramiento de instructor, fase de prueba etc que se regula con carácter general para el procedimiento sancionador por otro tipo de infracciones.

Habiéndose incoado el expediente por acuerdo de 29/9/2023, la resolución del expediente con el acuerdo que impone la sanción al recurrente se le notifica el 2/12/2023, por lo que habría transcurrido el plazo de 30 día y debería haberse acordado la caducidad del expediente.

Tercero.-Aun cuando se entendiera que no estaba caducado el procedimiento lo que sí ha quedado acreditado con la prueba practicada en el acto del juicio es que los hechos por los que se incoó el expediente disciplinario no encajan en la conducta tipificada como leve en la resolución recurrida

El artículo 187 de la LEP de Galicia tipifica como falta leve c) La incorrección con otros empleados públicos o con los ciudadanos con los que se relacionen en el ejercicio de sus funciones

Se incoa el procedimiento disciplinario después de que el director del IES de Curtis remitiese a la inspección educativa un escrito comunicando los hechos acontecidos en el centro el día 27/6/2023 con el docente donde expone una situación producida en el día 27/6/2023 en el jardín interior del centro en el que se encontraba no solo el profesor recurrente, sino otra profesora del centro en aquel momento Dña. Ofelia. Se incoa expediente sumario por infracción leve y el interesado presenta en vía administrativa una declaración jurada de la profesora que estaba presente en la discusión que se inicia entre el recurrente y el director del centro en la que se relata la situación en la que la profesora en el marco de un proyecto autorizado procedía a plantar unos arbustos en el patio interior y el recurrente se ofreció a ayudar en ese momento. Cuando estaban plantando uno de los árboles, el director acudió con tono amenazante y gritando con palabras poco adecuadas, y comienza una discusión entre los dos docentes que sube de tono hasta llegar al terreno personal (contenido de la declaración jurada que consta unido al EA). En el acto de juicio su testimonio ha sido claro, coherente y contundente y coincide con el contenido de la declaración jurada aportada en fase de alegaciones por el demandante, sin que exista ningún tipo de relación actual ni con el director de dicho centro ni con el demandante (actualmente esta profesora tiene su destino en otro centro escolar). La existencia de dudas o contradicciones y el hecho de que el director al poner en conocimiento el incidente a servicio de inspección ya hubiera identificado a otra profesora que estaba presente, permite concluir la existencia de dudas sobre el modo en que se produjo el incidente y sobre si la conducta de ambos docentes excedía del ámbito estrictamente profesional, entrando ya en el terreno personal, así lo ha declarado la testigo en el juicio. En vía administrativa, tras las alegaciones presentadas por el recurrente, es cierto que la inspectora emitió informe después entrevistarse con el jefe de estudios, pero no consta que tomara declaración a la profesora que se encontraba también presente en el incidente, tan solo se entrevistó con el jefe de estudios (página 51 y ss del EA) . De la declaración de la testigo en el acto del juicio, evidencia la existencia de una discusión que va más allá de la condición de empleados de los dos profesores que la protagonizaron (el director y el profesor) y se llevó al terreno personal con distintas versiones de lo sucedido por lo que debe imperar el principio de presunción de inocencia y no considerar que concurre la infracción que se le imputaba, aunque esta sea leve.

En definitiva, procede la estimación del recurso por caducidad del procedimiento y por vulneración del principio de presunción de inocencia.

Cuarto.-En cuanto a costas, se imponen a la administración demandada.

El artículo 139 4º dispone:

"4. En primera o única instancia, la parte condenada en costas estará obligada a pagar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los favorecidos por esa condena; a estos solos efectos, las pretensiones de cuantía indeterminada se valorarán en 18.000 euros, salvo que, por razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga razonadamente otra cosa.

En los recursos, y sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la imposición de costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima."

Procede imponer las costas a la administración demandada limitando éstas a los honorarios de letrado y con el límite máximo de 400 € por todos los conceptos, incluido el IVA, en su caso, sin aplicación del límite del 1/3 del apartado 4º.